Nuevos retos para la educación

El sistema educativo ha sido uno de los más afectados por la pandemia de COVID-19. En este nuevo escenario educativo, cambiaron varios de los problemas que ya existían o cuya solución quedó aplazada por la urgencia de los retos del 2020.

El Ministerio de Educación, las asociaciones de padres de familia, los colegios públicos y privados y los estudiantes han venido colaborando para proteger el derecho a un sistema educativo de calidad.

Pero los problemas no se ven claramente, o se cree que pueden solucionarse a corto plazo. Peor aun cuando puede haber costos a largo plazo que formarían una deuda social imposible de pagar.

Uno de estos problemas preocupa a la academia: la promoción de curso. Es una cuestión apremiante por el aumento en los contagios y la consiguiente incertidumbre sobre cómo y cuándo volveremos a las aulas.

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¿Qué hacer con las calificaciones escolares?

En este nuevo escenario, sobresalieron el cierre de los colegios y las dificultades que trajo para los padres de familia: algunos no tenían tiempo ni recursos para acompañar el aprendizaje de sus hijos, en especial quienes no tenían un trabajo formal. La evaluación de los alumnos se convirtió en un dolor de cabeza.

La academia y diferentes sectores de opinión propusieron alternativas:

• Un extremo: mantener el sistema habitual de evaluación y promoción de curso;
• Otro extremo: la promoción de curso automática;
• Modelos intermedios que evaluaran las condiciones y capacidades de cada estudiante.

Aunque eran propuestas muy diferentes, todas buscaban lo mismo: mantener la calidad educativa.
Ahora bien, nos debemos preguntar cuál es la mejor opción para nuestros estudiantes. La respuesta dependerá del desarrollo institucional del país —acentuamos que no es ninguno de los extremos mencionados—.

El sistema colombiano

Con el propósito de asegurar la calidad de la educación en Colombia, el Decreto 230 de 2002 reglamentó la evaluación del aprendizaje. Se partió del principio de igual de oportunidades para los estudiantes, independientemente de su situación económica o social. Este decreto:

• Dividió el año escolar en cuatro periodos; en cada uno se evaluaba el aprendizaje y se entregaban informes a los padres de familia.
• Adoptó criterios para la promoción al grado siguiente; como mínimo, el 95% de los alumnos debían aprobar el año.
• Los estudiantes que perdían tres o más áreas repetirían el grado, igual que quienes faltaran sin justificación a más del 25 % de las actividades académicas.

Esto no era promoción automática en el sentido estricto de la palabra, pero se le acercaba mucho: si el 95% de los estudiantes debería aprobar el grado, apenas un alumno de cada curso, en promedio, podría perder y repetir el año escolar. De este modo pasaban muchos estudiantes que no tenían resultados aceptables.

Inicialmente, esa manera de evaluar el aprendizaje trató de reducir las tasas de repitencia, pero disminuyó la calidad y desplazó la responsabilidad del mal diseño institucional educativo a los estudiantes y profesores. Esta política nació destinada al fracaso.

Varios sectores de la sociedad manifestaron su descontento con el Decreto 230:

• Los profesores señalaban que perdieron su autoridad sobre los estudiantes, pues aquellos en los últimos lugares sabían que pasarían el año, aunque no se esforzaran;
• Los padres tampoco estuvieron de acuerdo, pues sus hijos pasaban los años sin conocimientos suficientes para su desarrollo personal y social;
• Entre los estudiantes también hubo inconformidad pues era injusto obtener resultados iguales sin tener el mismo mérito.

Todas estas críticas se repiten ahora, casi dieciocho años después del Decreto 230.

Comparaciones equivocadas

Quienes defienden esta idea señalando su aplicación en países como Chile, España, Finlandia o Noruega han olvidado el punto principal: el desarrollo institucional del sector educativo.

Cuando se ignora el contexto, las comparaciones no significan nada. Los países citados tienen un sistema de incentivos diferente, de modo que las mismas reglas producen resultados diferentes. Países como Finlandia o Noruega han logrado una curva de aprendizaje que les permite mantener este tipo de políticas sin disminuir su calidad educativa.

Por esto, para poder aplicar este tipo de políticas, primero hay que modificar las instituciones educativas y no repetir la historia del Decreto 230.

Seguir calificando como antes

Esta alternativa es mucho más fácil de rechazar, porque seguir calificando como antes sería ignorar la situación que viven nuestros estudiantes; aunque hayan puesto de su parte para atender sus clases y cumplir las actividades, sufrieron dificultades de distinta índole.

Imaginemos a una familia de madre, padre y tres hijos en educación básica o secundaria; para todos hay un computador (en el mejor de los casos) que deben compartir. Es obvio que los hijos no puedan cumplir todas las actividades propuestas y que los padres no pueden suplir del todo a los maestros porque no están capacitados y tienen además que trabajar.

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Qué se hizo y qué se puede hacer

Actualmente, el Decreto 1290 de 2009 define la evaluación del aprendizaje en Colombia. Estas son algunas de sus características:

• Los centros educativos son autónomos para adoptar su sistema de evaluación, así como la entrega periódica de informes;
• Cada establecimiento fija los criterios para la promoción de grado según su sistema institucional de evaluación.

Ahora bien, el Ministerio de Educación lanzó la iniciativa Evaluar para Avanzar; así la describe María Victoria Angulo, ministra de Educación:

Evaluar para Avanzar no es una evaluación sumativa y, por lo tanto, no busca hacer clasificaciones. Se trata de un conjunto de instrumentos de valoración que sirven como insumo para analizar e identificar qué aspectos tenemos que fortalecer en el proceso educativo de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

En pocas palabras, la evaluación sumativa mide los resultados cuando acaba un periodo de aprendizaje; normalmente se complementa con la evaluación formativa, que es simultánea con el aprendizaje y pretende adaptar la enseñanza según los estudiantes, no a calificar sus resultados.

Por esto, no es claro cómo ocurrió la promoción de curso de muchas instituciones educativas. Los colegios del sector privado —que agrupan a una parte de la población con mayores recursos— tuvieron el privilegio de mantener sus formas de evaluar y de alcanzar los objetivos de aprendizaje; pero la historia es diferente para los colegios públicos.

Para solucionar este dilema, hay que pensar en estrategias diferentes para mantener a tantos estudiantes como sea posible en el sistema educativo; a su vez, hay que evaluar las competencias correspondientes a cada curso.

Una propuesta abierta al debate es programar, cuando volvamos a las clases presenciales, jornadas de nivelación para los estudiantes de cada curso, a fin de alcanzar el conocimiento necesario para cada nivel; después se harían exámenes estandarizados en colaboración con el ICFES para acreditar la promoción del estudiante al siguiente curso.