Ingreso Solidario

El programa Ingreso Solidario fue creado para compensar los daños del confinamiento durante la pandemia de 2020, y se inscribió en la lógica de los subsidios monetarios focalizados hacia una población vulnerable, que recibe estos subsidios a condición de que las familias participen en programas de salud y mantengan a sus hijos menores en la escuela.

Al comienzo de la pandemia, alrededor de tres millones de familias —que después llegarían a cuatro millones— se encontraba en pobreza monetaria y multidimensional. Muchas de estas familias no eran beneficiarias de otros programas sociales, y en su mayoría pertenecían al sector informal, que ocupa a casi la mitad de la población —47 %—. Los hogares fueron identificados en poco tiempo gracias a la información del sistema de selección de potenciales beneficiarios (Sisbén).

Los subsidios se financiaron con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias. Comenzaron por 160 mil pesos mensuales, y entre marzo y junio de 2022 pasaron a 190 mil pesos mensuales, con valores diferenciados según el nivel del Sisbén y el número de personas en el hogar. El programa se dirigió a los hogares en condición de pobreza o de vulnerabilidad —hogares en riesgo de caer bajo la línea de pobreza— que no recibieran otros subsidios, como Familias en Acción, Colombia Mayor o Jóvenes en Acción.

Ingreso Solidario se extendió después de la emergencia sanitaria, y hasta que el presidente Petro anunció que no seguirá en vigencia a partir del próximo 31 de diciembre.

Cifras todavía preocupantes

Aunque la pandemia no ha finalizado, sus manifestaciones más catastróficas han disminuido significativamente. Esto ha permitido volver a la “normalidad” o, al menos, a la posibilidad de volver a los espacios escolares, laborales y públicos y a la recuperación de empleos y de la actividad económica de muchos sectores que estuvieron paralizados durante las cuarentenas.

Por eso entre 2020 y 2021 se reportó una leve disminución de la pobreza. Pero las cifras siguen siendo escandalosas. Según el DANE, en 2021, el 39,3 % de los colombianos —19.612.330 personas— se encontraba en condición de pobreza monetaria. Esta cifra representa una disminución de 3,2 % frente a 2020, con los departamentos de Guajira —67,4 %— y Chocó —63,4 %— como los más afectados por la pobreza monetaria, como se muestra en la gráfica 1.

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Inflación y emergencia climática

A la pobreza persistente se suma el fenómeno de la inflación;  “lo más preocupante es la inflación de los alimentos, que aumentó un 22,4 % para los hogares en pobreza, con lo cual agravaría (sic) la situación no solo de pobreza sino también de desigualdad”.

También están los desastres producidos por las largas temporadas de lluvias, que han causado emergencias a lo largo y ancho del país y han dejado innumerables afectaciones.

Para el mes de noviembre, las precipitaciones, las más graves de las últimas cuatro décadas, “han dejado 488.502 damnificados (147.562 familias) en 772 de los 1103 municipios del país”.

Este panorama tiene en aprietos al nuevo gobierno, que propuso como uno de los ejes de su plan de desarrollo la disminución de las desigualdades, entre ellas el hambre, el acceso al agua y lo que denomina justicia ambiental.

Qué pasará con los beneficiados

El anuncio del presidente sobre la finalización-transformación de Ingreso Solidario ha causado revuelo entre los beneficiarios, quienes en su mayoría siguen estando en  condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Según CNN, “Petro dijo que este pago se transformará en lo que queda del año (es decir para los pagos del último ciclo) y una madre soltera con hijos en primera infancia recibirá 500.000 pesos mensuales”, sin dejar claro que pasará con los demás beneficiarios de este subsidio.

Según el presidente, el aumento del monto y el reenfoque hacia las madres de niños en edad escolar ayudarán a que salgan de la pobreza. La directora de Prosperidad Social, Cielo Rusinque,   agregó que esta focalización en las mujeres quiere superar la línea de pobreza en los hogares con mayor precariedad, encabezados por mujeres en más del 75 %.

En septiembre pasado el viceministro de hacienda Diego Guevara dijo que “aún no se define si los programas de transferencias se unificaran con el nuevo proyecto de lucha contra el hambre planteado durante la campaña de Gustavo Petro”. El viceministro añadió que “hay un billón para el programa de lucha contra el hambre y adicionalmente en el presupuesto de Hacienda hemos reservado cuatro billones para garantizar los programas de transferencias que van a reemplazar Ingreso Solidario”.

Este puede ser el momento para retomar las propuestas que desde hace unos años vienen formulando algunos congresistas, académicos, dirigentes sindicales y de organizaciones sociales en el sentido de establecer un renta básica, es decir una transferencia monetaria no condicionada, que reduzca las desigualdades persistentes y mejore las condiciones de vida, especialmente de las mujeres.

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Garay y Salamanca han sugerido alternativas que pueden empezar a ejecutarse de manera gradual, como complementar el ingreso actual de las personas en situación de pobreza hasta alcanzar el 75 % de la línea de pobreza, lo cual tendría un costo   fiscal equivalente al 1,5 % del PIB anual y cubriría alrededor de 14 millones de personas.

No se trata de eliminar los subsidios sino de darles un nuevo rumbo. Las estrategias de política social deben disminuir la pobreza y la desigualdad, lo cual implica decisiones éticas y altos costos económicos y políticos.

Según el nobel de economía Joseph Stiglit, nadie es pobre porque quiere o porque no ha hecho los esfuerzos para salir de esta condición. Según el autor de El precio de la desigualdad, “el 90 % de los que nacen pobres mueren pobres por más esfuerzo o mérito que hagan, mientras que el 90 % de los que nacen ricos mueren ricos, independientemente de que hagan o no mérito para ello”.