Aumentan los incidentes de xenofobia y se endurece la actitud de los gobiernos. ¿Será que Colombia va a seguir ese camino?
Alejandra León Rojas*
El éxodo
La inestabilidad económica, política y social que atraviesa Venezuela ha disparado el número de venezolanos que deciden salir de su país. El noventa por ciento de estos migrantes se dirigen a otros países suramericanos.
El Organismo de las Naciones Unidas para la Migración (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) estiman que el número de refugiados y migrantes venezolanos supera los tres millones. La cifra tiende a aumentar ante la incertidumbre sobre alguna solución a la crisis económica y política, que hasta el momento se ha agravado cada día.
Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil son los países que reciben más venezolanos. Estos países han tenido que enfrentarse a un flujo migratorio que excede su capacidad de respuesta y actúan con el temor de que colapsen sus sistemas locales de atención y bienestar social. Temor que ya se ha traducido en una serie de brotes de xenofobia.
Ante esta situación lo países de América Latina, como también otros que reciben el flujo migratorio, han venido debatiendo las medidas necesarias para afrontar el éxodo. En teoría —y según lo disponen varios tratados internacionales—, estos países han mantenido una política de puertas abiertas que permite la libre circulación de los inmigrantes. Pero en la práctica su capacidad de recepción se está viendo desbordada, y esto les ha llevado a adoptar políticas restrictivas y a menudo enmarcadas en la idea de que los venezolanos representan un riesgo de seguridad ciudadana, con lo cual se suman a la tendencia global de entender las migraciones como un problema.
La solicitud de pasaportes, la militarización de las fronteras y, en algunos casos, las expulsiones colectivas dificultan los procesos migratorios y obligan a los migrantes a buscar nuevas rutas de tránsito que amenazan su seguridad.
A la militarización de la frontera y los ataques por parte de las poblaciones, se suma la exigencia de requisitos imposibles para el ingreso de los migrantes.
A lo anterior se suma la criminalización de los migrantes bajo el pretexto de que ellos representan competencia desleal en el mercado de trabajo, practican la delincuencia o se dedican a la prostitución y otras prácticas que amenazan la cohesión social. Esto por su supuesto aumenta la desconfianza en el extranjero y fomenta las actitudes xenófobas.
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Los gobiernos se endurecen
 Las medidas tomadas por el presidente de Ecuador por el asesinato de una mujer embarazada a manos de un venezolano no han dejado de causar repudio en la comunidad internacional. Foto: Presidencia de la República de Ecuador |
La semana pasada en Ibarra, Ecuador, un migrante venezolano asesinó en vía pública a una mujer embarazada con quien tenía un vínculo sentimental. El asesinato desató una gran polémica, no solo por el aberrante y repudiado feminicidio, sino por el endurecimiento de las medidas migratorias en este país.
El presidente Lenín Moreno anunció que analiza la posibilidad de crear un permiso especial para que los migrantes venezolanos entren al país. A la exigencia del pasaporte se le suma una nueva medida restrictiva: para entrar a Ecuador es necesario presentar los antecedentes penales apostillados en lugar del documento de identidad.
Las declaraciones del mandatario no dejaron de causar repudio entre la comunidad internacional por su irresponsabilidad y desacierto al criminalizar la migración venezolana. Pero infortunadamente su decisión desencadenó el rechazo a los venezolanos residentes en ese país. Luego de que Moreno anunciara en Twitter «la conformación inmediata de brigadas para controlar la situación de los migrantes venezolanos en las calles, en los lugares de trabajo y en la frontera», muchos venezolanos han sido víctimas de agresiones. En Ibarra, grupos de ciudadanos han desalojado violentamente a venezolanos de albergues y residencias.
Una situación similar se vive en Brasil. Las políticas migratorias inspiradas en el respeto de los derechos humanos tropiezan con nudos burocráticos y con una población renuente a recibir a sus vecinos venezolanos.
El presidente Bolsonaro confirmó este mes que Brasil abandona el Pacto Mundial sobre Migración con el propósito de mantener el orden y ofrecer “seguridad” a extranjeros y locales. Esta decisión ha acabado de criminalizar la migración venezolana y ha agitado los ánimos de los residentes, quienes responden con violencia ante su llegada.
Pacaraima, en la frontera con Venezuela, es un municipio brasileño donde el Estado ha sido el gran ausente. El municipio se ha convertido en un campamento para los venezolanos, pero en agosto del año pasado un grupo de personas le prendieron fuego a las pertenencias de los migrantes que allí acampaban. Supuestamente un grupo de venezolanos había intentado asaltar a un comerciante, y cuando los vecinos pidieron una ambulancia se encontraron con que el hospital no la tenía. La presencia de los venezolanos no fue propiamente la razón del conflicto, sino la falta de respuesta estatal ante sus necesidades.
A la militarización de la frontera y los ataques por parte de las poblaciones, se suma la exigencia de requisitos imposibles para el ingreso de los migrantes; las dificultades para obtener documentos oficiales como el pasaporte y los antecedentes judiciales vienen así a agravar la situación ya crítica del pueblo venezolano.
Perú, por su parte, se suma a Ecuador y le exige el pasaporte a los migrantes venezolanos, a pesar de lo difícil que es radicar documentos oficiales. Este país decidió exigir el pasaporte para garantizar el ingreso ordenado y seguro; mientras que para Chile resulta necesario para la obtención de la “visa de responsabilidad democrática” amparada por la consigna de “ordenar la casa” del presidente Sebastián Piñera.
En el caso de Argentina, el presidente Mauricio Macri, ha mostrado interés en mantener una política abierta a la inmigración venezolana, siempre y cuando se sigan las exigencias de cualquier otro ciudadano del Mercosur.
Por su parte Colombia es el mayor receptor de migrantes y el menos preparado de la región. A pesar de esto, ha sido receptivo a la llegada de ciudadanos del vecino país.
No obstante, es tal la crisis migratoria que el Estado se desborda tratando de atender a la población migrante. Mientras esto sucede se han venido reforzando los controles fronterizos, así como los requisitos de ingreso. Pese a las medidas, los venezolanos siguen cruzando las fronteras, legal o ilegalmente, ya sea para instalarse en el país o como puente para llegar a otros.
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Luz en la calle, oscuridad en la casa
 La migración ha sido vista como un problema y las políticas migratorias se han endurecido Foto: Wikipedia |
En definitiva, la postura de los países receptores no parece estar muy clara. Si bien muestran un compromiso ante la crisis de Venezuela y el drama humanitario que viven los migrantes, las medidas que toman dicen lo contrario. La posición confusa de los países frente a los migrantes agrava los dolores de cabeza tanto de quienes quieren quedarse como de aquellos que intentan seguir su camino a otros países.
Colombia es el mayor receptor de migrantes y el menos preparado de la región.
En todo caso el pueblo venezolano nunca se había visto tan acorralado. Por un lado, la situación interna es insostenible dada la escasez de medicinas, alimentos y atención en salud. Pero por otro lado el pueblo ha tenido que afrontar las medidas sofocantes de un montón de países que parecen no comprender que quienes migran no lo hacen voluntariamente, sino porque no tienen otra opción.
Las posturas de muchos mandatarios de la región alimentan actitudes xenófobas que hacen aún más traumática su experiencia. En vez de darle orden a la migración, el endurecimiento de las políticas migratorias da pie a que redes criminales sometan a los migrantes a trabajos forzados y otros delitos contra su integridad.
También resulta injusto estigmatizar al migrante por casos como los mencionados en Ecuador o en Brasil. La violencia de género que sufrió Diana, la mujer asesinada en Ibarra, no es una cuestión de nacionalidad; es un problema profundo de todas nuestras sociedades.
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De igual manera, los migrantes no pueden cargar con la culpa de la ausencia estatal en muchos de los territorios, como Paracaima, en donde los migrantes actúan, más bien, como catalizadores de tensiones locales ya existentes.
*Filósofa y candidata a doctora en Filosofía de la Universidad de Antioquia, magíster en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad EAFIT
