La orden de captura contra el expresidente más popular en la historia reciente de Ecuador es un acto político que tuvo su origen en la forma como el gobierno Correa manejó a la oposición.
Mauricio Jaramillo Jassir*
Una historia de conflictos
Ecuador vive una tormenta política por la decisión de la jueza Daniela Camacho de emitir una orden de captura contra el expresidente Rafael Correa por su supuesta participación en el secuestro del opositor Fernando Balda en 2012. Correa reside en Bélgica y ese país decidirá si lo entrega a Ecuador.
La medida, que tiene claros tintes políticos, deja entrever que este país no sabe cómo leer su pasado reciente, pues el contraste entre las conquistas socioeconómicas inéditas y el autoritarismo parecen dos dimensiones indisociables de un mismo fenómeno: la Revolución Ciudadana.
Desde el restablecimiento de la democracia en 1979, la historia del Ecuador ha estado marcada por la convulsión. Aunque en los primeros años de gobiernos civiles se vivió una calma tensa, a mediados de la década de 1990 el país entró en una espiral de inestabilidad política que hizo que entre 1996 y 2013 ningún mandatario elegido directamente pudiera terminar su período de gobierno.
La situación llegó a tal punto que en un solo día, el 6 de febrero de 1997, en plena crisis por la salida del poder de Abdala Bucaram, Ecuador tuvo tres presidentes distintos: el depuesto, su vicepresidenta, Rosalía Arteaga, y la cabeza del congreso, Fabián Alarcón, quien gestionó la transición hacia nuevas elecciones y una reforma constitucional.
El estilo de confrontación que marcó al gobierno de Correa alimentó el discurso sobre conspiraciones de la oposición en contra del establecimiento.
La llegada de Rafael Correa en 2007 y su proceso refundacional, bautizado como la Revolución Ciudadana, parecieron acabar con la inestabilidad crónica y encaminar al país hacia un régimen más robusto, con una irreversible democratización. No obstante, los problemas para Correa se han venido multiplicando en los últimos meses.
¿Cómo entender que el presidente más popular de la historia reciente tenga una orden de captura en su contra?
La pérdida de legitimidad de Rafael Correa no comenzó con la llegada de Lenín Moreno a la presidencia ecuatoriana sino que ocurrió en pleno ejercicio de su mandato. El estilo de confrontación que marcó al gobierno de Correa alimentó el discurso sobre conspiraciones de la oposición en contra del establecimiento. En ese contexto ocurrió el hecho que dio origen a la orden de captura contra el expresidente.
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Correa, contra viento y marea
 Apoyo a la “Revolución Ciudadana” del Expresidente Rafael Correa. Foto: Presidencia de la República del Ecuador |
La Revolución Ciudadana se produjo contra viento y marea, especialmente en los primeros años de gobierno.
Rafael Correa se presentó a las elecciones de 2006 sin listas al Congreso; un suicidio político teniendo en cuenta lo que había ocurrido a sus antecesores. En el pasado, varios presidentes habían sucumbido ante la presión del legislativo, que tenía la capacidad de poner a mandatarios contra la pared y provocar su renuncia o destitución. Así ocurrió en los casos de Abdala Bucaram en 1997 y de Lucio Gutiérrez en 2005.
La apuesta de Correa fue contundente. Con un mandato amplio y un respaldo que se fue multiplicando por su discurso en contra de los partidos tradicionales (partidocracia, según el léxico del correísmo) y del establecimiento, en 2006 llevó a cabo un proceso constitucional que implicó la disolución del Congreso.
Aquello sucedió en medio de una intensa polémica donde el gobierno de Correa acabó por imponerse a través de, cuando menos, tres consultas populares. Se preguntó a los ecuatorianos si querían una nueva constitución, se convocó una asamblea constituyente y, finalmente, se les pidió aprobar la carta magna. En todas las consultas el apoyo popular fue claro.
La oposición nunca encontró caminos para ejercer el control político. Durante los diez años de la Revolución Ciudadana la disidencia ecuatoriana fue incapaz de construir un proyecto que hiciera contrapeso al oficialismo. El correísmo, apoyado en la concreción de promesas en infraestructura, autosuficiencia energética y en el mantenimiento de un Estado de bienestar, mantuvo una base social amplia en el movimiento-partido Alianza PAIS.
Sin embargo, en aras de mantener la gobernabilidad, la administración Correa denunció en varias oportunidades conspiraciones en su contra. Esto la llevó a serios enfrentamientos con varios sectores políticos, gremios, líderes locales –especialmente de Guayaquil– y medios de comunicación. En buena medida, ese fue el punto de quiebre que acabó por erosionar la legitimidad de las autoridades.
El caso Balda
En este contexto se inscribe la acusación en contra de Rafael Correa por el secuestro de Fernando Balda, activista y político –antes cercano al expresidente– que terminó militando en el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez, férreo opositor al establecimiento.
En 2010 el Estado ecuatoriano acusó a Balda por atentar contra la seguridad nacional y lo sentenció a dos años de prisión. Este trató de refugiarse en Colombia como perseguido político del gobierno de Correa y en 2012 se dio el intento de secuestro, frustrado por la policía colombiana. Balda acusó a agentes de inteligencia ecuatorianos de haber intentado retenerlo ilegalmente en territorio colombiano por órdenes del entonces presidente Correa.
A pesar de todo, las autoridades colombianas decidieron deportar a Balda, quien estuvo detenido en Ecuador, acusado del delito de calumnia, hasta 2014. Con esto se pensó que el proceso había terminado, pero en Colombia la investigación siguió su curso y en 2015 se hallaron evidencias que comprometían a Raúl Chicaiza –agente de la Secretaría General de Inteligencia de Ecuador (SENAIN)–, cuyo testimonio compromete hoy al expresidente Correa.
La Revolución Ciudadana se produjo contra viento y marea, especialmente en los primeros años de gobierno.
En 2017, con el cambio de fiscalía en Ecuador, el proceso adquirió un nuevo rumbo y un año más tarde se retomó la investigación. El fiscal general, Paul Pérez Reina, considera que se trató de un crimen de Estado, pues se habría recurrido al erario para financiar una operación a todas luces ilegal.
Hace menos de un mes el fiscal Pérez Reina pidió que Correa se presentara diariamente ante el consulado de Ecuador en Bruselas, donde vive desde que dejó la presidencia. La jueza Daniela Camacho no aceptó el pedido del fiscal, pero fue mucho más allá en las exigencias a Correa: lo obligó a comparecer cada quince días ante la Corte Nacional de Justicia en Quito. Ante el previsible incumplimiento de Correa la jueza decidió emitir una orden de arresto.
Incertidumbres
El caso tiene tintes políticos y es evidente la falta de objetividad de la prensa ecuatoriana para cubrir el proceso, lo cual agrava la polarización. La mayoría de los medios dan por probada la culpabilidad de Correa, quien se defiende desde Bélgica argumentando violaciones flagrantes al debido proceso.
Además, el expresidente subraya el hecho de que el 10 de noviembre de 2017 Fernando Balda anunciara por medio de un trino que habría un proceso judicial que acabaría en una orden de captura contra él. ¿Cómo podía tener Balda tal certeza con semejante antelación? Se trata de un trino inexplicable que despierta sospechas por el serio riesgo de judicialización de la política.
A Ecuador le esperan semanas de viva agitación y aumento de la polarización. Pero más allá de las tensiones, el caso Balda demuestra que, por más réditos sociales que produzca, ningún régimen político es intocable.
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*Profesor de la Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario.
