Política antidroga y Plan Colombia: existen alternativas - Razón Pública
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Política antidroga y Plan Colombia: existen alternativas

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Camilo_Gonzalez_Posso¿Existen posibilidades de cambios significativos en la política de guerra antidrogas? ¿Cuáles son las rectificaciones necesarias? ¿Cuál es el curso probable del Plan Colombia y cómo influir en él? Una mirada profunda del problema, que invita al debate.

Camilo González Posso**

Una nueva oportunidad

La semana pasada el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que crea la "Comisión del Hemisferio Occidental de Política Antinarcóticos", con el mandato de "(1) revisar y evaluar la política sobre oferta de drogas ilícitas… y (2) Identificar políticas y programas alternativos para mejorar la actual política antinarcóticos"[1]. La Comisión debe rendir su informe en doce meses y estará integrada por diez "notables" designados por el presidente Obama y el Congreso.

La exposición de motivos del proyecto admite abiertamente el fracaso de las políticas actuales en los términos que siguen: "Con el paso de los años se han gastado millones de millones de dólares de los contribuyentes para librar la guerra contra la droga en América Latina y el Caribe. No obstante nuestros esfuerzos, desde comienzos de los años 80 el número de usuarios vitalicios ("lifetime drug users") de marihuana, cocaína y heroína ha registrado un aumento constante en Estados Unidos. Sin duda alguna ha llegado el momento de reexaminar nuestros esfuerzos antinarcóticos aquí y a lo largo de las Américas"[2].

Aunque constituir una Comisión no necesariamente implica que ella proponga nada novedoso -y, menos todavía, que sus recomendaciones sean aplicadas- el apoyo bipartidista que recibió el proyecto y el interés de la Casa Blanca justifican la expectativa que el proyecto ha creado en distintos ambientes y la atención que Colombia debería otorgarle a este proceso.     

Son muchos los interrogantes y las dimensiones de la política antidrogas en Colombia y sus relaciones con el conflicto armado y las posibilidades para la paz. Para este ejercicio me referiré a tres cuestiones: ¿Existen posibilidades de cambios significativos en la política de guerra antidrogas? ¿Cuáles son las rectificaciones necesarias? ¿Cuál es el curso probable del Plan Colombia y cómo influir en él?

Colombia prohibicionista

Durante la última reunión de la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Viena el 11 y 12 de marzo y que fue comentada en Razón Pública Colombia se alineó con las posturas más conservadoras. Con presencia de delegados de 100 países, la Comisión aprobó la ampliación de los plazos para reducir la producción y el consumo de estupefacientes hasta el 2019. Las metas previstas hace 10 años no se cumplieron, avanzó el consumo y se amplió y diversificó la oferta de psicotrópicos ilegales y legales, al tiempo con el crecimiento del negocio del narcotráfico y lavado de activos en todos los circuitos legales.

Pero no obstante el fracaso de esta orientación, las estrategias son las mismas que le dan peso a la guerra, es decir al enfoque militar y la criminalización en toda la cadena, aunque no faltan consideraciones secundarias sobre la necesidad de respuestas a los problemas de drogadicción, riesgos de transmisión de VIH o alternativas de desarrollo para los productores en países en desarrollo. 

Seguirá la mano dura

Durante la próxima década serán cada vez mayores las presiones contra el prohibicionismo y el enfoque de la "guerra" antidrogas, pero probablemente seguirán predominando las estrategias militares y de represión de la oferta.

Los Estados Unidos, no obstante la opinión de cerca de 80 países, se opusieron en Viena a incorporar en las políticas de Naciones Unidas medidas de reducción del daño y otras de descriminalización selectiva del consumo. Colombia con otros pocos países ayudó a impedir el consenso en esas materias y la apertura de un camino de rectificaciones a políticas fracasadas durante dos décadas.

El Director de la Comisión sobre Drogas de Naciones Unidas ha pretendido responder a las críticas al prohibicionismo alegando que "es necesario un cambio en las políticas contra la delincuencia, pero no a favor de las drogas". Esta posición plantea un divorcio entre los efectos perversos del prohibicionismo en tanto es la matriz de las mafias narcotraficantes y sus circuitos legales de negocios y entre los problemas de drogadicción y salud. Asimismo, desconoce que el prohibicionismo es el mejor escenario para la violencia, el fomento de producción y consumo, y el incremento de riesgos de daño a drogodependientes y comunidades.

América Latina en favor de la reforma

La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia entregó en marzo de 2009 su informe con apreciaciones que sintetizan las propuestas de mayor consenso para rectificar el actual paradigma centrado en el prohibicionismo y la guerra. El nuevo paradigma reclama un enfoque de derechos humanos en las políticas antidrogas que parte de "tratar el consumo de drogas como una cuestión de salud pública, reducir el consumo mediante acciones de información y prevención y focalizar la represión sobre el crimen organizado".

En consecuencia, desde esta Comisión se recomiendan las siguientes medidas para una ruta más eficiente, lo que es un buen punto de partida en la redefinición de las políticas:

a. Transformar los adictos de compradores de drogas ilegales en pacientes del sistema de salud.

b. Evaluar la conveniencia de descriminalizar la tenencia de marihuana para consumo personal, con un enfoque de salud pública y haciendo uso de la más avanzada ciencia médica. 

c. Reducir el consumo a través de campañas innovadoras de información y prevención que puedan ser comprendidas y aceptadas, en particular por la juventud, que es el mayor contingente de usuarios.

d. Focalizar las estrategias represivas hacia la lucha implacable contra el crimen organizado.

e. Reorientar las estrategias de represión al cultivo de drogas ilícitas.

Estas recomendaciones se inscriben en la necesidad de un nuevo diálogo con Estados Unidos y Europa para que se haga efectiva la corresponsabilidad y se abandonen las estrategias militaristas. Es decir, volver los ojos a la reducción del consumo y a la promoción del desarrollo con un enfoque distinto al desarrollo alternativo: "hablar  no sólo de cultivos alternativos sino de desarrollo social, de fuentes de trabajo alternativo, de educación democrática y de búsqueda de soluciones en un contexto participativo". Además, se recomienda que "Los esfuerzos de erradicación deben ser combinados con la adopción de programas de desarrollo alternativo, seriamente financiados y que contemplen las realidades locales en términos de productos viables y con acceso a los mercados en condiciones competitivas". La vía del nuevo paradigma reclama entonces descriminalizar la hoja de coca y des-ideologizar los escenarios de construcción de las políticas públicas.

La solución a largo plazo requiere ir más allá de este consenso mínimo latinoamericano e incluir un replanteamiento de fondo sobre los modelos de desarrollo y pasar del prohibicionismo a una descriminalización a los campesinos productores y a los consumidores, con estricta regulación de producción y consumo definida  con propósitos de salud. La represión al crimen organizado que trasgreda la regulación deberá abordarse como asunto policial y no con estrategias militares o de guerra.

Fracaso del Plan Colombia I y del Plan Colombia II

El Plan Colombia, que evolucionó de la guerra antidroga a la guerra antiterrorista centrada en la seguridad de Estados Unidos, se ha mostrado ineficaz para reducir el negocio del narcotráfico y la exportación de cocaína desde Colombia, además de haber convivido con la institucionalidad mafiosa que permea el Estado colombiano.

Las evaluaciones realizadas por centros de pensamiento en Estados Unidos, Europa y Colombia coinciden en señalar el fracaso del Plan Colombia I en el cumplimiento de sus metas de reducción del consumo, la oferta y la criminalidad. El volumen global del negocio y la rentabilidad para sus principales beneficiarios se mantienen e incluso muestran mecanismos anti-cíclicos que se reflejan en precios y diversificación de productos y mercados. El efecto globo no sólo ha marcado la dinámica de los cultivos de coca en Colombia y en el área andina, sino que se ha propagado a todas las cadenas del negocio ilegal, fortaleciendo rutas y bases alternativas por México, África y Suramérica. La cadena de lavado de activos sigue intacta en Estados Unidos y Europa y lo mismo ocurre con el negocio de precursores y de agentes financieros.

El Plan Colombia II en la alianza Bush – Uribe se transformó en una pieza de la política de seguridad de los Estados Unidos que cooptó la dinámica de guerra interna en Colombia y la estrategia de "seguridad democrática".  Las fumigaciones con químicos defoliantes (una modalidad de guerra química) se integraron a la guerra antisubversiva para buscar el control de territorios aún a costa de la despoblación forzada. La erradicación forzada se volvió un complemento de la ocupación militar de territorios y el llamado desarrollo alternativo devino en acciones complementarias de la estrategia militar, útil para la propaganda pero ineficaz para ofrecer alternativas a la economía campesina o al desempleo que alimenta los negocios ilícitos y el reclutamiento para la guerra o para las mafias.

Un camino diferente

Bajo la administración Obama en Estados Unidos y en Colombia se confrontan dos líneas frente al futuro del Plan Colombia:

  • La continuista, que mantiene el enfoque de guerra y de articulación a los planes de seguridad coordinados por el Comando Sur. Sin alterar este objetivo propone ajustes, variación en las proporciones de las partidas e incluso retoques a los condicionamientos en derechos humanos. Parte de esta línea de lo que sería el Plan Colombia III son los acuerdos para el uso de bases militares en Colombia por parte de las fuerzas armadas de los Estados Unidos en la alianza antiterrorista y antidroga.
  • En el otro extremo se encuentra la línea pacifista que propone un diálogo con la administración Obama y el Congreso de los Estados Unidos para replantear la cooperación y pasar de los objetivos de guerra a objetivos que comprometan a la nueva administración en el apoyo a políticas de desarrollo y paz con estrategias no militares, de reconocimiento y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las víctimas, el fortalecimiento de la sociedad civil, la democracia, el desarrollo desde la equidad y las soluciones políticas desde el diálogo y la negociación en la sociedad y con los grupos armados irregulares.

La Comisión del Hemisferio Occidental de Política Antinarcóticos puede ser la ocasión para que Colombia reconsidere su apuesta irrestricta por la mano dura y el escenario para que los sectores progresistas aboguen por propuestas como las siguientes:

  • Que la administración Obama y el Congreso se encaminen al cierre del Plan Colombia y a reorientar la cooperación y el presupuesto en un plan que se ciña a las líneas de un nuevo trato y no de apoyo a guerra alguna dentro de Colombia o en la región andina. Este nuevo plan debe alejarse de las estrategias de seguridad regional heredadas de la administración Bush. La asistencia económica de Estados Unidos hacia Colombia debe redefinirse sobre el eje de construcción de paz y promoción del respeto y garantía de los derechos humanos.
  • El cierre del Plan Colombia implica en lo inmediato la suspensión del programa de fumigaciones con la mezcla basada en glifosato – POEA – Cosmoplux y de los programas de erradicación forzada y represión de la población civil en zonas de producción campesina o indígena de hoja de coca. En este terreno debe acogerse la erradicación concertada.
  • La estrategia de seguridad heredada de la administración Bush debe darle paso a una concepción democrática de seguridad integral, humana y ciudadana, que sea respetuosa de los tratados y normas internacionales de soberanía, justicia y cooperación policial frente al crimen organizado trasnacional.
  • La no injerencia de Estados Unidos en estrategias de guerra interna ni en planes como los que actualmente orienta el Comando Sur y su Doctrina de Acción Integral, que incluye la militarización de los planes de desarrollo regional y la intervención militar en los "Centros de Coordinación Interagencial" y en los "Centros de Fusión Integral". Así como no utilizar los acuerdos militares bilaterales para implementar estrategias de inteligencia, control o movilidad de efectivos con impacto en el subcontinente.
  • El fortalecimiento de mecanismos de cooperación en derechos humanos y el apoyo a políticas de verdad, justicia, reparación y no repetición que incluyan la revisión de la actuación de las agencias y misiones militares de Estados Unidos en Colombia, especialmente las relacionadas con unidades militares y agentes estatales comprometidos con la parapolítica, el paramilitarismo y la comisión de crímenes de lesa humanidad.
  • La articulación de la cooperación bilateral para la paz con políticas de reforma agraria y desarrollo rural, y de destinación de bienes de los narcotraficantes, parapolíticosparamilitares y sus aliados a fondos de reforma rural y agraria y ejecución de políticas de desarrollo regional de economía campesina y de pequeñas empresas.
  • La revisión del llamado desarrollo alternativo, de modo que se desmilitarice y se enfoque hacia objetivos de equidad y garantía de derechos económicos, sociales, culturales, colectivos y ambientales con prioridad en las poblaciones más pobres y victimizadas y en las comunidades étnicas.
  • La rectificación de la política de extradición por narcotráfico para darle prioridad a la aplicación de la justicia colombiana en la investigación, juzgamiento y sanción a los responsables de delitos atroces o crímenes de lesa humanidad. Esto implica la repatriación de los ex comandantes de los bloques paramilitares para que respondan en los procesos de justicia y paz y reparen a sus víctimas y la sociedad.
  • El apoyo de Estados Unidos a iniciativas de mediación, dialogo o negociación de acuerdos humanitarios y de paz.
  • El fortalecimiento de la cooperación en la garantía y protección de los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas, y demás colectivos derivados de iniciativas ciudadanas por la paz.
  • La aplicación de mecanismos de control, regulación y auto-regulación en la operación de multinacionales en Colombia, en especial las que actúan en ámbitos impactados directamente por confrontaciones militares del conflicto armado interno, de manera que cumplan con las normas y principios que rigen las obligaciones de las empresas en materia de derechos humanos. Y el fortalecimiento de los instrumentos de responsabilidad y de judicialización por actuación o complicidad con abusos contra los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Cada uno de los anteriores enunciados ha sido objeto de análisis y sustentación en investigaciones y documentos elaborados durante los últimos dos años y contribuyen a las reflexiones hacia la definición de agendas y políticas para la próxima década. En este resumen se hace una apretada reseña con la intención de invitar a un debate constructivo.

* Una versión anterior de este texto fue publicada en septiembre en Indepaz (http://www.indepaz.org.co/)

**Director del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).  Ex ministro de Salud, profesor Universitario y autor de numerosos libros y ensayos.

Notas de pie de página


[1] Proyecto de ley H.R. 2134 de 2009, en  http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc111/h2134_ih.xmlen

[2] Engel introduces estern Hemisphere Drug Policy Commission Act of 2009, en  http://thomas.loc.gov/home/gpoxmlc111/h2134_ih.xml

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Camilo González

Escrito por:

Camilo González

* Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

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