La violencia –de ambos lados- le hace daño– a los dos lados-. Y mientras tanto el país sigue sin entender el problema de fondo –y por tanto sin buscar las soluciones de fondo-.
Myriam Jimeno*
La violencia
Ha pasado más de un mes desde que los estudiantes salieron a las calles a reclamar más recursos para la educación pública.
Pero en las últimas semanas la violencia se ha agudizado y ha llegado a opacar los reclamos de los estudiantes. El 6 de noviembre la policía dispersó de forma violenta la marcha nocturna que recorría el norte de Bogotá y dejó siete estudiantes de la Universidad Nacional con lesiones leves.
La protesta podía ser incómoda y perturbadora, si se quiere, pero en todo caso había sido pacífica. Ese día los estudiantes se levantaron de la mesa de negociación, después de casi once horas de estar reunidos en busca de una solución para la crisis universitaria, hasta que Iván Duque accediera a recibirlos.
Dos días después, durante la marcha del 8 de noviembre, se reportó que cinco estudiantes habían desaparecido. La Dirección de Bienestar Universitario tuvo que desmentir esta información que corría por las redes sociales: no hubo estudiantes desaparecidos ni graves de salud.
El 15 de noviembre, una vez más, en las redes sociales abundaron las imágenes de los presuntos abusos policiales y de la respuesta violenta del ESMAD.
El uso desmedido de la fuerza es negativo desde donde se mire. Algunas voces tratan de magnificar la violencia policial para deslegitimar al Gobierno y afirmar sus posturas partidistas. Desde luego eso golpea la imagen de tolerancia y apertura que había sostenido el Gobierno. Pero además, esa violencia dificulta la discusión de las reformas que podrían solventar la crisis de recursos para la educación universitaria.
La violencia tiene ese terrible efecto de acallar la voz política.
Un ejemplo fue la respuesta de la opinión pública a las marchas. La mayoría de los medios no se centraron en las peticiones de los estudiantes sino en la violencia que acompañó a las protestas.
El uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía y el rechazo de los actos de violencia de algunos de los manifestantes fueron el tema en boca de todos. Aunque los jóvenes tuvieran las manos levantadas, el ESMAD lanzó gases lacrimógenos contra ellos.
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Pero tampoco debemos olvidar que un policía fue atacado con una bomba incendiaria y que la sede de RCN fue agredida en varias ocasiones. Tampoco podemos pasar por alto la intolerancia de los civiles frente a las marchas: una mujer atropelló a varios estudiantes durante la marcha del 8 de noviembre.
A pesar de lo anterior, no podemos equiparar la violencia de unos y de otros. Cuando quien debe cuidarnos nos ataca, la violencia parece doblemente grave.
El objetivo de las marchas es entablar un diálogo con el Gobierno para poner sobre la mesa las posibles soluciones. Pero la meta de las protestas ha sido acallada por el escándalo de la violencia.
La violencia tiene ese terrible efecto de acallar la voz política, que permite dialogar y también discrepar, negociar y acordar, como insistió la filósofa Hannah Arendt.
El problema verdadero
 ESMAD. Foto: Policía colombiana |
Necesitamos urgentemente un acuerdo que atienda la situación crítica y calamitosa de las finanzas de la universidad pública que tiene ya una larga historia.
Las normas vigentes sobre financiación de la universidad pública se concibieron con la buena intención de asegurarle recursos permanentes. Esa fue el propósito de la Ley 30, que nació con la reforma constitucional de 1992. Como señala el detallado Informe sostenibilidad financiera Sistema Universitario Estatal, “el artículo 69 de la Constitución abrió la puerta a la autonomía universitaria al determinar que las universidades podrían darse sus directivas y regirse por sus propios estatutos, estableciendo un régimen especial para las universidades del Estado”.
Los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992 pretendían darles seguridad financiera a las universidades públicas, al establecer que los reajustes anuales del presupuesto para ellas no podían ser inferiores al aumento del índice de precios al consumidor (IPC).
Pero ese reajuste mínimo se convirtió el tope máximo o inamovible.
El presupuesto no es suficiente, por un lado, porque se sumaron las necesidades de desarrollo de las instituciones, su ajuste a un mundo cambiante, más interconectado y más competitivo y, por otro lado, por la equivocada política de subsidio estatal a la demanda educativa.
Primero vino una desmedida y sostenida presión del ministerio de Educación para aumentar sin miramientos la cobertura educativa:
- Entre 1993 y 2017 la cobertura aumentó un 262 por ciento.
- En 2004 teníamos 365.085 estudiantes de pregrado en 1.078 programas, mientras que en 2017 fueron 576.393 en 1.445 programas.
- El número de posgrados ofrecidos y de estudiantes creció porque el país no podía seguir rezagado de la tendencia mundial de ofrecer posgrados; el aumento entre estos años fue cercano al cien por ciento.
- Los doctorados, que son esenciales para la formación y práctica de la investigación, crecieron en 356 por ciento y la Universidad Nacional ofreció la mayoría de los 205 programas del país.
Nadie discute que hoy hay mayores oportunidades de acceso a la educación, pero esto no ha significado la inyección de nuevos recursos al sistema educativo. Las otras causas del desfase presupuestal se derivan de este obligado estiramiento de los recursos:
- Se mejoró el nivel educativo de los docentes; hoy el 78 por ciento de la planta cuenta con posgrado.
- Fue necesario ampliar y mejorar la infraestructura física y tecnológica para la nueva población;
- Se amplió y fortaleció la misión de investigar; en 2017 se registraron 2.620 grupos de investigación, 103 por ciento más que en 2014, con 11.000 artículos publicados en revistas indexadas,
- Aumentaron los intercambios de profesores y estudiantes con universidades del exterior.
Pero ¿de dónde salen los dineros para pagar todas esas mejorías, si desde 1994 los aportes del Estado se reajustan apenas con el índice anual de la inflación?
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Un descuadre que crece cada día
Las universidades han hecho toda suerte de malabarismos para echar mano de lo que ellas mismos ganan con las matrículas, venta de servicios, contratos de asesoría y extensión universitaria.
Hoy en día las universidades cubren cerca del 60 por ciento del presupuesto anual, mientras que los aportes estatales raspan el 40 por ciento. Pero ese esfuerzo tiene límites, y el resultado fue un déficit que aumentó año tras año.
Durante los últimos siete años, el gasto total creció anualmente en 9,65 por ciento y los gastos de personal en 9,37 por ciento, lo cual implica que el gasto de las universidades ha aumentado casi un 6 por ciento por encima de las asignaciones anuales del Estado.
¿Desperdicios? ¿Sueldos muy altos? ¿Excesos? Nada de eso.
Un razonamiento simple: si los gastos se multiplicaron porque aumentaron las obligaciones y la calidad de las universidades, los ingresos deberían haber crecido en la misma proporción. Pero no ha sido así. Los aportes anuales del Estado por estudiante bajaron alrededor de 12 millones de pesos a 5 millones de pesos, sin incluir a los alumnos de posgrado.
Hoy en día las universidades cubren cerca del 60 por ciento del presupuesto anual, mientras que los aportes estatales raspan el 40 por ciento.
Los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), nuestro actual parámetro, tienen un gasto anual de 13.958 dólares por estudiante.
En breve, como detallan los estudios del Sistema Universitario Estatal (SUE), el aporte del Estado “no se ajusta a la canasta de las Universidades, pues sus gastos doblan los índices de inflación, (…), lo que corresponde a un incremento entre 5 y 6 puntos porcentuales por encima del IPC”.
Los errores recientes y el camino adecuado
 Protesta estudiantil. Foto: Flickr |
Las medidas correctivas de los últimos dos años, que destinaron medio punto del IVA de la reforma tributaria de 2016 y recursos del Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) no dieron resultados por una razón: el 70 por ciento de esos aportes no fueron a las universidades públicas, sino a financiar la demanda estudiantil con créditos del ICETEX.
El programa Ser Pilo Paga siguió el mismo modelo de política, que consistió en no darle aire al sistema sino a las personas individuales. El resultado fue una asfixia institucional y una gran transferencia de recursos públicos —el 80 por ciento de la inversión— a cuatro universidades privadas, principalmente.
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La política educativa necesita un “timonazo” decidido para adaptarse a los principios constitucionales que han sido distorsionados en el curso de estos años: la educación es un derecho social y un bien público.
El sistema de educación superior pública se puede reencaminar si se retoman las mesas de diálogo en el ministerio de Educación mediante trabajo en dos grandes áreas:
- Las inversiones deben dirigirse únicamente a las universidades públicas, no al ICETEX ni a otras formas de intermediación.
La tarea no es complicada: sus montos, modalidades, requisitos y destinación están bien detalladas desde hace tiempo y pueden alimentar una discusión informada y dentro de lo factible. Los estudiantes también necesitan dejar atrás el paro, en aras del diálogo informado.
- Una política educativa que abandone el modelo orientado a endeudar a los estudiantes mientras disminuyen los recursos para docencia, investigación e infraestructura.
Una lesión importante a la calidad educativa es el aumento de los docentes contratados por períodos cortos (ocasionales) o por cátedra, que llegó al 70 por ciento de los docentes, cuando la calidad exige lo contrario: 70 por ciento de planta y 30 por ciento de modalidades restringidas.
Es necesario modificar el modelo de política educativa basado en endeudar a los estudiantes sin dotar de los recursos necesarios a las instituciones educativas. Para lograr este cambio es preciso ir al Congreso y modificar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, y así establecer un sistema sólido de educación superior.
El presidente Duque tiene la oportunidad de apartarse de una política equivocada, que constriñe y debilita el aporte de la educación al futuro del país. La educación es la base de la economía mundial sustentada en el conocimiento. Las universidades son escuelas de democracia y libertad, como escribió Sergio Ramírez, el periodista y político nicaragüense.
* Doctora en Antropología de la Universidad de Brasilia, antropóloga de la Universidad de los Andes, profesora emérita del Departamento de Antropología de la Universidad Nacional e investigadora del Centro de Estudios Sociales (CES).
