El gobierno Petro ha construido su política antidrogas a base de ideología y no de evidencia. Olvida que su tiempo es corto y que las necesidades aumentan.
Sergio Uribe*
Ideología vs metodología
Tras 9 meses de la administración Petro, se pone en evidencia la ausencia de una política antidrogas. De hecho, la disponibilidad de información estadística sobre el tema se ha disipado. El Observatorio de Drogas de Colombia, que hace unos años fue considerado un ejemplo para América Latina, se ha descuidado, llevándolo al desprestigio.
Decisiones pasadas que se basaban en evidencias hoy son reemplazadas por ideología. La administración Petro optó por ignorar el cúmulo de información amasada de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas durante las últimas 5 décadas.
Ahora se habla de lanzar una política para la próxima década pero se olvidan que el gobierno Petro tiene una vida finita: el 7 de agosto del 2026. No obstante, el problema de los cultivos, el narcotráfico, el crimen organizado y la corrupción se mantendrán en el tiempo.
Por otra parte, la Oficina Contra las Drogas y el Delito de las ONU (UNODC, siglas en inglés) sucumbió a las presiones del gobierno colombiano y abandonó más de 20 años de una metodología para presentar las estadísticas de drogas en el país.
Lo de UNODC se explica por falta de apoyo financiero del gobierno nacional. Desde la administración Uribe, Colombia transfería más o menos $300 millones de dólares por cuatrienio para garantizar estudios y la existencia del SIMCI.
La contribución desapareció con la llegada de la actual administración, lo que explica la falta de continuidad en los informes. Actualmente, no se encuentran datos útiles sobre la evolución de cultivos.
La administración Petro optó por ignorar el cúmulo de información amasada de éxitos y fracasos en la lucha contra las drogas durante las últimas 5 décadas.
Es más, se cambió la metodología para la presentacion y la publicación de la información afín de asegurar que esta no puedan ser comparada datos históricos.
Adicionalmente, la Casa Blanca está frustrada con la falta de coordinación y cooperación de la administración Petro. Posiblemente dos hechos explican esto: la falta de interés del gobierno en datos/información que contradigan sus intereses y la falta de presencia y/o control de las zonas cultivadoras.
Estos hechos impiden continuar con estudios de campo que durante los últimos 30 años se han ido desarrollando. Se puede decir que la administración Petro carece de interés de estudios que permitan la construcción de políticas basadas en evidencias. Por el contrario, todo lo explica basado en ideología.
El discurso del 20 de julio lo puso en evidencia. La ideologización de la política explica que el presidente cree que un drogadicto va a cambiar un estimulante como la cocaína por un analgésico como el fentanilo.
Ahora es imposible hacer un análisis estadístico de la evolución de los cultivos de coca en el país. Por un lado, el informe publicado por UNODC debió describir la evolución del problema de los cultivos en 2021 pero omitió, borró o desconoció que datos como la productividad por hectárea, la estimación de volumen de hoja emanada de los cultivos, el contenido de alcaloide de la hoja, la densidad de los cultivos por región, las tasas regionales de conversión de hoja a clorhidrato de cocaína y más.
Por otra parte, los datos recopilados por los satélites solo estiman las hectáreas sembradas en coca, amapola y/o marihuana pero sin trabajos de campo es difícil de cuantificar la verdadera magnitud del problema.
La administración actual desfinanció a UNODC y se rumora que los estudios de campo que la Casa Blanca realizaba fueron suspendidos por instrucciones del gobierno Petro. Lo que no se estudia no se sabe y, por tanto, no puede ser usado en contra de la administración.
Políticas e información
La formulación de política se debe basar en estadísticas confiables que, por lo menos, permita visualizar lo que está ocurriendo en la vida real.
La política actual busca responder a promesas de campaña y no a la realidad. Según los datos de 2020, Colombia producía más de 198.000 toneladas métricas de hoja. No hay forma para que los estimados 100.000 consumidores colombianos requieran de dicha cantidad de hoja en ritos tradicionales o para usos alternativos.
Cabe destacar que Bolivia —18.000 TM de hoja— y Perú —32.000 TM— nos llevan años luz en investigación sobre usos alternativos de la hoja de coca y han sido incapaces de reducir su participación en el mercado ilegal. No hay motivo para pensar que la estrategia que busca imponer el gobierno colombiano pueda tener éxito alguno.
Bolivia y Perú tienen un nexo ancestral con la coca, su cultivo es parte de la cultura que data desde antes de la conquista española. Aun hoy el mambeo se encuentra en las calles de sus capitales Lima y La Paz.
En esos países se han discutido elementos poco conocidos en Colombia: mambear hoja aumenta la capacidad del consumidor, es decir, aumenta la capacidad de enfrentar la reducción de oxígeno. También su consumo aumenta la capacidad de trabajo y apacigua el hambre, y esta práctica tiene repercusiones sobre la salud de los consumidores.
A la fecha todo indica que nadie ha evaluado el impacto del aumento del contenido de alcaloide de la hoja que se cultiva para el narcotráfico pero se esconde tras el consumo ancestral.
En Colombia, el mambeo desapareció de las ciudades y solo lo practican comunidades aisladas. Hoy existen pequeños núcleos de población que, por motivos culturales, mantienen apego al mambeo.
El consumo de la hoja como infusión llegó recientemente a las ciudades pero puede causar grandes problemas de salud pues la hoja viene contaminada. En las infusiones comercializadas se han encontrado trazos de glifosato, paraquat, y lorsban y otros químicos usados extensamente en los cultivos.
En Colombia el uso cultural de la hoja de coca se limita a unas pocas comunidades y hoy, con certeza, se puede decir que la mayoría de los cultivos de hoja de coca están en manos de campesinos sin tradición alguna.
Quienes hemos visitado y revisitado regiones cultivadoras, hemos sido testigos que la población campesina dedicada a esos cultivos se encuentra enfrascada en un ciclo vicioso de consumismo.
habla de grandes decomisos de cocaína pero nunca informa de su pureza. No es lo mismo incautar una tonelada de coca al 80 % a una con el 50 % de pureza.
Ese ciclo no permite la acumulación de capital. En cambio, sí hemos detectado la destrucción de los valores de las sociedades campesinas, el surgimiento del individualismo y la consolidación de los valores nocivos.
Además, el precio de la hoja de coca en finca tradicionalmente no supera el 5 % del valor final del kilo de cocaína en Miami, Nueva York o Londres. Es evidente que los grupos criminales pueden doblar, triplicar o cuadruplicar lo que pagan sin grandes sacrificios de sus ganancias.
¿Política de drogas en Colombia?
Desafortunadamente, el discurso que maneja la administración Petro está dirigido a fortalecer su base electoral en Colombia pero desconoce el interés nacional y el ambiente internacional. El gobierno confunde política antidrogas con política anti-coca.
El mayor problema para el gobierno es que, ante la incapacidad de manejar el narcotráfico, apela a un discurso sentimental dirigido a la comunidad internacional basado en argumentos socioeconómicos.
Suplica a los sentimientos más no a la razón. Por ejemplo, habla de grandes decomisos de cocaína pero nunca informa de su pureza. No es lo mismo incautar una tonelada de coca al 80 % a una con el 50 % de pureza.
El discurso de los países productores no siempre llega a la opinión pública de los consumidores, no saben comunicar sus posiciones y poco entienden de la problemática del consumidor.
Para concluir, una política antidroga en Colombia debe:
- Crear una agencia única que estudie, formule y evalúe el impacto socioeconómico de la política constantemente.
- La formulación de una política requerirá de una base de datos robusta que le permita dimensionar la magnitud del problema.
- Demostrar que existe un claro entendimiento de las diferencias entre tipos de drogas: estimulantes, sedativos y psicológicas.
- Una política antinarcóticos debe sopesar los pros y contras de una política permisiva alrededor del consumo de las drogas en general.
- Evaluar el uso alternativo de productos como la hoja de coca y definir la rentabilidad de esas actividades.
- Explicar qué se va a hacer con 198.000 toneladas de hoja y cómo se va a asegurar que los cultivadores no comercialicen la hoja con organizaciones criminales.
- Profundizar en los elementos de un programa antinarcóticos como: rehabilitación de adictos y el papel del sistema de salud, cultivadores, traficantes, organizaciones criminales; no fraccionar la política.
- Participar en el seno de las UN para la creación de un formato que contribuya a controlar organizaciones criminales transnacionales y crear parámetros aceptables tanto para países productores como cultivadores.
- Definir la política nacional basada en el interés nacional y no en la ideología del partido gobernante.
Como se puede ver, una política antinarcóticos no es una política anti-coca, estos son solo unos pocos de los elementos que debe integrar una política antinarcóticos.
El gobierno Petro debería escuchar las necesidades del país y dejar de alimentar su ego. Utilizar lo que le queda de gobierno para construir una política de drogas que se mantenga en el tiempo y evitar que la problemática se quede en un limbo perpetuo.
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