¿Puede exportarse el “modelo Bukele”?

En países agobiados por la inseguridad —incluido Colombia- se habla de aplicar el modelo que ha dado resultados en El Salvador. ¿Pero qué tanto éxito ha tenido, en realidad, ese modelo?

Un modelo de exportar 

A partir del 26 de abril, El Salvador dará un paso trascendental con la entrada en vigor de las nuevas reformas constitucionales aprobadas por la Asamblea Legislativa. Entre las medidas más llamativas, se encuentra la posibilidad de condenar a menores de tan solo 12 años a cadena perpetua por delitos graves como homicidio, violación y pertenencia a organizaciones terroristas.

Estas reformas forman parte del ambicioso “Plan Bukele”, el proyecto que el presidente salvadoreño defiende con fervor a través de su cuenta de X. 

A pesar de las numerosas críticas, Nayib Bukele presume de ser el mandatario más popular del mundo, con un impresionante 94% de aprobación. Cada vez que publica en X, miles de usuarios de distintos rincones del planeta repiten la misma frase: «Ven a limpiar mi país». El presidente salvadoreño se ha convertido en el fenómeno político más improbable de esta era: un líder del sur global que hasta el norte global admira. 

Pero detrás del mito hay una pregunta que merece una respuesta rigurosa: ¿es el modelo de Bukele realmente replicable? La respuesta corta es no. La larga, que es la que importa, revela por qué.

El contexto

Para entender el ascenso de Bukele hay que entender primero el abismo desde el que partía El Salvador. Entre 1980 y 1992, el país vivió una guerra civil que dejó más de 75.000 muertos. 

Cuando llegó la paz —con los Acuerdos de Chapultepec de 1992—, no todo fue color de rosa. Coincidió con la deportación masiva de pandilleros salvadoreños que se habían formado en Estados Unidos.  La Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18 no nacieron en San Salvador; nacieron en Los Ángeles, fraguados en la discriminación y la violencia que sufrieron los migrantes de la guerra civil. Washington exportó el problema y El Salvador, un país ya frágil, lo heredó sin recursos ni instituciones para manejarlo.

El resultado era predecible. Entre el 2000 y el 2020, El Salvador figuraba sistemáticamente entre los países con la tasa de homicidios más alta del planeta. La violencia no era una estadística abstracta: era el menú diario de millones de familias. En ese contexto —y solo en ese contexto— cobra sentido el apoyo popular al giro autoritario de Bukele. Cualquier análisis que omita esta historia es incompleto.

Cómo se construyó el modelo

El “Plan Bukele” tiene una arquitectura que no fue improvisada. Fue construida en tres pasos deliberados, y cada uno desmanteló un contrapeso democrático diferente.

– Paso uno: capturar el Estado. En las elecciones legislativas de febrero de 2021, el partido Nuevas Ideas – que es el de Bukele- obtuvo 56 de los 84 escaños de la Asamblea.

– Con esa mayoría, el 1° de mayo de 2021 El Salvador aprobó la reelección presidencial inmediata, extendió el mandato de cinco a seis años y eliminó la segunda vuelta electoral. Y en septiembre del mismo año, el Legislativo, a instancias Bukele, removió a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general. El resultado: un ejecutivo sin contrapesos reales.

– Paso dos: activar el estado de excepción. Desde el 27 de marzo de 2022, El Salvador vive en estado de excepción ininterrumpido, renovado ya 47 veces. Bajo esta figura constitucional —pensada para crisis temporales como guerras o catástrofes—, se suspendieron el derecho a ser informado sobre los motivos de la detención, el acceso a un abogado y el debido proceso. Lo que la Constitución concibió como excepción se convirtió en regla.

– Paso tres: silenciar la disidencia. La Ley de Agentes Extranjeros, aprobada en mayo de 2025, criminalizó el financiamiento internacional a las ONG y prohibió las actividades políticas. Periodistas y defensores de derechos humanos fueron sometidos a vigilancia mediante el software espía Pegasus, según documentó el Citizen Lab. Políticos opositores han sido encarcelados bajo cargos que sus propios expedientes no respaldan: es el caso de Rubén Zamora —uno de los impulsores de los Acuerdos de Paz— o el de Ruth López, abogada anticorrupción detenida en mayo de 2025, sin vínculos probados con pandillas.

Los resultados reales

Las tasas de homicidio cayeron vertiginosamente desde 2019. Eso es un hecho, y sería deshonesto negarlo. 

Hoy El Salvador es el país con la tasa de encarcelamiento más alta del mundo: aproximadamente 89.000 personas presas, lo que equivale al 1,5% de la población total. Bukele lo presenta como evidencia de éxito. Pero los números exigen una lectura más cuidadosa.

En primer lugar, parte de la reducción inicial de homicidios —la de 2019 y 2020, antes incluso del estado de excepción— fue resultado de negociaciones secretas con los propios líderes pandilleros. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos reveló esos acuerdos: la reducción de homicidios y el apoyo electoral a Nuevas Ideas, a cambio de condiciones carcelarias privilegiadas y protección frente a extradiciones. La baja de la violencia, al menos en sus primeros años, no fue solo represión, también fue el producto de un pacto.

En segundo lugar, la pregunta más compleja es quién realmente está en esas cárceles. El informe final del Grupo Internacional de Expertas y Expertos para la Investigación de Violaciones de Derechos Humanos bajo el Estado de Excepción en El Salvador (GIPES), presentado en marzo de 2026, documenta irregularidades sistemáticas en los arrestos: ausencia de órdenes de captura, detenciones basadas en criterios como la apariencia física o un tatuaje, y policías que cumplen cuotas de arrestos a cambio de bonos económicos. Las estimaciones de inocentes detenidos oscilan, según el GIPES, entre el 25% y el 80%. El propio Bukele reconoció públicamente en 2024 que al menos 8.000 personas inocentes habían sido detenidas.

Los procesos judiciales masivos —audiencias colectivas, muchas en ausencia del imputado, sin pruebas individuales— configuran un patrón que el GIPES considera constitutivo del crimen de lesa humanidad de privación grave de la libertad, según el artículo 7(1)(e) del Estatuto de Roma. A esto se suman los 3.000 niños encarcelados y las recientes reformas constitucionales que permiten sentenciar a menores de 12 años a cadena perpetua por ciertos delitos.

La pregunta que importa: ¿es sostenible?

Supongamos, por un momento, que el modelo funciona en sus propios términos. Aun así, ¿puede sostenerse? La evidencia financiera sugiere que no.

Desde 2019, la deuda pública de El Salvador ha crecido aceleradamente. En 2024 alcanzó el 85% del PIB, muy por encima del promedio regional del 51%, lo que sitúa al país entre los diez más endeudados de América Latina. 

Mantener a casi 90.000 personas en prisión sin procesos ágiles, sin depuración de casos y sin programas de reinserción no es solo una violación de derechos: también es una sangría fiscal con fecha de vencimiento.

A eso se suma la opacidad: el patrimonio del presidente permanece bajo reserva por orden de la propia Corte Suprema, que su partido controla, a pesar de múltiples denuncias de enriquecimiento ilícito de familiares. En una democracia funcional, ese secreto sería insostenible. En El Salvador de Bukele, es la norma.

El modelo, además, tiene una trampa: para funcionar requiere mantener indefinidamente la emergencia. Cuando el estado de excepción se levante —si alguna vez se levanta—, ¿qué ocurrirá con decenas de miles de personas encarceladas sin condena firme, sin programas de reinserción, con familias destruidas y comunidades estigmatizadas? La violencia no se erradicó; se postergó y se encarceló.

¿Se puede exportar?

Volvamos a la pregunta central. Quien pide un Bukele para su país no está pidiendo solo mano dura contra el crimen. Está pidiendo un paquete completo: el desmantelamiento de la separación de poderes, la suspensión indefinida de garantías constitucionales, la eliminación de la prensa independiente, la criminalización de la sociedad civil y el encarcelamiento masivo sin debido proceso. Eso tiene un nombre técnico en ciencia política: autoritarismo.

Sistemas similares ya existen. La Ley de Agentes Extranjeros salvadoreña está basada en los modelos de Rusia, Nicaragua y Venezuela. El discurso de la seguridad, antes que los derechos, replica argumentos que han servido para consolidar regímenes autoritarios en múltiples latitudes. La clave no está en si el modelo es de izquierda o de derecha —Bukele ha sabido escapar hábilmente de esa categorización—, sino en que es simplemente antidemocrático.

La reducción de la violencia es real, pero su costo —institucional, financiero y humano— también lo es. Ningún modelo de seguridad basado en el encierro masivo y la suspensión de derechos es sostenible sin quebrar las finanzas públicas y agotar la legitimidad democrática. Y lo que no es sostenible en El Salvador, con su historia específica y su contexto irrepetible, lo es aun menos en países con instituciones más consolidadas o con una violencia de naturaleza diferente.

En tiempos electorales, las promesas de orden inmediato siempre resultan seductoras. Bukele lo sabe y lo explota con maestría digital. Pero la ciencia política enseña una lección que se repite con regularidad histórica: los atajos al Estado de Derecho no son atajos, son desvíos que llevan al mismo lugar de partida, solo que con más deuda, menos libertad y una violencia que ahora tiene dirección postal carcelaria.

En conclusión, la pregunta no es si Bukele ha reducido los homicidios. La pregunta es: ¿a qué precio y durante cuánto tiempo? Y, sobre todo, ¿quién va a pagar esa factura?

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