¿Qué hacer con la Procuraduría?

La elección de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación abre el debate sobre la independencia de la Procuraduría y de la entidad. ¿Por qué hay que repensar su función?

¿Dónde quedó el deber de ingratitud? 

La elección de Gregorio Eljach como procurador general de la Nación evidencia un grave problema con una entidad que ya no cumple la función para la cual fue creada.

El mecanismo de elección parte de una terna integrada por un candidato propuesto por el Consejo de Estado, otro por la Corte Suprema de Justicia y un tercero por el presidente de la República. Posteriormente, el Senado elige entre estos tres candidatos. Este proceso involucra a las tres ramas del poder público y supone que la persona elegida no deba su nombramiento a nadie, pudiendo ejercer su función con plena autonomía, desarrollando así el llamado deber de ingratitud. 

El deber de ingratitud fue una actitud asumida por Robert Badinter cuando, en 1986, fue elegido presidente del Consejo Constitucional francés por François Mitterrand. Badinter ejerció su función apegado a la Constitución y las leyes, sin dejarse influenciar por el vínculo personal o político que tenía con quien lo había postulado.

En Colombia, todo indica que el vínculo político es más fuerte que el deber constitucional de la función. Así ha sido con la mayoría de procuradores, contralores e incluso con los fiscales, los nombramientos de Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Francisco Barbosa, así lo muestran. 

Los procuradores han transformado la función de la entidad en una de naturaleza política, bien para atacar al gobierno de turno, como los casos de Alejandro Ordoñez y Margarita Cabello, quienes usaron la función disciplinaria de manera selectiva y desproporcionada; o para evitar un control eficaz de la administración pública, como los casos de Edgardo Maya o Fernando Carrillo, cuyas gestiones, aunque menos polémicas, no fueron menos políticas.

He defendido la existencia de la Procuraduría General de la Nación porque la idea de una entidad externa al gobierno que vigile el respeto de los derechos humanos y la integridad en el servicio público suena bien en un país dónde la violación de los derechos y la corrupción pública hacen parte de nuestra cultura política. Sin embargo, con el actual sistema de nombramiento, los procuradores terminan debiendo su cargo a una clase política que no tiene un compromiso serio ni con la garantía de los derechos ni con la lucha contra la corrupción, dado que, en el último caso, se beneficia de ella.

En ese sentido, es necesario pensar un sistema de desmonte gradual de esta entidad costosa e ineficiente y crear una agencia estatal anticorrupción con poderes de investigación y de acusación disciplinaria ante los jueces penales. Esta podría ir en la misma línea de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual la procuradora Cabello omitió de manera olímpica, dejando a la entidad con más burocracia y sin claridad sobre si la función disciplinaria se extiende a servidores públicos de elección popular, lo cual ha causado un choque entre el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, el cual, está lejos de resolverse.

Durante el gobierno de Gustavo Petro no se ha abordado este problema con seriedad. Aunque Néstor Osuna, exministro de Justicia, lideró una caótica comisión para la reforma de la justicia, no se atrevieron a modificar la Procuraduría, pese a que el presidente Petro fue favorecido por la jurisprudencia de la Corte Interamericana en el caso de su destitución por parte de Ordóñez.

La elección de Gregorio Eljach

La designación de Eljach se enmarca en las tensiones entre el gobierno de Petro y el establecimiento político. El Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, que debían mantenerse al margen de esta polarización, incluyeron en la terna a Luis Felipe Henao y Germán Varón.

Ambos, más allá de sus credenciales académicas o de trayectoria en el servicio público, eran percibidos por el presidente Petro como dos fichas de Germán Vargas Lleras, así ellos lo hayan negado, y, según su lectura, habrían utilizado la Procuraduría para hacer oposición al gobierno mediante investigaciones a ministros y altos funcionarios.

Perder la Procuraduría era un riesgo que Petro no podía correr, pues tiene varios frentes abiertos de tensión. Por ello, se inclinó por una carta ganadora, el candidato del Congreso de la República, quien ha sido su leal secretario durante doce años, conoce todos los intríngulis de la política y ha jugado el papel de notario de los acuerdos políticos que se definen allí, generalmente de espaldas a la ciudadanía. 

Todavía se recuerda su papel en el conteo de los votos de las llamadas curules de paz, uno de los hitos más importantes del Acuerdo de paz con las Farc. Como bien lo señaló un artículo de Pares, Eljach es el amigo de todos, deja contentos a los políticos, tranquilo al gobierno, y se puede leer como una derrota de Vargas Lleras. 

Sin embargo, Eljach carece de las credenciales necesarias para el cargo. De hecho, su intervención ante la Corte Suprema fue débil, y sus declaraciones posteriores a su nombramiento reflejan una falta de claridad sobre cómo mejorar la efectividad de la Procuraduría. Parece que su prioridad será quedar bien con todos, un comportamiento adecuado para un secretario del Congreso, pero insuficiente para un procurador.

Para el gobierno, la elección de Eljach fue un mal menor, no para el país, y no lo hubiera sido en ninguna de las tres opciones que debía considerar el Senado. Una responsabilidad directa del Consejo de Estado y de la Corte Suprema que decidieron entrar al juego político y dejar al presidente sin mayor alternativa.

Repensar la Procuraduría

La separación de poderes es uno de los desafíos más complejos de la ingeniería estatal. En Colombia, la clásica división entre las ramas ejecutiva, legislativa y judicial se complementa con instituciones autónomas como la Procuraduría y la Contraloría, encargadas de velar por el buen funcionamiento de la administración pública, tanto en términos de probidad en la función pública, como en la ejecución de los recursos públicos. 

Pero hemos fracasado en este propósito debido a que el centro de gravedad de ese frágil equilibrio es el sistema político. En otras palabras, el régimen político colombiano (las instituciones) está hipotecado al sistema político y las transacciones políticas son las que determinan la estabilidad del sistema. Esto parece ser una buena noticia porque, pase lo que pase, los gobiernos no se caen, pero las responsabilidades por violaciones de derechos humanos y corrupción se quedan en los mandos medios, con excepción de la JEP, sistema de justicia transicional construido desde fuera del sistema político. 

Por tanto, Gustavo Petro se equivoca cuando dice que los cargos formulados por el Consejo Nacional Electoral contra su campaña constituyen un golpe de Estado. Por el contrario, es el Sistema en acción, y esas mismas instituciones al servicio del sistema político con sus reglas de juego en el Congreso, impedirán que se llegue a una destitución y a un juicio, pues todo está diseñado para que no pase nada y el presidente termine su período sin sobresaltos.

Podemos pensar en una Procuraduría diferente, una instancia de instrucción disciplinaria, sin función preventiva -que no sirve para nada-, con una gran capacidad técnica para investigar los grandes casos de corrupción que casi siempre se dan a conocer por las investigaciones de la prensa y no por lo que hace la entidad, y con capacidad de acusar ante los jueces penales, y en lugar de la Contraloría, un tribunal de cuentas. Pero, todas esas reformas deben pasar por el Congreso de la República, y allí no se va a dar ese rediseño institucional porque el actual es funcional a sus intereses, de impunidad y de apetito burocrático. 

Nos queda la justicia. Ojalá entiendan los magistrados de las Cortes la imperiosa necesidad de mantener su autonomía e independencia, porque al entrar al juego político los ciudadanos estamos en problemas porque solo tenemos la facultad de cambiar cada cuatro años a los operadores del sistema, un sistema que funciona para la defensa de sus intereses y de su permanencia en el poder.

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