Hay muchos puntos de acuerdo entre los candidatos sobre las relaciones entre el próximo gobierno y la rama judicial y sobre las mejorías concretas en el sistema de administración de justicia. Pero también hay desacuerdos. Relatoría de un foro*.
Jorge Iván Cuervo R*
El próximo presidente y la rama judicial
Esta semana en la Universidad Externado de Colombia se adelantó un conversatorio entre expertos y representantes de Gustavo Petro, Sergio Fajardo y Federico Gutiérrez* acerca de las visiones que cada campaña tiene sobre la administración de justicia.
Tanto los expertos como los voceros de las campañas señalaron la importancia de fortalecer el Estado de derecho y preservar la autonomía de la rama judicial, lo cual implica restablecer el sistema de frenos y contrapesos de la Constitución de 1991.
La integración de ternas para Procurador, Defensor del Pueblo, Fiscal, Magistrados de la Corte Constitucional y de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial por parte del presidente de la República debe hacerse con responsabilidad y transparencia, con sistemas de mérito y perspectiva de género, y no sobre la base de amiguismos o afinidad política o ideológica. El presidente debe ejercer esa función nominadora pensando en la prevalencia del Estado de Derecho, no en los intereses de su partido.
En un Estado de derecho el poder ejecutivo debe acatar los fallos judiciales, asegurar el cumplimiento de las decisiones de los jueces y hacer pedagogía para su mejor entendimiento por parte de la sociedad a través del Ministerio de Justicia y del Derecho. Si una decisión de algún alto tribunal contradice las políticas del gobierno, este debe adoptar los cambios o correctivos del caso.
La justicia penal
Hubo consenso sobre los principales desafíos que el próximo gobierno encontrará en materia de justicia.
Lo primero es enfrentar los problemas de credibilidad, que son parte de una crisis de confianza generalizada en las instituciones. Una justicia eficaz y oportuna contribuirá a restablecer esa confianza, pero para ello tendrían que ser reexaminados el Sistema Penal Acusatorio y la Fiscalía General de la Nación. Cerca del 78% de las investigaciones penales preliminares acaban siendo archivadas, y a ello se añaden las pocas condenas, la elevada reincidencia, los pocos investigadores de apoyo a los fiscales, la concentración de estos últimos en las grandes ciudades, la impericia de la Policía que se traduce en capturas revertidas por los jueces de control de garantías, todo lo cual, amerita revisar a fondo el Sistema Penal Acusatorio, una tarea que debe liderar el próximo gobierno en diálogo con la academia y otros actores del sistema de justicia.
Si bien los problemas de seguridad son responsabilidad del gobierno nacional y de los gobiernos territoriales, la administración de justicia (Fiscalía y jueces penales) tiene un claro papel en materia de investigación, judicialización y sanción. El aumento de los delitos a partir de la pandemia, señalado por la Corporación Excelencia en la Justicia, no ha estado acompañado por un ajuste de las políticas de seguridad, pero tampoco por respuestas oportunas de la justicia, lo cual exaspera al ciudadano.
Esa tensión entre la necesidad de dar resultados – eficacia en las políticas de seguridad y actuación de la Policía- y la lentitud de la justicia (Fiscalía y jueces) es un tema que debe ser abordado con urgencia por el próximo gobierno, en un contexto de grave deterioro de la seguridad en ciudades grandes e intermedias y en regiones donde confluyen economías ilegales, actores armados y baja presencia del Estado, como en Cauca, Nariño, sur de Córdoba, Catatumbo, Chocó, o Bajo Cauca antioqueño. El llamado “paro armado” del Clan del Golfo fue un enorme desafío, tanto en términos de seguridad como de eficacia en la justicia.
Ante la crisis penitenciaria, se señaló que la hoja de ruta ya ha sido establecida por la Corte en sus fallos sobre el estado de cosas inconstitucional a este respecto.
Tutela y congestión de la justicia
Hubo consenso entre expertos y voceros de campaña sobre la necesidad de proteger la acción de tutela, pero también de mejorar su grado de cumplimiento para disminuir los incidentes de desacato. El mayor porcentaje de tutelas se concentran en derecho de petición y salud, lo cual exige del próximo gobierno una política más clara en el acceso a la información pública y en la provisión de servicios de salud, sin que los ciudadanos tengan que recurrir a la justicia como algo normal, sino como algo excepcional. Convenios de coordinación entre la Superintendencia de Salud y la rama judicial, han sido buenas experiencias que deberían replicarse. La tutela sigue siendo un recurso valioso y apreciado por los ciudadanos, pero es necesario cuidarla, recuperando su eficacia y oportunidad que la caracteriza.
La congestión judicial, la morosidad de los términos procesales y el incumplimiento de los fallos judiciales son asuntos que deben abordarse en coordinación con el Consejo Superior de la Judicatura, el responsable de las políticas de justicia en el marco del Plan de Desarrollo de la rama judicial. En ese sentido, el gobierno debe cumplir el papel de facilitador y de articulador entre los distintos actores del sistema de justicia, preservando la autonomía de la administración de justicia y gestionando recursos ante el Ministerio de Hacienda.
En cuanto a la justicia digital — cuya necesidad fue subrayada por la pandemia — el próximo gobierno debe lograr que el Congreso convierta en ley permanente el Decreto 806 de 2020 y aprovechar el crédito del Banco Interamericano de Desarrollo por cerca de cinco millones de dólares para fortalecer este servicio, en clave de acceso a la justicia.
Buena parte de la congestión en la justicia civil se debe al cobro de deudas a los bancos y entidades financieras; por esta razón debe pensarse en una especialidad ejecutiva que sería financiada con arancel judicial y tendría mecanismos más expeditos (puesto que en un proceso ejecutivo no se discute la existencia de la deuda), como instancias de arbitraje o negociación entre las partes.
Igualmente, se habló de extender el arbitramento, la conciliación y otros mecanismos de solución de conflictos no judiciales, acción que puede promover el Ministerio de Justicia en consonancia con las Cámaras de Comercio con el apoyo de organizaciones gremiales y organizaciones de ciudadanos.
Ampliación de los servicios de justicia
Se necesita más presupuesto para la justicia, tanto de funcionamiento (para más jueces y funcionarios judiciales), como de inversión (proyectos de acceso a la justicia, capacitación de jueces, infraestructura adecuada a las necesidades de personas en condición de discapacidad, mejores sistemas de conectividad y equipos, salas de audiencia, etc.), a cambio de lo cual habría que concertar un sistema de indicadores de desempeño y de incentivos para lograr una justicia más expedita y que el aumento de recurso se vea reflejado en mejor desempeño.
Se necesita un nuevo enfoque de proximidad de la justicia, descentralizando juzgados en las grandes ciudades, adoptando mecanismos de justicia itinerante, comunitaria, y desarrollar la Jurisdicción Agraria. La campaña de Federico Gutiérrez precisó que no haría falta una jurisdicción adicional sino una especialidad, pero hubo consenso en que el Acuerdo de Paz implica un sistema de justicia que resuelva los conflictos históricos en el sector rural.
En ese sentido, en el Conversatorio se planteó la necesidad de pensar la oferta judicial más allá de los servicios de la rama judicial, algunos de los cuales son de competencia del Ministerio de Justicia o de los gobiernos locales. Entre estos mecanismos de protección jurídica se cuentan las Comisarías de Familia (para temas de violencia de género, por ejemplo), las Inspecciones de Trabajo (para derechos de los trabajadores en un contexto de volatilidad del mercado laboral), las Casas de justicia (para acercar la justicia al ciudadano), los Conciliadores en Equidad, la Justicia Comunitaria, las funciones jurisdiccionales de las Superintendencias (que podrían descentralizarse y articularse con la rama judicial) y los jueces de paz.
Guillermo Rivera de la campaña de Fajardo sugirió incluir en el Sistema General de Participaciones un rubro de acceso a la justicia para que los municipios de 4ª 5ª y 6ª categorías puedan asumir algunos de estos servicios, dada su proximidad con los ciudadanos. Esteban Jaramillo de la campaña de Federico Gutiérrez, planteó los Facilitadores Judiciales, personas con liderazgo comunitario y capacitación legal que orienten a los ciudadanos para acceder de manera rápida y eficaz a la oferta judicial ampliada, de manera que no todos los conflictos tengan que ser llevados a la justicia formal.
Diferencias elocuentes
Hubo algunas propuestas diferenciadas, y en especial:
- Cambios en la manera de elegir Fiscal, Procurador y Contralor por parte de la campaña de Fajardo. Al Fiscal lo elegiría la Corte Suprema de una lista elaborada por la Facultad de Derecho mejor acreditada); el Contralor sería elegido por el Consejo de Estado de un concurso de méritos, y el Procurador sería elegido por el Congreso de una lista elaborada por concurso de méritos.
- Privatizar la construcción de cárceles por medio de alianzas público- privadas, aunque no su operación, propuesta de la campaña de Federico Gutiérrez.
- Extender el enfoque de justicia restaurativa a toda la justicia, aún para delitos comunes, haciendo énfasis en la resocialización, como propone la campaña de Gustavo Petro.
Pero lo más llamativo del conversatorio fue el consenso en la mayoría de los diagnósticos y propuestas, tanto entre los expertos como entre los voceros de las campañas. Ese consenso incluyó la necesidad de aumentar la participación de las mujeres tanto en la Altas Cortes como en el resto de la rama judicial.
Habrá que esperar si este compromiso de apoyo y fortalecimiento a la prevalencia del Estado de derecho y a la independencia de la rama judicial se cumple una vez se constituyan en gobierno y entiendan los gobiernos que más allá de los diseños institucionales está la conducta responsable del presidente y del ministro/a de Justicia de preservar el equilibrio institucional con sus declaraciones y acciones de respeto y acatamiento de los fallos judiciales, así no sean de su agrado.
* Se invitó a todas las campañas, pero solo asistieron los representantes de estas tres. Por la campaña de Gustavo Petro asistió Gabriel Becerra, por la de Sergio Fajardo estuvo Guillermo Rivera, y por la de Federico Gutiérrez, asistió Esteban Jaramillo. Como expertos asistieron Carolina Villadiego de la Comisión Internacional de Juristas para América latina, Cesar Valderrama de Dejusticia y Hernando Herrera de la Corporación Excelencia en la Justicia, bajo la moderación de quien escribe este texto.
