El Plan Distrital de Desarrollo del gobierno Galán | Razón Pública 2024
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El Plan Distrital de Desarrollo del gobierno Galán

Escrito por Óscar Murillo

El nuevo Plan Distrital de Desarrollo se propone mejorar la percepción de la ciudadanía sobre la capital. Pero, ¿qué tan efectivas son sus propuestas ante los problemas reales de Bogotá?

Oscar Murillo Ramírez*

Bogotá en 100 días de gobierno 

La administración de Carlos Fernando Galán ha enfrentado dos retos en sus primeros cien días de gobierno:

-Por una parte, debe aterrizar las propuestas del plan de gobierno presentado a la ciudadanía durante las elecciones. Aunque las campañas electorales son cada vez menos programáticas, este es un requisito para la formulación de los nuevos planes de desarrollo de acuerdo con el Artículo 39 de la Ley 152 de 1994.

-Por otra parte, ha tenido que responder a las demandas inmediatas que la ciudadanía reflejó en las urnas y los eventos coyunturales recientes: las posiciones encontradas con el gobierno nacional sobre el Metro, los incendios forestales que reflejan la vulnerabilidad de la ciudad frente al cambio climático y el problema de seguridad.

La ciudad de las percepciones

Desde la entrega de la propuesta de Plan Distrital de Desarrollo (PDD) al Consejo Territorial de Planeación Distrital el pasado 29 de febrero, Carlos Fernando Galán ha profundizado el eje que articula su gestión: las percepciones. Todo su discurso se teje en torno a lo perceptual y la sensibilidad ciudadana.

Por eso las fases de la planeación y adopción del plan contienen un conjunto de estrategias que intentan fomentar la percepción de una mayor participación, aunque en la práctica estas sean discutibles: sentires ciudadanos, aspiraciones comunes, acuerdos para la ciudad y reconocimiento de la acción colectiva.

El homicidio, lesiones personales, y amenazas, son delitos que los grupos armados y la criminalidad organizada efectúan cuando han logrado regular el orden social y la dinámica comunitaria como manifestación del debilitamiento de estructuras institucionales.

Foto: Facebook: Carlos Fernando Galán - Uno de los propósitos del alcalde Galán es aumentar la confianza de la ciudadanía; sin embargo, este aspecto podría ser insuficiente para problemas como la criminalidad.

Aunque la visión general del plan está en lo que denomina “bien-estar”, la recuperación de la confianza es lo prioritario. Para ello, se desarrollan cinco objetivos que incluyen seguridad, confianza en el gobierno, confianza en el acceso equitativo y de calidad a servicios, confianza en el potencial productivo y de capacidades de la ciudad y ordenar el territorio de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y la acción climática, todo esto en 39 programas y 405 metas.

Es esta entonces una apuesta para aumentar la satisfacción de los bogotanos. Desde la entrega de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2023 en noviembre pasado, Bogotá Cómo Vamos recomendó al por entonces electo Carlos Fernando Galán incluir metas en el PDD que apostaran a mejorar la percepción, satisfacción y orgullo con la ciudad.

La política en tiempos de desconfianza

Durante la campaña, Carlos Fernando Galán sostuvo que uno de sus principales propósitos era conectar a la administración distrital con la gente como un “(…) primer paso para recuperar la confianza y en cierta forma la esperanza”.

Vivimos tiempos en que las campañas electorales están lejanas de lo que ejecutan los gobiernos en ejercicio. Es claro que ese malestar se agravó con Claudia López frente a temas como infraestructura, seguridad y ambiente, profundizando la brecha entre la política profesional y la ciudadanía, tal como sugiere el 16,4 % que afirmó no votar en la Encuesta de Percepción Ciudadana 2023 porque considera que los candidatos prometen y no cumplen.

Aunque la anterior administración tenga parte de responsabilidad, la desconfianza es un fenómeno particular de nuestros tiempos. En un estudio publicado en 2022, el Banco Interamericano de Desarrollo advirtió que la confianza es clave para la cohesión social y su deterioro la posibilidad de una política inestable, un crecimiento desacelerado y una menor equidad social y bienestar individual.

El estudio señala que en América Latina apenas una de cada diez personas cree que se puede confiar en los demás y el índice de confianza en el gobierno se ubica en un 0,29, muy por debajo del 0,50 mundial y del 0,28 de países de la OCDE.

Esta situación puede afectar el régimen democrático. La fuente de los autoritarismos reside en la desconfianza de que las instituciones puedan resolver problemas inmediatos de la población. Una ciudadanía que desconfía tiene menos incentivos para articularse alrededor del bien común, tejer cercanía con funcionarios locales en territorio, y está menos dispuesta a cooperar por metas democráticas comunes.

La confianza es la base subjetiva de la democracia, pero su inexistencia puede erosionar las bases materiales de las instituciones. La Encuesta de Cultura Política del DANE publicada en 2022 mostró una reducción del 4 % de personas que consideran muy importante vivir en un país democrático con respecto a la encuesta de 2019, y registró un aumento en 2,2 % de encuestados que les resulta indiferente la situación y 2,1 % quienes consideran nada importante la democracia.

Creer por quienes votamos y las redes de apoyo inmediatas son claves para la confianza ciudadana contemporánea. De once temas que los afectaron directamente o a sus comunidades, encuestados ubicaron el incumplimiento de planes o programas de gobierno en cuarto lugar. En el caso de las redes de confianza y apoyo, Bogotá presentó un aumento sustancial de personas que no cuentan con estas: del 30,7 % pasó al 47,7 %.

Finanzas limitadas

Una de las particularidades de este nuevo Plan Distrital de Desarrollo que está en fase de concepto del Consejo Territorial de Planeación Distrital y posterior aprobación del Concejo de Bogotá es que tiene un margen limitado de maniobra en sus finanzas.

Este escenario es una herencia menos conocida para la ciudadanía que dejó Claudia López, y cuya responsabilidad también está en las mayorías del anterior Concejo de Bogotá que aprobó dos cupos de endeudamiento en 2020 y 2022.

La nueva administración de Carlos Fernando Galán es consciente de estas limitaciones. El Decreto 062 de 2024, uno de los primeros que firmó una vez empezado su mandato, limitó los gastos administrativos para las entidades públicas como en telefonía móvil, adquisición de nuevos equipos, eventos, y una reducción del 10 % en contrataciones de prestación de servicios.

Esto último es más una medida efectista que algo realmente sostenible en el tiempo y con seguridad se pondrá a prueba cuando venga la discusión y aprobación del PDD en el Concejo de Bogotá. La necesidad de preservar mayorías en el cabildo distrital medirá la solidez o no de esta medida.

Las estrategias de financiación del Plan Distrital de Desarrollo incluyen mejorar el sistema tributario a través de mecanismos que simplifiquen el recaudo y reduzcan la evasión, la cofinanciación de la nación para programas como primera infancia, educación básica, lo relacionado con la ley de víctimas, y una de las gestiones más importantes que anunció Galán con el gobierno nacional en materia de cofinanciación: el Sistema Integrado de Transporte Público Masivo con el 70 % a cargo de la nación.

No obstante, la puerta también seguirá abierta para estrategias de financiación que incluyen alianzas público privadas, aunque muchas de estas han puesto a la ciudad en desventaja con el privado, como por ejemplo en el caso del estadio El Campín, obras por impuestos y cupo de endeudamiento.

El servicio de la deuda es un componente de las finanzas de Bogotá que más ha aumentado en los últimos años. Para el final de la administración de Enrique Peñalosa, esta se ubicaba en 2,6 billones de pesos, cifra de lejos superada por los 9,26 billones de servicio de la deuda que dejó Claudia López con su mandato.

Llegamos a esta situación por vía de los cupos de endeudamiento. El primero de estos, aprobado en 2020 con 10,8 billones de pesos, fue un cupo que pretendía contener los efectos de la pandemia en materia de salud, y algunos programas sociales, entre ellos Jóvenes a las U.

El segundo, aprobado en 2022, sumó un total de 11,8 billones de pesos que incluían 5,5 billones de saldos por comprometer. Por esto hay tantas dudas sobre esta estrategia de financiación. Además del aumento progresivo del endeudamiento de la ciudad, afecta la ejecución efectiva de los recursos y la destinación final de los mismos, en particular el sistema de transporte y la operación privada de servicios.

¿Bogotá camina segura?

La protección de la vida y el patrimonio que propone el PDD parte de reconocer que es necesaria una mayor articulación interagencial. Incorpora la participación de las empresas de seguridad privada y pretende aumentar la denuncia ciudadana para reducir el hurto y homicidio. Incluye la reducción a la mitad de los puntos de arrojo clandestino de residuos y la evasión del pasaje en Transmilenio y ubica los principales factores que afectan la convivencia ciudadana.

Uno de los elementos fundamentales del PDD son los diagnósticos, en tanto que estos son la base de las metas para el cuatrienio. En este aspecto, se ve un cierto patrón relativamente común en el conjunto del documento de las bases del Plan: diagnósticos que en efecto son ciertos, contienen cifras y elementos reales, pero con metas que no se corresponden con los problemas identificados.

La criminalidad organizada en la ciudad ha aumentado y esto lo reconoce el diagnóstico: homicidios por la vía del sicariato, los denominados “homicidios ejemplarizantes” que mediante la tortura y violencia extrema envían mensajes a otros grupos y bandas criminales en la disputa por rentas y territorios, son algunos elementos que sigue registrando la ciudad.

Este diagnóstico contiene elementos importantes, pero silencia otros. La administración distrital ha minimizado lo advertido en la Alerta Temprana 004 de 2024 por parte de la Defensoría del Pueblo. El Alcalde Mayor afirmó el pasado 29 de febrero que esta es una “alerta preventiva” y que no hablaba de “hechos inminentes”.

Lo anterior parte de premisas correctas pero concluye de manera imprecisa: todas las alertas tempranas intentan prevenir violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, pero proyectan escenarios de riesgos sobre elementos fácticos que ocurren en el territorio. Esto incluye estadísticas e investigaciones reales que analizan el comportamiento de grupos armados ilegales y la criminalidad organizada, así como un elemento muy importante que exige mayor protección: la voz de líderes sociales que conocen los territorios.

Dentro de los elementos importantes que incluye la Alerta Temprana 004 de 2024, está el aumento del número de localidades en riesgo. Mientras que la Alerta Temprana 046 de 2019 señaló 4 localidades, la 004 de 2024 llegó a 9 localidades y 22 UPZ con presencia de grupos armados ilegales o criminalidad organizada, lo que demuestra que el riesgo es real y se consolidó, contrario a las subestimaciones del alcalde.

Construir sobre lo construido no es hacer lo mismo. Las metas de un Plan Distrital de Desarrollo deben apuntar a mejorar la calidad de vida actual y esto exige realizar estrategias que mejoren la gestión de la administración pública.

Entre los factores que muestran la evolución del riesgo está la transformación de los delitos de alto impacto, la consolidación de controles territoriales por parte de la criminalidad y grupos armados y un mayor número de poblaciones en riesgo que incluyen habitantes de calle, carreteros, recicladores, migrantes, trabajadoras sexuales, comerciantes y organizaciones sociales. A la vulnerabilidad que enfrenta esta población se suma la estigmatización social.

La presencia de grupos criminales está afianzando su control territorial y la mayor evidencia de esto es el aumento de la extorsión. Bogotá registró un aumento del 22 % de denuncias por extorsión en 2023 respecto del 2022. En consecuencia, este fenómeno muestra la consolidación de formas de gobernanza criminal que se manifiesta en zonas industriales y de comercio, pese al subregistro que existe como producto del miedo y la desconfianza en la denuncia.

Tal como señala el último informe de la Fundación Paz y Reconciliación, rentas ilícitas como la extorsión se consiguen a través de mecanismos de control sobre la vida cotidiana de las comunidades. El homicidio, lesiones personales, y amenazas, son delitos que los grupos armados y la criminalidad organizada efectúan cuando han logrado regular el orden social y la dinámica comunitaria como manifestación del debilitamiento de estructuras institucionales

Confiar es importante, pero insuficiente

En una lectura panorámica del Plan Distrital se advierten algunas líneas generales que convienen resaltar y que serán elementos importantes en la próxima discusión en el Concejo de Bogotá y los próximos Encuentros Ciudadanos en las localidades como parte de la participación en los Planes Locales de Desarrollo:

  • Las acciones disuasivas no serán sostenibles como medida efectiva para la disminución de la criminalidad y en particular del hurto. Si no se adecúan metas para combatir mercados ilegales en la ciudad es poco probable que se desmantelen las organizaciones multicrimen y grupos armados ilegales. Las capturas, aunque importantes, son insuficientes si la crisis carcelaria permite que estos centros se conviertan en centro de operaciones ilegales.
  • Construir sobre lo construido no es hacer lo mismo. Las metas de un Plan Distrital de Desarrollo deben apuntar a mejorar la calidad de vida actual y esto exige realizar estrategias que mejoren la gestión de la administración pública.
  • Ordenar el territorio alrededor de la acción climática, tal como mostraron los recientes incendios forestales, implica atender los factores de vulnerabilidad ante el cambio climático. Para ello, se debe responder de forma integral, incluyendo procesos de protección de la estructura ecológica principal, restauración de los cerros orientales y zonas afectadas y procesos de educación ambiental con organizaciones comunitarias con base territorial antes que indicadores inflados mediante personas registradas en listados de asistencia.
  • Afrontar el debate olvidado durante la campaña electoral pero urgente para Bogotá: el modelo de gestión de residuos. El actual esquema de aseo vence en dos años y necesita una actualización que además de la vigilancia sobre los operadores incluya una discusión sobre la disposición final.

El relleno sanitario de Doña Juana ha mostrado que, además privatizado, resultó segregador y obsoleto. Este debate debe incluir el papel de los recicladores de oficio, su reconocimiento al trabajo digno, el aumento sustancial del aprovechamiento, y la gestión de los residuos orgánicos que representan más del 50 % de lo que produce Bogotá de manera diaria.

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