El presidente Petro restableció las relaciones diplomáticas con Nicaragua. Esta decisión podría abrir espacio para resolver el diferendo limítrofe y para proteger los derechos humanos en ambos países. Pero falta mucho trecho.
Lina Céspedes* Enrique Prieto** y René Urueña***
Una estrategia arriesgada
Gustavo Petro, con toda seguridad, tiene razones históricas e ideológicas para reanudar la relación entre Colombia y Nicaragua.
Recordemos que, antes de ser el remedo de un déspota, el presidente Daniel Ortega fue protagonista en la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSNL) que puso fin a la dictadura de Somoza en 1979. Ortega fue el coordinador de la Junta creada por el FSNL como gobierno de transición.
Después, en 1985, Ortega fue el Presidente de Nicaragua en contra de quien los Estados Unidos organisation actividades militares y paramilitares en violación derecho internacional, como reconoció la Corte Internacional de Justicia en el fallo de 1986. Entonces, la relación actual de Petro con Ortega sí puede estar influenciada por la historia de la izquierda latinoamericana.
Pero hoy pesa una razón más pragmática: Colombia tiene pendiente un litigio ante la Corte Internacional de Justicia, situación que se ha hecho más difícil por la ausencia de un canal diplomático con la contraparte.
Pero este pragmatismo tiene costos para Colombia. De la esperanza progresista de los años setenta no queda nada: Ortega es hoy en día un violador sistemático de derechos humanos, y responsable de crímenes de lesa humanidad.
Con esta decisión, el gobierno de Petro da oxígeno diplomático a un gobierno presuntamente responsable de crímenes internacionales, los cuales el propio presidente Petro ha denunciado en Colombia.
Ojalá ese triple salto mortal moral sirva para solucionar el caso con Nicaragua, no para que Colombia acabe en una situación adversa ante la Corte Internacional de Justicia. De lo contrario, habremos hecho un pacto con el diablo para nada.
Una historia accidentada
Según la información proporcionada por la Cancillería de Colombia, las relaciones diplomáticas entre los dos países datan del 8 de marzo de 1825, y han sido, en general, amigables.
Durante los siglos XX y XXI la relación bilateral ha estado mediada por el desacuerdo entre Managua y Bogotá sobre los límites marítimos. Por eso en 1928 se firmó el tratado Esguerra – Bárcenas donde se definió sobré qué tenía soberanía Colombia y sobre qué Nicaragua.
En 1969 Nicaragua comenzó a otorgar licencias de exploración petrolera en una porción de mar más allá del meridiano 82. Esto produjo malestar en Colombia, pues Nicaragua desconocía nuestra soberanía sobre esta porción de mar. Después, el litigio por los cayos Roncador y Quitasueño intentó resolverse por medio del Tratado Vásquez-Saccio en septiembre de 1972.
Pero la llegada al poder del Frente Sandinista en 1979 aumentó las tensiones diplomáticas, porque comenzaron a revisar y dudar sobre la legalidad del tratado Esguerra-Barcenas de 1928. De ahí que el gobierno de Nicaragua expidiera el decreto 324 de 1980 que declaró la soberanía de ese país sobre las islas de San Andrés, Providencia y territorios circundantes. Incluso, ese mismo año publicaron el Libro Blanco de Nicaragua, donde explicaban las razones para no reconocer la soberanía colombiana.
En 1983, Colombia hizo parte del Grupo de Contadora para mediar en los conflictos armados de El Salvador, Guatemala y Nicaragua.
Entre 1990 y 1998, el gobierno de Colombia intentó llegar a un acuerdo con el gobierno de Nicaragua. Pero, bajo la presidencia de Arnoldo Alemán, el gobierno comunicó públicamente las intenciones de demandar a Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.
Con la última llegada de Daniel Ortega al poder en el 2007, las relaciones bilaterales comenzaron a deteriorarse. La diferencia ideológica con el entonces presidente Álvaro Uribe crearon tensos encuentros en reuniones internacionales.
Esta situación mejoró durante la presidencia de Santos entre 2010 y 2018. Pero con la posesión de Iván Duque, aumentaron las tensiones entre Managua y Bogotá.
En 2018, el gobierno de Ortega expulsó al embajador colombiano Alfredo Rangel por emitir juicios de valor sobre las acciones del presidente en materia de protección de los Derechos Humanos.
Primeros pasos de Petro
Durante este primer mes de mandato de Gustavo Petro, la agenda diplomática bilateral parece estar dando un giro de 180 grados.
El primer paso fue designar a León Fredy Muñoz como embajador de Colombia en Nicaragua, y restablecer las relaciones diplomáticas con este país.
Por otra parte, el 12 agosto, Colombia se abstuvo de participar en la sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Allí se condenó al gobierno de Daniel Ortega por vulnerar repetidamente los derechos humanos, y la democracia en su país.
De igual manera, el gobierno de Colombia manifestó que tiene una agenda abierta con Nicaragua para adelantar gestiones humanitarias con los presos políticos de este país.
A lo anterior se suman las especulaciones sobre un posible tratado que resuelva la disputa limítrofe en las aguas del mar caribe.
Este giro en la agenda bilateral no ha sido recibido de manera positiva por los opositores del gobierno Petro. Según ellos, este gobierno legitima las constantes violaciones de derechos humanos por parte de Daniel Ortega.
Arreglando el diferendo
Pero desde otro ángulo, el gobierno Petro está tomando una posición pragmática en esta relación bilateral. Esta aproximación pragmática —bien manejada— podría avanzar en beneficio de Colombia y Nicaragua.
En cuanto atañe al litigio limítrofe, es importante resaltar que la Corte Internacional de Justicia recomendó explícitamente a los dos países la solución negociada a su disputa territorial. Señaló la importancia de llegar a un tratado bilateral para garantizar los derechos de pesca de los raizales. Es decir, de concretarse un tratado, el gobierno de Colombia estaría cumpliendo una recomendación del máximo tribunal internacional en materia de conflictos entre Estados.
Esta sería la alternativa más práctica y menos costosa para resolver un conflicto —si consideramos que, en esta disputa, Nicaragua ha salido más exitoso que Colombia—. Pero, ante todo, el tratado puede garantizar y proteger los derechos de la población raizal de San Andrés, Providencia y las islas aledañas.
Proteger los derechos humanos
El restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países podría tener un efecto práctico positivo en materia de derechos humanos.
Colombia, y especialmente el presidente Petro, por su historia personal de haber sido un líder guerrillero —como lo fue Daniel Ortega— y por su parcial afinidad ideológica, podría promover la liberación de presos políticos en Nicaragua.
También podría auspiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición que permita restablecer la protección de los derechos humanos en el país. Esto podía ser más efectivo que las condenas simbólicas de la OEA, las cuales no han tenido ningún resultado.
De igual forma, Nicaragua podría apoyar el proceso de negociaciones que se adelantarán con el ELN. Esto podría traer un avance en materia de protección de los derechos humanos en Colombia.
Además, es importante señalar que Colombia no es el único país que se encuentra en proceso de reestablecer las relaciones diplomáticas con Nicaragua. También lo han hecho Chile y España.
En conclusión, todo parece indicar que el gobierno Petro está adoptando una posición pragmática frente a Nicaragua. Esta posición puede ser el camino hacia la solución pronta y adecuada de conflicto limítrofe entre los dos países.
Pero la aproximación pragmática tendría que ser parte de una estrategia clara que:
- logre la liberación de los presos políticos;
- promueva un diálogo entre el gobierno y la oposición;
- garantice el restablecimiento y respeto de los derechos humanos, y
- cumpla los compromisos establecidos en la Carta Democrática Interamericana.
