Una auditoría implacable

Lo que está haciendo esa cuádruple alianza Cambio Climático/COVID-19/La Niña/ temporada de huracanes, cuyos componentes están fuertemente interrelacionados entre sí, es una auditoría implacable a la manera como muchas veces, a lo largo de décadas, se han venido tomando y aplicando en los territorios decisiones públicas o privadas generadoras de riesgos; o cumpliendo de manera meramente formal normas como las que orientan el ordenamiento territorial y la gestión del riesgo de desastres. O, en general, a la manera como los seres humanos hemos concebido el “desarrollo”, ya sea desde la legalidad o la ilegalidad.

No aprendemos

A pesar de los duros golpes recibidos por desastres anteriores, parece que no aprendemos que no basta con que un determinado proyecto de desarrollo, o cualquier actividad humana, sea legal con el Estado, sino que también debe ser legal con los ecosistemas y con las comunidades. La legalidad con el Estado debe ser fundamentalmente la garantía de que sí se está cumpliendo con esas otras dos legalidades. Pero normalmente no es así.
Como parece que tampoco se ha entendido suficientemente que el llamado “ordenamiento territorial” no consiste en imponerle a la Naturaleza las prioridades humanas, sino en que las actividades humanas se deben organizar y llevar a cabo en los territorios de conformidad con la manera como la Naturaleza y sus dinámicas los han venido ordenando desde millones de años antes de que nuestra especie se hiciera la ilusión de haber tomado el control.

Desastres repitentes

Los efectos del fenómeno de La Niña en el Pacífico o en la Región Caribe o en Bogotá mismo, por citar solamente tres ejemplos, necesariamente traen a la memoria las escenas que vimos en esos mismos lugares durante La Niña 2007-2008.

La principal causa de vulnerabilidad —o de pérdida de resiliencia— de la ciudad de Cartagena, “no es que el mar se esté metiendo o se vaya a meter aún más en ella, sino que en las últimas cuatro décadas la ciudad ha venido invadiendo de manera cada vez más agresiva los espacios del mar […]”.

Recordemos que cuando el huracán Joan pasó por Cartagena en 1988, reabrió bocas, recuperó humedales y recobró espacios que la urbanización le había quitado a la bahía.” Santa Marta y Barranquilla también fueron afectadas por ese huracán.

Así mismo, fenómenos como los famosos “Arroyos” de Barranquilla, que no necesitan ni de coletazos de huracanes ni del fenómeno de La Niña para ocurrir, se producen cuando el avance de las costras urbanas le viola al Agua sus Derechos Fundamentales (al cauce, a fluir, a tener dónde desembocar, a la protección de sus cabeceras, a ser absorbida por el suelo). Se aplica entonces este que bien podría ser un Principio de hidrología urbana: “Cuando el suelo no se puede tomar el agua, el agua se toma las calles”. Lo mismo puede decirse de muchas inundaciones o “encharcamientos” que ocurren en otras ciudades, incluida Bogotá.

También ha sucedido en años anteriores, eso que hoy sucede en La Mojana y el Medio y Bajo Sinú, donde poco a poco, debido a intervenciones arbitrarias como desvíos de ríos, desecación de humedales y construcción de diques y muros para reprimir los ciclos del Agua, se han venido perdiendo las condiciones de las cuales surgieron las Culturas Anfibias.

O en distintos territorios de nuestra Costa Pacífica, donde la deforestación, la minería ilegal y la presencia de grupos armados, están destruyendo conjuntamente los ecosistemas y la posibilidad de que las comunidades ejerzan sus Derechos Fundamentales.

Y claro: recordemos que en 2005 el Archipiélago ya vivió una Versión Beta de los efectos de este huracán que lo visitaría 15 años después.

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El desastre en Providencia: un fractal de la realidad nacional

Muchos desastres suelen ser fractales (fracciones que contienen el total) que permiten poner en evidencia localmente la realidad en la cual se crean las causas que los producen.

El Plan de Desarrollo 2020-2023 del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina “Todos por un nuevo comienzo”, contiene en el capítulo sobre Gestión del Riesgo afirmaciones como estas:

“Se requiere, construir, rehabilitar o adecuar sitios para proteger la población, pese a lo cual no se ha diseñado una política local para la atención a familias y viviendas en situación de riesgo, ni protocolos de actuación para reubicación, adaptación o contingencia en las zonas definidas de alto riesgo no mitigable […] debiéndose gestionar realización de estudios técnicos que indiquen soluciones a esta problemática, pues las proyecciones futuras de los efectos del cambio climático, indican que los bordes costeros de las islas se verán afectados por inundaciones asociadas al océano, situación que se viene evidenciando actualmente en el sector habitado de las Playas de Sound Bay.”

Ese diagnóstico, por supuesto necesario, coincide con los diagnósticos que contienen los anteriores Planes de Desarrollo del Archipiélago (al igual que otros documentos como el Plan de Adaptación al Cambio Climático elaborado en 2014) lo cual indica que las soluciones a esas y a otras situaciones detectadas, no han pasado de ser buenas intenciones. Las consecuencias trágicas de esa negligencia se están viendo hoy.

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Entre los Objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2023 aparecen los siguientes:

• Formular un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para San Andrés;
• Formular un Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) para Providencia;
• Incluir la gestión del riesgo de desastres en el POT de San Andrés y en el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT) de Providencia y Santa Catalina, con estudios de detalle sobre los fenómenos de erosión costera, cambio climático y ascenso del nivel del mar.

Esa inclusión de la Gestión del Riesgo en el POT también es fundamental, porque en uno de 2007 que aparece en el portal de la Gobernación, no existe ni una sola mención a las amenazas de origen natural que pueden afectar a las islas.

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La situación actual

En Plan de Desarrollo 2020-2023 solo aparece la palabra “huracán” una vez. Dice así:

El Departamento Insular [se encuentra en una] ubicación geográfica de paso obligatorio para tormentas tropicales y ciclones, situación que obliga a preparase y ser autosuficientes, pues ante una tormenta o un huracán, las ayudas de la Colombia Continental no serían inmediatas. Por lo que se requiere, construir, rehabilitar o adecuar sitios para proteger la población, pese a lo cual no se ha diseñado una política local para la atención a familias y viviendas en situación de riesgo ni protocolos de actuación para reubicación, adaptación o contingencia en las zonas definidas de alto riesgo no mitigable.

Según afirma el Gobierno central, en este caso la ayuda ha sido más rápida de lo esperado, lo cual confirmaría que cada vez somos mejores para auxiliar a los náufragos pero peores para evitar los naufragios.

Sin embargo, voces desde el Archipiélago manifiestan que esa atención a los náufragos tampoco se está llevando a cabo de manera adecuada, lo cual coincide con testimonios desde Mocoa (afectada todavía por coletazos del desastre de 2017) que me han expresado su desacuerdo con esa parte optimista de mi afirmación.

Hay que insistir en que a la Gestión del Riesgo también hay que hacerle Gestión del Riesgo. En que no se deberían seguir produciendo expectativas de reconstrucción en la Isla de Providencia sin que haya seguridad de que se van a reducir integralmente los factores de vulnerabilidad frente a unas amenazas que tienden a ser cada vez de mayor complejidad.

¿Será posible y seguro que toda la población actual de la isla pueda seguir habitando allí, o será necesario pensar en un reasentamiento parcial y concertado en otro lugar?

La Gestión del Riesgo incluye generar procesos de participación informada y decisoria de los actores locales, institucionales y comunitarios, en los cuales, a través de verdaderos diálogos entre saberes académicos y saberes raizales, y consultando actores no humanos del territorio como los ecosistemas marino-costeros y las especies que los conforman, y el suelo, el viento y el mar, se analicen distintos escenarios de futuro y se tomen las decisiones más convenientes, pensando, entre otras prioridades, en los Derechos de Infancia y Adolescencia y en que, dentro de cinco o más años, quienes habiten las islas no pueden volver a estar sometidos a réplicas aumentadas de este desastre por el que atraviesan hoy.

Continuará…