Suele pensarse que la Fiscalía General de la Nación es una creación de la Constitución Política de 1991, pero, esta figura se introdujo entre nosotros en el año 1.979, y su funcionamiento se reglamenta mediante el Decreto 181 de 1.981, mismos que fueron declarados inexequibles por la Corte Suprema de Justicia, lo que, efectivamente posterga la aparición del ente acusador hasta la aparición de nuestra actual Carta Política.
A lo largo de su existencia, la Fiscalía General de la Nación ha sido una de las instituciones que más ha concitado el interés de la ciudadanía en general, al punto, que junto con el régimen pensional, es uno de los aspectos más inestables de nuestra Constitución que ha reformado su funcionamiento en varias ocasiones.
La principal discusión actual es la forma de elegir al Fiscal General de la Nación. El modelo constitucional, establece un régimen mixto, en el que la cabeza del ejecutivo nomina una terna, de la cual, la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia elige la cabeza del ente de persecución penal. Sobre ello, se hacen dos críticas, la primera el que el Presidente puede ternar a personas cercanas lo que afectaría la imparcialidad de la Fiscalía respecto del Presidente, y, la segunda, lo problemático que ha resultado el otorgarle funciones electorales a la Corte Suprema de Justicia.
Sin embargo, creo que el modelo de nuestra Carta en punto de la elección del Fiscal General de la Nación tiene un filtro para ello, en tanto que, si bien el Presidente postula una terna, quien resulte elegido solamente estará durante una parte del período presidencial, pues el modelo inicial con sus interpretaciones originarias, disponía que se elegía Fiscal para dos años del período presidencial en curso, y dos para el que continúa. Siendo la Fiscalía General de la Nación parte de la Rama Judicial, es claro que solo la cabeza del Poder Judicial lo puede elegir, y es por ello que es acertado que sea la Corte Suprema de Justicia quien haga esta nominación.
El problema no está entonces, en el modelo, sino en situaciones impensables que se han presentado a lo largo de la vida institucional de la Fiscalía General de la Nación, como son, la renuncia de dos Fiscales Generales (Gustavo de Greiff y Néstor Martínez) así como la nulidad en la elección de una de las dos mujeres que han estado al frente de la entidad, la Doctora Viviane Morales. Ello ha derivado en largos períodos de interinidad, aunado a una tesis bastante cuestionable según la cual el período del Fiscal General es personal y no institucional, como lo indica literalmente nuestra Constitución.
Así las cosas, el modelo de pesos y contrapesos se perdió, y es perfectamente posible que tengamos un Fiscal General cuyo período coincida con el del Presidente de la República, lo cual es indeseable, precisamente por esa pretensión de equilibrio entre los poderes públicos que pretende nuestra Carta.
Más allá de lo anterior, creo que el modelo establecido es el correcto, considero que las opciones que hay no se ajustan a nuestra realidad, y podría el remedio resultar peor que la enfermedad.
Por una parte, se sugiere que sea la Corte Suprema la que terne, y el Presidente quien designe. Este modelo, implicaría poner al Presidente a la cabeza del Poder Judicial, y como jefe de quien sería el Fiscal General, sin perjuicio de lo complicado que resultaría para la Corte Suprema elegir una terna con miras a postularlo al Presidente y las suspicacias que ello generaría. Por otra parte, como sucede en muchas latitudes del planeta, el Fiscal General de la Nación podría ser un Ministro de Estado más, designado por el primer mandatario y sin período fijo. Si bien es cierto, este es el modelo que mejor se ajusta a la sistemática procesal penal de tendencia acusatoria que rige entre nosotros, la realidad es que la ubicación de la Fiscalía General de la Nación en el Poder Judicial la dota de una independencia respecto del ejecutivo, y ordena a sus funcionarios obrar de manera objetiva.
En últimas, creo que el modelo que tenemos es el que mejor se ajusta a nuestra institucionalidad. Quienes conocemos la Fiscalía General de la Nación sabemos que por supuesto que tiene inmensos retos, que no solamente pasan por su propio fortalecimiento, pues hoy un fiscal tiene más de 2000 procesos a su cargo a duras penas con un investigador como apoyo, sino también por robustecer una carrera administrativa que tuvo grandes avances en esta administración, y que es la garantía de imparcialidad de cada uno de nuestros Fiscales.
