La minería y el petróleo tienen tanto valor estratégico para todos los actores armados, que las negociaciones de paz deberían ocuparse de este tema.
Frédéric Massé*
¿Se descarrila la locomotora?
Hay bastante agitación en el sector minero-energético:
-Por un lado, en poco tiempo se vence el plazo para presentar una reforma al Código Minero, hay huelgas en el Cerrejón y Cerro Matoso, y movilizaciones sociales “de exigencias al Estado y a las petroleras” en Arauca; también fueron suspendidas las exportaciones de carbón de la Drummond en Santa Marta, y un juez de tierra profirió un fallo histórico al suspender los permisos mineros en más de 50 mil hectáreas de territorios indígenas de los Embera Katío del Alto Andágueda en Chocó.
-Por otro lado se dio la liberación de empleados chinos de la empresa petrolera Emerald Energy en noviembre del año pasado; fueron secuestrados y liberados el pasado 31 de enero tres empleados de una petrolera canadiense en el Cauca, y también fueron plagiados, el 18 de enero, seis ingenieros de una empresa minera en el Sur de Bolívar por el ELN.
 ¿Se estará descarrilando o estancando la locomotora estrella del gobierno Santos? Foto: elrinconcontundente.blogspot.com |
¿Se estará descarrilando o estancando la locomotora estrella del gobierno Santos?
Aunque una cosa son las huelgas y movilizaciones sociales, otra las decisiones judiciales y otra, más distinta todavía, los secuestros de empleados de empresas mineras y petroleras por parte de las FARC o el ELN, muchos se preguntan si ese “estancamiento” no tiene algo que ver con la posibilidad de invitar el tema a la mesa de negociaciones.
Ya que los vientos no son del todo favorables y que el sector atraviesa por algunas turbulencias, podría ser el momento de revisar la política minero–energética y de convertir una coyuntura difícil en una ventana de oportunidad.
Un debate necesario
Hasta el momento el tema minero-energético ha estado fuera de las negociaciones de paz:
-Las FARC lo habían mencionado dentro del primer punto de la agenda – “la política de desarrollo agrario integral” – argumentando que el acceso a la tierra también debe contemplar el subsuelo — pero esta no parecía ser una de sus mayores preocupaciones.
-Por el lado del gobierno, sus reticencias a discutir el tema eran entendibles. El sector minero-energético representa casi el 7 por ciento del PIB y más del 50 por ciento de las exportaciones, de modo que poner en duda la política sectorial parecería demasiado riesgoso.
Si bien existen temores legítimos de que el tema pueda entorpecer las negociaciones, existen también varias justificaciones para ponerlo sobre la mesa:
La primera puede ser prematura, pero en caso de que el ELN entre en un proceso de paz, el tema no podría estar ausente de la agenda de negociación. Como afirma un comunicado reciente de esta organización, el tema minero–energético es para ELN lo que el tema agrario es para las FARC.
La segunda razón también es de fondo: abrir el debate sobre el modelo de desarrollo que Colombia requiere no sería tampoco tan ilegítimo. En efecto, si en toda América Latina está resurgiendo el debate sobre la posesión del subsuelo y la manera de explotarlo, ¿por qué aquí debería ser tabú, si aquí también están presentes las multinacionales y hay muchas concesiones a la espera de volverse efectivas?
Tan es así que, en una encuesta publicada por Dinero en septiembre del año pasado, 38 por ciento de los empresarios dijeron estar de acuerdo con un proceso de paz en el cual se negociara el modelo económico, y 45 por ciento respondió que estaría de acuerdo, si la estatización de la minería entrara en la negociación.
¿Es posible reabrir la agenda?
Podría ser el momento de revisar la política minero–energética y de convertir una coyuntura difícil en una ventana de oportunidad.
Muchos objetarán que las negociaciones de paz no son para resolver todos los problemas del país y que las FARC y el ELN no tienen legitimidad para imponer su modelo de desarrollo. Pero: ¿por qué lo que vale para el sector agrario no sería válido para el sector extractivo?
Es un secreto a voces. Los atentados, secuestros y extorsiones por parte de las guerrillas a las empresas mineras y petroleras que operan en Colombia, son costosos tanto para el país como para esas empresas y si nada cambia, esos costos seguirán aumentando a medida que lleguen nuevas empresas, con más necesidades y solicitudes de seguridad.
¿Quiere o tiene el Estado colombiano que seguir asumiendo buena parte de esos gastos? No necesariamente, pero entonces corre el riesgo de que las empresas recurran aún más a grupos de seguridad privada, y de que volvamos a las prácticas siniestras o dudosas de épocas pasadas.
Bajo estas circunstancias podría ser bueno negociar el fin de esos ataques contra una revisión de las políticas minero–energéticas. No se trata de espantar ni de frenar el desarrollo del sector, pero no sería escandaloso definir algunas reglas nuevas para que la minería a gran escala y la pequeña minería trabajen conjuntamente de manera eficiente, a cambio de garantizar la seguridad de las empresas y de las cooperativas que operan en Colombia.
A la mesa de negociación no le correspondería entrar en consideraciones técnicas, como decir el monto de las regalías, pero si llegar a acuerdos sobre criterios básicos, como un mínimo de participación del Estado colombiano en toda actividad minero–energética, estimular la integración de las cooperativas de mineros artesanales con las grandes empresas, o fortalecer la institucionalidad socio–ambiental, todo lo cual aliviaría muchas de las tensiones existentes y mejoraría el modelo de desarrollo del sector extractivo en Colombia.
Crear un sistema de regalías común a toda América del Sur, para no dejarse chantajear por las empresas. Ni nacionalización ni liberalización.
Ventajas para todos
-Incluir el tema minero-energético en la agenda de negociación tendría las siguientes ventajas para el Estado colombiano:
Por un lado, el fin de los ataques, los atentados, la extorsión y los secuestros en contra de las infraestructuras minero–energéticas permitiría reducir los gastos de seguridad y reorientar los esfuerzos hacia otras prioridades.
Aunque no necesariamente pondría fin a las extorsiones de las Bacrim, permitiría que el Estado concentrara sus esfuerzos en combatirlas, además de quitarles un pretexto de chantaje pues estos grupos extorsionan a las empresas so capa de protegerlas contra la guerrilla.
Por otro lado, más seguridad para el sector atraería a más empresas al país, es decir regalías para el gobierno, a un costo casi nulo.
Proponer una participación mínima del Estado en toda actividad minero-energética permitiría fomentar la industria nacional, y exportar productos semi–transformados (no sólo materias primas) con mayor valor agregado.
-Para las empresas multinacionales, obtener un acuerdo que ponga fin a los ataques de la guerrilla significaría reducir los gastos de seguridad y trabajar en un entorno más estable, sin tener que recurrir a prácticas ilegales.
-Para las guerrillas, un acuerdo de ese tipo cumpliría con una de sus reivindicaciones históricas y les permitiría alcanzar un logro importante, no sólo simbólico sino también concreto: la recuperación de la soberanía nacional y la protección de los trabajadores (legales e informales) del sector minero–energético.
¿Existe el punto medio?
El tema minero–energético es para ELN lo que el tema agrario es para las FARC.
Obviamente, habría que aclarar muchos detalles. Algunos opinarán que al poner más barreras o más cargas tributarias, Colombia se convertiría en un lugar poco atractivo para los inversionistas, y las empresas extractivas presentes podrían irse del país.
Sin embargo, para las empresas el saldo sería positivo. Al mejorar el entorno de seguridad en las zonas donde operan, la disminución de los gastos relacionados con la seguridad compensaría un posible aumento de los impuestos y regalías pagados al Estado.
Para evitar que las empresas amenacen con irse del país, debería promoverse la iniciativa del expresidente chileno Ricardo Lagos: crear un sistema de regalías común a toda América del Sur. Ni nacionalización ni liberalización. Lejos de parar la locomotora minero–energética, tal iniciativa la regularía.
Ubicarse en el punto medio entre dejar el sector a merced de los actores armados ilegales o entregarlo a las grandes empresas multinacionales, permitiría por un lado, que el Estado recupere cierto control y participe en la producción y comercialización de estos productos estratégicos, y por el otro, reconocer — como se hizo para el sector agrario — que el futuro del sector minero–energético es más que una reivindicación de la guerrilla: es una preocupación legítima para miles de colombianos que viven y dependen de esa actividad.
* Director del Centro de Investigaciones y Proyectos Especiales (CIPE) de la Universidad Externado de Colombia.
