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¿Proteger el medio ambiente y desamparar a la gente?

Escrito por Laura J. Santacoloma
Negocios verdes para combatir la deforestación.

Negocios verdes para combatir la deforestación.

Expulsar o no expulsar a las poblaciones que viven en las zonas de alto interés ambiental. Es el dilema que se vuelve apremiante a raíz del acuerdo de paz y la creciente ocupación de selvas y áreas forestales en Colombia. 

Laura J. Santacoloma*

El dilema

Los estragos del cambio climático son sin duda alarmantes.

En el contexto colombiano el aumento de la deforestación en la Amazonía a raíz del Acuerdo de Paz es un hecho innegable. Pero también es innegable la presión de la violencia que ha obligado a cientos de campesinos a desplazarse a las selvas y a compartir el espacio con las comunidades indígenas y afrodescendientes que allí habitan.

También es cierto que la colonización de las selvas ha coincidido con el auge de actividades económicas legales –como el caucho– e ilegales –como la coca– que tienen en común el atentar contra el medio ambiente. Así mismo el alza simultánea en el precio del oro, la caída en el precio de la coca y la búsqueda de alternativas productivas han hecho que aumenten la minería y la ganadería extensiva, que a su vez deterioran los parques naturales y las reservas forestales.

Hay que detener la deforestación, pero también hay que afirmar los derechos de los colombianos atrapados entre la desidia de los gobiernos y la necesidad de un sitio donde puedan vivir.

Ante esta nueva oleada de daños ambientales, muchos conservacionistas han propuesto expulsar a los habitantes de las zonas que pretenden proteger. ¿Es esta la solución? ¿Acaso son ellos los culpables del desastre ecológicos?, ¿Importan más los derechos del medio ambiente que los derechos humanos?

Le recomendamos: ¿Qué alimenta la deforestación en Colombia?

A punta de vacíos y torpezas de las leyes

Sostenibilidad en el Amazonas.
Sostenibilidad en el Amazonas.
Foto: Unidad administrativa de gestión de restitución de tierras 

Las leyes vigentes en Colombia hacen difícil resolver ese dilema de una manera justa y efectiva.

La Ley 2 de 1959 declaró siete grandes áreas de reserva forestal, pero apenas en 2013 se inició un proceso de regulación muy poco efectivo: se introdujo la zonificación indicativa, pero esta no ha sido acompañada por los planes de manejo o de ordenamiento territorial que serían necesarios. La escala de zonificación es tan grande que no se puede determinar cuáles predios están dentro o fuera del borde donde deben comenzar las áreas “amortiguadoras” —que por lo mismo son casi inexistentes—. De ser regulada, esta estrategia sería muy útil para la conservación de la selva y las personas que allí residen.

La ley en cuestión permitía adquirir tierras baldías en estas reservas forestales si se destinaban al uso forestal propio de ellas y se cumplían otros requisitos. Pero en 1974, el Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección al Medio Ambiente prohibió adjudicar tierras como parte de estrategias de protección ambiental, lo cual dejó en el limbo a muchos habitantes que nunca se fueron de la región.

Por otra parte, la figura de los parques naturales —creada en 1959— ha permitido declarar varias zonas como áreas protegidas, pero presenta dos grandes problemas:

  • El de saneamiento predial, porque estas áreas son inalienables, imprescriptibles e inembargables, y los recursos públicos destinados a su adquisición son muy limitados.
  • El de las personas que ocupan esas zonas pero de un día para otro pasan a ser infractores por violar el régimen de usos de las áreas protegidas.

No contamos con herramientas jurídicas para manejar esta situación y proteger —también— los derechos de la gente. Y esto a pesar de que la Constitución ampara a los campesinos, aún bajo condiciones de informalidad: “El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan” (dice el artículo 13).

Puede leer: El proyecto de ley contra los campesinos.

Mientras esta hipertrofia normativa —más leyes, más decretos, más resoluciones— se acentúa, las condiciones de uso y ocupación de los bosques siguen sin definirse y la política estatal sigue excluyendo a las personas que habitan esas zonas, cuando ellas deberían ser parte fundamental de la estrategia de conservación: el problema de los bosques es sobre todo un problema de tierras.

En la Amazonía existen comunidades campesinas asentadas desde hace sesenta años y como fruto de migraciones impulsadas por “La Violencia” de los años cincuenta, la bonanza del caucho, la siembra de hoja de coca y el conflicto armado interno. Y como el Estado nunca reguló la ocupación en las zonas protegidas por figuras de protección ambiental (como parques naturales y áreas de reserva forestal), la informalidad de las actividades económicas se ha mantenido durante décadas y en ausencia de los servicios de ese Estado.

En lo tocante a la deforestación amazónica, la migración no resultó apenas del conflicto armado sino de un viejo conjunto de fenómenos sociales, económicos y culturales propios de la zona. Basta leer los considerandos de la Política de Bosques de 1996 para inferir que los problemas ya para entonces muy bien conocidos no han sido resueltos o siquiera mitigados con el correr del tiempo.

Conservación con gente

Acciones para la conservación
Acciones para la conservación
Foto: Yolombó

Las normas colombianas sobre reservas de bosques parten de suponer que la presencia del ser humano es incompatible con la conservación. Esto también es claro en las normas sobre páramos, donde la situación de los habitantes se parece mucho a los de la Amazonia.

Y sin embargo los pueblos indígenas han demostrado que los usos y prácticas de ciertas comunidades son perfectamente compatibles con la conservación de esas áreas.

Asimismo la educación y la defensa de los derechos bioculturales son las mejores herramientas para la sostenibilidad de la selva. Ellas bien pueden lograr que los colonos se conviertan en los mejores aliados de la conservación de las áreas, bosques y ecosistemas protegidos.

Las normas colombianas sobre reservas de bosques parten de suponer que la presencia del ser humano es incompatible con la conservación. 

Casos recientes en la jurisdicción de asuntos agrarios y restitución de tierras dan cuenta de las dificultades que entraña la conservación sin gente. Cientos de víctimas del conflicto armado viven en zonas con limitaciones ambientales, y los jueces se ven abocados a decidir si reconocen o no derechos de propiedad sobre las tierras de los que fueron desplazados de manera violenta. Por eso las sentencias innovadoras y quizás controversiales, que van desde la compensación —en un país que dice no tener tierras para adjudicar—, hasta ordenar la sustracción de un solo predio en un área de reserva forestal.

Pero en ausencia de reglas claras y gestión armónica de estos espacios, las decisiones creativas de los jueces pueden llevarnos al aumento de los procesos adversos en cadena (como decir más asentamientos informales, mayor fraccionamiento de las áreas…y mayores estímulos para la ocupación desordenada del territorio).

Ecología y sociedad: hacia un conservacionismo integral

Las limitaciones ambientales en zonas de bosques son tan serias que difícilmente una autoridad puede autorizar proyectos productivos en estas áreas.

Y ni hablar de permisos de vertimientos o concesiones de agua para las labores diarias de quienes habitan en estas zonas que —aun siendo propietarios— tienen dificultades para que la ley se cumpla a cabalidad. Antes de acumular procesos sancionatorios y llenar las cárceles de campesinos, el Estado tendría que mejorar sus prácticas de planeación y prestación de los servicios básicos.

Según la Constitución de Colombia, la propiedad privada tiene una función social y ecológica. Pero estas dos funciones no pueden entenderse de manera separada, menos aún en un “Estado social de derecho” que ha sido incapaz de resolver los viejos problemas agrarios. Las políticas medioambientales solo adquieren sentido constitucional si alimentan el orden justo para las generaciones futuras, pero sobre todo para las presentes y más vulnerables. Y no hay justicia en la criminalización de estos campesinos.

Verdad que existen organizaciones criminales dedicadas a acaparar tierras, al narcotráfico y tráfico de maderas: Verdad que estas organizaciones se han aprovechado de la coyuntura del posconflicto. Pero esto no hace menos necesario ni menos urgente un tratamiento diferencial para campesinos que detenga la deforestación de la Amazonía sin violar los derechos fundamentales de las comunidades que han sufrido la violencia de manera sistemática. Más todavía cuando se planean grandes proyectos extractivos que afectarán la biodiversidad y sanidad ambiental.

Puede leer: Graves efectos de la deforestación en la Amazonía colombiana.

Hay que evitar la judicialización de los ocupantes históricos de los bosques y corregir los errores del Estado contra los campesinos cocaleros, otra población vulnerable que hoy —aunque con enormes dificultades— tiene una alternativa en los programas de sustitución. Mientras unos son criminalizados, otros están construyendo soluciones alternativas. En el Manifiesto contra la deforestación de la Macarena, más de treinta organizaciones de campesinos, indígenas y afrodescendientes presentaron sus propuestas para frenar la tala y convivir con los bosques. Es tal vez el momento más propicio para un acercamiento con los ciudadanos que han sobrevivido a la guerra, a la falta de vías de comunicación y al olvido del Estado.

Hay que detener la deforestación, pero también hay que afirmar los derechos de los colombianos atrapados entre la desidia de los gobiernos y la necesidad de un sitio donde puedan vivir.

*Ex asesora de la Secretaría Distrital de Planeación y Ambiente de Bogotá y de la Contraloría General de Colombia, consultora de la FAO y de la Unidad para la Restitución de Tierras Despojadas, e investigadora en asuntos jurídicos y ambientales.

 

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