El gobierno del cambio liderado por Gustavo Petro entra en su recta final, quedan 2 años para las próximas elecciones. ¿El desempeño del gobierno fortalecerá a la izquierda o terminará por enterrarla?

Luis Javier Orjuela*

Ola de cambios

Nadie sensato puede estar en desacuerdo con las ideas del presidente Petro respecto de los de cambios estructurales que requieren la política y la economía del país, así como con la justicia distributiva que propone para una sociedad tan inequitativa como Colombia.  

Sin embargo, sus primeros dos años estuvieron caracterizados por la oposición hacia él y por su agenda demasiado ambiciosa, acompañada de una baja capacidad de ejecución ocasionada por su equipo de gobierno, que ha carecido de la idoneidad técnica para gobernar, con honrosas excepciones.

Debería esperarse que el gobierno hubiera asimilado la lección de las dos pasadas legislaturas y sus exiguos resultados frente a sus expectativas.

En un contexto nacional y mundial donde soplan intensos vientos de cambio, tanto desde la nueva izquierda como desde la ultraderecha, la vieja disyuntiva entre reforma o revolución se ha inclinado a favor de la primera y, desde el punto de vista ideológico, esta requiere una mayor fundamentación a fin de despojarla del carácter peyorativo con el que ha sido vista desde la izquierda radical.

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Crisis de legitimidad  

El presidente Petro entra a su tercer año de gobierno con muchos de sus ministros y altos funcionarios salpicados por el escándalo de corrupción de la UNGRD y con un proceso de paz acuestas con el ELN.  

La corrupción administrativa, tan extendida en este gobierno, es una de las expresiones del clientelismo, principal característica estructural negativa del régimen político colombiano. 

El clientelismo es la síntesis de las deficiencias históricas de integración de la sociedad colombiana. Están relacionadas, en primer lugar, con la debilidad del Estado y su precaria capacidad para regular las relaciones sociales, institucionalizar los conflictos, integrar el territorio nacional y distribuir los recursos sociales.

Por otro lado, se relacionan con la persistencia de formas tradicionales y no capitalistas de relación y control social, que han dificultado el tránsito de un comportamiento guiado por lealtades e inclinaciones personales, a un comportamiento prescrito por normas generales e impersonales.  

El actual gobierno, lejos de combatir el clientelismo y la corrupción, los ha agudizado. No se compadece con una presidencia que desde sus inicios ha dicho que una de sus prioridades es combatirlos, ni con el carácter y propósito de la izquierda.

La idiosincrasia de Petro, la exacerbación del clientelismo, el aumento de la corrupción y la ineficacia del gobierno han erosionado la legitimidad del sistema político, es decir, la credibilidad y autoridad del gobierno y del legislativo, tanto respecto de las reformas que ya han sido aprobadas, como de los temas pendientes de su agenda política y legislativa para los próximos dos años.  

No es exagerado decir que el actual gobierno sufre una crisis de credibilidad, agudizada por los anteriores factores.  

Reconsiderar al pueblo y al adversario

A fin de ganar una mayor legitimidad, el presidente debería repensar el tipo de liderazgo que ejerce y dejar de polarizar la sociedad reduciéndola a la oposición entre pueblo y oligarquía o Estado y mercado. Además, reforzar el carácter técnico de su gobierno para dejar de imputar su ineficacia a supuestos “golpes blandos” de Estado.  

Tal como lo dijo Jorge Iván González, exdirector del DNP, en su carta de renuncia, el cumplimiento de los objetivos del plan de desarrollo no es posible sin la colaboración de los mandatarios locales y de los gremios del sector privado. Tampoco es posible ganar más legitimidad si el presidente hace declaraciones que muchas veces contradicen las de sus ministros.

Recién posesionado, el 13 de agosto de 2022, el presidente Petro se dirigió a los empresarios en la clausura del séptimo congreso de la ANDI. Allí se refirió críticamente al papel protagónico que los empresarios siempre han tenido frente al Estado. Afirmó que la relación debería transformarse para dar paso a una alianza público-privada en la que el Estado juegue un papel más activo y el empresariado un papel más social.

Al respecto, dijo: “Hagamos una misión público-privada, con el Estado dirigiendo y la participación de personas del sector privado, tanto ricas como no tan ricas, e incluso campesinos, para lograr la meta de hambre cero en Colombia”. Concluyó con la invitación a los empresarios a un diálogo nacional.

Sin embargo, dos años después, varios analistas y líderes gremiales consideran que dichas afirmaciones no se han materializado y que los empresarios no solo no han sido tenidos en cuenta, sino que han sido considerados como enemigos del gobierno y del país. Petro ha tildado al empresariado de esclavista.

Es indudable que contra el gobierno de Petro hay enemigos, pero no necesariamente debería incriminar a los empresarios porque hay otras formas más fructíferas de considerar al contendor.

Como dice Carl Schmitt, el enemigo político no es aquel a quien se odia en el plano personal, “el enemigo político no necesita ser moralmente malo, ni estéticamente feo; no hace falta que se erija en competidor económico, e incluso puede tener sus ventajas hacer negocios con él. Simplemente es el otro, el extraño, y para determinar su esencia basta con que sea existencialmente distinto y extraño en un sentido particularmente intensivo”.

Esa “extrañeza”, para que sea política, debe ser objeto de reconocimiento por parte del adversario para que se cree el vínculo político. Por su parte, la derecha, y más específicamente la extrema derecha, debería igualmente repensar, en estos términos, su concepto de enemigo y plantearse también un proyecto serio y sustentado de país.

Así pues, como las palabras y las formas importan, sería beneficioso que el gobierno, en vez de seguir utilizando el concepto de pueblo, más ambiguo y sobrecargado ideológicamente, empiece a utilizar los conceptos de sociedad civil o ciudadanía que resultan menos polarizantes y más incluyentes.

Así el gobierno podría incluir en su discurso ideológico otros sectores sociales, empezando por los empresarios y sus organizaciones, y comenzar a dialogar con ellos como ciudadanos y no como enemigos personales, sino como “extraños” que hay que reconocer.

De la constituyente al acuerdo nacional

La idea de una asamblea constituyente se ha venido diluyendo debido a la ambigüedad presidencial, al pasar por el concepto de poder constituyente y terminar, finalmente, en el de acuerdo nacional.

Analistas se han puesto a la tarea de mostrar la inconveniencia de una asamblea constitucional o a explicar la diferencia entre los tres conceptos. Sin embargo, más que una asamblea que cambie o transforme la Constitución, Petro desea un expediente teórico-ideológico que le permita mantener la polarizante distinción entre un “ellos y nosotros”, propia de su talante populista.

Al mismo tiempo, Petro nombra a un nuevo ministro del interior, Juan Fernando Cristo, con lo cual parece acercarse al sector socialdemócrata del Partido Liberal.

Él ha sido encargado de hacer viable la agenda para los próximos dos años y tender puentes con el legislativo y los empresarios mediante un acuerdo nacional, bajándole el tono a la confusa idea de una reforma constitucional.

Por ello, Cristo ha dicho que la constituyente sería un tema que le correspondería al próximo gobierno.

Pero Petro, sabedor de que su vigencia política depende del apoyo de la tercera parte de la población, según las encuestas, prefiere quedarse con el concepto de “poder constituyente”. Una forma de democracia radical popular.

Parece que Petro no aprendió la lección del pobre resultado de los primeros dos años de gobierno, debido en parte a su ambiciosa agenda de reformas. Para los siguientes dos años que le quedan, que se inician este 7 de agosto, la agenda legislativa y de gobierno es demasiado ambiciosa y extensa.

Basta hacer un somero listado de sus temas. La reforma laboral, de salud y al derecho general a la educación, que aún están pendientes. Hay que agregar la reforma a la educación superior, la reforma agraria y la creación de su correspondiente jurisdicción. Además, las reformas a la justicia, a la ley de servicios públicos, al sistema general de participaciones, al ordenamiento territorial y al sector minero. Y, sobre todo, lograr los acuerdos de paz y la reactivación de la economía.

Por eso el acuerdo nacional es la posibilidad de dar prioridad a los temas más urgentes: la reforma agraria, la educación, la salud, la reindustrialización y la paz.

Las posibilidades para el 2026 

Un proyecto de cambio estructural político y económico es una tarea que abarca varios períodos de gobierno y requiere continuidad programática, por eso es de gran importancia lograr el acuerdo nacional.

Por lo expuesto y dada la falta de credibilidad del gobierno, es difícil que el proyecto de cambio del Pacto Histórico se mantenga más allá del 2026.

Por una parte, aún no hay un liderazgo claro para las elecciones, y por otra, dicha coalición ha sido poco crítica con el ejercicio gubernamental.

Eso sucede cuando el caudillo pesa más que el movimiento. No se ha construido un partido sólido de izquierda con vocación de continuidad en el poder a fin de llevar a buen término el llamado cambio social o acuerdo nacional. Aunque todavía hay tiempo para construir un movimiento progresista sólido y formalizado.

No obstante, el Pacto Histórico está dividido internamente y no todos los partidos de la coalición están de acuerdo con fusionarse. Con este panorama no sería aventurado pensar que para el 2026 la contienda electoral sea entre la derecha y el centro.

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