Entre el populismo y la oportunidad perdida: el nuevo proyecto de recargo nocturno y dominical

El proyecto compite en espacio y atención con la consulta popular promovida por el Gobierno, que busca someter a votación varias propuestas de la frustrada reforma laboral. Tanto la iniciativa liberal como la consulta parecen más orientadas a abrir un frente de debate electoral que a construir una política laboral seria y sostenible.

Hace apenas unos días, el Partido Liberal presentó un proyecto de ley que busca modificar dos elementos centrales de la jornada laboral: por un lado, adelantar el recargo nocturno a partir de las 7:00 p. m., y, por otro, aumentar al 100% el recargo por trabajo en domingo. La iniciativa, aunque corta en su extensión normativa, reabre un debate que estuvo a punto de concretarse durante las discusiones de la fallida reforma laboral impulsada por el Gobierno en el Congreso. Sin embargo, una lectura más detenida del proyecto, su contexto político y sus probables consecuencias económicas deja entrever que más que una verdadera apuesta por actualizar las condiciones laborales en Colombia, estamos ante una jugada más en el tablero de la contienda electoral de 2026. Y, de paso, ante una nueva oportunidad perdida para modernizar de manera integral nuestro régimen laboral.

El primer cambio propuesto, consistente en adelantar el recargo nocturno de las 9:00 p. m. actuales a las 7:00 p. m., responde a un viejo reclamo de los sindicatos y de algunos sectores sociales. La idea detrás de esta medida es que a partir de las 7:00 p. m., quienes sigan laborando deben ser remunerados con un recargo equivalente al 35% sobre su salario ordinario, como reconocimiento a la afectación de su tiempo de descanso y vida familiar. Durante las discusiones de la reforma laboral esta propuesta había sido considerada, con alternativas de fijar la jornada nocturna a partir de las 6:00, 7:00 u 8:00 p. m., pero no logró concretarse debido a la caída de la reforma en el Congreso. Esto, por no ser claros los impactos que podría tener en varios sectores de la economía.

El segundo cambio planteado –el aumento al 100% del recargo por trabajo dominical– también retoma una idea discutida anteriormente. Sin embargo, el proyecto liberal desconoce una variación que sí contemplaba la reforma laboral que se cayó, y era esa posibilidad de que el recargo no sea aplicable cuando se labore en el día de descanso obligatorio acordado entre el trabajador y el empleador. Esta innovación, que en teoría buscaría proteger a quienes por necesidades del servicio tienen descansos en días distintos al domingo, podría traducirse en un reconocimiento más justo del trabajo en días de descanso e impulsar sectores como el turismo y los restaurantes. 

Ahora bien, más allá de las bondades que puedan tener estas modificaciones para ciertos grupos de trabajadores –particularmente aquellos que laboran en empresas con suficiente músculo financiero para absorber los costos adicionales–, no puede desconocerse el impacto que podrían generar en sectores como el comercio, hotelería, restaurantes y bares. Estos sectores dependen críticamente de las jornadas después de las 6:00 p. m. y del trabajo en fines de semana. La imposición de recargos más altos podría obligar a muchos establecimientos pequeños y medianos a reducir sus horarios de atención, cerrar más temprano o, en el peor de los casos, despedir personal o clausurar operaciones. 

El riesgo de que las grandes cadenas comerciales absorban el mercado que dejen los pequeños negocios es real. Con mayor capacidad financiera para pagar los recargos, podrían ampliar su cuota de mercado a costa de la desaparición del tejido empresarial más frágil. Así, medidas concebidas en principio para proteger al trabajador, podrían, paradójicamente, traducirse en más concentración económica, menos competencia y, en última instancia, menos empleos.

Además, el proyecto enfrenta retos no solo económicos, sino también políticos. No es un proyecto impulsado directamente desde el Gobierno, lo cual limita su prioridad en la agenda legislativa. Más aún, compite en espacio y atención con la anunciada consulta popular laboral promovida por el Gobierno, que busca someter a votación varias propuestas de la frustrada reforma laboral. En ese contexto, el proyecto liberal corre el riesgo de ser percibido como un movimiento político oportunista más que como una genuina apuesta de política pública.

Tampoco podemos ignorar que varios sectores de la oposición –y algunos del propio liberalismo– han manifestado su intención de revisar cuidadosamente el impacto macroeconómico de estas medidas. El aumento de costos laborales en un contexto de crecimiento económico moderado y alta informalidad podría ser un golpe duro para la sostenibilidad de muchas empresas, particularmente las micro, pequeñas y medianas, que representan más del 90% del tejido empresarial del país.

A todo esto se suma el factor tiempo. Para que el proyecto avance, debería aprobar al menos su primer debate antes de junio y completarse en el segundo semestre de 2025, antes de que la agenda electoral de 2026 absorba por completo la actividad legislativa. De lo contrario, quedará archivado, como tantos otros intentos de reforma laboral, en los anaqueles del Congreso.

El problema de fondo, sin embargo, trasciende este proyecto específico. Tanto la iniciativa liberal como la consulta popular parecen más orientadas a abrir un frente de debate electoral que a construir una política laboral seria y sostenible. Lo más lamentable es que, en el camino, se pierde la oportunidad de realizar una reforma laboral moderna, comprensiva y con visión de largo plazo. Colombia necesita actualizar su legislación laboral para adaptarse a los nuevos modelos de trabajo, garantizar condiciones dignas y decentes para todos los trabajadores y, al mismo tiempo, proteger la sostenibilidad de las empresas que los emplean. Necesitamos normas que reconozcan la diversidad de formas de empleo, que fomenten la formalización, que incentiven la productividad y que no se limiten a trasladar costos de un lado a otro sin mirar el sistema en su conjunto.

El país merece algo mejor que reformas laborales de ocasión diseñadas para ganar votos. Merece un debate técnico, serio, basado en evidencia, que ponga en el centro el bienestar de los trabajadores, pero también la viabilidad de las empresas y el desarrollo económico del país. Merece un proyecto que no solo prometa derechos sobre el papel, sino que los haga efectivos en la realidad compleja y cambiante del mundo del trabajo actual.

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