Un resultado alarmante

El triunfo en primera vuelta de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández es una voz de alerta para las instituciones colombianas y para quienes creemos que en Colombia existe una genuina —aunque deficitaria— democracia.

A quienes sostenemos que en Colombia sí existe democracia, nos ha faltado:

• ser más explícitos en lo que significa esta afirmación, para lo cual tendríamos que explicar qué es la democracia, y
• prestar más atención a las razones o los argumentos de quienes creen que la democracia colombiana no es real o que no tiene importancia.

En este corto texto me propongo examinar estos dos asuntos y conectarlos con la coyuntura electoral colombiana.

¿Hay democracia en Colombia?

Simplificando la discusión, podría decirse que existen dos posiciones contrarias sobre la democracia en Colombia: la tesis de “la democracia más antigua de América Latina” y la tesis de que “Colombia es apenas una democracia aparente”:

“La democracia más antigua”

Quienes defienden esta posición resaltan el hecho de que Colombia, desde el comienzo de su vida independiente y con contadísimas excepciones, ha elegido a sus gobernantes por medio de elecciones periódicas y más o menos competitivas. Esto ha sucedido incluso en los momentos de democracia restringida, por ejemplo, bajo el Frente Nacional: aunque la competencia electoral fue formalmente limitada en esos tiempos, nunca fue eliminada.

Quienes suscriben esta posición no niegan que Colombia tiene serios problemas como la violencia y la desigualdad social, pero señalan que estos no implican la inexistencia de un sistema democrático, cuyos pilares son las elecciones competitivas y el respeto al principio de separación de poderes.

“No es más que una democracia aparente”

Quienes sostienen esta idea argumentan que, si bien Colombia tiene una larga trayectoria electoral, esto no basta para decir que el sistema político sea de veras democrático, puesto que la democracia implica mucho más que elecciones competitivas.

Según la versión más popular de este argumento, un país con los niveles de pobreza y desigualdad de Colombia no merece ser calificado como una democracia.

¿Qué es la democracia?

Las dos tesis anteriores podrían ser correctas, porque la respuesta a esta pregunta depende de cómo se defina o qué se entienda por democracia.

Quienes creen en la idea de “la democracia más antigua de América Latina” adoptan una definición mínima de democracia, como expliqué en un artículo anterior en Razón Pública. Según esta concepción, la democracia es un método para la toma de decisiones colectivas, independientemente de cuáles sean esas decisiones o de los resultados que se sigan.

Según Michelangelo Bovero, “la democracia es una forma de gobierno que puede albergar una amplia gama de contenidos, es decir, de direcciones políticas distintas y alternativas entre sí”. De la misma manera, Adam Przeworski  defiende un entendimiento minimalista de la democracia según el cual esta “es solo un sistema en el que los gobernantes son seleccionados mediante elecciones competitivas”. Y entre nosotros, una historia reciente de Colombia escrita por el director de esta revista explica que “La democracia no pretende ser perfecta, ni pretende que sus supuestos (ciudadanía informada, voto transparente…) correspondan a la realidad, ni pretende tampoco que ella siempre produzca la mejor decisión. Pretende apenas ser el método para llegar a las decisiones que en promedio o en el largo plazo sean mejores para más personas de las que produciría cualquier otro método”. Nada más y nada menos.

Si se adopta esta definición, es claro que Colombia tiene un sistema democrático: en efecto, a pesar de sus muchos y graves problemas políticos, sociales y económicos, tenemos la posibilidad de escoger a nuestros representantes y gobernantes mediante elecciones periódicas. Y además tenemos un sistema institucionalizado de separación de poderes.

Por el contrario, quienes piensan que “Colombia es una democracia aparente” consideran que las elecciones competitivas y la separación de poderes no son suficientes para concluir que la democracia sea verdadera.

Aunque no comparto esta postura, creo no equivocarme al señalar que sus defensores adoptan una concepción republicana de la democracia, según la cual esta no implica apenas la existencia de elecciones, sino de un fuerte compromiso ciudadano con la vida pública. Este compromiso se manifiesta en una activa participación política, que a su vez supone la existencia de equidad socioeconómica entre los ciudadanos.

Para explicar esto, debo desviarme hacia una discusión más general sobre los modelos constitucionales que han estado en disputa en América Latina desde los tiempos de la independencia.

Tres visiones de la democracia

En La sala de máquinas de la Constitución: dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), Roberto Gargarella organiza y clasifica los múltiples proyectos constitucionales que tuvieron lugar en la región.

La clasificación de Gargarella tiene en cuenta las distintas posiciones sobre los ideales básicos del constitucionalismo: (i) el ideal de la autonomía individual, que alude a la independencia que debe tener el individuo respecto del Estado y de la sociedad; y (ii) el ideal del autogobierno colectivo, que alude a los mecanismos para que sociedades se gobiernen a sí mismas.

Frente a estos dos ideales, Gargarella identifica tres posiciones en América Latina, que se derivan de distintas maneras de pensar la constitución y la democracia:

• Conservadurismo: desde el comienzo de las guerras de la independencia, esta posición “asumió la defensa de la visión más restrictiva, frente a ambos ideales”. Respecto de la autonomía individual, sostuvo que el sistema constitucional debía garantizar una concepción particular del bien, usualmente asociada con la religión católica. Respecto del autogobierno colectivo, asumió una posición elitista o contraria al respeto de la voluntad mayoritaria.
• Republicanismo: contrariamente al conservadurismo, esta corriente  asumió un compromiso total con el ideal del autogobierno colectivo y “tendió a considerar a la autonomía individual como un ideal desplazable en nombre del bienestar general, o las exigencias propias de una política mayoritaria”. De manera crucial, esta posición defendió desde un comienzo la necesidad de protecciones sociales vigorosas para los individuos, que les permitan participar tranquilamente en la vida pública de sus sociedades.
• Liberalismo: esta posición, contrariamente a la republicana, invirtió el orden de prioridades “para concebir todo el orden constitucional en torno a la idea del respeto a las libres elecciones individuales”, por lo cual se mostró “dispuesta a fijar restricciones severas frente al mayoritarismo político, que era visto como amenaza grave frente al ideal de la autonomía individual”.

Gargarella explica que, debido al “terror que provocaran, en la clase dirigente americana, las revoluciones democráticas operadas en Europa, en 1848”, liberales y conservadores se aliaron en un “constitucionalismo de fusión” dirigido a frenar el proyecto republicano y edificado sobre tres acuerdos básicos:

• “una mirada estrecha sobre los derechos”, que quedaban reducidos a los llamados derechos civiles y rechazaba cualquier aspiración de establecer protecciones sociales;
• una defensa irrestricta del derecho a la propiedad privada; y
• una visión limitada de los derechos políticos “como derechos reservados para unos pocos”.

¿Cómo leer el triunfo de Petro y Hernández?

Gustavo Petro, defensor de la tesis de que “Colombia es solo una democracia aparente”, se puede entender en cierta medida como heredero de la tradición del republicanismo latinoamericano. Y por esto podría representar un problema para la estabilidad institucional de Colombia que, pese al énfasis en los derechos sociales de la Constitución de 1991, está más cercana al constitucionalismo de fusión que al proyecto republicano.

El énfasis del Pacto Histórico en la igualdad socioeconómica y en el mayoritarismo político puede resultar en choques con un sistema institucional más inclinado hacia el liberalismo individualista, protegido por la separación de poderes, que hacia visiones maximalistas de la democracia.

El caso de Rodolfo Hernández es más difícil de entender en los términos de este artículo, poque tiene una visión política poco coherente y se limita a señalar a la corrupción como fuente de todos los males. Pero su fuerte discurso contra los políticos, la política y por ende, contra las instituciones, hace más que previsible su eventual confrontación con el sistema.

Lo que para mí está claro es que quienes sostenemos la tesis de que en Colombia sí hay una democracia no debemos suponer que nuestros contradictores están equivocados, sino entender las razones detrás de sus afirmaciones. La mejor manera de defender las instituciones democráticas es escuchar las críticas y comprender los déficits del sistema, para ver si podemos llegar a puntos de encuentro con quienes sostienen una visión más radical de lo que significa el gobierno democrático.