¿Qué le espera al Acuerdo de La Habana? - Razón Pública
Inicio TemasConflicto, Drogas y Paz ¿Qué le espera al Acuerdo de La Habana?

¿Qué le espera al Acuerdo de La Habana?

Escrito por Diego Tarapués
Candidato a la presidencia por el Centro Democrático Iván Duque.

Candidato a la presidencia por el Centro Democrático Iván Duque.

Diego TarapuesMás que “hacer trizas” o deshacer el Acuerdo, el problema con Duque será la desidia para reglamentarlo y para hacerlo realidad.

Diego Fernando Tarapués*

Un tema decisivo

El futuro del Acuerdo de La Habana fue una de las principales interrogantes en el debate electoral de 2018.

Pero el protagonismo de la paz en la agenda electoral no es nuevo; el conflicto armado ha sido un factor decisivo en el voto de los colombianos, principalmente entre los sectores de opinión.

La coyuntura asociada con el conflicto y las posturas de los candidatos más representativos han sido claves para definir las últimas contiendas electorales. Una vez más, tanto en primera como en segunda vuelta, el apoyo o rechazo a los candidatos por parte de los distintos sectores de la sociedad civil estuvo fuertemente influenciado por el futuro de la salida negociada del conflicto armado y especialmente por el desarrollo o “implementación” de los acuerdos entre el gobierno Santos y las FARC.

Aunque la elección de Iván Duque no legitima el desmonte del Acuerdo, todo indica que su desarrollo constitucional, legislativo y administrativo sufrirá cambios de importancia. Esto sin importar que muchos de los que se sumaron al presidente electo en segunda vuelta hayan sido defensores del Acuerdo.

Puede leer: El Acuerdo de paz en las propuestas de los candidatos.

Las alianzas y la paz

Ex-miembros de las FARC.
Ex-miembros de las FARC. 
Foto: Presidencia de la República

Ahora bien, la posición del presidente electo frente al tema no puede colegirse apenas de las tesis del Centro Democrático y, en general, del uribismo, sino que deben revisarse otros aspectos significativos, como:

  • La aceptación del apoyo de sectores que no lo habían acompañado el 27 de mayo, y
  • El discurso de campaña del entonces candidato, así como sus propuestas de gobierno.

En primer lugar, la adhesión de varios sectores a la campaña, incluso sin alianzas formales de partido o sin acuerdos programáticos oficiales, no se puede pasar por alto a la hora de pronosticar el futuro del Acuerdo. Estos apoyos produjeron una campaña ya no exclusiva de un partido y de sus aliados ideológicos iniciales, pues movilizaron a muchos más partidos, líderes y organizaciones de otras toldas que fueron claves para que el uribismo lograra lo que no pudo hacer solo en la segunda vuelta de 2014.

El hecho de tener un buen margen de gobernabilidad– es un factor clave para definir qué tan profundos serán los cambios que puede hacer al Acuerdo de paz.

Además del apoyo decisivo para consolidar la elección de Duque, los partidos y políticos que se sumaron al candidato ganador representan un número considerable de legisladores que le permitiría al nuevo mandatario tener mayoría en ambas cámaras del Congreso.

El hecho de tener un buen margen de gobernabilidad –que pasa por tener un apoyo claro y mayoritario en el Congreso– es un factor clave para definir qué tan profundos serán los cambios que puede hacer el próximo gobierno al Acuerdo de paz, más aún cuando algunos de los nuevos apoyos recibidos en segunda vuelta hacen parte de los sectores que han defendido el Acuerdo tanto en su fase de negociación como en la fase de desarrollo normativo.

Hay que tener en cuenta que el Centro Democrático y los sectores afines a él obtuvieron el 39,14 por ciento de los votos en primera vuelta, lo cual pone en evidencia una postura crítica frente al Acuerdo por parte de un gran número de colombianos. Esto fue claro tanto en la campaña por el No en el plebiscito de 2016 como en la oposición que el Centro Democrático ha hecho en el Congreso durante el proceso de desarrollo normativo del Acuerdo.

Le recomendamos: El Acuerdo debe cumplirse, pero no es intocable.

¿Qué está en juego?

Durante su campaña Iván Duque asumió una postura que dista de los sectores más radicales que han propuesto “hacer trizas” el Acuerdo de paz.

Si bien en los debates, entrevistas y discursos ha sido consistente en la crítica a varios puntos negociados en La Habana, su campaña nunca tuvo como bandera el desconocimiento o desmonte total del Acuerdo. Al contrario, en más de una ocasión tuvo que corregir o moderar el discurso de miembros representativos de su colectividad y aclarar expresamente que “no se trata de destruir o hacer trizas los acuerdos, pero sí se trata de hacerles modificaciones importantes”.

El recién elegido presidente ha manifestado desacuerdos importantes, especialmente con respecto a dos puntos que ya fueron regulados por el Congreso:

  1. La participación en política de las FARC, y
  2. Aspectos asociados con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), como su competencia para definir los delitos conexos con los políticos, y las consecuencias de la determinación de responsabilidad en este modelo de justicia.

En ese sentido, rechaza que los congresistas de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) puedan ejercer sus funciones sin haber pasado por el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Es decir, sin que hayan contado la verdad, sin que hayan reparado a las víctimas y sin que hayan sido procesados judicialmente.

Por otra parte, Iván Duque ha criticado duramente la posibilidad de que el narcotráfico y delitos relacionados –como el lavado de activos– puedan ser amnistiables por ser considerados como conductas conexas con los delitos políticos.

Estas dos son las únicas posturas que tienen sustento expreso dentro de sus 203 propuestas de gobierno donde, por cierto, no se refiere directamente al Acuerdo de paz en ningún acápite.

En efecto, la propuesta 3 indica que se prohibirá “en la Constitución la existencia del narcotráfico como delito político conexo”, lo cual jurídicamente implicaría que “el narcotráfico no podrá ser un delito amnistiable en Colombia”. Y en la propuesta 18 establece que se tendrá “la férrea voluntad de actuar de manera decidida contra la impunidad, asegurando que los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad no puedan aspirar a cargos de elección popular, luego de un proceso de desmovilización, desarme y reinserción, sin haber cumplido una pena efectiva y proporcional”.

Puede ser de su interés: El narcotráfico como delito político: ¿desatino o condición necesaria?

Por lo demás, en sus propuestas de gobierno solo se proponen dos variaciones adicionales, y no tan expresas, a puntos que fueron acordados en La Habana, pero que aún están pendientes de desarrollo normativo:

  1. La propuesta 129 consiste en ofrecer “incentivos tributarios por 10 años para inversiones productivas que generen empleos permanentes y de calidad”, así como fomentar la “financiación y la inversión ampliando los fondos agropecuarios y desarrollando nuevos y mejores instrumentos financieros”, mientras la propuesta 166 habla de crear “bancos de tierras”. El contenido de estas propuestas se aparta del modelo de Fondo de Tierras para la Paz del primer punto del Acuerdo.
  2. La propuesta 4 consiste en establecer “la obligatoriedad de la erradicación y sustitución de cultivos ilícitos”. Esto se opone al punto 4.1.3.2. del Acuerdo de paz según el cual: “En los casos en los que no haya acuerdo con las comunidades, el Gobierno procederá a la erradicación de los cultivos de uso ilícito, priorizando la erradicación manual donde sea posible, teniendo en cuenta el respeto por los derechos humanos, el medio ambiente, la salud y el buen vivir”.

¿Qué esperar?

Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC.
Firma de los Acuerdos de Paz con las FARC. 
Foto: Embajada de Colombia en Bélgica  

La posibilidad de que el Acuerdo de paz se revierta plenamente es irreal. De igual forma, las variaciones que se le puedan hacer no afectarían considerablemente lo que ya se ha puesto en marcha.

Cualquier iniciativa dirigida a modificar el Acuerdo debe tener en cuenta que la Corte Constitucional mediante la Sentencia C-630 de 2017 declaró exequible el Acto Legislativo 02 de 2017. Esto brinda estabilidad y seguridad jurídica al Acuerdo de Paz y obliga a las instituciones y autoridades del Estado a cumplir de buena fe con lo acordado en La Habana hasta la finalización de tres períodos presidenciales.

La posibilidad de que el Acuerdo de paz se revierta plenamente es irreal. 

Lo realmente preocupante es la falta de apoyo y compromiso gubernamental para que los componentes del sistema de justicia transicional puedan desarrollar sus funciones y cumplir sus tareas de manera efectiva y sin retrasos. Cualquier obstrucción o desidia no solo afectaría la imagen del sistema, sino que perjudicaría directamente los derechos de las víctimas y el interés nacional de superar el conflicto para alcanzar una paz estable y duradera. Esto, en últimas, mostraría a un Estado colombiano que incumple su compromiso de esclarecer graves violaciones de derechos humanos.

Así mismo preocupa la posible falta de interés en sacar adelante temas claves contenidos en el Acuerdo que van más allá de los que hasta ahora se han podido reglamentar. Estos tienen que ver con los puntos sobre víctimas y participación en política, pero, sobre todo, con la reforma rural integral y la solución al problema de las drogas ilícitas.

 

*Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Santiago de Cali, abogado y profesional en Estudios Políticos y Resolución de Conflictos, LL.M. y doctorando de la Universidad de Göttingen e investigador del Cedpal (Alemania). Página personal: www.tarapues.info

 

Artículos Relacionados

Dejar un comentario

*Al usar este formulario de comentarios, usted acepta el almacenamiento y manejo de sus datos por este sitio web, según nuestro Aviso de privacidad

Este sitio web utiliza cookies para mejorar tu experiencia. Leer políticas Aceptar

Política de privacidad y cookies