Culpar al paramilitarismo no explica las reales dimensiones de estos hechos. Las agresiones son numerosas, diversas y por lo tanto exigen seguimiento separado y medidas diferenciadas por parte del Estado. Otro gran desafío para la implementación del Acuerdo Final.
Eduardo Álvarez Vanegas*
Cifras alarmantes
Aunque se han hecho más visibles tras la victoria del No en el plebiscito, los asesinatos y atentados recientes contra líderes sociales en Colombia no son casos aislados.
Este año se han cometido agresiones contra activistas y líderes de derechos humanos, campesinos, afrodescendientes, estudiantiles, ambientalistas, indígenas y de la comunidad LGBTI, entre otros. Mientras que Somos Defensores ha documentado 237 agresiones entre enero y junio de este año (misma organización que documentó 405 para el mismo período de 2015), en la Fundación Ideas para la Paz (FIP) hemos registrado 348 agresiones en 2016, donde se incluyen amenazas (237), homicidios (71), detenciones arbitrarias (21) e intentos de homicidio (17), entre otras.
En los últimos días han sido más notorios los asesinatos de integrantes del movimiento Marcha Patriótica (MP) pues, además de la gravedad de los 125 casos de agresión desde su creación, estos crímenes indican que esta será una de las modalidades de violencia política en los años venideros. Esto ha ocurrido en un contexto de alto riesgo para el proceso de paz con las FARC y a pesar de las garantías de seguridad y de no repetición que se consignaron en el Acuerdo.
Explicación facilista
 Indígenas del Cauca Foto: Universidad Nacional de Colombia |
Lo que le ha venido ocurriendo con MP ha revivido fantasmas del pasado, como el genocidio de la Unión Patriótica, y ha puesto sobre la mesa la misma pregunta que hice en este espacio hace siete meses: ¿quién los está matando? Los medios han salido a decir apresuradamente: ¡el paramilitarismo! Y digo apresuradamente porque las agresiones contra los diferentes tipos de líderes (no únicamente los de MP) merecen una respuesta seria que les ponga rostros, nombres y apellidos a los responsables, ya sean directos o indirectos.
Con esta salida facilista se deja a un lado la variedad de posibles responsables, se nubla la realidad y no se aporta a las investigaciones y medidas de protección que el Estado debe poner en marcha. Esta respuesta borra toda posibilidad de barajar matices, historias, trayectorias, de analizar la relación de las agendas de los líderes sociales con los intereses que afectan, la evolución de las agresiones, los elementos discursivos en juego, los grupos armados (guerrilleros y de crimen organizado) y su forma de relacionarse con la población civil.
Los asesinatos y atentados recientes contra líderes sociales en Colombia no son casos aislados.
Los líderes perseguidos representan la democratización a la que le tienen pavor los grupos armados y otros sectores, estatales y privados, porque sus denuncias tocan nervios, sacan injusticias a la luz y pueden afectar arreglos de poder. Por eso es imperativo leer el contexto de las agresiones –no únicamente las de los últimos días– y las situaciones concretas donde se inscriben, para no reducir su explicación al “paramilitarismo”.
Cartografía de las agresiones
Las agresiones que ha monitoreado la FIP han ocurrido en 24 departamentos del país y los más afectados son los dirigentes indígenas (55), seguidos de los líderes sindicales (51) y sociales en general (44).
Los cinco departamentos con el mayor número de agresiones son Valle del Cauca (69), Cauca (42), Caquetá (28), Antioquia (24) y Norte de Santander (24). Estas agresiones han tenido lugar, por los menos, en 92 municipios del país, con Cali (35), Barranquilla (18) y Caloto (15) a la cabeza.
Aunque estos datos no son concluyentes, pues habría que mirar otras regiones y municipios en un período más amplio, sí permiten identificar las zonas, los grupos poblacionales y los tipos de líderes más afectados.
Por ejemplo, en el caso de los indígenas del Cauca que se han opuesto a la minería ilegal y al narcotráfico, no se puede descartar la responsabilidad de narcotraficantes y del crimen organizado; aunque otras versiones señalan al ELN, que estaría entrando en la zona y presionando la continuidad de las economías criminales. Sin duda este va a ser un reto inmenso, pues la sustitución de cultivos deberá estar acompañada de un liderazgo que quiera apostarle a desmontar una de las economías agrícolas de exportación más exitosas que ha tenido Colombia (a pesar de su ilegalidad). En respuesta a esto habrá presiones internas y externas que producirán más violencia cuando una gran masa de población campesina esté en condiciones de abandonar el negocio e integrarse a la vida legal.
Por otra parte la muerte de Erley Monroy, de la Asociación Campesina Ambiental Losada Guayabero (Ascal-G) está llena de elementos circunstanciales de mucha gravedad –como la acusación de colaborar con la guerrilla que le hizo el alcalde de San Vicente del Caguán y la aparición de grafitis y panfletos de las AUC (típico elemento distractor). Además, este crimen ocurrió días antes de la firma del Acuerdo Final. Se atentó contra un líder que había defendido una zona de reserva campesina y había movilizado agendas ambientales y anti-fracking, temas que ya han generado tensiones sociales en esta región y que seguramente lo seguirán haciendo durante la implementación del acuerdo de paz.
El reciente intento de asesinato de Argemiro Lara –reclamante de tierras de la antigua hacienda La Europa, ubicada en el municipio de Los Palmitos, Sucre– se inscribe en una historia de luchas que preceden al conflicto armado, pero que se han intensificado con los arreglos institucionales de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Conozco a algunos reclamantes de tierras y su lectura de los hechos es simple y poderosa: “uno denuncia y al rato llega la amenaza por mensaje de texto, entre más reclamemos y hagamos valer nuestros derechos más nos mandan a callar”.
En estos casos hay una red de responsables mucho más extensa de lo que podemos imaginar. No solo el Estado por medio de registradores y notarios corruptos, sino élites locales que siguen contratando los servicios del crimen organizado para amenazar o asesinar a quienes les estorben. Tal es el caso que se ha presentado en Urabá desde que estos grupos tomaron fuerza, y así me lo explicó una de sus líderes: “Otoniel no está detrás de nosotros, no le importamos, son los grupos poderosos de la región que les pagan a sus muchachos para que vayan detrás de nosotros”. Esta declaración es consistente con otras consultas que he hecho. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿quiénes pagan para detener a estos valientes líderes?
Por otro lado, no se puede olvidar la reciente oleada de asesinatos de líderes comunistas en Arauca. Era un secreto público que el responsable de estos hechos era el ELN hasta que Carlos Lozano, director del semanario Voz, publicó una carta confirmando estas sospechas: “Lo peor, compañero Nicolás [Rodríguez, ‘Gabino’], es que aún en Arauca el ELN sigue asesinando comunistas. Son crímenes cobardes contra gente inerme y desarmada. Usted debe ordenar que se suspendan esos actos viles.”
Los más afectados son los dirigentes indígenas.
Se trata de una situación muy delicada y en la región se comenta que se debe a la guerra entre las FARC y el ELN que se dio durante la década pasada y que no habría quedado saldada del todo, provocando una oleada de venganzas, persecuciones y señalamientos. De hecho, en este departamento hay al menos dos aspectos que preocupan en el corto y mediano plazo:
- Va a haber una Zona Veredal para la desmovilización de las FARC y muchos de sus integrantes temen por su seguridad a causa de la intensa presencia del ELN; y
- Los líderes sociales y políticos no ocultan su temor por el resentimiento que hay hacia ellos por parte de la base del ELN.
Causas diversas, diversos responsables
 Masacre sufrida por la Unión Patriótica entre 1984 y 1997 Foto: Centro de Memoria y Reconciliación |
Los ejemplos anteriores muestran que estas agresiones obedecen a causas coyunturales y estructurales. Si bien algunas son consecuencia del conflicto armado y del crimen organizado, otras se inscriben en conflictos de vieja data que pueden develar actuaciones criminales por parte de redes de poder que se oponen a toda costa a la restitución de tierras.
Igualmente, el origen de algunas de estas agresiones obedece a disputas entre grupos guerrilleros o a su resistencia a permitir liderazgos locales que no se identifican con sus ideas. Cabe recordar que estos grupos han intentado imponer diferentes formas de disciplina no solo a sus integrantes, sino a las comunidades de su entorno.
En este sentido, ¿es apropiado afirmar que el “paramilitarismo” es la mano negra detrás de todo? Probablemente no. Debe reconocerse la valentía de Marcha Patriótica al denunciar el asesinato de sus integrantes, pero no se puede perder de vista que las agresiones a líderes afectan a muchos más sectores. Otros representantes de líderes con quienes he conversado sienten que están perdiendo visibilidad e importancia para la opinión pública y las autoridades competentes.
¿Y el Estado?
Estos hechos se pueden quedar en la denuncia ante el Estado, cuya única respuesta parece ser cosmética: comités interinstitucionales o mesas de alto nivel de DDHH para una situación que requiere otras medidas como:
- Investigaciones que aclaren los hechos y los responsables directos e indirectos, incluso si involucran a intocables que hacen parte de las esferas criminales del Estado.
- Medidas de protección para que los líderes agredidos no sientan que al denunciar están en mayor peligro por represalias provenientes de agentes del Estado o de las élites locales.
- Servidores públicos que no vean en los líderes ciudadanos de tercera categoría, sino personas que merecen protección especial.
La paz sigue siendo un libreto muy bien elaborado que debe ponerse en práctica. Aún es un sueño y sus opositores saben muy bien que los líderes traen consigo la llave para poner en práctica lo acordado, y que una forma de impedirlo es romper la organización que puede impulsar, exigir y vigilar la implementación del Acuerdo desde las regiones.
La paz también puede crear conflictos y acentuar otras formas de violencia. Por eso es importante garantizar la seguridad de territorios, de los desmovilizados y de la población en general. Puede que la violencia de las FARC haya cesado, pero otras continuarán.
* Politólogo de la Universidad Javeriana, magíster en Antropología Sociocultural de la Universidad de Columbia, coordinador del área de dinámicas de conflicto y negociaciones de paz de la Fundación Ideas para la Paz. Agradezco el apoyo de Ángela Silva, investigadora de la FIP, en la realización de este artículo.
@ealvarez80
