Bolsonaro en aprietos

En los últimos días, dos instituciones en Brasil hicieron movimientos importantes para el diseño preliminar de las elecciones presidenciales en octubre de 2022:

• En el Senado, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del COVID ha llevado a cabo investigaciones útiles para el discurso de la oposición al presidente Jair Bolsonaro;
• Aunque en la Justicia Electoral los jueces archivaron la acción contra Bolsonaro por desinformación en masa de electores en su campaña en 2018, anticiparon que en una eventual repetición de dichas estrategias ilegales, no habrá impunidad.

El pasado 26 de octubre, senadores brasileños aprobaron el documento final de la CPI que acusa a Bolsonaro, otras 77 personas y dos empresas, por crímenes ocasionados por las acciones y omisiones ocurridas en la respuesta a la pandemia. Después de seis meses de trabajo, las acusaciones incluyen más de 20 tipos de crímenes, como tentativa de homicidio, corrupción, prevaricación y delitos de lesa humanidad.

Dichos crímenes, descritos en el Estatuto de Roma, fueron atribuidos a doce personas, incluyendo el presidente, quienes a su vez son responsables tanto del “ataque sistemático” a poblaciones indígenas, como la promoción de tratamientos preventivos contra el COVID sin eficacia comprobada. Por esto, La Corte Penal Internacional deberá decidir si abre una investigación —y, más adelante, un proceso— a partir de los indicios de esos crímenes contra la humanidad.

Mientras el informe de la CPI es examinado en la Haya, instituciones en Brasilia como el Ministerio Público Federal y el Congreso Nacional lo analizarán para buscar sanciones vía el judiciales o, en el caso del legislativo, el juicio político del presidente de la República, alternativa poco probable debido al control de la agenda parlamentaria por aliados bolsonaristas.

Independiente de los desenlaces judiciales efectivos, los opositores del presidente ganaron un discurso muy útil para 2022. Él fue acusado como “responsable principal por los errores cometidos por el gobierno federal durante la pandemia”, responsabilidad dividida entre ministros, tres de sus hijos, asesores y otros cómplices. La imputación de elevada culpa por retardar la vacunación y defender fármacos cuestionables se sumaría a los ataques y el deterioro de la actividad económica y las cuentas públicas.

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Las decisiones del tribunal electoral

El pasado 26 de octubre, el Tribunal Superior Electoral (TSE) archivó una denuncia presentada por el Partido de los Trabajadores (PT) según la cual la campaña presidencial de Bolsonaro habría incurrido en abusos de poder económico y habrá contratado empresas para difundir noticias falsas sobre otros candidatos.

Los siete miembros del TSE  concluyeron que existen indicios que respaldan la denuncia pero son insuficientes para anular el resultado de las elecciones, como exigía el PT. Sin embargo, el futuro presidente del TSE aprovechó el juicio para anunciar que los candidatos de 2022 presidenciales podrían ir a la cárcel si difunden noticias falsas para ganar las elecciones.

Además, seis de los siete jueces apoyaron la destitución del diputado de derecha Fernando Francischini por afirmar en una transmisión en vivo, en la primera vuelta de las elecciones de 2018, que las urnas habían sido manipuladas para impedir la victoria de Bolsonaro. El político quedó destituido hasta 2026.

Esta decisión sienta un precedente para el mundo entero y seguramente tendrá efectos importantes en las elecciones de 2022, pues los candidatos deberán ser más cuidadosos con sus estrategias de campaña y con la información que comparten en los debates e intervenciones públicas. Cuando las formas de hacer política cambian, los políticos se ven obligados a cambiar también. Esperemos que dichos cambios sean beneficiosos para el pueblo brasilero.