Una captura innecesaria

Llamaba la atención el hecho de que Nicolás Petro y Day Vásquez prosiguieran su vida normal pese a las acusaciones de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. De hecho, el hijo del presidente siguió sesionando como Diputado del Departamento del Atlántico.

Pero esa situación no ha debido ser sorprendente para nadie: en Colombia, las personas deben defenderse en libertad, pues de lo contrario se estaría afectando la presunción de inocencia al tener detenido a alguien que no ha sido condenado, es decir, pagando una deuda con la sociedad que no existe. Petro y Vásquez tenían conocimiento de la investigación en curso y nada mostraba que fuera necesario convocarlos a una nueva diligencia.

Pero esa regla general tiene una excepción, que es la medida de aseguramiento. En el caso colombiano, la impone exclusivamente un Juez de Control de Garantías a solicitud de la Fiscalía o de la víctima. Esta situación excepcional se da cuando se trata de una circunstancia urgente y necesaria, concretamente cuando su intención es:

• proteger el proceso,
• asegurar la comparecencia de la persona —riesgo de fuga— o
• impedir que se alteren las pruebas.

Estas dos condiciones, urgencia y necesidad, se pueden dar cuando, por ejemplo:

• el investigado puede salir del país,
• no comparece a las citaciones o
• tiene conversaciones con otros testigos.

En ese caso, se justifica la aplicación de una detención como una medida, reitero, excepcional.

Sobre la captura de Nicolás Petro y Daysuris Vásquez, pienso que fue innecesaria. Repito, la Fiscalía tenía conocimiento del lugar de residencia de las personas, del lugar donde trabajan y habían comparecido cuando fueron citados.

La Fiscalía entonces incurrió en un exceso. Pero quizás hubo algo que precipitó la medida de detención. Puede que se hayan dado evidencias de que se estaban contactando testigos, de que había inexactitudes en las versiones presentadas ante las autoridades o de que tenían planes de salir del país.

En todo caso el debate quedó zanjado cuando el Juez 16 de Garantías de Bogotá legalizó las capturas. ¿Qué viene a continuación?

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Los cargos y la estrategia de los acusados

La Fiscalía los imputa por el delito de lavado de activos, que en la legislación penal comporta penas de entre 10 y 30 años de cárcel. Además, imputa a Nicolás Petro por enriquecimiento ilícito por las diferencias entre sus ingresos y su nivel de gastos y a Vázquez por haber interceptado un teléfono perteneciente a Laura Ojeda.

En el escenario original, Vásquez iba a recibir beneficios por colaborar con la justicia, mientras que Nicolás Petro iba a defender su inocencia hasta el final. Pero la imputación de cargos resultó tan sorpresiva como la captura.

Vásquez ahora tiene que enfrentar una investigación por dos delitos y Nicolás fue consciente de la robusta argumentación de la Fiscalía. Esto precipita un cambio en la estrategia de la defensa.

Nicolás y su equipo legal piden que se interrumpan las diligencias para que la Fiscalía no solicite una medida de aseguramiento que implique su envío a prisión, sino que pueda estar en el lugar de su residencia a cambio de contar la verdad sobre nuevos hechos de corrupción.

Por otro lado, Vásquez mantiene su voluntad de colaborar con la justicia, pero con nuevas dificultades. Nicolás Petro, el principal involucrado, ya colaboró. Por eso, va a tener que ofrecer información respaldada respecto de terceras personas. Además, ella y su ex pareja tendrán que reintegrar los dineros que conforman el aumento patrimonial. Es decir, la pareja debe entregar los dineros que no tengan justificación a la Fiscalía si quieren resolver esta situación. Pero ese dinero ya lo gastaron.

Lo previsible es que ambos intenten apelar a un principio de oportunidad total o parcial. En ese caso, la Fiscalía puede abandonar la investigación por todos o por algunos delitos. También pueden acudir a un preacuerdo sobre las condiciones para una condena más benigna que les permita evitar la cárcel.

Para el caso del principio de oportunidad, tendrán que pasar varios filtros. Primero, deben entregar información de gran interés para la Fiscalía y que esté bien sustentada. Posteriormente, deben reintegrar el 50 % del aumento patrimonial y garantizar el restante 50 %. Con esto, la Fiscalía expide una resolución que concede el principio de oportunidad y es sometida al control de un juez. Este sería el mejor escenario para Petro y Vásquez.

Por el contrario, si acuden al preacuerdo basta con hacer el reintegro y acordar con la Fiscalía las condiciones más favorables.

Los escenarios venideros

Un proceso penal es ante todo un escenario donde la defensa quiere lo mejor para su cliente. Si no encuentra un alto grado de probabilidad de éxito, que se ha estimado en un 90 %, lo mejor es hallar una salida segura. Eso fue lo que sucedió y que puede beneficiar la situación de Nicolás Petro.

Fueron días vertiginosos. Hubo audiencias de cara al país, como debe ser, como lo queremos casi todos los colombianos con la excepción de la Corte Constitucional.

Pero vendrán distintos escenarios como:

1. la información que deben entregar al ente acusador,
2. la forma como se va a resolver este proceso,
3. qué nuevos procesos se van a abrir, y
4. la claridad sobre si los dineros entraron o no a la campaña presidencial.

Lo más valioso es la forma como hoy opera la justicia colombiana: de frente a la comunidad. Cada quien puede acceder al conocimiento a partir de aquello que ven en vivo y en directo. La justicia virtual ha fortalecido la democracia y ha legitimado las decisiones judiciales. Lástima, que ello no sea del agrado de la Corte Constitucional.

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