En la polémica ya reseñada en Razón Pública sobre el traslado de estatuas para una exposición en Bogotá, damos ahora la palabra a quienes defienden la permanencia de las estatuas en el Huila y critican la actuación del Gobierno Nacional.
Celebrar el centenario
Que regresen las de Berlín y no salgan las de San Agustín” se puede leer en un grafiti en San Agustín, Huila.
Esta frase recoge dos de las peticiones de uno de los lados en la actual discusión sobre el traslado de 20 estatuas arqueológicas agustinianas como piezas centrales de una exposición que esta semana se inaugurará –sin las estatuas- en el Museo Nacional de Bogotá.
Para conmemorar el centenario de las excavaciones arqueológicas de Konrad Preuss en San Agustín, el Ministerio de Cultura declaró 2013 como Año de la cultura agustiniana. Como evento central de este año, la celebración prometía ser una oportunidad para que el país volteara su mirada a aquellos vestigios de una cultura milenaria que habitó las montañas del sur entre los siglos I y VIII d.C.
La hoja de ruta del centenario, elaborada por el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH), entidad encargada de la celebración, incluyó diversas actividades, siendo el evento central la exposición El retorno de los ídolos, en la sala de exposiciones temporales del Museo Nacional.
|
Monumento mortuorio en el Parque Arqueológico |
Otra iniciativa
Sin embargo, otra iniciativa, en sentido contrario y más ambiciosa, que se venía gestando en San Agustín desde hacía años tendría en el centenario la gran oportunidad de hacer visible su propósito: la repatriación desde Alemania de 35 estatuas que el mismo Preuss se había llevado en 1914 y que hoy reposan en el Museo Etnológico de Berlín.
Esta iniciativa es liderada por David Dellenback, un “gringo” trotamundos que se instaló en San Agustín hace más de 30 años, atraído por los misterios de lo que él llama “el pueblo escultor”. Como lo dice en su página web, su inspiración fueron los trabajos de Francisco José de Caldas y Agustín Codazzi, quienes, en el siglo XIX, escribieron acerca de la importancia de estudiar y documentar estas ‘ruinas'.
En 2012 el gobierno peruano había logrado que la Universidad de Yale devolviera miles de piezas que el arqueólogo Hiram Bingham se había llevado de Machu Picchu hacía más de un siglo.
Este era un ejemplo inspirador, sin duda. Por eso, en enero de este año, miles de personas en San Agustín, portando camisetas con letreros que decían ‘Se Busca’, apoyaron la campaña de repatriación de las estatuas.
Sin embargo, la solicitud de Dellenback apenas recibió una respuesta protocolaria por parte del ICANH: ante la ausencia de legislación sobre protección del patrimonio arqueológico en la época en la que las estatuas fueron llevadas, la repatriación sería un proceso difícil, pero se iniciarían las gestiones diplomáticas pertinentes. Cabe recordar que solo a partir de la Ley 103 de 1931 se empezó a prohibir la venta y exportación de objetos arqueológicos.
Paradójicamente, este año el Gobierno Nacional dejó hundir en el Congreso un proyecto de ley (151/2011) que le daría facultades y recursos al ICANH para gestionar la repatriación de miles de objetos arqueológicos que se encuentran en colecciones privadas y públicas de Estados Unidos y Europa.
|
Director del ICANH, Fabian Sanabria. |
Crónica de una polémica
Al debate sobre el traslado de estatuas de San Agustín para la exposición El retorno de los ídolos se sumaron diferentes actores locales, y a finales de agosto diputados de la Asamblea Departamental manifestaron su oposición.
En ese momento, el director del ICANH, el antropólogo Fabián Sanabria, propuso una consulta directa a la población. No obstante, un mes después, el mecanismo de la consulta fue descartado por el mismo Sanabria, alegando –lo cual es cierto– que la competencia sobre el manejo del patrimonio arqueológico recaía sobre la institución que él dirige.
Además, huelga decirlo, en nuestro marco legal no existe un mecanismo establecido para tal fin. Pero la idea de una consulta popular empezó a ser aceptada por los llamados ‘opositores’ de la iniciativa.
En lugar de la consulta popular, en octubre se realizó una sesión del Consejo Nacional de Patrimonio en San Agustín con la presencia de la ministra de Cultura, Mariana Garcés. La conclusión a la que se llegó se resume en la declaración de la ministra a los medios locales: “El homenaje a San Agustín se hace”. En las semanas siguientes se inició el desmonte de varias estatuas.
El descontento por el traslado se aglutinó en la iniciativa “Minga integral agustinense y del Macizo Colombiano pro defensa del patrimonio ancestral”, que congregó a sectores cívicos y sociales de San Agustín.
Otra iniciativa, en sentido contrario y más ambiciosa, que se venía gestando en San Agustín desde hacía años tendría en el centenario la gran oportunidad de hacer visible su propósito: la repatriación desde Alemania de 35 estatuas que el mismo Preuss se había llevado en 1914 y que hoy reposan en el Museo Etnológico de Berlín.
La respuesta institucional ante esta iniciativa fue, desafortunadamente, la misma que con soberbia se suele dictar desde Bogotá: acusaciones, estigmatización y deslegitimación al señalar a los opositores de ser guaqueros y oportunistas que jamás habían visitado el Parque.
“Lamentamos que intereses mezquinos y politiqueros hayan pretendido infiltrarse en este gran evento cultural”, se podía leer en uno de los comunicados del ICANH. El director del Instituto fue aún más lejos al señalar que había intereses de proteger corredores de circulación de drogas ilícitas y personas con antecedentes judiciales involucrados en la protesta.
Los indígenas Yanaconas, con quienes el ICANH libra un conflicto desde hace varios años por la construcción de una vía en predios del Parque Arqueológico, también fueron señalados como oportunistas recién llegados a la región, y sin ningún vínculo histórico-cultural con los autores de la estatuaria.
Este es el discurso que más ha calado en la prensa nacional, la cual, salvo unas pocas honrosas excepciones, se ha plegado ante la posición oficial.
Lo que dicen los locales
Uno de los líderes de la “Minga pro defensa del patrimonio” es Diego Fernando Muñoz, un maestro que promueve la defensa del Parque Arqueológico y enseña el valor del patrimonio cultural a sus alumnos.
En 2011, junto con líderes locales, promovió una marcha cuyo lema fue “proteger nuestro patrimonio es obligación de todos”, en la que se estima participaron más de 4.000 personas. La razón de la protesta era el rumor según el cual por el conflicto entre Yanaconas y el ICANH, sería retirado por la Unesco el título de Patrimonio de la Humanidad que ostenta el Parque. Quienes en 2011 se enfrentaron por el tema del Parque Arqueológico ahora estaban unidos frente al ICANH y su discurso discriminatorio y autoritario.
¿Qué le aportará al país el hecho de que desde su principal museo, nada menos que el Nacional, ahora se legitimen prácticas de discriminación cultural (aludiendo tanto a los Yanaconas como a la supuesta falta de cultura de los agustinianos no indígenas)?
El cabildo yanacona, vecino del Parque, como se ha señalado, es relativamente reciente y se constituyó en el marco de un complejo proceso de reivindicación étnica, cultural y territorial que lleva a cabo este pueblo indígena desde hace tres décadas.
El antropólogo Carlos Zambrano define este como un caso de reindigenización, entendida como el proceso de “transformación de una comunidad política de un pueblo indígena (en el sentido de nacionalidad incipiente), basado en la articulación reflexiva en la arena política local, regional y nacional, de reivindicaciones de lengua, tradiciones, costumbres, y, por supuesto, demandas de derechos legales de los pueblos indígenas”.
En este contexto, el pasado y sus representaciones cobran un claro sentido político, más que funcional. El territorio ancestral yanacona comprende el Macizo Colombiano, en los departamentos del Huila y Cauca, incluida la región del Alto Magdalena donde se encuentra el Parque Arqueológico.
Es decir, los motes de recién llegados y de ‘cazadores recolectores de rentas públicas’ con el que un columnista los bautizó, pueden ser relativizados a partir de argumentos antropológicos e históricos. Lo mismo puede decirse de quienes han sido criticados como retrógrados y salvajes.
El silencio de los ídolos
La nueva exposición, El silencio de los ídolos, busca mostrar cómo “la tiranía de unas minorías” ha “privado a miles de colombianos” de poder disfrutar del legado de los antiguos habitantes del Alto Magdalena, quienes, hace dos mil años honraron a sus muertos con estos impresionantes monumentos funerarios, reconocidos por la Unesco en 1995 como patrimonio mundial. En ella, los responsables de su realización se preguntan si una minoría se puede arrogar el derecho a impedir que un patrimonio nacional se divulgue.
Con estas posiciones, parecería que ya no tuvieran sentido el valor patrimonial de las estatuas y los invaluables aportes científicos de los investigadores que han contribuido para que este conjunto monumental tenga el reconocimiento de todo el mundo. Una vez más, el camino elegido por las entidades estatales es el de la estigmatización, la acusación fácil, ahora cubierta bajo un manto sospechoso de reflexión sobre la ‘propiedad’ del patrimonio cultural.
En estas condiciones es oportuno preguntarse: ¿Vale la pena presentar una exposición cuyo motivo principal parece ser la frustración y el rencor hacia aquellos que tildan de “minorías tiranas”? ¿Qué le aportará al país el hecho de que desde su principal museo, nada menos que el Nacional, ahora se legitimen prácticas de discriminación cultural (aludiendo tanto a los Yanaconas como a la supuesta falta de cultura de los agustinianos no indígenas)? Después de esta exposición, ¿quienes la visiten serán más tolerantes y respetuosos de las diferencias culturales que proclama la Constitución de 1991?
La ‘propiedad’ sobre el patrimonio es del Estado. En cambio, la autoridad sobre ese patrimonio debe ser ejercida contando con las poblaciones locales que viven de y por el mismo.
Según la definición del Consejo Internacional de Museos, ICOM, un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo. No se ve en esta definición ningún llamado a la discriminación.
Desde otro ángulo, la reflexión sobre la ‘propiedad’ del patrimonio cultural resulta inútil si de lo que se habla no va encaminado a analizar el papel de los actores sociales que se involucran profundamente con este patrimonio.
La ‘propiedad’ sobre el patrimonio es del Estado. En cambio, la autoridad sobre ese patrimonio debe ser ejercida contando con las poblaciones locales que viven de y por el mismo. Este fue precisamente el tema central de la conmemoración del aniversario 40° de la Convención de Patrimonio Mundial de la Unesco, el año pasado.
Por estas razones sería de esperar que los creativos de la exposición trabajen en un nuevo sentido y en una exhibición que resalte los valores de la cultura agustiniana, de los actuales habitantes del Huila y, finalmente, de todos como colombianos. Porque si ello no es posible, estamos demostrando que no somos capaces de construirnos como nación, en medio de nuestras diferencias, ni siquiera a partir de un evento cultural como este.
*Antropólogo de la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en Biología y Educación, director de la carrera de Arqueología de la Universidad Externado de Colombia.
@socarraspi
