Hubo un aumento notable en la violencia anterior a las elecciones y un descenso notable en la del día de las votaciones. ¿A qué se debe este fenómeno, quiénes fueron los afectados, y qué debe hacer el Estado para eliminar la violencia electoral?
David Fernando Correal* – Andrés Palencia** – Jorge Restrepo***
El diagnóstico
Ayer se llevaron a cabo las primeras elecciones de autoridades municipales y departamentales en Colombia después del final del conflicto armado con las FARC. Al analizar las estadísticas de violencia política que recopila el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (CERAC), encontramos que estas elecciones presentaron mayor cobertura geográfica, mejor acceso para el votante y menores grados de violencia durante el día de las votaciones.
El acceso para ejercer el derecho al voto nunca había sido tan alto en unas elecciones en Colombia: el número de puestos de votación aumentó un 7 por ciento y llegó a 11.590, mientras que el número de mesas de votación aumentó en más de 15 por ciento superior y ascendió a 107.916. Esto implicó que la infraestructura electoral llegara a más de 500 lugares donde no había cubrimiento antes de finalizar el conflicto armado.
Buena parte de este aumento en la cobertura del dispositivo electoral puede sin duda ser atribuido a la enorme reducción de la amenaza contra las elecciones tras la terminación del conflicto armado, pues durante su vigencia se presentaban acciones violentas —tanto explícitas como tácitas— contra los candidatos y los mecanismos de participación electoral.
Sin embargo, al revisar las estadísticas también descubrimos que la violencia pre-electoral no desapareció, sino que aumentó: las amenazas contra los candidatos crecieron significativamente y el número de muertes y heridos se acrecentó levemente. La violencia letal se concentró en los partidos opositores de izquierda y las amenazas en los partidos de centro tradicionales.
Foto: Facebook: Registraduría Nacional del Estado Civil |
¿Qué dicen las cifras?
De acuerdo con el CERAC, la violencia política electoral incluye la agresión o la amenaza de agresión contra individuos o colectivos que buscan acceder al poder mediante la participación en procesos electorales. Esta categoría incluye tanto a los candidatos que aspiran a cargos públicos como a los funcionarios de sus campañas, colaboradores inmediatos y militantes de sus partidos políticos.
Al comparar el período comprendido entre las últimas elecciones presidenciales y el día de ayer (18 de junio de 2018 al 27 de octubre de 2019) con el mismo período entre 2014 y 2015, encontramos que esa violencia pasó de 104 a 151 incidentes, con un aumento del 45 por ciento. De ese porcentaje, las amenazas constituyen un 59 por ciento, pues pasaron de 70 a 111.
Las víctimas totales de esta violencia aumentaron un 65 por ciento, pues mientras que en el período 2015-2016 se registraron 135, en el período 2018-2019 se registraron 223. El número de amenazas es aún más alarmante, pues aumentó en un 87 por ciento al pasar de 97 a 181. Finalmente, la violencia de tipo letal aumentó un 6 por ciento, pasando de 33 a 35 y los integrantes de movimientos y partidos políticos heridos aumentaron marginalmente de 5 a 7.
Como se puede ver en las gráficas siguientes, las víctimas mortales se concentraron en los partidos de oposición y la violencia política electoral en los grandes partidos tradicionales de centro: el Partido Liberal, la U y Cambio Radical recibieron el 27,6 por ciento de las amenazas.
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Fuente: CERAC
Fuente: CERAC
Es importante señalar la posibilidad de que algunos de los ataques letales contra miembros de partidos opositores tuvieran un origen distinto de su ejercicio político, lo cual implica que hoy por hoy es todavía más urgente que las autoridades judiciales protejan a los activistas de oposición. La falta de información en estos casos es tan grande que, de todas las muertes registradas, solo existe evidencia circunstancial de tres eventos. En los demás casos, la información que han revelado las autoridades es escasa o nula.
Las cifras mencionadas permiten afirmar que la incidencia de la violencia letal contra la oposición en Colombia es desproporcionada y representa un altísimo nivel de riesgo. El 51,4 por ciento (18) de los muertos por violencia política en el período pre-electoral eran integrantes de partidos y movimientos de izquierda que se han declarado abiertamente opositores del actual gobierno. Los integrantes de colectividades declarados de gobierno registran el 28,5 por ciento (10) del total de las muertes, los independientes el 11,4 por ciento (4) y otros con el 8,5 por ciento (3). En cuanto a las amenazas, se observa una concentración similar en los partidos y movimientos de oposición con el 38.6 por ciento (70 casos) y en los de gobierno 34.2 por ciento (62).
En contraste con el aumento de la violencia pre-electoral, dos eventos violentos y un total de cuatro víctimas fueron registrados el día de elecciones. Estas cifras resultan favorables cuando se comparan con los diez actos violentos y las trece muertes que se registraron en 2015. Es importante señalar que los dos hechos registrados este domingo estuvieron relacionados con minas antipersonales y dejaron heridos a dos menores de edad en Nariño y a dos miembros de la fuerza pública en el Meta.
Adicionalmente, no se presentó ninguna acción violenta contra el proceso electoral: los puestos de votación, las mesas y el material electoral permanecieron intactos. Es importante destacar que, a diferencia de lo sucedido en las últimas tres elecciones, el ELN no realizó actos terroristas ni emitió amenazas durante los días previos a las Elecciones del año en curso. Vale la pena recordar que en el período pre-electoral de 2015 miembros del ELN asesinaron a doce soldados que transportaban material electoral en zona rural de Guicán, Boyacá.
Foto: Collage Elaboración propia |
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¿Qué hacer?
La mutación de la violencia electoral que se está presentando después del fin del conflicto exige reformar la política de seguridad, pues solo así será posible neutralizar las amenazas.
Se necesitan así mismo cambios judiciales para reducir las organizaciones criminales que buscan sabotear la transición hacia el posconflicto y la participación política de los grupos opositores de izquierda, especialmente aquellos relacionados con la extinta guerrilla de las FARC.
Aunque el panorama parezca desalentador, es bueno recordar que la eliminación total de laviolencia político-electoral es posible siempre y cuando se tomen las decisiones adecuadas cuanto antes.
*Investigador del CERAC
**Investigador del CERAC
***Profesor de la Universidad Javeriana y director del CERAC
