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Prorrogar los períodos: un atentado contra la democracia

Escrito por José Gregorio Hernández
José Gregorio Hernández Galindo

La idea de unificar y prorrogar el periodo de los elegidos hasta el 2024 no fue apenas un acto de opereta sino un intento de acabar la democracia colombiana. Estos eran los reales alcances del proyecto.

José Gregorio Hernández Galindo*

El incidente

El miércoles de esta semana veinticinco representantes a la Cámara protagonizaron un episodio bochornoso.

Con el pretexto de atender a las dificultades electorales causadas por la pandemia, los susodichos representantes anunciaron un proyecto de acto legislativo que unificaría y prorrogaría por dos años los períodos previstos para numerosos cargos públicos —presidente y vicepresidente de la República, senadores, representantes, diputados, concejales, gobernadores, alcaldes, órganos de control y hasta magistrados de las altas cortes—.

La insólita propuesta había sido formulada por la Federación Colombiana de Municipios y en mi opinión constituye un abuso sancionable de funciones por parte de los congresistas.

Ante las reacciones adversas que desató la propuesta y ante una intensa presión ciudadana en medios y redes sociales, la malhadada iniciativa se hundió muy pronto (no alcanzó a completar las veinticuatro horas). Pero este hecho no debe quedarse como otra anécdota parlamentaria. Merece análisis desde el punto de vista político y desde una perspectiva estrictamente constitucional.

Una maniobra política

En lo político, todo indica que se trataba de bloquear las posibilidades de Gustavo Petro y de la Colombia Humana, habida cuenta del aumento de la popularidad de sus propuestas, en contraste con el desprestigio de la actual administración, a la que, por paradoja y de manera ilegítima se le quería prolongar el mandato por dos años más.

La insólita propuesta había sido formulada por la Federación Colombiana de Municipios y en mi opinión constituye un abuso sancionable.

En efecto. Al proponer la extensión del período presidencial —una forma de reelección, pero votada por el Congreso y no por los ciudadanos— el proyecto contradecía la Sentencia C-140 de 2010 de la Corte Constitucional que rechazó inclusive la vía del referendo para tal fin, y burlaba el Acto Legislativo 2 de 2015, que prohibió toda forma y tiempo de reelección del jefe del Estado.

Y en cuanto a la prolongación de su propio período —el de los congresistas—, además del conflicto de intereses, la sola formulación de la idea era indignante.

Semejantes propósitos son desleales y contrarios a la ética. A pesar de lo que muchos piensan y practican, no todo es válido en las luchas políticas.

Sustituir la constitución

Visto desde el ángulo jurídico, el proyecto en cuestión sencillamente habría sido un adefesio.

En primer lugar, no se debe confundir el poder constituyente originario —en cabeza del pueblo, como titular de la soberanía (artículo 3 de la Constitución) —con el poder de reforma constitucional (los tratadistas lo denominan poder constituyente secundario o derivado), que en realidad corresponde a una competencia delimitada y condicionada por los propios preceptos constitucionales.

El órgano constituido que es autorizado para reformar la Constitución no adquiere el mismo poder del pueblo soberano, ni está llamado a copar en su integridad las atribuciones del Constituyente, adueñándose de la Constitución. Le puede introducir ajustes, pero sin afectar su esencia.

Entonces, si bien la Constitución de 1991 faculta al Congreso para introducir modificaciones a su texto y no consagra cláusulas inmodificables, una cosa es reformar la Constitución y otra muy distinta es reemplazarla por un estatuto ajeno a los fundamentos originales y que proclama principios y valores diferentes o contrarios.

Y el malhadado proyecto de acto legislativo hubiera hecho exactamente eso. Aduciendo una supuesta necesidad transitoria, se pretendía que el Congreso, sin tener la competencia, desconociera los períodos para los cuales los votantes habían elegido al presidente de la República, a los congresistas y a los integrantes de otros cuerpos colegiados, alargando —según su voluntad, no la del pueblo— el término perentorio del ejercicio de funciones públicas.

Foto: Consulado de Colombia en Mallorca Proponer ampliar el periodo presidencial es un ataque a la democracia y al orden constitucional

Jurisprudencia contundente

La Corte Constitucional había dicho de manera inequívoca que

“…el poder de reforma, o poder constituyente derivado, se refiere a la capacidad que tienen ciertos órganos del Estado, en ocasiones con la consulta a la ciudadanía, de modificar una Constitución existente, pero dentro de los cauces determinados por la Constitución misma. Ello implica que se trata de un poder establecido por la Constitución, y que se ejerce bajo las condiciones fijadas por ella misma (…) Por ser un poder instituido, el poder de reforma tiene límites y está sujeto a controles. Así, en el caso colombiano, los artículos 374 y siguientes de la Constitución establecen e instituyen ese poder de reforma…” (Sentencia C-551 de 2003).

En el caso que nos ocupa, los representantes que aspiraban a modificar la Constitución para sustituir las decisiones populares ya adoptadas cuando fueron elegidas unas personas para desempeñar cargos por períodos predeterminados, no solamente ignoraban el carácter restringido de su función y se erigían en miembros de un órgano usurpador del poder constituyente originario, sino que, al prolongar los períodos en curso, adulteraban la voluntad de los votantes, lo que significaba desconocer, desde un órgano constituido, el poder soberano del Constituyente, dando a las elecciones —en su propio beneficio— un efecto superior al contemplado por aquél y, en esa medida, ilegítimo.

Destruir la democracia

En esencia, la democracia consiste en el poder efectivo y real del pueblo, en el cual reside la soberanía —como dice el artículo 3 de la Constitución colombiana—.

Un sistema genuinamente democrático se acoge a la voluntad del pueblo, la reconoce y respeta. Las normas y decisiones no son democráticas si los órganos constituidos, abusando de las facultades que se les han otorgado, tuercen o tergiversan lo resuelto por el pueblo, titular del poder soberano.

Una cosa es reformar la Constitución y otra muy distinta es reemplazarla por un estatuto

Esa titularidad está en cabeza de todos y cada uno de los ciudadanos, sin discriminaciones ni exclusiones. Por ende, ningún sector político se la puede apropiar, sustituyendo a los ciudadanos sufragantes, para dar a sus decisiones efectos distintos de aquellos que tuvieron en cuenta al votar —como la elección para un cierto período—.

También la Corte Constitucional, inclusive a propósito de la convocatoria a un referendo, destacó en la Sentencia C-140 de 2010 que

“La noción de pueblo que acompaña la concepción de democracia liberal constitucional no puede ser ajena a la noción de pluralismo e implica la coexistencia de diferentes ideas, razas, géneros, orígenes, religiones, instituciones o grupos sociales. El pueblo de tan heterogénea composición al escoger un modelo de democracia constitucional acepta que todo poder debe tener límites y, por lo tanto, como pueblo soberano acuerda constituirse y autolimitarse de conformidad con ese modelo democrático e instituye cauces a través de los cuales pueda expresarse con todo y su diversidad. Por ello, en los estados contemporáneos la voz del pueblo no puede ser apropiada por un solo grupo de ciudadanos, así sea mayoritario, sino que surge de los procedimientos que garantizan una manifestación de esa pluralidad”.

Dicho en palabras claras, el proyecto de acto legislativo que vengo comentando fue un intento de golpe de Estado propinado desde un órgano instituido pero que habría abusado de sus facultades, cambiando las reglas de juego y suspendiendo por dos años la vigencia de la democracia. No siempre un golpe de Estado es militar.

No cabe duda del peligro que representaba esta singular iniciativa de reforma, que desconocía el nivel superior de la soberanía popular y el alcance de las decisiones ya adoptadas en las urnas. Rebasaba los límites del poder de reforma constitucional, las reglas superiores vigentes sobre períodos, así como la reiterada jurisprudencia y la doctrina constitucional en torno a la ostensible falta de competencia del Congreso para sustituir la Constitución. Una suplantación del pueblo y, en consecuencia, un acto ilegítimo a simple vista.

Sobornar a la Corte

Finalmente, el proyecto —que no sabemos quién lo programó e impulsó tras bambalinas, pues todo indica que los proponentes no actuaban por iniciativa propia— pretendió neutralizar a los organismos de control y a las altas corporaciones de la justicia —incluida la Corte Constitucional, llamada a fallar sobre la validez del Acto Legislativo en caso de ser aprobado—.

Esto último habría sido inútil, porque —aun aceptando que la “generosa” ampliación del período de sus magistrados los hubiese inhabilitado—, mal podrían aceptar que se los despojara de su competencia de control constitucional con la malévola intención de provocar impedimentos. Algo similar a lo ocurrido en el caso de Jineth Bedoya, cuando el defensor del Estado colombiano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pretendió inhabilitar a los jueces con una muy discutible recusación colectiva que, obviamente, fue rechazada.

El fantasma que flota

Esta fue una tentativa de prorrogar el mandato de las autoridades más allá de la voluntad popular, una vía de hecho que—según el gobierno y dirigentes políticos— no contaba con la anuencia de los funcionarios que resultarían “beneficiados” ni tampoco con el respaldo oficial de los partidos políticos a los que pertenecen los proponentes.

Pero veremos si se trató de un intento fallido que ya fue derrotado, o si surgirán próximamente nuevos y nefastos proyectos antidemocráticos.

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