¿El fin de la guerra?

En la instalación del Congreso, el presidente Gustavo Petro afirmó que “se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia”. Pero la actuación de los grupos armados muestra una realidad diferente.

Según el Ministerio de Defensa, hubo menos masacres que en 2022 sólo en el mes de abril. El secuestro alcanzó 161 casos —un aumento del 98 %—, de los cuales cerca del 70 % fueron extorsivos. La extorsión aumentó un 34 %, un delito caracterizado por bajos índices de denuncia y una limitada comprensión por parte de las autoridades.

De igual manera, los delitos contra los recursos naturales y medio ambiente aumentaron un 20 %, una tendencia al alza sostenida desde febrero —hubo un aumento del 56 % de voladuras a oleoductos—. Esto debería ser una alerta de la gravedad del panorama.

Por otra parte, la industria del narcotráfico no parece afectada. Con la erradicación de cultivos ilícitos casi suspendida, hubo una disminución del 12 % en las incautaciones de cocaína, del 46 % de heroína, del 28 % de insumos químicos líquidos y apenas un aumento del 9 % en la destrucción de infraestructura de producción.

Esto no quiere decir que el país ha regresado a sus peores momentos en materia de seguridad como lo ha señalado la oposición. Esta afirmación desconoce los avances en el último cuarto de siglo. Pero tampoco significa que haya avances en el fin de la guerra con la insurgencia, como lo señaló el presidente en su discurso.

Esta tensión entre el aumento de la violencia y el fin de la guerra que proclama Petro muestra que las estrategias del gobierno son insuficientes. En vez de terminar con el conflicto, el gobierno ha acelerado una transición a una realidad social más complicada y criminalmente más organizada.

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Dos problemas de la Paz Total

El gobierno nacional centró los esfuerzos en alcanzar una salida negociada al conflicto con la llamada Paz Total. Sin embargo, el enfoque reactivo y la renuencia a planificar las diferentes etapas del proceso han causado resultados indeseados.

Por ejemplo, el marco jurídico de la Paz Total se conforma por la Ley 2272 de 2022 y la Ley de Sometimiento. Pero esta última todavía no ha sido aprobada y tiene un futuro incierto pese a que el gobierno lleva casi un año en el poder.

De los ocho procesos de interlocución entre grupos armados y el Alto Comisionado para la Paz, cinco corresponden a grupos con fines de insurgencia criminal:

• El ELN
• El Estado Mayor Central
• La Segunda Marquetalia, resultado de dos ciclos disidentes dentro de las FARC-EP
• El Clan del Golfo, autodenominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia
• Las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, autodenominación del proceso de recomposición reciente de Los Pachenca

Estos cinco procesos están en etapas distintas pero comparten dos problemas:

1. La confusión del gobierno entre las metas y las herramientas de negociación. Esto ha impedido tomar la iniciativa estratégica y que los grupos armados no se comprometan con la negociación. El gobierno ha cedido con facilidad.
2. La falta de coordinación de la agenda de negociación con las prioridades y responsabilidades de la cartera de seguridad, cartera que ha jugado un rol pasivo frente a los anuncios de ceses al fuego y a las quejas por el deterioro de la seguridad territorial en el país.

Deterioro que tiene como característica principal la convergencia de macro criminalidades en los departamentos y municipios. La reconfiguración del narcotráfico y de las economías ilegales como la minería ilegal, el contrabando y la extorsión ha ampliado las zonas de operación regional de grupos criminales. Además, ha abierto canales de interacción entre personas de distintos niveles de organización, de capacidad de penetración territorial y de desestabilización institucional.

Paralelamente, los incidentes recurrentes como el bloqueo a la fuerza pública por comunidades constreñidas —Los Pozos, Los Farallones o La Plata—, la vulneración de infraestructura estratégica —petrolera, minera y de construcción—, el bloqueo de corredores intermunicipales e interdepartamentales —Antioquia, Valle y Magdalena— y la intimidación a candidatos de las elecciones locales facilitan el afianzamiento militar y criminal de estos grupos.

La paz posible

Las metas de la Paz Total han sido una de las banderas políticas del gobierno, pero su ejecución ha sido ineficiente. Una agenda de negociación incompleta en su marco formal corre el riesgo de perder de vista el hecho de que el crimen organizado ha evolucionado hasta convertirse en una amenaza directa para los ciudadanos.

Lejos del sesgo ideológico y la conveniencia política, la Paz Total debe tender cada vez más a ser y reconocerse como una paz posible es decir una negociación ordenada, más acotada y que pueda perdurar después del gobierno de Petro.

La reorientación de la agenda de negociación del gobierno nacional debe considerar cinco pasos:

1. Definir y dar a conocer la estrategia de gobernabilidad para la negociación. Sobran ejemplos de mala coordinación interna del gobierno nacional y de las deficiencias de la gestión legislativa, especialmente en temas de paz y sometimiento.
2. Complementar el marco formal de negociación que le dé prioridad al trámite de la Ley de Sometimiento. Sin un marco normativo completo y claro, el gobierno estará tentado a ver en el reconocimiento político del crimen organizado una solución rápida para el conflicto.
3. Ordenar la hoja de ruta de la Paz Total y planificar las etapas para el periodo restante del gobierno. La falta de planificación del proceso ha llevado a una pérdida de control en las mesas de negociación y a una gestión ineficaz de crisis que restan legitimidad al proceso.
4. Establecer y dar a conocer las metas generales y las prioridades de la estrategia de seguridad. La falta de coordinación entre el Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz incide negativamente en la seguridad jurídica de los uniformados y en el diseño operacional por parte de las fuerzas en escenarios de treguas o ceses.
5. Facilitar la articulación con entes territoriales, gobiernos salientes y entrantes, y con el sector privado. La exclusión deliberada de los gobiernos locales, así como de los privados, puede tener altos costos para la ejecución de la agenda de negociación tanto de la Paz Total como de otras políticas del gobierno nacional.

La oferta de una ruta hacia la legalidad para los criminales es sin duda un esfuerzo importante. Pero serán esfuerzos incompletos si la negociación con estos grupos subestima las acciones de los grupos armados y menosprecia a la ciudadanía más afectada.

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