Se necesita un plan distinto al que implementó Duque para frenar la violencia y proteger la vida de los líderes sociales. El plan que anunció Petro es amplio y ambicioso, pero admite sus propias dudas.
Carlos A. Guevara J.*
Una realidad que no cambia
En Colombia, el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos parece ser una realidad que no cambia.
Según la Defensoría del Pueblo, van 136 asesinatos a líderes sociales hasta agosto del 2022 y, según Indepaz, ha habido 1352 muertos desde la firma del acuerdo de paz. Tan solo esta semana fueron asesinados William Pedraza en Leticia, Sandra Montenegro en Palmira, Edinson Rivas, Eddy Albornoz y Juan David Díaz en Cali en el Valle del Cauca. Es una realidad vergonzosa.
También esta semana se instaló en el puerto de Buenaventura uno de los Puestos de Mando Unificado PMU del “Plan de Emergencia para la protección a personas defensoras de DD. HH, líderes sociales y firmantes de paz”. Esta hoja de ruta es la carta clave que se juega el nuevo gobierno en un tema fundamental y muy sensible para el país: los homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y reincorporados de las FARC-EP.
Después de las elecciones, Petro y su gobierno han intentado dar golpes certeros en poco tiempo y este plan tiene esa intención. Pero la solución a la violencia que enfrentan líderes, defensores y reincorporados dista de una única acción gubernamental y demanda la movilización del Estado en su conjunto.
Los intentos fallidos del gobierno anterior
El gobierno de Iván Duque fracasó en su intento de frenar esta violencia y no encontró el camino para consolidar una respuesta gubernamental certera en la materia.
En 2018, Duque lanzó lo que a la postre sería el documento CONPES 4063, el Plan de Acción Oportuna de prevención y protección para los defensores de derechos humanos, líderes sociales, comunales y periodistas (PAO).
Este plan pretendía focalizar las acciones del gobierno nacional en la protección y reacción ante la ocurrencia de homicidios desde tres ejes:
- Articulación y reingeniería institucional,
- Actuación estratégica en el territorio y
- Estrategia de comunicaciones y capacitación.
Además de fracasar en sus propósitos, el PAO ignoró aquellos espacios ya existentes que nacieron en el acuerdo de paz. La construcción de este plan se hizo a puerta cerrada y bajo una lógica centrada en el aumento de pie de fuerza, de recompensas y de operaciones por parte de la Fuerza Pública contra los grupos armados y criminales.
El escenario que enfrente el actual gobierno es muy complicado, mucho más que el de sus predecesores y la expectativa de sus electores no es alta, es enorme.
Por el contrario, el “Plan Horus” ejecutado por el gobierno Santos estuvo completamente enlazado con el acuerdo de paz, aunque tampoco detuvo los homicidios. A pesar de sus resultados modestos, impulsó una protección más efectiva así como la consecución de justicia de la mano de una intensa estrategia militar para combatir a los grupos armados.
El Plan de Emergencia del gobierno Petro
El ambicioso Plan de Emergencia del actual gobierno de Petro, “establece siete (7) ejes de actuación aplicables a los municipios y capitales priorizadas a nivel nacional, pero la estrategia de las intervenciones del plan de emergencia se ajustará a las distintas realidades territoriales teniendo en cuenta entre otros, las dinámicas de la violencia, las distintas fuentes de riesgo, las distintas capacidades de respuesta”.
El plan tiene dos fechas límite, la primera el próximo 30 de noviembre de 2022 y la segunda en la misma fecha pero en 2023. Hasta este momento se han realizado tres sesiones de instalación de un PMU para la protección de la vida en Caldono–Cauca, Ituango–Antioquia y Buenaventura–Valle del Cauca y con estos incluidos serán 64 municipios y 7 capitales priorizadas.
Dicho esto, hay que resaltar algunos los elementos novedosos y muy positivos de esta iniciativa:
- La propuesta fue formulada y construida de la mano de la sociedad civil que lleva décadas hablando de garantías para los defensores de DD. HH y también con los reincorporados. En otras palabras, el plan fue formulado por los directos afectados por el tema en conjunto con el senador Iván Cepeda y otros recién electos congresistas que también fueron miembros de organizaciones defensoras de los DD. HH. antes de su ingreso al Congreso.
- El plan retoma importantes elementos del Acuerdo de Paz que se encontraban en pausa en el gobierno anterior o que simplemente no se desarrollaron, como la UNIPEP (Unidad Policial para la Edificación de la Paz), la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, la Instancia de Alto Nivel de la SISEP, la CSIVI (Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación), la Mesa Técnica de Seguridad y Protección, la Mesa Nacional y mesas Territoriales de Garantías.
Además, apuesta por poner en marcha el Decreto 660 de 2018 como epicentro de un nuevo modelo de protección colectivo. Este decreto propone construir conjuntamente medidas de protección colectiva para organizaciones y comunidades que no se centran únicamente en medidas materiales de protección como vehículos blindados, escoltas armados o chalecos antibalas.
- Amplia los enfoques de trabajo más allá de la concepción clásica de protección individual material, con la incorporación de elementos como la estigmatización como motor de la violencia o la importancia de los resultados en investigación judicial sobre los homicidios y amenazas.
- Desmontará el PAO y derogará en el corto plazo algunos decretos proferidos por el gobierno anterior que fueron ineficaces para la protección de líderes y reincorporados —Decreto 1139 de 2021 y 1064 de 2022—.
- Tomará como punto de partida las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo y los informes y diagnósticos de la sociedad civil.
Retos y preocupaciones
Un reto importante para tener en cuenta a la hora de ejecutar el plan es la territorialización.
Si bien en uno de sus acápites se dice que “la priorización es de carácter flexible, lo cual implica que en el proceso de implementación del plan de emergencia la instancia de seguimiento podrá incluir otros municipios que experimenten un incremento en el fenómeno de la violencia”, sería mucho más viable hablar de dinámicas territoriales como el mismo plan lo establece en un principio, más que concentrarse en los municipios.
Otro elemento preocupante es la capacidad institucional para realizar las actividades en el corto plazo. El plan establece que se realizarán reunión semanales del PMU por municipio hasta el 30 de noviembre de 2022 con funcionarios de alto nivel, lo que haría que el ministro del Interior y su equipo estén volcados completamente al cumplimiento de este plan.
Esto dejaría un vacío en las demás responsabilidades de esta importante cartera sin contar con la presencia constante de delegados nacionales de otras entidades en los 64 municipios y 7 ciudades. Además, asalta la duda sobre la voluntad que puedan tener los mandatarios locales para tomar acciones en este espacio, toda vez que ya tienen un decreto que los pone como primeros respondientes del tema (Decreto 2252 de 2017).
Por otra parte, hay más preocupaciones que ofrecen un panorama poco esperanzador como de donde saldrán los recursos económicos para ejecutar el plan, la pérdida de recursos que estaban destinados a la paz, la reforma tributaria en curso y el fantasma de la emergencia económica que ronda por la Casa de Nariño.
Por último, está la forma como se desarrollarán y medirán los resultados. En términos de seguridad, Petro propone una política de seguridad diferente de la existente basada en la protección de la población y en el concepto de seguridad humana.
Si bien la seguridad humana es uno de los elementos innovadores, hay un evidente deterioro en la seguridad del país por el aumento de acciones de los grupos armados ilegales y grupos criminales en zonas de conflicto y en las ciudades.
En 2022 hemos tenido varios paros armados, más de 70 masacres, un aumento en la siembra y uso de MAP/MUSE/AEI (Minas AntiPersona) y el retorno de prácticas terroríficas como los 19 recientes descuartizamientos en Bogotá presuntamente por el Tren de Aragua, grupo criminal de origen venezolano solo por mencionar algunos casos.
El escenario que enfrente el actual gobierno es muy complicado, mucho más que el de sus predecesores y la expectativa de sus electores no es alta, es enorme. La meta planteada por Petro a un mes de su posesión de garantizar la vida de los líderes sociales, defensores de derechos humanos y firmantes del acuerdo de paz es un gran reto que deberá disponer de recursos económicos, voluntad política y, por qué no, suerte para que llegue a buen puerto.
Solo esperamos que no se cumpla esa lapidaria frase de Giuseppe Tomasi di Lampedusa en su novela El Gatopardo: “Si queremos que todo siga como está, es necesario que todo cambie». Este tema requiere cambio real y necesario.
