El presupuesto que aprobó el Congreso es un cheque en blanco para que el Gobierno saque recursos de donde quiera y donde el riesgo de corrupción es muy alto.
Juan Oviedo*
Faltan 38 billones de pesos
El pasado 10 de septiembre, las comisiones económicas del Congreso aprobaron el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2021.
El PGN es la ley más importante del año en materia económica, pues ella determina cómo se va a gastar el dinero que aportamos todos los colombianos y colombianas en 2021.
El proyecto fue presentado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y está acompañado de varios documentos: un mensaje presidencial, anexos al mensaje presidencial, otros aspectos complementarios y un documento excel donde se detallan los rubros del presupuesto.
La información incluida en estos anexos da luces sobre cómo se va a gastar el presupuesto del próximo año, pero no es vinculante. De hecho, sólo podría ser obligatoria si así se especifica en el articulado del proyecto de ley; de lo contrario, no tendrá ninguna implicación.
En estos documentos se establece que el Gobierno espera obtener 314 billones de ingresos el próximo año. Sin embargo, de ese monto, hay al menos 38 billones que aún no están asegurados: 12 billones de “disposición de activos”—es decir, de la venta de empresas públicas—y 26,1 billones de “otros recursos de capital”. Esta es la situación:
Descomposición de los ingresos de capital
Si estos recursos no se pueden conseguir, el presupuesto quedaría desfinanciado y el Gobierno tendría que recurrir a otras fuentes para suplirlo, por ejemplo, quitándole recursos a los proyectos de inversión social.
A vender empresas públicas
Los documentos que acompañan el proyecto de PGN solo hay una mención sobre la venta de los activos de la nación, pero es una mención genérica y ambigua.
En el anexo al mensaje presidencial, el Gobierno afirma que “se registran en la Disposición de activos, la estimación de los recursos que se obtendrían por la enajenación de activos de empresas del Estado por $12 billones”. Nada más.
Vender empresas públicas para financiarse es una estrategia controversial, porque si bien implica obtener recursos de forma inmediata, también significa perder una fuente de ingresos para el futuro. En suma, se trata de un dilema intertemporal: ¿es preferible tener los recursos ahora o es mejor guardarlos para después?
Por eso, no todas las ventas de activos públicos son iguales. A veces, se trata de un esfuerzo valioso para desarrollar políticas sociales que necesitan mayores recursos; pero otras veces es como “vender la casa para pagar el arriendo”, como lo explicó el mismo Iván Duque en una columna contra la venta de Isagén. Los lineamientos para vender un activo público están consagrados en los documentos Conpes 3281 y 3851.
En este caso, el Ministerio de Hacienda no mencionó cuáles empresas tiene pensado vender. Por lo tanto, es imposible saber si su estrategia cumple o no con los lineamientos técnicos sobre la materia. Al aprobar este rubro, el Congreso firmó un peligroso cheque en blanco para que el Gobierno venda lo que considere necesario.
Lo preocupante es que el Gobierno ya se comprometió a obtener 12 billones de la venta de activos públicos para el presupuesto del próximo año, sin decirnos de dónde van a salir esos recursos. La desazón es aún mayor si se tiene en cuenta que, en el pasado reciente, el Gobierno no ha sido claro ni transparente con la venta de activos públicos.
El mejor ejemplo es la fallida venta de la compañía Interconexión Eléctrica (ISA) S.A. Durante meses, el Gobierno negó su intención de vender ISA, a pesar de haber firmado un contrato de cinco mil millones para diseñar la estrategia de venta de la compañía.
El proceso estuvo plagado de indicios de corrupción: para diseñar el proceso de venta, se hizo una invitación directa a cinco firmas que el Ministerio consideró idóneas. De ellas, se presentaron tres propuestas, pero finalmente solo una estaba habilitada para ser contratada. Coincidencialmente, se trataba de la propuesta más cara. Actualmente, toda la documentación de este proceso no está disponible en la del Ministerio de Hacienda y por lo tanto no puede ser consultada.
Al final, el proceso de venta se cayó el 20 de noviembre, un día antes del comienzo de las protestas de 2019.
¿De dónde salen los “otros recursos”?
La incertidumbre es la misma para los 26,1 billones restantes, que piensan obtenerse de “otros recursos de capital”. Lo único que se dice sobre este rubro en los anexos del proyecto es:
“El aforo de Otros Recursos de Capital asciende a $26,1 billones. Este contiene las estimaciones del financiamiento restante requerido para asegurar la ejecución del presupuesto aprobado y los recursos obtenidos por otras fuentes de financiamiento específicas. Para la obtención de estos recursos se cuenta con cerca de 18 meses, durante los cuales se tiene previsto emplear una estrategia de financiamiento que, con fundamento en un monitoreo permanente de los mercados financieros, minimice el riesgo cambiario y el riesgo de refinanciación”.
Es decir, se trata de otro peligroso cheque en blanco. Lo más grave es que el mismo Gobierno reconoce que no sabe de dónde va a obtener esos recursos y que planea saberlo en los próximos 18 meses. Esto contradice el principio de anualidad establecido en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. La Contraloría General de la Nación ya expresó su preocupación por esta ambigüedad.
El hueco puede ser mayor
Pero eso no es todo: en otros rubros, el Gobierno hace cuentas demasiado alegres que podrían implicar un desfinanciamiento todavía mayor.
Por ejemplo, por el rubro de “Recursos de balance”, el Gobierno aspira a obtener 12,3 billones de pesos. Esto significa que el Gobierno espera que “le sobren” 12,3 billones del presupuesto de 2020. Pero sobre esto existen muchas dudas:
• Del presupuesto de 2019 solo “sobraron” 3,2 billones de pesos, una suma mucho menor a la que espera el Gobierno este año.
• Además, la emergencia sanitaria ha aumentado la necesidad de inversión y, hasta ahora, se han gastado menos de 10 billones en la atención a la emergencia desde el Fondo de Mitigación de Emergencias (FOME).
En pocas palabras, el Gobierno considera que al final del año le va a sobrar más plata que la que se ha gastado durante casi seis meses de emergencia sanitaria. Estas cuentas ameritan una explicación mucho más detallada.
Si las cuentas del Gobierno estuvieran mal y los recursos sobrantes fueran similares a los del año pasado –3,2 billones–, entonces el presupuesto no estaría desfinanciado en 38 billones, sino en casi 50.
Preguntas sin respuestas
Todas estas preocupaciones fueron expresadas por algunos congresistas en los debates de las comisiones económicas, pero el ministro de Hacienda se refirió a ellas apenas el 10 de septiembre, el día en que se aprobó el monto del presupuesto.
• Sobre la venta de activos, el ministro dijo que era una estrategia para darle “mejores usos” al patrimonio público y para “construir maneras” de financiar actividades sociales.
• Y sobre los “otros recursos”, simplemente dijo que son recursos de las entidades que no necesariamente pasan por tesorería, sino que se mantienen en dichas entidades.
En definitva, el ministro dejó todo en el mismo grado de ambigüedad. En este caso hay dos opciones: o bien el ministro no tiene un plan para conseguir estos recursos, o bien tiene un plan, pero no se lo quiere presentar al país. Ambos escenarios son igualmente alarmantes.
El articulado del proyecto no tiene más detalles sobre cómo se van a obtener estos recursos y, por lo tanto, el Gobierno tendrá plena libertad para ver cómo lo hace.
¿De quién es la culpa?
El Congreso pudo haber advertido que el presupuesto estaba desfinanciado y pudo haber devuelto el proyecto para su reformulación. Pero no fue así.
Las discusiones del presupuesto comenzaron “a puerta cerrada” sin transmisión a la ciudadanía, tuvieron poca transparencia y, finalmente, el monto del presupuesto fue aprobado sin mayor discusión. En las páginas de las comisiones económicas aún no está disponible el orden del día de las reuniones de los ponentes, donde se debate el presupuesto.
A pesar de todo lo anterior, solo nueve congresistas votaron en contra del proyecto. Por eso, la responsabilidad de lo que pase no es solo del Gobierno, sino de los congresistas que lo aprobaron.
