El fiscal general propuso un plebiscito para que los colombianos decidan si aprueban o no los diálogos de paz con organizaciones criminales como el ELN. ¿Qué hay detrás del anuncio?
Jorge Andrés Baquero Monroy*
Declaraciones sin repercusiones
Durante la cumbre de gobernantes, realizada hace unos días en Santa Marta, el fiscal general propuso un “plebiscito por la paz” para que los colombianos decidan si el Estado debe continuar los diálogos con diferentes organizaciones criminales.
Esta declaración, además de tener pocos efectos prácticos, es una alarma sobre lo que viene: otra salida en falso del fiscal y otra intervención indebida en la política.
Francisco Barbosa nos tiene acostumbrados a las polémicas estériles. Insiste en narrativas apocalípticas y anuncios de que la fiscalía va a tomar acciones nunca antes vistas. Pero gran parte de sus declaraciones no tienen efectos jurídicos, judiciales o administrativos.
en uno o dos años, se manifestarán dos realidades: el drama humanitario de los territorios donde la guerra nunca terminó, y, la indiferencia de la sociedad frente al conflicto en los lugares más lejanos de las metrópolis.
Esta nueva declaración parece una estrategia mediática para no perder vigencia y distraer la atención sobre su pobre labor como fiscal.
La estrategia sin embargo parece funcionarle, porque en ciertos escenarios sus afirmaciones fueron recibidas con entusiasmo. Incluso hay quienes lo sugieren como futuro candidato a la presidencia. No hay que olvidar el efecto político “Iván Duque”: si él pudo ser presidente, ¿por qué yo no?
Verdaderas intenciones
La propuesta de Francisco Barbosa no tiene nada que ver con sus poderes constitucionales, puesto que un plebiscito es convocado por el gobierno y debe ser avalado por el Congreso.
Sin embargo, en dicha afirmación subyacen tres elementos: un atisbo de la batalla política que va a tener que enfrentar Petro de ahora en adelante, la crítica a las dificultades de la “Paz Total” y el aumento de la inseguridad en el país.
La declaración del fiscal es popular porque trae a colación el panorama actual de inseguridad en territorios como la Costa Pacífica nariñense, el Valle del Cauca, el sur de Bolívar o el norte de Antioquia.
Además, tiene un buen recibimiento porque, en departamentos como el Chocó, el ELN y el Clan del Golfo se disputan el control político y económico. A esto se añade que, en las regiones históricas de las FARC, los grupos criminales han fortalecido su presencia. En pocas palabras, las afirmaciones del fiscal no caen en saco roto porque cerca de 426 municipios deben lidiar con los tentáculos de algún actor armado ilegal.
La presencia de grupos armados ilegales y el aumento de la inseguridad son dos de los problemas más grandes del gobierno Petro, porque sus acciones contra la criminalidad han sido claramente insuficientes. Esta debilidad crea una oportunidad política para la oposición de cara a las próximas elecciones presidenciales.
Una de las exponentes más significativas de esta narrativa es la senadora María Fernanda Cabal, que obtuvo cerca de doscientos mil votos en las pasadas elecciones. Una cifra significativa que, en ocasiones, los defensores de la paz olvidamos por completo.
El fantasma del plebiscito
Actualmente no existe el ambiente propicio para convocar un “plebiscito por la paz”. Pero no debemos olvidar el resultado del 2 de octubre de 2016, cuando millones de colombianos votaron contra los diálogos de paz con las FARC.
Muchas figuras dentro del equipo negociador de la guerrilla, del gobierno y de la administración Santos reconocieron que el plebiscito fue un error porque le abrió el escenario a las facciones más radicales de la derecha en Colombia.
Francisco Barbosa nos tiene acostumbrados a las polémicas estériles. Insiste en narrativas apocalípticas y anuncios de que la fiscalía va a tomar acciones nunca antes vistas
Aunque la idea del “plebiscito por la paz” es una estrategia política de la oposición, en uno o dos años, se manifestarán dos realidades: el drama humanitario de los territorios donde la guerra nunca terminó, y, la indiferencia de la sociedad frente al conflicto en los lugares más lejanos de las metrópolis.
Teófilo Vásquez hace varios años señalaba: “en los territorios integrados [dentro del que están las grandes ciudades] el posconflicto debe consistir en un esfuerzo pedagógico para hacer y entender de que se trata el proceso de negociación”. Evidentemente, el Estado y la sociedad colombiana no han finiquitado dicha deuda.
Así no se lleve a cabo un “plebiscito por la paz”, la discusión entre el gobierno y la oposición no ha llegado a su fin. En Colombia siguen aumentando la inseguridad y la presencia territorial del crimen. De este modo, poco a poco, se consolidará en la carrera presidencial una persona que garantice la seguridad a cualquier costo. Por desgracia, esta situación es cada vez más común en América Latina.
