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¿Qué va a pasar con la ley estatutaria de la JEP?

Escrito por José Gregorio Hernández
Objetar la JEP

Objetar la JEP

Jose GregorioExplicación necesaria sobre las facultades del presidente Duque y sobre el trámite e implicaciones que tendría su decisión de objetar esta ley crítica para el acuerdo de paz.

José Gregorio Hernández Galindo*

¿Una ley inconveniente?

En el momento de escribir estas líneas no se sabe si el presidente Duque sancionará u objetará el Proyecto de Ley Estatutaria sobre la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).

El presidente puede objetar las leyes por motivos de inconstitucionalidad o de inconveniencia, y en este caso la objeción de Duque se debería a que su Gobierno la considera inconveniente. El proyecto entonces tendría que volver al Congreso para saber si acepta las objeciones o si insiste en que el presidente proceda a sancionarla.

En estas circunstancias el fiscal Néstor Humberto Martínez ha solicitado al presidente que se abstenga de sancionar el proyecto y que proceda a objetarlo. A su juicio, el hecho de que la Corte hubiera culminado desde hace varios meses el proceso de revisión del proyecto desde el punto de vista de constitucionalidad, no obsta para que ahora se adelante en el Congreso, a instancias del Gobierno, el juicio de conveniencia sobre las normas aprobadas e inclusive sobre el propio fallo de la Corte.

El Fiscal ha puesto en duda la conveniencia de la Ley en materias tales como el régimen aplicable a los delitos de ejecución permanente, el deber de no repetición de los delitos por parte de los desmovilizados de las FARC, la necesidad “de que continúen sin solución de continuidad (sic) las investigaciones sobre los delitos del conflicto armado”, mientras asume competencia la JEP. Ha pedido además que “no se abrigue el más mínimo manto de impunidad para los crímenes de guerra”.

En su mayor parte, las observaciones del Fiscal —que ya las había expresado ante el Congreso cuando se discutió el proyecto— son atinadas y tocan puntos claves para la debida aplicación de la justicia transicional.

Le recomendamos: ¿El proceso de paz está en manos del Fiscal?

Mis desacuerdos con la JEP

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Foto: Facebook Jurisdicción Especial para la Paz.
Acto de dignificación de las víctimas de violencia sexual en Urabá.

Por otra parte, es verdad que el conjunto de disposiciones relativas a la JEP deja mucho que desear y en algún momento —que no es precisamente el de las objeciones— se va a necesitar una actividad legislativa y hasta de reforma constitucional para corregir errores y llenar los actuales vacíos.

Debo recordar que en esta misma revista expliqué mi desacuerdo con la creación de la JEP como una jurisdicción absolutamente desligada de la ordinaria. Y con las vagas e indefinidas atribuciones que le fueron señaladas.

Igualmente, una vez expedida la reforma constitucional que creó esa jurisdicción (Acto Legislativo 1 de 2017), estimé que sus magistrados no han debido ser posesionados —como en efecto ocurrió— sin que previamente se hubiere definido de manera completa el marco normativo que regiría su actividad. No han debido tomar posesión de sus cargos antes de que tuviéramos una ley estatutaria y unas reglas de procedimiento.

Aunque se discrepe del contenido del fallo o de sus efectos, es obligatorio para todas las autoridades y los particulares. 

Tampoco compartí la decisión de la Corte (Sentencia C-080 de 2018) de declarar inexequible la norma que sometía a la jurisdicción ordinaria el conocimiento de los delitos sexuales cometidos por miembros de las FARC, en especial contra menores. En mi opinión esos delitos no podían ser considerados conexos con los delitos políticos propios del conflicto armado. A tales delitos les debían ser aplicadas, las mismas penas que a cualquier violador, y no las alternativas previstas en el Acuerdo de Paz.

Pero es evidente que, habiéndose surtido ya la revisión por parte de la Corte Constitucional, sobre esa ley ha operado la cosa juzgada (Artículo 243 de la Constitución), y no hay lugar a plantear nuevas objeciones por motivos de inconstitucionalidad.

Aunque se discrepe del contenido del fallo o de sus efectos, es obligatorio para todas las autoridades y los particulares. Debe ser acatado. Es la regla democrática y el deber del Gobierno y de todo ciudadano.

¿Cuál es el procedimiento?

– El artículo 166 de la Constitución establece que el presidente dispone de seis días para devolver con objeciones cualquier proyecto cuando no conste de más de veinte artículos; de diez días, cuando el proyecto contenga entre 21 y 50 artículos; y hasta de veinte días cuando—como ocurre en este caso—los artículos sean más de 50.

O sea que el presidente Duque está dentro del tiempo que le otorga la Constitución para objetar total o parcialmente el proyecto, o para sancionarlo y proceder a su promulgación.

-Según el artículo 167 de la Constitución, el proyecto objetado total o parcialmente volverá a las Cámaras para nuevo debate. Como el artículo 153 señala que las leyes estatutarias deben ser aprobadas en el curso de una sola legislatura, el estudio de las objeciones debería tener lugar solamente en sesiones ordinarias. El Congreso no podría ser convocado a sesiones extraordinarias para tal efecto.

Pese a que la Corte ha dicho que el trámite de las leyes estatutarias en una sola legislatura “no incluye los pasos extra legislativos” —y por tanto la objeción por inconveniencia podría formularse aun después de culminada la legislatura— es lógico pensar que lo propiamente legislativo sí debería tener lugar en sesiones ordinarias. Aceptar o rechazar las objeciones presidenciales, o, en su caso, modificar, suprimir o adicionar textos de la ley estatutaria son -sin duda-actividades propiamente legislativas.

-Dice la norma que el presidente sancionará sin presentar objeciones el proyecto si este fuere confirmado por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara.

Si transcurridos los plazos que indiqué más arriba, el Gobierno no hubiere objetado el proyecto, el presidente deberá sancionarlo y promulgarlo. Si las cámaras entran en receso dentro de dichos términos, el presidente deberá publicar el proyecto sancionado u objetado dentro de los plazos indicados.

Puede leer: Las tres posturas de Duque frente a la paz.

No modificar el texto

La Procuraduría entregando informes disciplinarios

Foto: Procuraduría General de la Nación.
La Procuraduría entregando informes disciplinarios relacionados con el conflicto armado.

Considero que sería también improcedente, y un verdadero desacato, cualquier iniciativa orientada a modificar lo resuelto por la Corte.

Desde una perspectiva puramente constitucional, es evidente que, si al proyecto le fueran introducidos nuevos textos o modificaciones de fondo, la ley tendría que regresar a la Corte para que se pronunciara sobre la constitucionalidad de unas reglas que no pudo tener en consideración cuando efectuó el examen inicial.

Sería improcedente, y un verdadero desacato, cualquier iniciativa orientada a modificar lo resuelto por la Corte.

Todo eso demoraría en exceso la sanción y la promulgación de la ley estatutaria para la JEP, lo cual no es bueno para el cumplimiento de la tarea que a ella corresponde.

¿Qué puede pasar en el Congreso?

Existen varias hipótesis:

  • Si las cámaras aceptan las objeciones presidenciales, introducirían los cambios pertinentes que —si son los que propone el Fiscal—, serían normas nuevas que deberían volver a la Corte para control, tanto de forma como de fondo.
  • Puede ocurrir que las objeciones sean rechazadas y el Congreso reafirme la ley por la mitad más uno de los miembros de una y otra Cámara. El presidente tendría entonces el deber de sancionar el proyecto. Si no lo hacer lo haría el presidente del Senado en calidad de presidente del Congreso.
  • O puede acontecer que una de las cámaras acepte las objeciones y la otra las rechace. Se aplica entonces lo previsto en el Reglamento del Congreso (Ley 5 de 1992): “Artículo 200…Cuando una Cámara hubiere declarado infundadas las objeciones presentadas por el Gobierno a un proyecto de ley, y la otra las encontrare fundadas, se archivará el proyecto”.

Hay un camino

La Jurisdicción Especial de Paz necesita de una ley estatutaria. Habiendo pasado el proyecto por el Congreso y la Corte Constitucional, esa ley debe ser sancionada y promulgada a la mayor brevedad.

Ahora bien. Si, como ante dije, hay vacíos y normas incoherentes o que dan lugar a la impunidad, lo indicado es que el Gobierno, la Fiscalía, la academia y la propia JEP estudien proyectos integrales —inclusive de carácter constitucional— para introducir los correctivos apropiados, sin necesidad de acabar con la JEP, ni con el Acuerdo de Paz.

Una y otro son ya irreversibles, una vez que fueron aprobados por Congreso y declarados exequibles por la Corte Constitucional. Pero, como todas las normas jurídicas, ellas pueden ser ajustadas, modificadas y precisadas por los órganos competentes.

Puede leer: La JEP debilitada por la Corte Constitucional.

 

*Cofundador de Razón Pública. Par ver el perfil del autor, haga clic aquí.

 

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