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Protesta social y campesina: lo que viene

Escrito por Absalón Machado

Manifestación de campesinos durante el Paro Agrario

Absalon MachadoEl posconflicto estará marcado por las protestas tanto en el campo como en las  ciudades. ¿Estarán preparados los movimientos sociales para afirmar sus derechos en un juego democrático? ¿Y estará abierto al diálogo el gobierno?

Absalón Machado Cartagena*

¿Paro agrario o protesta rural?

El llamado “paro agrario” no ha terminado. Por el contario sigue a la espera de que se cumplan los acuerdos con el gobierno que fueron suscritos en 2013.

Pero por el momento los campesinos han abandonado las vías de hecho, como la ocupación de la carretera Panamericana. Mientras tanto siguen las conversaciones entre la Cumbre Agraria y las autoridades para encontrar soluciones a los problemas rurales. La Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular nació en marzo de 2013 y fue reconocida oficialmente, mediante el Decreto 870, como un actor político con espacio formal para negociar reivindicaciones con el gobierno.

Hay que decir que este paro, estrictamente, no es agrario, pues no contó con la participación de las agremiaciones más importantes de productores campesinos, como la organización Dignidad Agropecuaria Colombiana, que no hace parte de la Cumbre Agraria.

Lo que se presentó entre fines de mayo y principios de junio fue más bien una protesta rural como reflejo de un movimiento social en ascenso que tiene una gran diversidad de actores. En este caso, es especialmente notable la presencia de los indígenas del sur del país y de las comunidades afrodescendientes del Pacifico.

Este movimiento rural seguirá haciendo parte de la vida social y política, especialmente durante el posconflicto, y por eso merece ser analizado más a fondo.

Los motivos

El Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia.
El Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia. 
Foto: Minagricultura

Son varios los motivos (para nada nuevos) que han llevado a esta protesta. Entre otros, se destacan los siguientes:

  • El creciente descontento de los habitantes rurales, especialmente de las comunidades campesinas, indígenas y afros, por la ausencia del Estado y por las violencias de todo tipo que los golpean. Influyen además el suministro precario de bienes y servicios públicos; el difícil acceso a factores productivos; el reiterado incumplimiento de las promesas gubernamentales (o el cumplimiento parcial); las precarias condiciones de vida en el campo y la creciente brecha de ingresos, bienestar y oportunidades entre el espacio rural y el urbano.
  • La falta de mecanismos alternativos de solución de conflictos en el sector rural, pues parece que allí la democracia participativa es por ahora una ficción.
  • El deseo de las organizaciones y habitantes rurales de participar en el diseño de las políticas públicas, su ejecución, evaluación y seguimiento. Esto viene acompañado por una crítica justa del centralismo estatal que desconoce las realidades regionales, territoriales y locales, lo cual lo lleva a tomar decisiones equivocadas.
  • El desconocimiento de los derechos humanos fundamentales tanto por parte de las instituciones públicas como de los actores privados que se llevan por delante a las poblaciones en busca de mantener privilegios y dar rienda suelta a sus pretensiones de dominio de territorios y recursos.
  • El daño que se le está haciendo a las fuentes primarias de la vida rural, como la producción de alimentos, debido al avance de los cultivos de plantación, la contaminación agroquímica de los suelos y aguas, y la destrucción ocasionada por la minería indiscriminada. Y esto sin mencionar la creciente importación de alimentos que ha dejado a muchos productores por fuera del juego económico y amenaza seriamente sus posibilidades de supervivencia.
  • Además de lo anterior  están los reclamos por justicia, seguridad, participación política, equidad, integración social, conservación del ambiente y otras especificidades de lo rural.

En resumen, estas protestas son la manifestación de una deuda social y política que el Estado y la sociedad tienen con el sector rural, y que reclama ser resuelta a través de la participación de estos actores en las decisiones que se refieren al uso de los recursos del país.

Son varios los motivos (para nada nuevos) que han llevado a esta protesta.

Problemas conocidos

Estos son problemas que ya han sido tratados extensamente en el Informe Nacional de Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, tanto en 2003 como en 2011, y más recientemente por la Misión para la Transformación del Campo. En el fondo, lo que existe es una gran insatisfacción por el modelo de desarrollo que ha regido los destinos del campo colombiano.

Estos problemas también están en el centro de las agendas, programas y pliegos de exigencias de la Cumbre Agraria y de las Dignidades Agropecuarias, así como en los postulados de las organizaciones sociales y de productores tradicionales, como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (Fensuagro) y la Asociación de Camioneros de Colombia.

Basta repasar las conclusiones del Foro Agrario realizado en diciembre de 2012 en el marco del proceso de conversaciones de La Habana, y donde hicieron presencia todos los actores del campo colombiano (excepto Fedegán), para darse cuenta de que estamos ante un resurgimiento de lo rural, que se expresa en estas protestas y paros.

Quien se extrañe por estos fenómenos y los atribuya a manipulaciones de la subversión no ha vivido en este país, o su ceguera ideológica no le ha permitido percatarse de la realidad en la que vive.

Todo esto, por supuesto, no justifica las vías de hecho como instrumento de protesta en una sociedad que se dice “democrática”, pues estas afectan la movilidad, el acceso a medicamentos y alimentos, y el libre ejercicio de las actividades de muchas personas.  

Aprender la protesta

Manifestaciones durante el Paro Agrario del año 2013.
Manifestaciones durante el Paro Agrario del año 2013.
Foto: MARCHA PATRIÓTICA

Este mal llamado “paro agrario” es el preludio de una lucha social que aumentará en el posconflicto, tanto en las áreas rurales como en las urbanas (aunque será más acentuado en las primeras por el rezago en su desarrollo). Estos conflictos sociales ya tienen delineados sus contenidos, pero pueden aparecer otros como el agua y el medio ambiente.

Estas protestas son la manifestación de una deuda social y política.

Hace poco se dio quizás por primera vez un reconocimiento del gobierno de la legitimidad de la protesta campesina, lo que abre caminos para el diálogo y el abandono de las vías de hecho. Esto augura posibilidades de acercamientos para encontrar las soluciones a los problemas, en lugar de prolongarlos o calmarlos con promesas que no se pueden cumplir.

Estas movilizaciones y la manera como se han manejado demuestran que a ambas partes les falta mucho por aprender sobre el manejo de la protesta social para que esta, siendo legítima, no derive en perjuicios a los demás y se pueda realizar por medios democráticos.

No hay que olvidar que el movimiento campesino necesita el apoyo de la sociedad urbana para consolidar su legitimidad y asegurar la pronta respuesta gubernamental. Y las vías de hecho como el bloqueo de carreteras han demostrado no ser el instrumento más adecuado para ganarse este apoyo urbano.  

Por eso las partes necesitan innovar en el manejo de la protesta, para lograr mayor efectividad en la consecución de sus intereses. Lo que estamos viendo es un proceso de aprendizaje donde todavía se ven fallas notorias de liderazgo, de capacitación, de análisis del contexto, así como la persistencia de visiones envejecidas sobre el manejo de procesos sociales.

Pero se ha ido aprendiendo que las negociaciones con el movimiento campesino en sus distintas expresiones no pueden hacerse con funcionarios de segundo nivel, que no conocen o no entienden (o no quieren entender) lo que pasa en el mundo rural.

La Cumbre Agraria y las Dignidades Agropecuarias son una gran oportunidad para que el Estado cambie su actitud de menosprecio hacia las organizaciones sociales y reconozca su dignidad y legitimidad, lo que también acabaría la estigmatización del movimiento social.

Sin embargo la debilidad del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sigue siendo notoria. Si esta institución y sus entidades adscritas no se fortalecen prontamente, el manejo del posconflicto dejará mucho que desear y las frustraciones pueden ser mayores. Este Ministerio debería adelantarse a la protesta, pero esto no ha estado entre las prioridades de las recientes administraciones de esta cartera.

También falta más unidad en el movimiento campesino y más capacitación entre sus integrantes. Estas son falencias históricas que todavía no han logrado subsanarse y que requieren tiempo de maduración. Pero la coyuntura da para una reflexión seria sobre ese tema.

 

* Consultor en temas rurales, investigador y académico

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