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Perú: entre la esperanza y la incertidumbre

Escrito por Mariana Salazar
Mariana Salazar

Mariana SalazarDetrás de la carrera entre Keiko Fujimori y Ollanta Humala se encuentra la salida de un dilema más hondo: reorientar la economía hacia una mayor inclusión social o rechazar el autoritarismo todavía popular entre los peruanos.

Mariana Salazar Posada*

Los resultados del conteo rápido que dan por ganador a Ollanta Humala, el candidato nacionalista de Gana Perú con 52.6 por ciento de los votos seguido de Keiko Fujimori con 47.4 por ciento, permiten dar unas pinceladas sobre el significado de esa elección.

A pesar de la intensa polarización y resistencias que producían ambos candidatos, la tendencia repetida en los comicios peruanos desde el 2001 de elegir a quien se considere como el mal menor, no parece haber operado en esta coyuntura.

Ganó el candidato que representa el cambio en el manejo económico que los peruanos expresan en las encuestas desde los inicios de la campaña electoral [1]. El 82 por ciento rechaza la manera como se manejan los recursos por el Estado, mientras que el 68.7 por ciento considera que ha habido más corrupción y el 48.6% que hay menos empleo y mayor pobreza. Ese pedido no significa un cambio radical, 70.7 por ciento confía en que se mantenga la inversión privada pero con mayor supervisión estatal. El 40.2 por ciento de los encuestados considera que la situación económica de las familias había empeorado en los últimos cinco años.

Sin embargo, también quedó en evidencia lo que se juzgaba impensable hace pocos años, tras una década de recomposición de la democracia: que el modelo instaurado por Alberto Fujimori en los años noventa pugna por regresar y estuvo cerca de lograrlo.

Dirimir el empate

En el Perú, donde el voto es obligatorio, es usual que los votos blancos y nulos alcancen cerca del 10 por ciento y la abstención sea reducida.

Otros factores pudieron haber influido en la decisión del electorado de zanjar a favor de Humala "el empate técnico" que seguían revelando las encuestas publicadas hasta entrar a regir la prohibición legal de difundir sondeos de opinión.

Keiko Fujimori fue incapaz de contener los desbordes de personas de su entorno en los últimos días de la campaña, hasta entonces manejada con gran habilidad. La candidata de Fuerza 2011 había logrado un equilibrio difícil: reconocer las violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el gobierno de Alberto Fujimori pero negar cualquier responsabilidad de su padre en esos hechos.

Afirmaciones como las de uno de los voceros de su agrupación, Jorge Trelles, en referencia a los gobiernos anteriores al de Fujimori, "Nosotros matamos menos", o del candidato a la vicepresidencia, Rafael Rey, "No me consta que Montesinos sea un asesino", jugaron definitivamente en el sentido de ver regresar con Keiko al fujimorismo de los años noventa.

Lo cierto es que en la campaña prevaleció el debate en torno a lo que el politólogo de la Universidad de Harvard Steven Levitsky resumió así de manera contundente, "de Humala se puede tener dudas, pero de Keiko tenemos pruebas".

Las pruebas sobre Keiko

Keiko Fujimori no es criticada por ser la hija del ex presidente -en últimas los pecados del padre no se heredan- sino por defender su gobierno autoritario, justificar el autogolpe de 1992 como un hecho excepcional e irrepetible y pretender que la inmensa red de corrupción que se tejió en esos años se debió a la acción aislada de Montesinos.

La candidata fue parte de ese gobierno, se desempeñó como primera dama en remplazo de su madre y recibió beneficios directos del saqueo de los recursos públicos del régimen fuji-montesinista. La Procuraduría Anticorrupción ha evaluado en seis mil millones de dólares el monto de dinero que desapareció en esa década.

Por lo pronto, la Fiscalía de la Nación -que investiga a Keiko y a sus hermanos por los 900 mil dólares de propiedad del Estado que sirvieron para pagar sus estudios en Estados Unidos- tiene pruebas que los incriminarían por el delito de enriquecimiento ilícito.

En sus filas acoge a una buena parte de los artífices del entramado que permitió al ex presidente prolongarse en el poder y que avalaron sus políticas autocráticas, que habrían conformado su equipo de gobierno si ella hubiese ganado.

Rafael Rey, como ministro de Defensa del gobierno García promovió en 2010 el decreto legislativo 1097, que ponía ad portas de la calle a perpetradores de masacres y desapariciones forzadas de los años de guerra sucia. El decreto fue calificado como una amnistía encubierta por la comunidad internacional y por organizaciones de la sociedad civil de suerte que, tras una vigorosa protesta ciudadana, fue derogado por el Congreso.

El congresista reelegido y vocero de Fuerza 2011, Alejandro Aguinaga, ex ministro de Fujimori que tuvo a su cargo el plan de esterilizaciones forzadas de campesinas e indígenas en situación de pobreza que afectó a cerca de 300 mil mujeres entre 1996 y 2000. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos que había solicitado en el 2003 la investigación de las 2074 denuncias por esos crímenes, podría denunciar al Perú ante la Corte por incumplir el acuerdo de solución amistosa. En efecto, la Fiscalía abrió una investigación pero decidió archivarla por prescripción en el 2009.

La sentencia condenatoria que emitió la Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia en contra del ex presidente por los crímenes por los que fue juzgado, La Cantuta y Barrios Altos, estableció que éstos se ordenaron desde la cúspide del poder.

Las duda sobre Humala

Ollanta Humala ha moderado las posturas radicales que le hicieron perder la elección de 2006 y ha acomodado sus propuestas para atraer a un electorado que le profesa una gran desconfianza, por su condición de ex militar, sus rasgos autoritarios y hechos de su pasado que pondrían en duda su vocación democrática.

En efecto, existen denuncias que lo vinculan con el "Andahuaylazo", la asonada que protagonizó su hermano Antauro en 2005 contra el gobierno de Alejandro Toledo, y enfrenta acusaciones por tortura y desaparición forzada ocurridas cuando era comandante de la base militar de Madre Mía en 1992. El caso, que se había archivado por falta de pruebas, se reabrió hace unos meses por nuevas versiones sobre presuntos sobornos a los testigos.

Humala se ha rodeado en la segunda vuelta de reconocidos profesionales que podrían despejar los recelos frente a sus propuestas en materia económica, en particular de muchos de los cuadros de Perú Posible de Toledo que lo están acompañado.

Ha ganado la adhesión de personalidades independientes y dado muestras de su voluntad de gobernar en el respeto de las reglas de derecho. El juramento solemne en defensa de la democracia y los valores constitucionales en presencia de connotadas personalidades, constituye un compromiso inhabitual destinado a vencer las resistencias a su candidatura.

Por lo demás, es poco probable que un eventual gobierno de Humala cambie drásticamente las reglas del juego para la inversión privada o tome medidas que pongan en peligro el crecimiento del país de los últimos años. El margen de maniobra sería en cualquier caso estrecho.

Gana Perú tendría que sumar fuerzas con otros de los 14 partidos o alianzas electorales presentes en el Congreso que sesionará a partir del 28 de julio próximo. Frente a este fraccionamiento, y a pesar de ser la bancada más numerosa con 46 de los 130 escaños, serán necesarias la conformación de bloques y la negociación para gobernar.

El temor a que negocie una mayor participación del Estado en las ganancias de la minería, podría presentarse más bien como una medida sensata de redistribución de los beneficios de la bonanza, que contribuiría a desactivar una conflictividad social que amenaza con desbordarse.

Prensa y gobierno parcializados

En los medios se libró otra batalla, esta vez de desinformación destinada a crear miedo frente al gobierno pro-chavista que llevaría a cabo Humala. Se conformó un "frente mediático contra Humala" denunciado por el respetado periodista Gustavo Gorriti que recordó las prácticas del fujimorismo.

Con contadas excepciones, la intención de socavar la candidatura de Humala apareció en la cobertura que hicieron la radio, la televisión y los grandes medios escritos. El episodio más elocuente fue el retiro de la columna de Vargas Llosa del diario El Comercio, por haberse convertido en una "máquina propagandística" de la candidata Fujimori. También se registraron casos de despido de periodistas que se negaron a favorecer a Keiko en sus noticias. Otros renunciaron por las mismas razones.

El ejecutivo tampoco dio muestras del respeto a la neutralidad al dejar traslucir sus preferencias por Keiko Fujimori. Al respecto, el director del Instituto de Opinión Publica de la Universidad Católica del Perú, Fernando Tuesta, lamentó que el Jurado Nacional de Elecciones no haya hecho un llamado de atención al presidente, mientas que la Asociación Civil Transparencia confirmó que se presentaron unas 200 denuncias por incumplimiento de las reglas electorales en contra del presidente y otros funcionarios.

Esto se explica, según el vocero de Perú Posible, Juan Sheput, por la búsqueda de Alan García de un blindaje ante las eventuales investigaciones por los escándalos de corrupción de los últimos cinco años.

Agenda pendiente y sociedad civil

Dos temas mayores se impondrán al nuevo presidente, la continuidad de procesos impulsados en la transición democrática que han quedado relegados, y la búsqueda de consensos con respecto a los conflictos sociales causados por la minería.

  • Uno de los mayores aciertos de la transición fue poner en marcha la Comisión de la Verdad y Reconciliación que rindió un informe final en 2003 sobre los años de violencia entre 1980 y 2000. Sus conclusiones pusieron el dedo en la llaga de la exclusión y el desprecio persistentes hacia la población andina y de la selva: de las 69 mil víctimas que dejó el conflicto, tres de cada cuatro eran quechuahablantes y casi el 80 por ciento provenía de zonas rurales.

Pese a los significativos avances en la judicialización de casos de violación de los derechos humanos no se ha operado una ruptura definitiva con el pasado. El enjuiciamiento a los perpetradores presenta un balance contradictorio. Las sentencias recientes reflejan una preocupante tendencia a exculpar a los altos mandos militares investigados. Según los informes de las organizaciones de defensa de los derechos humanos, 82 por ciento de los procesados de 2007 a la fecha han sido absueltos [2].

  • La explotación minera es una bomba de tiempo. De acuerdo con el informe de abril 2011 de la Defensoría del Pueblo, los conflictos medioambientales representan el 50 por ciento de los 233 conflictos sociales registrados [3]. Un ejemplo patente ha sido el paro antiminero y el bloqueo de carreteras que los pobladores de la región sur de Puno iniciaron el 9 de mayo para exigir la anulación de las concesiones mineras; suspendido durante una semana para no obstruir el proceso electoral, la solución durable de este y otros conflictos mineros tendrá que articular las diferentes demandas.

La sociedad civil ha creado espacios de vigilancia del respeto de los principios democráticos y las reglas de derecho, y fiscalizará la labor del nuevo presidente. El pronunciamiento de ciudadanos y organizaciones independientes encabezado por Vargas Llosa frente al desempeño del próximo gobierno es uno de ellos, al igual que la reactivación del Foro Democrático, una iniciativa ciudadana que tuvo papel decisivo en el rechazo de las prácticas que durante una década minaron las instituciones del Perú.

* Politóloga de la Universidad de Los Andes, máster de la Universidad de Alcalá. Trabaja en Francia sobre derechos humanos en países latinoamericanos. Ha sido editora adjunta y redactora de una revista especializada en derechos humanos. msalazarposada@yahoo.fr

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