La decisión de llamar a nuevas elecciones fue apoyada por la gran mayoría de los peruanos, pero despertó la ira de los fujimoristas. ¿A qué se debe su ira?
César Ferrari*
Lo sucedido
El lunes 30 de septiembre de 2019 Martín Vizcarra, actual presidente del Perú, anunció su decisión de “disolver el Congreso y llamar a elecciones de congresistas” y señaló que los peruanos elegirían un nuevo Congreso el 26 de enero de 2020 en el marco de los cuatro meses estipulados por la constitución peruana.
De acuerdo con el artículo 134 de la Constitución, el presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. A su vez, el artículo 133 señala que el presidente del Consejo de Ministros puede plantear ante el Congreso una cuestión de confianza a nombre del Consejo y, si la confianza le es rehusada, si es censurado, si renuncia o es removido por el presidente de la República, se produce la crisis total del gabinete.
La primera negativa de confianza se dio en septiembre de 2017 bajo la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, quien se vio obligado a renunciar por sus vínculos con Odebrecht y fue reemplazado por Vizcarra, su primer vicepresidente en ese entonces. La segunda negativa ocurrió cuando el Congreso rechazó el proyecto de ley que cambiaba la manera de elegir los miembros del tribunal constitucional en aras de garantizar su solvencia y una mayor transparencia del proceso.
El acto de disolución del Congreso recibió el apoyo de las fuerzas armadas, de la policía nacional y de la mayoría del pueblo peruano.
Es importante señalar que, al presentarla a consideración del Congreso, el presidente del Consejo de Ministros había hecho de su aprobación una cuestión de confianza y antes de su disolución, el Congreso alcanzó a nombrar un nuevo miembro del Tribunal Constitucional que resultó ser un primo del entonces presidente del Congreso.
Como represalia a la disolución, aunque sin efecto legal o práctico, la mayoría del Congreso —que hace parte del partido fujimorista y cuenta con el apoyo incondicional del partido aprista del fallecido presidente Alan García— suspendió a Vizcarra por un año y posesionó como presidenta a Mercedes Aráoz, segunda vicepresidente y candidata presidencial del partido aprista en 2010. No obstante, Aráoz renunció en menos de 24 horas.
El acto de disolución del Congreso encabezado por Vizcarra recibió el apoyo de las fuerzas armadas, de la policía nacional y, más importante aún, de la mayoría del pueblo peruano. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), el 84 por ciento apoyó la disolución del Congreso y luego de su disolución, la popularidad del presidente Vizcarra aumentó del 40 al 75 por ciento, y su desaprobación se redujo de 52 a 18 por ciento.
De tal modo, el congreso peruano ha sido disuelto y quien era su presidente ejerce ahora como presidente de la Comisión Permanente del Congreso, es decir, que actúa durante los recesos del Congreso hasta que los nuevos congresistas sean elegidos.
El 10 de octubre el pleno del Jurado Nacional de Elecciones anunció el cronograma para las elecciones parlamentarias del 26 de enero del 2020 y estableció que para esta elección no se aplicarán las reformas políticas promulgadas en agosto 2019, entre las cuales sobresale la prohibición de la reelección de todos los cargos de elección popular que fue aprobada por el 85 por ciento de los votantes en el referéndum del 9 de diciembre de 2018 que el fujimorismo intentó bloquear.
La constitucionalidad de la disolución ha sido ampliamente debatida, pues mientras que la mayor parte de los constitucionalistas la considera apropiada, los partidarios del fujimorismo y del aprismo la tildan de inconstitucional. El presidente de la comisión permanente del Congreso presentó una demanda ante el Tribunal Constitucional que probablemente no prosperará.
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¿Y las consecuencias económicas?
Por otra parte, contrariamente a lo que podría esperarse, la economía no ha experimentado consecuencias negativas: los días siguientes a la disolución del Congreso, la tasa de cambio con respecto al dólar se revaluó ligeramente y la bolsa de valores no sufrió mayores fluctuaciones.
De acuerdo con el Banco Mundial, desde que Alberto Fujimori renunció a la presidencia por fax y se refugió en Japón, la economía peruana ha crecido a una tasa cercana al 6 por ciento anual y, entre 2004 y 2015, 9 millones de peruanos salieron de la pobreza. Los datos del Banco Mundial también indican que, medido a paridad de compra, el ingreso per cápita peruano en 2018 fue de 14.393 dólares; el colombiano fue de 14.999 dólares. Entre 2000 y 2018 este ingreso aumentó a una tasa promedio anual de 5,9 por ciento en Perú y 4,6 en Colombia.
Sin embargo, es importante tener en cuenta que Perú es un país fundamentalmente minero-metalúrgico, Colombia en cambio depende principalmente de hidrocarburos y carbón (actualmente más del 50 por ciento de las exportaciones de estos dos países son de productos minero-metalúrgicos en el caso peruano e hidrocarburos y carbón en el caso colombiano). Por lo tanto, su tasa de crecimiento depende en gran medida del comportamiento de los precios internacionales de esos productos.
Además, estos bienes corresponden a sectores intensivos en capital que generan poco empleo y concentran el ingreso, lo cual se refleja en el índice Gini: en 2017 fue 0,433 en el caso peruano y 0,497 en el colombiano (el índice Gini varía entre 0 y 1, a mayor índice mayor concentración), de los más elevados del mundo.
Por su parte, los textiles y confecciones peruanos aprovechan la producción doméstica de algodón de fibra larga y alpaca para poner precios premium en el mercado internacional. En cuanto a la agricultura costera, heredera de la reforma agraria que eliminó los latifundios y de la posterior compraventa de la tierra que atrajo a nuevos inversionistas, Perú ha logrado posicionarse como uno de los principales exportadores mundiales de productos de alto valor como brócoli, alcachofas, espárragos, aguacates, uvas de mesa y mangos, entre otros. Finalmente, el turismo se beneficia de la inmensidad de restos arqueológicos peruanos y de su aclamada gastronomía.
Entre la sed de revancha y el miedo
Así las cosas, es claro que las reacciones que ha suscitado la disolución del Congreso no son producto de una crisis constitucional, ni económica, sino de una crisis política.
Se trata de una crisis de larga data que se fundamenta en una oposición permanente y agresiva de parte del fujimorismo y sus aliados en contra del gobierno. Detrás de su actitud de animadversión y confrontación permanente existen dos emociones principalmente: la sed de revancha y el miedo.
Las reacciones que ha suscitado la disolución del Congreso son producto de una crisis política.
La sed de revancha es producto de la insatisfacción y la rabia que los fujimoristas manifestaron abiertamente frente a las dos derrotas seguidas que experimentaron en las últimas elecciones presidenciales: la primera, ante Ollanta Humala en 2011 y la segunda, ante Pedro Pablo Kuczynski en 2016.
Y el origen del miedo es el riesgo de que prosperen las múltiples denuncias y acusaciones de corrupción que comprometen a prácticamente todos sus dirigentes. Indudablemente, ese miedo se esconde tras la urgencia que sienten por controlar todo el aparato del Estado, particularmente el poder judicial.
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La lista de personajes en problemas judiciales incluye a la líder del fujimorismo, Keiko Fujimori, varias veces candidata a la presidencia e hija del expresidente: desde hace casi un año está en prisión preventiva.
Los fujimoristas también le temen a la fiscalía y al periodismo investigativo peruanos, pues su independencia y acuciosidad acorralaron a los últimos cinco expresidentes de distintas formas: Alberto Fujimori está sentenciado, Alejandro Toledo tiene un pedido de extradición y está huyendo de la justicia, Alán García prefirió suicidarse antes de ser capturado, Ollanta Humala está a punto de volver a prisión y Pedro Pablo Kuczynski está en prisión domiciliaria.
El fujimorismo también le teme al pueblo peruano que cada vez con más fuerza exige que se haga justicia. Pero el mayor miedo de este partido actualmente disminuido es que se acerque su ocaso político, pues eso sugieren los resultados del referéndum de 2018 y las encuestas realizadas tras la disolución del congreso.
* Ph.D. en Economía, Profesor Titular de la Pontificia Universidad Javeriana.