Quieren demostrar que en Colombia puede hacerse de manera segura, pero ignoran la evidencia cada vez mayor sobre los impactos socio-ecológicos del fracking en otros países.
Andrés Ángel*
El Decreto 328 de 2020
La fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales es una técnica de extracción de hidrocarburos que el Estado colombiano ha intentado autorizar y regular desde hace varios años.
Dependiendo de lo que convenga resaltar u omitir, a esa técnica también se la conoce como ‘fracking’, ‘estimulación hidráulica de roca generadora’ y —más recientemente— incluso se denomina ‘fracturación hidráulica multietapa con perforación horizontal’ (FH-PH).
Esa intención del gobierno está hoy más viva que nunca. Así lo demuestra la expedición del Decreto 328 de 2020, que fija los lineamientos de los proyectos piloto de investigación integral (PPII).
A los ciudadanos se nos ha dicho que los pilotos de fracking serán controlados, confiables y estrictamente sustentados en la ciencia. ¿Qué podría salir mal, entonces?
¿Se trata de proyectos de carácter estrictamente científico, como afirma el gobierno?
Después de leer el decreto, esta es mi conclusión: más de lo que a muchos les gustaría aceptar.
Tanto la norma como el concepto mismo de los PPII están plagados de debilidades técnicas que expondré en las siguientes líneas.
¿Investigación científica o exploración de toda la vida?
Este decreto exige licencia ambiental a los PPII —requisito que ya rige las actividades en el sector de hidrocarburos: nada nuevo—, pero no obliga a obtener permisos de investigación. ¿Se trata de proyectos de carácter estrictamente científico, como afirma el gobierno?
Resalto que en el diseño metodológico (art. 2.2.1.1.1A.2.9) no participan entidades independientes y que la norma ni siquiera contempla la posibilidad de que la licencia sea negada.
Licenciamiento y conflictos de interés: ‘Business as usual’
Estos proyectos no proponen nada innovador en términos de licenciamiento: siguen el mismo libreto fallido de los EIA. Las líneas base detalladas (locales) están a cargo de los contratistas. Es decir, las mismas empresas interesadas en demostrar que la técnica es inocua —para luego extraer los recursos— (art. 2.2.1.1.1A.2.7, parágrafo primero) le contarán al Estado qué hay en el territorio, y este les creerá.
Esta situación conlleva un conflicto de intereses y maximiza el riesgo de presiones indebidas por parte de los contratistas al personal técnico y científico que levante la línea base. Además, según declaraciones del presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos (Acipet), persiste el incentivo perverso de convertir a los PPII en pozos de explotación comercial; el Comité Evaluador se decidió a favor de este incentivo, a pesar de que no se mencionara explícitamente en la versión definitiva del decreto.
Foto: Cortesía Andrés Ángel/AIDA 2019
Sitios preparados para inicio de extracción de hidrocarburos no convencionales cerca a Midland, Texas.
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Capacidad institucional e impactos: corriendo sin saber caminar
El diagnóstico de capacidad institucional —que incluye la aptitud de las entidades públicas para realizar control y seguimiento— no se hará previamente, sino “durante el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral” (art. 2.2.1.1.1A.2.4). Con justa razón, este punto preocupa a las comunidades del Magdalena Medio más que al resto del país.
Esto deja la puerta abierta a que el control se haga en la etapa concomitante, que es equivalente a darle a un adolescente las llaves de un carro y esperar que aprenda a manejarlo, sin accidentes, sobre la marcha.
Pero al menos quienes evalúan son técnicos imparciales… ¿no?
El Comité Evaluador está formado por siete personas: cuatro ministros o sus delegados (Hacienda, Salud, Minas y Energía y Ambiente), dos expertos de universidades y cuerpos técnicos consultivos y un representante de la sociedad civil. Ante una votación, el ejecutivo tiene mayoría simple en cualquier escenario.
No habría necesidad de llevar a cabo la fase de fracturación.
Es más, en cuanto al mecanismo de elección y al perfil, la participación del representante de la sociedad civil depende de la Comisión Intersectorial de Acompañamiento Técnico y Científico, conformada por seis viceministros; o los directores de la ANLA, la ANH, el IDEAM y el Instituto Alexander von Humboldt, y por un delegado de la Secretaría de Transparencia. Es decir, la determina mayoritariamente el ejecutivo.
La ñapa
La participación ciudadana tiene todo que ver con la evaluación científica objetiva; sin embargo, en las sesiones del Comité Evaluador participarían con voz, pero sin voto, miembros de la Comisión de Expertos, quienes se han pronunciado públicamente en repetidas oportunidades a favor de los PPI (art. 2.2.1.1.1A.2.16, parágrafo cuarto).
Por si no fuera suficiente, si los dos expertos y el representante de la sociedad civil no son designados en el término establecido (45 días), el comité evaluador tendría la libertad de sesionar (art. 2.2.1.1.1A.2.16, parágrafo tercero). Eventualmente, la decisión estaría en manos de los ministros de Hacienda, Salud, Minas y Ambiente.
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El concepto de Proyecto Piloto de Investigación Integral (PPII)
“Los PPII reflejarán adecuadamente las prácticas de explotación”
Falso. Las condiciones de los PPII no serán representativas de las del fracking en su cotidianidad. Las primeras están diseñadas para probar la inocuidad de la técnica, por lo que se realizarán con salvaguardias ambientales estrictas, bajo la mirada en tiempo real de las entidades públicas y el escrutinio de algunas universidades.
Es imposible mantener estas condiciones más adelante, debido a la escala de la práctica. En el mundo real, la rentabilidad depende en gran medida de minimizar los costos operativos, y eso se logra, en parte, perforando el mayor número de pozos en el menor tiempo posible.
Por obvias razones, esto va en desmedro de la calidad de cada pozo. En una operación con limitantes financieras, no se corregirá cada fracción de grado que se desvíe el pozo; la perforación, instalación de tuberías, cementación, etc., no contarán en todos los casos con sistemas de monitoreo público en tiempo real; no se exigirá que los registros estén disponibles para consulta; no se detendrá la operación en caso de que se quiera verificar por duplicado un parámetro ambiental o correr un registro varias veces.
Nada de eso ocurrirá a menos que sea indispensable.
Foto: Cortesía Andrés Ángel/ AIDA 2019
Pozo de fracking en construcción (fracking pad) en el condado de Weld, Colorado.
Los PPII son integrales
Falso. Si integral se refiere a dar cuenta de la totalidad de los impactos, los PPII están lejos de serlo por varios factores:
Escala: para que el fracking sea rentable se necesitan muchos pozos, debido a que por regla general se agotan con mayor velocidad que los convencionales. En una misma cuenca esto implica una probabilidad inmensamente mayor de accidentes —derrames, choques de vehículos de carga pesada, rotura de tuberías, etc.— y de impactos acumulativos y sinérgicos.
Considerando algunos de ellos —fragmentación ecosistémica, emisiones fugitivas, migración de fluidos reinyectados y sismicidad inducida asociada—, la construcción de un pequeño conjunto de pozos no será representativa para el Valle del Magdalena y mucho menos para el país. Por esta razón, es altamente inconveniente evaluar los impactos pozo a pozo.
Duración: a menos que los PPII duren más o menos veinte años —momento cuando el país probablemente ya no necesitará ese gas—, no se observarán los efectos a largo plazo y a perpetuidad derivados de la degradación del cemento y las tuberías de los pozos abandonados ni de migraciones de largo plazo de fluidos reinyectados. De ello hay abundante evidencia en Colombia y en el extranjero, evidencia cuyo análisis se omite al proponer ejercicios como los PPII.
Externalidades: el fracking involucra más de lo que tradicionalmente asociaríamos con el sector de hidrocarburos. Un ejemplo es su demanda de arena como insumo, la misma que mantiene abiertas las fracturas y permite el flujo de hidrocarburos a la superficie. La demanda de arena para fracking en 2019 se calculó en 116 millones de toneladas en Estados Unidos. Esto implica minar inmensos volúmenes de roca y altísimos impactos no reflejados en las declaraciones de impacto ambiental.
Los PPII se hacen para recabar información sobre el subsuelo y determinarán si en Colombia se puede hacer fracking de forma segura.
Impreciso. El Valle Medio del Magdalena es probablemente la región mejor estudiada por el sector de hidrocarburos en Colombia. Existe abundante información estratigráfica y estructural. Si se quisiera recabar datos del subsuelo, bastaría realizar pozos estratigráficos; no habría necesidad de llevar a cabo la fase de fracturación.
Por otro lado, las unidades geológicas presentes en el Valle Medio del Magdalena y en la cuenca Cesar-Ranchería —que son las elegidas para los PPII, según fuentes del sector— y sus estructuras asociadas no son representativas de todas las cuencas prospectivas del país.
Es más, dependiendo de las diferencias en las condiciones fisicoquímicas de las rocas, extrapolar conclusiones podría ser inapropiado, incluso a pocas decenas de kilómetros del lugar de prueba en la misma cuenca.
Foto: Cortesía: Andrés Ángel/ AIDA 2019
Tuberías de conducción de hidrocarburos en el condado de Weld, Colorado.
Afirmaciones contradictorias
Es paradójico que algunos representantes del sector supliquen por los PPII para “demostrar” que en Colombia puede hacerse de manera segura. Es extraño que afirmen que los datos de los PPII son extrapolables a otras cuencas, pero que al mismo tiempo se rehúsen a aceptar la cada vez más amplia evidencia de impactos socioecológicos negativos en otros países.
Decir que se necesita fracturar para saber si en Colombia habrá los mismos impactos ya observados es como sugerir que cada nuevo avión diseñado por Boeing o Airbus debe probarse en el país primero para determinar si también tiene la capacidad de volar en cielos nacionales.
Los PPII pueden o no mostrar impactos negativos inmediatos. Esa no es la discusión, y no es ninguna garantía para las comunidades en el área de influencia, sobre todo en un proyecto que no aporta información sobre los impactos a largo plazo, a perpetuidad o acumulativos y sobre las sinergias entre ellos.
Para terminar, teniendo en cuenta que la legislación está suspendida ante la incertidumbre sobre los daños irreversibles, no tiene sentido un decreto que reglamente esta práctica, así sea en el marco de una investigación científica, como algunos denominan a este primer paso en la exploración de yacimientos no convencionales en el país.
Si algo –o todo– puede salir mal o no en un país con las condiciones de gobernanza de Colombia, lo dejo a criterio del lector.
* Geólogo y magister en Gestión Pública y Gobernanza; investigador de conflictos socioecológicos y procesos de defensa de territorio, asesor científico del Programa de Agua Dulce de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA).