Un Pacto lleno de inconformidades

Según sus circulares electorales, la política de alianzas del Pacto Histórico (PH) para las elecciones venideras era clave para “garantizar la construcción de una organización unitaria”.

Sus éxitos en las gobernaciones, alcaldías, asambleas, concejos y JAL permitirían mantener “el avance y el triunfo obtenido en las elecciones al Congreso y a la Presidencia” y afianzar “el respaldo al gobierno, al programa del Cambio y al proceso de transición política en curso”.

Pero la inscripción de listas demostró que no se ha avanzado hacia esos objetivos. Candidatos, militantes y seguidores han expresado las dificultades e inconformidades en medios de comunicación y en redes sociales. El proceso ha estado rodeado de reclamos, denuncias judiciales o predicciones sobre la debacle del Pacto en las elecciones de octubre.

A continuación, propongo tres explicaciones sobre por qué las listas a corporaciones públicas del PH han tenido tantas dificultades, explicaciones que son preliminares debido al gran número de entidades territoriales involucradas, a la poca información disponible y, sobre todo, a las prácticas informales, no ventiladas públicamente, que caracterizan la selección de candidatos.

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Un Pacto no es un partido

Para asambleas y concejos la estrategia central del Pacto fue buscar coaliciones con otras fuerzas políticas, utilizando la figura que se estrenó en las elecciones del 2019 y que permite alianzas entre partidos reconocidos jurídicamente con menos del 15% de la votación válida en la elección anterior.

Las circulares electorales emitidas por el Pacto son claras en señalar que los partidos coaligados “no podrán otorgar avales por fuera de las listas de coalición (…) distintos a (sic) aquellos definidos por la coalición”, y que quienes no quieran participar de esta no podrán “hacer uso del nombre, imagen, vocerías y representaciones del PH”.

Lo anterior concuerda con la idea de consolidar el proyecto político a escala nacional, pero ignora que el PH no puede avalar listas de candidatos. Según la legislación vigente, solamente los partidos con personería jurídica tienen esta facultad, lo cual    implica que el Pacto como tal podía servir como sombrilla del proyecto, mientras que doce de sus integrantes —partidos fundadores o adscritos con posterioridad—, podían avalar la inscripción directa de candidatos.

Bajo esas circunstancias, establecer una coalición en un departamento o municipio a nombre del Pacto significaba llegar a acuerdos entre algunos de estos partidos y, probablemente también con aspirantes de los otros 13 sin personería jurídica que hacen parte del PH.

Al final, primaron las listas partidistas sobre las iniciativas de alianzas arropadas bajo el Pacto, como se muestra a continuación:

Fuente: Elaboración propia sobre la base del listado de partidos incluido en las Circulares Electorales del Pacto Histórico y en la “Lista definitiva de candidatos inscritos” de la Registraduría Nacional

Listas cerradas sin mecanismos democráticos

Una segunda explicación sería la instrucción impartida por el presidente Petro en el sentido de adoptar listas cerradas, idea poco viable en un contexto de intensa competencia y donde cada vez hay más candidatos y partidos que aspiran a ocupar el mismo número de curules.

Dicho de otra manera: partiendo de una condición de minoría, el PH pretende ganar en municipios o departamentos donde prima el multipartidismo, donde otros partidos tienen mayor peso y donde algunos partidos asociados a la coalición son “dueños” de sus propios votos.

Los candidatos y partidos interesados en figurar en las listas seguramente esperaban que el PH lograra muchas curules, pero era poco realista suponer que alcanzaría la mayoría o siquiera la mitad de la corporación respectiva: ni el PH ni sus partidos han tenido esta fuerza electoral en el pasado.

La falta de cohesión o indisciplina dentro de los partidos es cabalmente el motivo del voto preferente, pero muchos analistas —incluido el presidente— consideran que este sistema es la fuente de todos los males de la política colombiana. Aunque otros dirigentes no lo digan, en la práctica el voto preferente les resuelve el problema de definir el orden entre candidatos que tienen fuerza electoral propia: la decisión queda en manos de los electores, que votan por el candidato de su preferencia. El costo, por supuesto, es fomentar la competencia intra-partidista, es decir, debilitar la cohesión o disciplina del partido.

La lista cerrada implica luchas intestinas en el proceso anterior a la inscripción de los candidatos. Todos esperarán ocupar los primeros puestos —aquellos que se cree que el partido podrá alcanzar—, lo cual disminuye el incentivo de quienes no ocupen estos primeros renglones porque de entrada saben que no serán elegidos. Por eso se habla de un lugar de “relleno” para aludir, por ejemplo, a las mujeres en renglones no elegibles que deben ser incluidas para cumplir la ley de cuotas.

En conclusión, habría que decir que la escogencia de los candidatos u organización de las listas es un problema difícil para partidos poco democráticos, personalistas y no institucionalizados como son los colombianos. Y que este problema es aún más difícil para un movimiento como el PH, que aspira a reunir expectativas, intereses y organizaciones políticas distintas.

Obligados a la lista cerrada y ante la imposibilidad de ponerse de acuerdo, se han venido conociendo los problemas que directivos y militantes del PH han tenido que enfrentar:

• Autoritarismo: varios casos de primacía del más fuerte sobre el querer de las bases.
• Nepotismo: por ejemplo, la hija del director de Colpensiones ubicada en el tercer puesto de la lista por Bogotá.
• Inequidades de género, en contravía de las circulares que exigían listas cerradas “paritarias y con alternancia de género sin excepción”. Así la primera mujer inscrita para la asamblea del Valle aparece en quinto lugar, mientras que en otros casos no se cumple la cuota por la resistencia de los varones a moverse de sus puestos (y la resistencia de las mujeres a ser utilizadas).
• Exclusión de figuras que tenían votos suficientes para hacerse elegir, como los concejales Carlos Carrillo y Ati Quigua.

Todo lo anterior dejó fracturas internas que harán aún más difícil el avance hacia la unidad interna del PH.

No es mi intención negar los problemas del voto preferente ni la importancia del debate sobre la lista cerrada; pero el caso del PH muestra las consecuencias de imponer esta lista sin que vaya de la mano de la democratización interna de los partidos. Una experiencia que además invita a no idealizar reformas como la abolición del voto preferente ante las realidades del ejercicio político en Colombia.

Tensiones entre lo nacional y lo regional

La evidencia muestra que el voto preferente es mucho más efectivo para ganar elecciones, y los partidos políticos lo saben. Aquellos que alguna vez optaron por la lista cerrada suelen abandonarla (por ejemplo, el Mira o el Centro Democrático).

Por eso fue tan importante lo que ocurrió con las listas nacionales del PH en 2022:  contradijo un patrón general, permitió la elección de una bancada de peso para apoyar al presidente y logró posicionar un buen número de mujeres en el Congreso.

Pero se trata de un caso excepcional. Intentar reproducirlo en el nivel subnacional fue otro error de los dirigentes del PH.

Aquí en efecto se dio otro tipo de centralismo —expresado también en decisiones de la Comisión Electoral Nacional— que culminó en listas no inscritas debido a que no alcanzaron a llegar los avales desde Bogotá (caso del departamento de Bolívar).

En últimas, lo sucedido remite al desconocimiento de las lógicas y prácticas políticas en las elecciones de asambleas departamentales y concejos municipales y al intento, no exento de tensiones, de leer y moldear lo que ocurre allí con el lente y la horma de las dinámicas políticas nacionales.

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