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Patrimonio cultural sumergido: una ley infame

Escrito por Carlo Piazzini
Carlo Piazzini RazonPublica

Carlo Piazzini RazonPublicaLa nueva ley entrega a aventureros el manejo y explotación económica de valiosísimos bienes culturales, en lugar de confiar en las capacidades de investigadores y de arqueólogos colombianos.

Carlo Emilio Piazzini*

CPiazzini  Patrimonio sumergido

Foto: www.icanh.gov.co 

Entre piratas y caza–tesoros

El pasado 19 de junio, el Congreso aprobó un proyecto de ley presentado por el Ministerio de Cultura referente al patrimonio cultural sumergido.

Los bienes que integran este patrimonio son todas aquellas evidencias arqueológicas que hoy se encuentran bajo el agua, trátese de restos de asentamientos humanos precolombinos, fuertes y edificaciones coloniales o naufragios de esa época y aún del periodo republicano.

Desde el punto de vista cultural, todos estos vestigios poseen gran valor: son testimonios que permiten la reconstrucción de procesos y prácticas históricas.  Constituyen recursos culturales no renovables que sirven para re–crear memorias, sentidos de pertenencia, identidades y soberanías.

Pero desde el punto de vista económico, se destacan obviamente los naufragios, al ser objeto de especulaciones con tesoros fabulosos compuestos por artefactos de oro, plata y piedras preciosas, que acaban convertidos en costosas mercancías para el mercado mundial de antigüedades.

Estos dos intereses han entrado en conflicto en no pocos países donde existe un gran potencial de bienes culturales sumergidos — naufragios del periodo colonial en particular, como en Colombia — y donde desde principios del siglo XX se ha venido construyendo una política a favor del  patrimonio arqueológico como propiedad de la Nación y no como una simple mercancía.

Presiones y dignidad

 

 
CPiazinni Patrimonio sumergido

Foto: www.mincultura.gov.co 
 

Ya desde la década de 1970, los gobiernos colombianos comenzaron a recibir ofertas y presiones por parte de empresas de caza–tesoros — la mayoría de ellas norteamericanas — dedicadas a la explotación y al comercio de bienes procedentes de naufragios  en el mundo entero.

Esas presiones lograron que se expidieran algunas leyes y decretos anómalos dentro del panorama legislativo colombiano, y que a la postre fueron derogadas o resultaron inaplicables. Pero los caza–tesoros se habían formado expectativas insatisfechas: uno de los casos más sonados es el pleito que desde hace más de tres décadas sostiene la empresa Sea Search Armada contra la Nación, donde reclama indemnizaciones multimillonarias y el derecho a explotar los tesoros del legendario galeón San José, supuestamente detectado y denunciado a finales de 1970.

La presión sobre miembros del gobierno y del Congreso —  y seguramente las promesas hechas con el concurso de senadores norteamericanos —  no ha disminuido en años recientes: alcanzaron a prepararse dos proyectos de ley, que afortunadamente no hicieron  tránsito en el Congreso.

En otras palabras: se hicieron respetar los principios constitucionales y legales que declaran expresamente a los bienes del patrimonio arqueológico como inalienables, imprescriptibles e inembargables (artículo 72 de la Constitución) y establecen una política de Estado orientada a su protección, investigación y valoración (ley 1185 de 2008 y decretos 833 de 2002 y 763 de 2009).

Acaso también haya incidido un factor de peso político: algunos funcionarios y congresistas prefirieron no pasar a la historia como quienes vendieron el patrimonio arqueológico nacional.

No les tembló la mano

Pero con la nueva ley de patrimonio cultural sumergido, la situación ha cambiado drásticamente: ni el presidente de la República, ni  la ministra de Cultura ni las actuales directivas del Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) — máxima autoridad en la materia — han considerado inconstitucional ni inconveniente el texto de la ley.

En el artículo 3 del Capítulo II – Actividades sobre el patrimonio cultural sumergido se establecen mecanismos precisos para retirar del régimen especial de protección del patrimonio arqueológico aquellos bienes que tengan un alto valor económico para los caza-tesoros:

Artículo 3°. Criterios aplicables al patrimonio cultural sumergido. Para efectos de la presente ley, se aplicarán los siguientes criterios[1]

Representatividad: Cualidad de un bien o conjunto de bienes, por la que resultan significativos para el conocimiento y valoración de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial.

Singularidad: Cualidad de un bien o conjunto de bienes, que los hace únicos o escasos en relación con los demás bienes conocidos, relacionados con las particulares trayectorias y prácticas socioculturales, de las cuales dichos bienes son representativos.

Repetición: Cualidad de un bien o conjunto de bienes muebles por la cual resultan similares, dadas sus características, su condición seriada y por tener valor de cambio o fiscal, tales como monedas, lingotes de oro y plata o piedras preciosas en bruto.

Estado de conservación: Grado de integridad de las condiciones físicas de los materiales, formas y contenidos originales que caracterizan a un bien o conjunto de bienes muebles e inmuebles, incluidos los contextos espaciales en los que se encuentran.

Importancia científica y cultural: Potencial que ofrece un bien, o conjunto de bienes muebles o inmuebles, de aportar al mejor conocimiento histórico, científico y cultural de particulares trayectorias y prácticas socioculturales que hacen parte del proceso de conformación de la nacionalidad colombiana, en su contexto mundial.

De acuerdo con los anteriores criterios y lo establecido en el artículo 2 no se considerarán patrimonio cultural sumergido:

1. Las cargas comerciales constituidas por materiales en su estado bruto, cualquiera sea su origen, tales como perlas, corales, piedras preciosas y semipreciosas, arenas y maderas.

2. Los bienes muebles seriados que hubiesen tenido valor de cambio o fiscal tales como monedas y lingotes. 

3. Las cargas industriales. 

Una vez liberados de su condición de bienes patrimoniales, los lingotes y monedas de oro y plata, las piedras preciosas y semipreciosas y todos los artefactos que sean repetidos, pasan a regirse por las normas de los Códigos de Comercio y Civil, es decir, pueden comprarse o venderse libremente y ser usados como parte de la remuneración que reciban quienes realicen los trabajos de exploración y recuperación.  De acuerdo con el artículo 15 de la ley, dicha remuneración puede ser hasta de un 50 por ciento del valor comercial de los bienes que sean declarados como de carácter no patrimonial.

Historia nacional de la infamia

 

 
C Piazinni patrimonio sumergido

Foto: www.udistrital.edu.co
 

No resulta tan asombroso que a los altos funcionarios y congresistas que votaron semejante ley les importe ocupar un lugar infame en la historia de las políticas culturales.

Después de todo, la historia que el propio país construye y mantiene sobre la actuación de sus gobernantes no se caracteriza por ser sistemática y por ahora sólo parece interesar a un gremio poco dado a los grandes negocios: los investigadores, los académicos y los gestores culturales.

La suerte del patrimonio arqueológico — tanto en tierra como en agua — parece un tópico poco atractivo, incapaz de interesar a la  opinión y a los medios de comunicación. Pero sí llama la atención que el gobierno y los congresistas hayan tildado de fundamentalistas a quienes plantearon argumentos bien fundamentados en contra del proyecto: ya fuera por su inconstitucionalidad, por su incoherencia frente a trayectoria histórica de las políticas de Estado en la materia, o por su inconveniencia para el futuro de la protección del patrimonio arqueológico, tanto en Colombia como en el mundo.

Es justo reconocer entre estas voces la de la Procuraduría General de la Nación, que en dos ocasiones se pronunció ante el Senado señalando la inconstitucionalidad del proyecto de ley.

Desprecio a la academia

Desde octubre de 2011, cuando el proyecto se inscribió en la Cámara, y durante todo el tránsito legislativo, se hizo caso omiso de las comunicaciones del Director de Patrimonio Mundial de la UNESCO, Francesco Bandarin, la presidenta del Congreso Mundial de Arqueología, Claire Smith, el presidente de la Sociedad Americana de Arqueología, Jeffrey Altschul y un grupo de reputados científicos internacionales, expertos en arqueología subacuática.

Igualmente muchos académicos colombianos recomendaron archivar el proyecto de ley, empezando por los exdirectores del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, los directores y jefes de los programas de antropología y arqueología de las universidades del país y la Sociedad Colombiana de Arqueología, así como destacados arqueólogos y antropólogos y estudiantes de esas carreras de las diferentes universidades.

Esta actitud refractaria es un claro mensaje del gobierno actual y de sus obedientes bancadas parlamentarias: se despreciaron la idoneidad y capacidad de los científicos colombianos en materia de investigación, de protección y de gestión del patrimonio cultural.  

Por eso mismo el Ministerio de Cultura desestimó las capacidades de las universidades colombianas y de sus investigadores para adelantar proyectos que — sin poner en riesgo el patrimonio cultural sumergido, ni mucho menos venderlo — permitieran protegerlo, conocerlo y valorarlo.  

En efecto, en reuniones efectuadas en 2010 y 2011 bajo la iniciativa del ICANH, expertos nacionales e internacionales — reunidos con funcionarios competentes de la UNESCO, la DIMAR, la Armada Nacional y la Comisión Colombiana del Océano — determinaron  que Colombia estaba en capacidad de diseñar y de poner en marcha programas de formación de posgrado y de investigación en restauración y divulgación del patrimonio arqueológico subacuático.

La tesis contraria — según la cual, Colombia no cuenta con tales capacidades y en consecuencia es necesario contratar empresas extranjeras para recuperar el patrimonio cultural sumergido, pagándoles con parte de los hallazgos — fue uno de los argumentos favoritos de la ministra de Cultura y de algunos congresistas para apalancar el proyecto de ley.

Una jugada maestra

Estos antecedentes inmediatos y los intereses de fondo que realmente promovieron esta ley llevan a pensar que su artículo 10 es un saludo a la bandera: se da prelación al Estado — a través del ICANH, en asocio con entidades gubernamentales que “estén en capacidad técnica y económica, y tengan el suficiente conocimiento histórico” —  para adelantar las actividades de exploración, intervención y beneficio económico del patrimonio cultural sumergido.

Las declaraciones de buenas intenciones abundan en el resto del articulado — vestigios del proyecto de ley que en su momento presentó la hoy exministra de Cultura, Paula Moreno, y que fue luego retirado por Mariana Garcés, la actual ministra — y que sirven de velo  nacionalista y proteccionista para encubrir la jugada maestra: liberar de su condición de patrimonio arqueológico la parte económicamente más atractiva de los naufragios, dando por fin satisfacción a los caza–tesoros ­­­­que tanto han presionado y prometido a los gobiernos y parlamentarios colombianos.

En un artículo de prensa[2] de hace año y medio, Burt Webber —  representante de la firma Seaquest International, LLC — manifestó que “ninguna empresa invertirá tiempo y recursos para rescatar un naufragio a cambio de un 25 por ciento de lo que encuentre”,  proponiendo que la cifra se estableciera en un 50 por ciento.

Y ese fue precisamente el porcentaje fijado en el pliego de modificaciones al proyecto de ley que aprobó la Cámara de Representantes el 15 de junio de 2012, tal como quedó en la versión final aprobada por el Congreso.

Solo queda esperar en este caso — como ha ocurrido en ocasiones anteriores — que la  Corte Constitucional actúe como corresponde y tumbe la ley: no solo porque viola flagrantemente la Constitución, sino por inconveniente y contraria a los conceptos técnicos nacionales y extranjeros,.

De no ser así, ¿será posible garantizar la protección del patrimonio cultural sumergido, cuando entre los frágiles vestigios arqueológicos de un naufragio colonial se tengan que extraer millones de dólares?  Esto equivale a permitir la explotación minera en una zona de reserva natural, en donde ni el mejor de los planes de manejo ambiental podría evitar el deterioro y la pérdida de esos frágiles ecosistemas.

*   Profesor del Instituto de Estudios Regionales de la Universidad de Antioquia.

[1] Articulo 3. Proyecto de ley de 2011.

 

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