En qué consiste el cambio en la política de drogas, qué tanto eco internacional puede tener Petro, por qué el Fiscal se opone al nuevo enfoque y qué podría hacer el gobierno.
Jorge Andrés Baquero Monroy*
La política antidrogas bajo Petro
Aunque no existe un documento público sobre la política antidrogas del gobierno, algunos de sus pilares se han expuesto en las declaraciones del presidente y del ministro Néstor Osuna, y en el Plan Nacional de Desarrollo. Esos pilares son:
- Dejar de perseguir a los cultivadores de hoja de coca y consumidores de cocaína;
- Transformar los territorios cultivados con hoja de coca y productores de cocaína, y
- Combatir las organizaciones multi criminales relacionadas con las economías ilegales.
La política antidrogas del presidente Petro ha sido apoyada en algunos espacios internacionales, especialmente por parte de los países más pobres y productores de sustancias psicoactivas. Algunos de ellos respaldaron a Petro en su visita a la ONU y en el Foro de París sobre la Paz de 2022.
Este año Petro expuso su política en el Foro Económico Mundial (Suiza) y ahora en la cumbre regional de la Unión Europea (EU) y la CELAC. Todo indica que Petro se ha convertido en un símbolo mundial del “fin de la guerra contra el narcotráfico”.
En su discurso ante el Congreso del 20 de julio, el presidente se refirió de nuevo a la política antidrogas.
Por una parte, habló de la disminución de las exportaciones de cocaína hacia Estados Unidos en el último año, y resaltó el cambio en el mercado interno de ese país: el fentanilo es por hoy el producto psicoactivo de más alto consumo, incluso por encima de la cocaína. Petro en cambio admitió el aumento de exportación de cocaína hacia Europa, Asia y África.
Por otro lado, el presidente aludió otra vez a los problemas sociales en zonas cocaleras.
Los argumentos anteriores corroboran el discurso de Petro respecto del cambio de paradigma en la lucha contra las drogas. Una nueva realidad del mundo, que no se comprenderá fácilmente Colombia porque llevamos 50 años de lucha contra la cocaína y los cultivos de coca.
Petro no acabará la guerra antidrogas
En el plano internacional a Petro se le alinearon los planetas, pues hace un par de semanas el gobierno de Estados Unidos suspendió el monitoreo satelital de los cultivos de coca en Colombia. Por lo menos para 2023 no publicará su informe sobre áreas cultivadas con coca en 2022.
Todo indica que Petro se ha convertido en un símbolo mundial del “fin de la guerra contra el narcotráfico”.
Aunque lo anterior no significa que Petro haya logrado sintonizar al mundo con su cambio de política antidrogas, sus propuestas podrían encontrar ahora un entorno más propicio.
Pero esta oportunidad está llena de dificultades. Para empezar, el Departamento de Estado de Estado Unidos no se ha pronunciado claramente a favor de algún cambio de fondo. Y en todo caso las posturas y acciones de ese país están sujetas al control del Congreso, cuya Cámara baja es de mayoría republicana, crítica de Petro y adversaria de Biden.
En síntesis, el dogma de la lucha contra el narcotráfico sigue vigente, y eso tiene muchísimas implicaciones.
Petro está iniciando una discusión internacional que tal vez tome una década para ser aceptada; los tres años de gobierno que le restan son insuficientes para cambiar el dogma de la lucha contra el narcotráfico.
Petro tiene un camino posible: utilizar las herramientas jurídicas para llevar a cabo sus promesas sobre el cambio de paradigma, y “dejar hacer y dejar pasar” en cuestiones que van en contravía a sus apuestas ideológicas y políticas.
Por ejemplo, el presidente podría limitarse a cumplir el punto cuarto del acuerdo con las FARC: solución al problema de las drogas ilícitas, con la estructura jurídica, política y constitucional que actualmente tiene el Estado colombiano.
Barbosa: un freno para Petro
El fiscal general Francisco Barbosa desaprobó la Política Nacional de Drogas (2023-2033) propuesta por el gobierno. Barbosa señaló que: “es un plan social y ambiental, que dista de ser una política nacional que establezca lineamientos, estrategias y acciones claras, que evidencien (sic) el compromiso del Estado en la lucha contra el fenómeno del narcotráfico”.
Para el fiscal, la nueva política no permite perseguir el narcotráfico ni desmantelar las organizaciones criminales.
En honor a la verdad, el Fiscal no tiene el poder para evitar que esta política avance, pero sí tiene el poder para que sus fiscales dificulten su ejecución. La salida de Barbosa es el aviso de que se va a concentrar en perseguir la producción y comercialización de cocaína, por encima de algunos temas de la política antidrogas de Petro. Aquí vamos entonces hacia un choque de trenes.
En consecuencia, el asunto seguramente llegará al Congreso de la República como reforma legislativa. Posiblemente este sea el lugar a donde el fiscal desea llevar la discusión: las mayorías que llevaron a Iván Name a la presidencia del Senado probablemente hundan los pilares que propone el gobierno.
No es de menor importancia recordar que al gobierno ya se le hundieron varias iniciativas legislativas: reforma laboral, reforma política, humanización carcelaria, ley de sometimiento a organizaciones criminales urbanas, y acto legislativo de uso adulto del cannabis. Además, se prevén cambios significativos a la reforma de la salud en este segundo año del Congreso.
En síntesis, el fiscal general de la Nación quiere debilitar tanto como pueda la política antidrogas de Petro y llevarla al Congreso de la República, donde el gobierno tiene cercadas sus posibilidades de acción legislativa y donde seguramente carecerá de astucia para inclinar al Senado en una u otra dirección.
Un fiscal politizado
Las posiciones y acciones del Fiscal contra el gobierno Petro no obedecen al funcionamiento habitual de la división de poderes en Colombia. La persecución legal ha sido a ultranza y se parece al dilema que planteaba Carl Schmitt sobre el amigo-enemigo, es decir, si en política eres mi enemigo te cobro políticamente todo lo que pueda.
el asunto seguramente llegará al Congreso de la República como reforma legislativa. Posiblemente este sea el lugar a donde el fiscal desea llevar la discusión
Ejemplos de lo anterior son las investigaciones contra Nicolás Petro, Juan Fernando Petro, Danilo Rueda y Laura Sarabia. Pero también hay que decir que los cercanos a Petro le han dado motivos al Fiscal para ser investigados, o como se dice coloquialmente “le dieron papaya”.
No es la primera vez que el Fiscal Barbosa sale a criticar al presidente Petro, sus críticas más duras se han dado en torno de la “paz total”, el pago de un subsidio para jóvenes por abstenerse de cometer delitos y por la declaración de Petro en el sentido que como jefe de Estado era el jefe del Fiscal General de la Nación.
Incluso en tiempos de la campaña presidencial, Barbosa fue un duro crítico de Petro. Todo esto ha hecho que el Fiscal se convirtiera en un orador que despertaba aplausos entre la oposición y la derecha colombiana.
Por todo lo anterior este nuevo capítulo alrededor de la política de drogas es otra oportunidad de Barbosa para demostrar que tiene el poder de obstaculizar al gobierno, apoyado en el enfoque punitivo del Código Penal colombiano.
Con esta nueva ofensiva el fiscal se posiciona como uno de los más visibles opositores a Petro, lo cual podría traerle grandes réditos políticos. Barbosa, después de todo, llegó a esta posición gracias a su militancia de derecha y a su amistad personal con el presidente Duque, quien presentó su nombre a consideración de la Corte Suprema de Justicia. Tanta retorica de Barbosa sobre su independencia no debería lograr que se olvide ese detalle.
Lo que le queda al gobierno
La oposición del fiscal a la política antidrogas es una manzana envenenada para el gobierno.
El mejor camino es el pragmatismo y considerar rápidamente las objeciones de Barbosa. De esta manera, el fiscal no tendría más tribuna sobre el tema, y el gobierno podría mostrar algunos resultados prácticos que vayan avalando el acierto del cambio en el paradigma.
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