Proteger a quienes denuncian e investigan es la clave del éxito en la lucha contra la corrupción. Pero en Colombia y en América Latina los esfuerzos han sido insuficientes. ¿Qué hacer?
Gerardo Andrés Hernández*
Un botón para la muestra
El anuncio por parte de un fiscal de Guatemala de emprender acciones legales contra el actual ministro de Defensa, Iván Velásquez, por acciones que llevó a cabo cuando era miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), abre otra vez el debate sobre la complicada situación de las personas que denuncian e investigan la corrupción en Colombia y en América Latina.
Los argumentos del Fiscal guatemalteco son difíciles de sustentar bajo una lectura jurídica seria. Desde una lectura más amplia, hacen parte de un contraataque de élites poderosas que se vieron acorraladas por la acción de la CICG. Estas acciones comenzaron con el debilitamiento del apoyo internacional que tenía la Comisión y prosiguió con la recaptura de las instituciones judiciales.
Además, se desplegó una persecución de investigadores, fiscales, jueces, periodistas y activistas que impulsaron y apoyaron a la CICIG, con estrategias que hoy tienen en el exilio, en la cárcel o bajo hostigamiento jurídico a muchos de ellos, y que han sido condenadas por instancias de Naciones Unidas.
Trágicamente, esta situación se extiende por toda América Latina, con consecuencias similares: acallar las voces críticas, impedir que las redes de corrupción sean expuestas, evitar la acción de la justicia y reinstaurar una norma social bajo la cual la corrupción es inevitable.
Los argumentos del Fiscal guatemalteco son difíciles de sustentar bajo una lectura jurídica seria. Desde una lectura más amplia, hacen parte de un contraataque de élites poderosas que se vieron acorraladas por la acción de la CICG. Estas acciones comenzaron con el debilitamiento del apoyo internacional que tenía la Comisión y prosiguió con la recaptura de las instituciones judiciales.
De ese modo, algunas de las victorias de la justicia, del periodismo de investigación y de las movilizaciones ciudadanas en América Latina contra las élites corruptas durante la última década hoy se encuentran gravemente desafiadas.
La clave para cambiar esta situación podría ser mejorar la independencia, protección y capacidad de quienes se atreven a desafiar a los grandes poderes corruptos y siguen mostrando los daños que causas estas acciones para sectores muy amplios de la población.
Qué dicen los informes
En 2019, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) insistió en “la obligación que tienen los Estados de proteger a las personas que están en riesgo por el papel que tienen en la lucha contra la corrupción” y, por lo tanto, “se encuentran afectadas en el goce y ejercicio de sus derechos humanos o son víctimas de violencia, amenazas u otros actos de hostigamiento, como lo son los defensores de derechos humanos, medioambientalistas, y periodistas; funcionarios encargados de la lucha contra la corrupción; y personas denunciantes y testigos de corrupción”.
Desde una perspectiva global, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos observó que los defensores que combaten la corrupción “suelen ser objeto de ataques que van desde la vigilancia electrónica o física, los ciberataques, las amenazas directas, el hostigamiento en línea y las campañas de desprestigio hasta la criminalización, el hostigamiento judicial, los ataques a sus bienes y las agresiones físicas, o incluso el asesinato”.
Ahora bien, los esfuerzos de los Estados latinoamericanos por proteger efectivamente a quienes denuncian e investigan la corrupción, siguen siendo muy limitados. De acuerdo con los resultados del año 2021 del Observatorio Ciudadano de Corrupción, el avance de 19 países de la región frente al compromiso que aceptaron en la octava Cumbre de las América es muy limitado: apena alcanzó un puntaje de 0,91 sobre un máximo de 3 puntos que, indicarían una ejecución alta.
Lo anterior puede observarse en marcos normativos débiles y, en la gran mayoría de países, en esfuerzos muy pobres por poner en marcha medidas prácticas de protección a quienes denuncian la corrupción. Se destacan únicamente algunos avances en Perú y Costa Rica y muy pobres esfuerzos en la materia en Honduras, Nicaragua y Guatemala. Colombia alcanzó un puntaje de 0,87 sobre 3.
En la actualidad existen múltiples referentes y estándares internacionales sobre las medidas que deben ejecutar los Estados para proteger a quienes denuncian e investigan la corrupción, como la ley modelo de la Organización de Estados Americanos para facilitar e incentivar la denuncia de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos. También está la directiva de la Unión Europea para la protección a denunciantes del año 2019, entre muchos otros referentes.
En su análisis sobre corrupción y derechos humanos, la CIDH también ha formulado orientaciones para los Estados en esta materia, diferenciando medidas específicas para operadores judiciales, periodistas, denunciantes, testigos, entre otras personas que, desde distintos frentes, contribuyen a enfrentar la corrupción.
Esa diferenciación de medidas es importante pues para el caso de los operadores judiciales, por ejemplo, la garantía de independencia en el ejercicio de su labor es una de las principales medidas de protección. Por otra parte, para quienes ejercen el periodismo resulta fundamental el respeto a la libertad de prensa y expresión y para los denunciantes y testigos la garantía de confidencialidad y anonimato.
De manera transversal, es importante que:
- Haya protección frente a retaliaciones laborales, personales y familiares.
- Que existan las medidas que prevengan y contrarresten acciones de acoso jurídico y sicológico.
- Que se tomen acciones de protección tanto a funcionarios del ámbito público como privado.
- Que se avance de forma efectiva e imparcial en las indagaciones y la imposición de sanciones a las personas denunciadas, aunque esto no es una medida de protección como tal.
Qué hacer para enfrentar este problema
Más allá de los estándares internacionales, la puesta en marcha de medidas de protección a denunciantes e investigadores de corrupción exigen mucha voluntad política, impulsada por una gran demanda ciudadana para alcanzar estos propósitos.
Dicha demanda ciudadana es fundamental, pues no basta con aprobar una buena ley, sino que se necesita de capacidad de ejecución y, principalmente, mayor aceptación sobre el papel que cumplen estas personas.
Desde una perspectiva global, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre la situación de los defensores de los derechos humanos observó que los defensores que combaten la corrupción “suelen ser objeto de ataques que van desde la vigilancia electrónica o física, los ciberataques, las amenazas directas, el hostigamiento en línea y las campañas de desprestigio hasta la criminalización, el hostigamiento judicial, los ataques a sus bienes y las agresiones físicas, o incluso el asesinato”.
Es decir, se debe transformar la connotación negativa del “sapo” y reemplazarla socialmente por una concepción positiva de la denuncia y de la investigación de la corrupción que esté asociada a una acción de defensa de lo público. Junto a esto, Transparencia por Colombia ha insistido en la necesidad de contar con datos más precisos sobre las características de las personas que denuncian la corrupción, a fin de tomar medidas más precisas para su protección.
Lastimosamente, en Colombia, los esfuerzos por impulsar medidas de protección a denunciantes de corrupción no han sido suficientemente exitosos, pese a los múltiples compromisos que el país ha aceptado internacionalmente y que empezaron, por lo menos, desde la Convención Interamericana Contra la Corrupción de 1997.
Durante los últimos gobiernos se ha intentado promover legislación en la materia, en varios casos con serias debilidades, pero en todos ellos el Congreso ha optado por hundir o eliminar este tema de la discusión. El intento más reciente fue eliminado por completo en junio de 2021 por la Comisión Primera del Senado de la hoy Ley 2195, sin dar ninguna explicación.
En la práctica, el miedo sigue frenando la acción de muchos testigos y denunciantes en paralelo a las múltiples alertas que con frecuencia divulga la Fundación para la Libertad de Prensa respecto de periodistas que sufren acciones orientadas a acallar su labor cuando investigan la corrupción.
En ese contexto, resultan prometedores los anuncios realizados por el actual gobierno y varios congresistas que quieren impulsar nuevamente una ley de protección a denunciantes de corrupción.
Esta deberá estar acompañadas por medidas orientadas a garantizar la independencia y la protección de fiscales, jueces y operadores judiciales que, similar a la labor que Iván Velásquez y su equipo impulsaron en la CICIG contra la corrupción en Guatemala, ejercen una labor imprescindible para vencer la impunidad y la corrupción.
1 Comentario
Es realmente preocupante la magnitud de consecuencias que abarca el convertirse en alguien que busca un cambio por la situación de corrupción de la que forma parte el país, puesto que si bien Colombia se ha convertido en un eje de encubridores frente a este tipo de situaciones porque la justicia del país no refleja un interés por tomar medidas que aseguren la protección de las personas que buscan un cambio. Por eso es importante cuestionarnos como sociedad si queremos seguir formando parte de un Estado que condena la verdad y alaba la corrupción que no permite un avance.