El Gobierno recortó 13,81 billones del presupuesto de 2026 y decretó uno de 634,95 billones para 2027. ¿Cuánto disminuye realmente el déficit y cuánto corresponde a menores intereses o deudas que se pagarán después?

Tres decisiones que deben distinguirse

El 22 de octubre el Gobierno expidió dos decretos que conviene leer juntos, aunque corresponden a años diferentes. El Decreto 1585 reduce en 13,81 billones de pesos el presupuesto de 2026 y el Decreto 1599 fija el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027 en 634,95 billones.

En un artículo de septiembre en Razón Pública señalé que reconocer obligaciones y ampliar el presupuesto exigía explicar sus fuentes de financiación.

Las decisiones recientes permiten avanzar en el análisis, pero es necesario distinguir tres efectos. Una reducción efectiva del gasto primario disminuye tanto el déficit primario como el total. Un menor pago de intereses reduce únicamente el déficit total. Aplazar la devolución de capital alivia las necesidades de financiación del año, sin reducir por sí mismo el déficit.

El presupuesto que quedó vigente para 2027

El Congreso aprobó textos diferentes del artículo 65 y no los concilió dentro del plazo legal. Por ello, el Gobierno decretó el proyecto con las modificaciones del primer debate. El Congreso no negó el presupuesto, pero la falta de conciliación tuvo efectos sobre la distribución de los recursos.

El presupuesto decretado mantiene el total de 634,95 billones: 391,38 billones para funcionamiento, 155,43 billones para servicio de la deuda y 88,14 billones para inversión.

Frente al proyecto de agosto, la inversión aumenta aproximadamente 1,18 billones y el funcionamiento disminuye en una cuantía similar. El total y la apropiación para deuda se mantienen. Sin embargo, frente a la versión que Hacienda anunció después de las plenarias, la inversión es 6,66 billones menor: 88,14 frente a 94,8 billones.

En salud, la asignación pasa de 79,56 billones en el proyecto de agosto a 81,56 billones, por los 2 billones incorporados en primer debate.

La composición del presupuesto revela dos aspectos preocupantes:

— El primero es el peso de la deuda. Su servicio pasa de 100,45 billones apropiados para 2026 a 155,43 billones, un aumento del 54,7 %. Las amortizaciones, es decir, la devolución del capital que vence, llegan a 58,27 billones. Los intereses crecen un 37,3 %, hasta 94,42 billones, equivalentes al 4,4 % del PIB.

— El segundo es la caída de la inversión. Los 88,14 billones previstos para 2027 están por debajo de los 89,47 billones apropiados para 2026, de modo que disminuye incluso en términos nominales. Fuentes: Anexo del Mensaje Presidencial del PGN 2027, versión de agosto (Cuadro 1.6.1), con la apropiación de 2026 vigente al 30 de junio, antes del Decreto 1585; Ministerio de Hacienda, distribución del Decreto 1599.

Qué incorpora el recorte de 2026

El Decreto 1585 reduce rentas y apropiaciones por 13,81 billones, frente a los 21,9 billones que el Consejo de ministros había autorizado como máximo.

El detalle revela una distinción importante: 4 billones, cerca del 29 % del recorte, corresponden a apropiaciones para intereses de la deuda externa, distribuidos entre 2,595 billones en títulos y 1,405 billones en préstamos.

El Gobierno vinculó esta reducción al comportamiento del tipo de cambio. El menor pago de intereses disminuye el déficit total, pero no mejora el balance primario. Además, en la medida en que provenga de la revaluación, ese ahorro habría ocurrido con o sin decreto. El decreto lo reconoce en el presupuesto, pero no lo produce.

Si el alivio proviene de una cotización del dólar más favorable, su permanencia depende de esa condición. La obligación en moneda extranjera sigue existiendo.

Por otra parte, la misma revaluación que abarata en pesos los intereses externos reduce el recaudo de los impuestos asociados a las importaciones. Según el Plan Financiero de agosto, la revisión a la baja de los ingresos tributarios se explica principalmente por un menor recaudo de impuestos externos, en consonancia con la apreciación del peso.

Los 9,81 billones restantes corresponden a gasto primario. Según el Gobierno, unos 6,8 billones son contratos que “no alcanzará[n] a ejecutarse o no responde[n] a las prioridades nacionales”, y 3 billones corresponden a funcionamiento.

Pero tampoco esa cifra se traduce íntegramente en un menor déficit, por dos razones.

— Primero, 3,06 billones del recorte son recursos propios de establecimientos públicos, cuyo efecto sobre las cuentas del Gobierno Nacional Central no es directo.

— Segundo, el déficit se mide sobre el gasto efectivamente ejecutado, mientras que las apropiaciones son límites de gasto. Eliminar una apropiación que de todas maneras no iba a ejecutarse, ni en 2026 ni como rezago en 2027, mejora la credibilidad del presupuesto, pero no reduce el déficit esperado al cierre.

La meta oficial de déficit para 2026 ya suponía un ajuste del gasto primario. El Plan Financiero de agosto anunció 21,9 billones, aunque sus tablas, como advirtió el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), muestran una reducción cercana a 21,7 billones.

Si se comparan los 9,81 billones del recorte primario de octubre con los 21,9 billones anunciados, la diferencia ronda los 12 billones, aproximadamente el 0,6 % del PIB. Esta resta supone que los 9,81 billones se traducen íntegramente en menor gasto primario del Gobierno Nacional Central y constituye apenas una referencia indicativa, no una medición del ajuste pendiente.

Hacienda presentó el decreto como una primera fase. Para establecer cuánto falta, debe conciliar sus efectos con las demás medidas adoptadas y actualizar las proyecciones de ingresos y gastos.

El lado de los ingresos también merece atención. En el presupuesto, la palabra rentas comprende recursos de crédito, además de impuestos y otros ingresos. Un préstamo permite financiar gasto, pero no constituye un ingreso para calcular el déficit.

Por eso, reducir rentas y apropiaciones por el mismo monto no demuestra que el déficit permanezca igual ni que mejore en 13,81 billones.

El decreto, además, rebaja en 4,99 billones la previsión de ingresos corrientes de la Nación, sin desagregar sus causas. Hacienda debe conciliar esta revisión con la reducción del gasto y del financiamiento para mostrar los resultados del presupuesto ajustado.

Finalmente, el decreto concede a las entidades que reciben un recorte global tres días después de su publicación para determinar las partidas afectadas. Será necesario seguir su aplicación y establecer sus efectos sobre los pagos.

La deuda que solo cambia de vencimiento

Con los canjes del 1 y el 22 de octubre, Hacienda intercambió TES por 30,1 billones: 19,8 billones en la primera operación y 10,3 billones en la segunda.

Según los comunicados oficiales, estas operaciones reducen las amortizaciones de 2026 en 3,9 billones y las de 2027 en 26,2 billones. Su utilidad consiste en disminuir las necesidades de pago en fechas cercanas y mejorar la liquidez, aunque no reducen el endeudamiento.

Además, el aplazamiento puede aumentar los costos. La Nación retiró títulos que el mercado valoraba a rendimientos de entre el 10,2 % y el 12,0 % en pesos y de entre el 2,6 % y el 4,4 % real en UVR. A cambio, entregó papeles que rinden entre el 12,5 % y el 13,5 % en pesos y entre el 5,9 % y el 7,1 % real en UVR.

Hacienda reportó costos de 536.000 millones de pesos en la primera operación y 467.000 millones en la segunda. En conjunto, suman poco más de un billón. El costo reportado pasó del 2,7 % al 4,5 % del monto canjeado.

Estas operaciones tienen un límite que conviene precisar: reducen o aplazan amortizaciones, pero no disminuyen directamente el déficit primario. Su efecto puede ser incluso el contrario, por dos vías.

— La primera aparece si los recursos liberados se destinan a gasto primario, lo que aumentaría el déficit primario aunque el monto total del presupuesto permanezca igual. 

— La segunda surge cuando los títulos entregados en el canje tienen un costo mayor y aumenta el gasto en intereses.

El propio Plan Financiero de agosto explicó el aumento de 0,6 puntos del PIB en los intereses previstos para 2026 principalmente por los efectos contables de las operaciones de manejo de deuda.

La proyección fiscal que debe discutirse

El informe de septiembre del CARF recoge una meta oficial de déficit para 2026 del 7,2 % del PIB, condicionada al ajuste del gasto, frente a una estimación del Comité del 7,8 %.

Para 2027, el escenario oficial de agosto, antes de nuevas medidas, proyectaba un déficit del 9,4 % del PIB y un déficit primario del 4,5 %. El CARF estima un déficit total del 9,5 %.

El Comité señala, además, que parte del deterioro responde a la eliminación de ingresos esperados que carecían de medidas definidas para obtenerlos. A agosto, el recaudo tributario neto había caído un 2,2 % en términos reales, excluidos los recursos de las emergencias.

El año 2027 es, además, el último de la cláusula de escape de la regla fiscal. Retomar su cumplimiento en 2028 exige medidas que comiencen a producir resultados antes.

El CARF calcula un ajuste del balance primario del 6,4 % del PIB, en promedio, entre 2028 y 2030. 

Hacienda anunció una ley de rescate económico, pero sus posibles ahorros solo podrán contabilizarse cuando las medidas sean aprobadas y ejecutadas.

Para evaluar las primeras decisiones del Gobierno, Hacienda debería publicar una conciliación entre el cierre previsto de 2026 y el presupuesto de 2027 que separe tres efectos: el ahorro efectivo de gasto, el menor pago de intereses y los vencimientos netos después de los canjes.

Esa información permitiría establecer cuánto contribuyen las medidas a reducir el déficit y cuánto se limita a trasladar las obligaciones hacia los años siguientes.

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