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Porque no sirve el acuerdo de paz

Escrito por Alberto Carrasquilla
Saludo del Presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, ante el anuncio de la firma del acuerdo de Justicia Transicional.

Saludo del Presidente Juan Manuel Santos y Timoleón Jiménez, ante el anuncio de la firma del acuerdo de Justicia Transicional.

Alberto CarrasquillaLa inminencia de un acuerdo entre el gobierno y las FARC ha despertado muchas esperanzas. Pero un análisis frío indica que ese acuerdo no traería beneficios reales para Colombia y que el proceso de La Habana ha implicado grandes costos.   

Alberto Carrasquilla*

Entusiasmo injustificado

En su histórico encuentro del pasado 23 de septiembre, el presidente de la República y el jefe del Estado Mayor Central de las FARC:

  • Firmaron un acuerdo sobre el tema de la justicia transicional, respecto de lo cual   emitieron un comunicado conjunto,
  • Dijeron que en un plazo máximo de seis meses se firmaría el acuerdo definitivo de paz y,
  • En gesto simbólico importante, se estrecharon la mano.

Cuatro días más tarde, el presidente, en una inspirada alocución y “con la alegría de las buenas noticias”, le anunció al mundo, desde el púlpito de Naciones Unidas, que “(…) en Colombia -en menos de seis meses- repicarán las campanas que anuncian la hora de la paz”. Y esta misma semana, Santos habló del “regalo de Navidad” que recibiríamos con el cese definitivo del fuego a partir del 16 de diciembre.

La persistencia de una criminalidad organizada no sería sorprendente, dado el enorme flujo de ingresos que el crimen acapara en la actualidad

Acordar un texto sobre el espinoso tema de la justicia que será aplicada a quienes hayan violado el Código Penal en el marco del “conflicto interno armado” produjo reacciones dentro y fuera del país muy positivas para las partes. El 3 de octubre se conoció una encuesta  según la cual la imagen favorable del presidente aumentó de 29 por ciento en abril a 42 por ciento tras el anuncio, y la del comandante guerrillero de 3 a 9 por ciento en el mismo lapso.

Esta jubilosa reacción inicial ha venido disminuyendo con el paso del tiempo, entre otras razones por la ausencia de un texto concreto del acuerdo. Pues bien: yo creo que el entusiasmo alrededor del apretón de manos carece de lógica y el explicar por qué podría ser constructivo para el debate democrático.

Los argumentos

Para explicar mi posición, presento cuatro argumentos.

1. En términos de seguridad (el resultado principal que espera la ciudadanía), firmar un acuerdo equivale a no firmarlo.

El concepto de “conflicto” no es relevante para explicar el sufrimiento de parte significativa de la población colombiana que ha sido víctima del asedio y la violencia criminales. Los defensores del proceso de paz no han logrado construir, ni mucho menos consolidar entre la opinión, una historia creíble sobre lo que significa exactamente “el conflicto”, ni sobre la relación entre el “conflicto” y la criminalidad que nos agobia.

Esta situación queda clara tras un análisis de las 809 páginas del reciente informe que elaboró la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas, con el fin de “entender el conflicto armado colombiano”. El documento es una recopilación de 12 estudios y dos preámbulos, donde no hay hilo conductor ni consenso alguno sobre el momento en que todo comenzó, o una explicación clara sobre las razones que le dieron origen, su dimensión en el tiempo y espacio, o las razones de su persistencia.

Es posible que en algunas de sus muchas manifestaciones, el “conflicto” colombiano culmine tras la eventual firma de un acuerdo. Pero esa eventual firma no va a hacer mella alguna en la inseguridad que golpea a la ciudadanía.

Esta falta de correspondencia entre la firma de un acuerdo y la seguridad ciudadana se ha visto, por ejemplo, en la experiencia de El Salvador. Por eso, algunos, como el exministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, han estimado en 10 años el plazo que la Fuerza Pública requiere de estabilidad antes de poder adecuarse a una nación en paz.

Durante lo que se ha llamado el “posconflicto”, al menos en sus lustros iniciales, habrá que seguir combatiendo a las nuevas mafias armadas en que irán mutando las que padecemos actualmente y habrá que seguir defendiendo la vida y los bienes de la ciudadanía.

La persistencia de una criminalidad organizada no sería sorprendente, dado el enorme flujo de ingresos que el crimen acapara en la actualidad, estimados por la revista Forbes en unos 600 millones de dólares al año. Estos recursos seguirán siendo una piedra enorme en el camino hacia la convivencia.

            2. Eliminar el nombre o la “franquicia” de las FARC no le genera valor al Estado ni a la sociedad.

Se dice que al firmar el acuerdo se acabaría la “franquicia FARC” y que esto representa un valor patrimonial importante para el país. Pero lógicamente, el hecho de que esta “franquicia” tenga un valor negativo para el Estado quiere decir que tiene un valor positivo para la guerrilla. Por ejemplo, en diversas tribunas, esta “franquicia” les permite presentarse como unos insurgentes que luchan por causas nobles para conseguir apoyos y quitarle valor al patrimonio material e inmaterial del Estado y de la sociedad colombianos.

Las FARC podrían afectar el patrimonio material del país si, por ejemplo, lograran caracterizar al Estado colombiano como un paria internacional repudiable y digno de sanción. Estas sanciones podrían ser del mimo tipo de las que han sido impuestas contra Rusia o Irán -por mencionar dos casos actuales- e hipotéticamente podrían llevar al cierre de mercados internacionales para los productos colombianos o a negar el acceso del gobierno o del sector privado a los mercados de capital.

En el caso del patrimonio inmaterial, la “franquicia” FARC sería costosa para el Estado si, por ejemplo, el uso de esta fuera causa de rechazos por parte de la comunidad académica internacional, en el universo artístico y literario o en los centros religiosos globales.

No encuentro evidencia alguna de que el patrimonio material o inmaterial del Estado estén siendo afectados por la “franquicia” FARC, ni logro ver ninguna ganancia patrimonial resultante de eliminarla.

Por ende, desde el punto de vista de costos y beneficios, no tiene sentido la inversión que se ha hecho en el eventual acuerdo si el objetivo es eliminar una franquicia cuyo valor capitalizado es cercano a cero.

3. En el mejor de los casos es muy dudoso el concepto de “dividendo económico de la paz”.

Los costos económicos del conflicto han sido estudiados con mucha seriedad por destacados profesionales,  quienes  en general concluyen que habría un dividendo derivable de la paz que podría llegar a sumarle un 2 por ciento al crecimiento anual del PIB.

Infortunadamente, hay razones para dudar de la existencia de tal maravilla. La cadena causal que va de la paz al crecimiento económico necesariamente pasa por variables cuyas falencias se pueden observar hoy.

En Colombia se optó por sacrificar buena parte de la agenda de la modernización económica y social y se privilegió la agenda imprecisa y cambiante de la paz.

Por ejemplo, el riesgo de invertir en una Colombia en “conflicto” debería ser más elevado que el de invertir en un país en paz, como Costa Rica. Rn consecuencia deberíamos, entre otras cosas, que nuestro “conflicto” produce tasas de interés más altas y plazos más cortos para la vigencia de los diversos contratos comerciales e instrumentos financieros.

Pero los hechos contradicen esta predicción. Las tasas de interés reales (es decir, ajustadas por inflación) son menores en Colombia que en Costa Rica, y así lo han sido durante muchos años. Es más fácil emitir obligaciones financieras a diez años en Colombia que en Costa Rica, y la prima que paga Colombia en los mercados internacionales para colocar títulos a 30 años es comparable a la de Perú, que es otro país en paz.

Cosa similar ocurre con la calidad de la mano de obra, el stock de capital, la duración de los contratos financieros, la profundidad del mercado de capitales, la informalidad, la bancarización o los avances en productividad, para aludir apenas a algunos indicadores.   

4. El proceso tendiente a firmar el acuerdo ha tenido y seguirá teniendo enormes costos de oportunidad.

Los anuncios sobre el proceso de paz, su firma y ratificación son deslumbrantes, e incluyen: 

  • La creación de un órgano legislativo especial para acelerar los ajustes necesarios en nuestro ordenamiento legal;
  • La creación de una jurisdicción especial para decidir la suerte jurídica de los llamados “actores del conflicto” en materia penal.
  • La convocatoria a un mecanismo de refrendación popular, de características aún imprecisas.

Esta infraestructura en construcción refleja una convicción y el despliegue de una voluntad enorme que es digna de mejor causa, después de cinco años de sequía reformadora. Bajo el  gobierno Santos no ha sido posible sacar adelante una reforma seria de la justicia, de la educación, de la salud o del sistema tributario, ni se ha podido hacer una definición de los derechos de propiedad agrícola ni una regulación en áreas como las comunicaciones, la minería o la energía.

Cabe pensar que esta sequía reformadora no se debe a la falta de diagnósticos adecuados por parte de un equipo de gobierno inmensamente capaz, ni a la falta de fuerza política para lograr su aprobación ene l Congreso. Más bien se puede pensar que, dotados de unos recursos finitos en materia de capital y voluntad política, en Colombia se optó por sacrificar buena parte de la agenda de la modernización económica y social y se privilegió la agenda imprecisa y cambiante de la paz.

Posponer o eliminar la agenda económica, institucional y social tiene costos ampliamente conocidos, y estos ya empiezan a tener expresión concreta en el mal funcionamiento de diversas instituciones y en su creciente falta de credibilidad.

En síntesis

La alegría suscitada por el comunicado de prensa y el histórico apretón de manos son incomprensibles. El acuerdo no cambiará los problemas de inseguridad, sufrimiento y miedo que padece parte importante de la población, al menos en los próximos 5 o 10 años.

Eliminar la “franquicia FARC” no aporta absolutamente nada en matera patrimonial para el Estado, y los dividendos económicos de un eventual acuerdo son dudosos a la luz de las cifras observadas. Como si fuera poco, el proceso ha significado el sacrificio de reformas indispensables para el bienestar ciudadano.

 

* Economista y Ph.D en economía, socio de Konfigura Capital, columnista de la Revista Dinero y miembro de las juntas directivas de Colpatria, Organización Sanitas, Intertug y Fabricato.  Fue ministro y viceministro de Hacienda, decano de Economía de la Universidad de los Andes, economista Líder de Investigación en el BID y gerente técnico del Banco de la República.

 

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