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Política de Seguridad: las lecciones no aprendidas

Escrito por Kyle Johnson*
Kyle Johnson

Kyle JohnsonEl Ministerio de Defensa hizo pública su Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad: en cada uno de sus grandes objetivos, la Política no es sino más de lo mismo, y por lo mismo no va a dar mejores resultados.

Kyle Johnson*

Continuidad con retoques

0133Durante la última semana, la Ley de Víctimas estuvo comprensiblemente bajo el reflector de casi todos los medios de comunicación. Mientras tanto, el Ministerio de Defensa publicó su Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad (PISDP), donde se trazan los principales planes del Ministerio para afrontar el conflicto armado en los próximos cuatro años.  

Según el documento, la PISDP supone una buena dosis de continuidad con respecto a las políticas de la era Uribe, aunque el gobierno argumenta que su “nueva” política de seguridad también incorpora importantes lecciones aprendidas.

Esas lecciones no parecen haber sido muy profundas, puesto que los lineamientos centrales del gobierno Uribe se mantienen y –a juzgar por los hechos ya probados– la PISDP no sería suficiente para lograr sus ambiciosos objetivos:  

  • Reducir significativamente el narcotráfico.
  • Desarticular definitivamente a los grupos armados ilegales.
  • Consolidar la paz.
  • Garantizar seguridad en las zonas de frontera.
  • Mejorar en serio la seguridad en las ciudades.

1. Narcotráfico

En este asunto decisivo, la PISDP se enfoca en erradicar los cultivos ilícitos, en mejorar la interdicción y en desarticular las bandas criminales (BACRIM); menciona muy brevemente el papel de la asignación de tierras y de los planes de desarrollo alternativo.

No sobra advertir, de entrada, que los programas de erradicación forzada pueden acabar por reducir los efectos positivos de la asignación de tierras. Esto se sigue del llamado “efecto globo” (o sea el simple desplazamiento de la producción hacia otras regiones) efecto que en Colombia ya dio pie a las migraciones de colonos del Putumayo a Nariño y del Meta a Vichada, inducidas por las fumigaciones y por la erradicación manual de cultivos.

Mantener la misma política antidroga va a seguir estimulando la colonización en áreas más allá de la frontera agrícola, lo cual a su vez tiende a frustrar la propia política de seguridad y la política de tierras.

Al mismo tiempo, desmantelar las BACRIM y las FARC no “será determinante para… reducir a un nivel histórico la producción nacional de narcóticos”, como dice el documento. Estos actores tenderán a ser reemplazados por nuevos grupos (una y otra vez), probablemente más especializados y pequeños, que garantizarán la continuidad del negocio.

La política debe ser más ambiciosa: varios autores han señalado la necesidad de modificar en profundidad las normas y el orden social en las zonas cocaleras, para poder golpear efectivamente al narcotráfico.

2. Grupos armados

Por otra parte la desarticulación de los grupos armados ilegales parece una meta excesivamente ambiciosa. Ocho años de seguridad democrática no fueron suficientes para desarticular las guerrillas y la gran mayoría de los neo-paramilitares surgieron del proceso de desmovilización de las autodefensas.

Hoy por hoy no tenemos motivos suficientes para pensar que si se aplican la misma política y los mismos mecanismos, con la misma intensidad, durante otros cuatro años, esta vez sí se tendrá éxito, especialmente si se tiene en cuenta la capacidad de adaptación de los grupos armados ilegales frente a las políticas de seguridad.

3. Paz… en medio de la guerra

La meta de ‘consolidar la paz’ significa lograr que el Estado Social de Derecho liberal funcione plenamente en todo el territorio nacional. Tal vez resulte más prudente reconocer que todavía la paz está lejos y que el factor verdaderamente determinante para lograr este objetivo será llegar, al fin y al cabo… a un acuerdo con los grupos guerrilleros.

El gobierno ha negado por ahora la posibilidad de un acuerdo humanitario, incluso como un tímido paso hacia una eventual negociación para una salida política al conflicto. Llámese como se quiera, tratar de consolidar la paz de esta manera es mantener una política militarista que busca a ultranza la derrota militar de la guerrilla, que no funcionó en los últimos ocho años y que muy probablemente no va a funcionar en los próximos cuatro.

4. Regiones de frontera

Adicionalmente, la PISDP señala la importancia de controlar las áreas fronterizas terrestres, sobre el supuesto de que así se harán irreversibles los logros de la seguridad democrática. Se pueden señalar dos objeciones mayores:

  • En primer lugar, parecen descuidarse las inmensas fronteras marítimas por donde entran y salen flujos incontrolados de drogas, armas, otras mercancías ilegales y dinero, con epicentros como Buenaventura y Turbo.
  • En segundo lugar, las dinámicas del conflicto están directamente relacionadas con el territorio donde los grupos armados han buscado insertarse recientemente, lo cual obliga a considerar las regiones de frontera desde otra perspectiva.

Las fronteras colombianas no están integradas funcional, física ni institucionalmente al resto del país. Basta pensar en municipios como Tumaco, Puerto Asís, Riosucio (Chocó), Arauquita y Tibú. La frontera como tal parece un factor adicional que contribuye a la inseguridad, mientras que las dinámicas sociopolíticas y económicas propias de esas zonas pueden tener más peso. Cambiar en profundidad esas dinámicas podría llevar a una solución duradera. La presencia militar en estos lugares solo será una solución superficial y de corto plazo.

5. Seguridad y convivencia ciudadana

En fin, el Plan para la Convivencia Ciudadana Segura asigna un papel esencial a la Policía en las tareas de inteligencia. La desarticulación de las organizaciones delincuenciales siempre será una meta central, pero mientras subsistan mercados ilegales muy rentables, habrá organizaciones criminales que buscan capturar esas rentas. El blanco deben ser los mercados ilegales, no las organizaciones ilegales. 

De otro lado la violencia por intolerancia entre personas, surgida en riñas callejeras o en el ámbito intrafamiliar, constituye una gran parte de la violencia cotidiana, que al parecer esta nueva política de convivencia ha dejado relativamente por fuera.

En conclusión, todo indica que no se han incorporado muchas lecciones: más de lo mismo, la misma política antidroga y la misma política de seguridad ciudadana repetirán previsiblemente los mismos resultados de los últimos ocho años. De hecho, pueden entrar en contravía con la política de titulación de tierras y de desarrollo del campo colombiano.

* Kyle Johnson es politólogo, pasante en la Corporación Nuevo Arco Iris y estudiante de maestría en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.

 



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