Para cumplir su proyecto político, Petro cierra los ojos ante los crímenes de lesa humanidad de Maduro. Estos son sus motivos verdaderos.
Nastassja Rojas Silva*
Qué quiere Petro
Este 26 de septiembre se reabrió la frontera entre Colombia y Venezuela.
Un hecho que puede calificarse de histórico y que sin duda fue un paso decisivo para restablecer las relaciones binacionales. Un acto que, sin embargo, fue nada más que mediático.
Aunque la necesidad de reactivar el comercio es innegable, muchas de las promesas no se han hecho realidad. La reanudación de los vuelos comerciales, por ejemplo, o la salida de la mercancía venezolana por dificultades en el certificado de origen.
Esta realidad obliga a preguntar si el gobierno colombiano ha pecado de ingenuo al creer en las promesas del régimen de Maduro. O, aún peor, si vendió una idea a sabiendas de su imposibilidad, por lo menos en el corto plazo.
Podría pensarse que la precipitación por parte de Colombia es fruto del afán de su nuevo gobierno en mostrar resultados ya en sus primeros días, y así cumplir las promesas de campaña y distanciarse del gobierno de Duque. Además, y muy importante, de la posible afinidad ideológica de Petro con el régimen bolivariano.
Parece que las decisiones de Gustavo Petro van más allá del mero pragmatismo. Varias afirmaciones en sus discursos confirman que no se trata de una cuestión puramente utilitaria, sino de una forma de apoyo al régimen de Maduro.
Maduro y la “paz total”
Maduro ordenó que todos los puestos fronterizos entren en contacto con las fuerzas militares y policiales de Colombia para hacer el plan de la “paz total”. De esta manera expone su respaldo a la agenda del gobierno Petro.
Probablemente la idea de la “la paz total” es una de las razones de mayor peso para que Colombia restablezca relaciones con Venezuela. Así se explicarían los pasos agigantados de Armando Benedetti con el régimen de Maduro. Es el embajador quien está asumiendo los costos políticos al divulgar fotos junto al régimen venezolano.
Claro está que sin la voluntad de Venezuela no es posible negociar con el ELN. ¿Pero realmente hasta qué punto podría Maduro legitimar o deslegitimar un diálogo hacia la paz en Colombia?
Según el último informe de la Misión Internacional de la ONU sobre Venezuela, hay evidencias convincentes sobre los vínculos de colaboración entre el régimen venezolano y el ELN. Al parecer el grupo armado tiene acuerdos para controlar recursos mineros y expulsar del sector a los sindicatos informales que no están aliados con el régimen. Esta situación podría tener relación directa con el desplazamiento de bandas criminales al resto de la región.
La culpa es de Colombia
De acuerdo con Benedetti, la emigración masiva de venezolanos que llegó a ocasionar una crisis regional fue culpa del anterior gobierno colombiano.
Según nuestro embajador, el gobierno de Iván Duque estimuló el flujo migratorio al vender la idea de que en Colombia encontrarían mejores condiciones de vida. Pero, de acuerdo con ACNUR, los venezolanos afirman que las arzones principales para migrar fueron la inseguridad, las amenazas y la dificultad de acceso a alimentos y medicamentos.
Petro invoca el principio de la no intervención. Pero la falta de responsabilidad tiene límites claros, cuando se trata de los derechos humanos.
Lo que es peor, sin ningún sustento estadístico o de cualquier otra índole, Benedetti decidió apoyar la declaración del gobierno venezolano en el sentido de que un 60 % de la población migrante retornó a Venezuela gracias al plan Vuelta a la Patria.
No obstante, según datos publicados por el propio Ministro de Relaciones Exteriores, se apoyó el retorno de apenas poco más de 29 mil personas, es decir, menos del 1 % de los casi 7 millones de migrantes reportados para septiembre de 2022 ( según cifras de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela).
La responsabilidad de proteger
Hace algunas semanas, el canciller Álvaro Leyva fue interpelado sobre la situación de derechos humanos en Venezuela y la actitud d Colombia al respecto. Pues nuestro canciller respondió que Colombia no es la autoridad pertinente para decir si se cometen violaciones de derechos humanos en Venezuela.
Esta afirmación es totalmente falsa. Sí es competencia de Colombia velar por el respeto de los derechos humanos, incluso más allá del territorio, y de reprochar situaciones similares en cualquier parte del mundo. Así está establecido por el derecho internacional.
La vulneración de los derechos humanos en Venezuela no es un supuesto o un hecho que esté en duda. Precisamente, el 26 de septiembre, horas antes del acto de la frontera, la Misión Internacional presentó un tercer informe sobre los hechos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
El informe reafirma las responsabilidades del régimen venezolano por crímenes de lesa humanidad, los cuales permanecen en un clima de total impunidad. Entre los responsables se identificaron a Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Nicolás Maduro.
Cabe preguntarse si Gustavo Petro estará dispuesto a asumir los costos políticos en el plano internacional que conllevaría su foto al lado de un responsable de crímenes de lesa humanidad.
Principio de no intervención
Por su parte, el presidente Petro declaró en el acto de reapertura de la frontera que en la relación binacional se respetará la autodeterminación de los pueblos, o sea que el pueblo venezolano será quien decida sobre el futuro de su país.
Petro invoca el principio de la no intervención. Pero la falta de responsabilidad tiene límites claros, cuando se trata de los derechos humanos.
Justamente, el principio de no intervención no fue respetado por Colombia. El embajador Benedetti se inmiscuyó en asuntos internos de Venezuela cuando aseguró que “Juan Guaidó no existe ni aquí ni allá”. Con este tipo de ideas el embajador quebranta principios claros de la democracia, como lo son el respeto y el reconocimiento de la oposición.
Independientemente del reconocimiento, o no, de Nicolás Maduro como presidente constitucional de Venezuela, no es una actitud demócrata desconocer la existencia de un gran descontento con el régimen y, a su vez, no reconocer la importancia de la oposición venezolana.
De esta manera parece que la no intervención solo funcionará para dilatar lo más posible una posición abierta sobre la situación de Venezuela y el régimen de Nicolás Maduro. Todo indica que, con el propósito principal de negociar con el ELN, el gobierno colombiano está dispuesto a legitimar al régimen venezolano.
Claro está que no es fácil para Colombia rechazar y sancionar las violaciones de derechos humanos en Venezuela, porque el régimen bolivariano no admite matices y porque esa actitud conllevaría riesgos para una pieza de la agenda que el presidente Petro considera fundamental en su gobierno.
Por eso probablemente, en los próximos meses veremos más cercanía y más apoyo a la dictadura venezolana por parte del gobierno de Colombia. Y sin embargo, más allá de posiciones políticas, lo que hoy está en juego para América Latina es el talante democrático de los gobiernos en esta inestable región del mundo.
