
Los bombardeos fueron esenciales para combatir a las FARC-EP. Pero hoy ha disminuido su efectividad tanto en el campo militar como en el político.
Kyle Johnson*
Duque insiste en bombardear
A finales de septiembre, el gobierno bombardeó un campamento del Frente de Guerra Occidental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el área rural del litoral del San Juan, Chocó. Unos días después se lanzó otro bombardeo contra un campamento de la disidencia del Primer Frente de las FARC, donde habría muerto alias Mono Ferney.
Estas operaciones han sido golpes para los grupos armados, pero no han tenido la importancia que tuvieron en el pasado. Entre 2006 y 2011, este tipo de operaciones fueron clave para cambiar el rumbo de la guerra contra las FARC-EP. ¿Por qué hoy son menos efectivos?
Por qué han perdido eficacia
Los bombardeos son menos efectivos, en primer lugar, porque las disidencias —e incluso el ELN— utilizan menos los campamentos que las antiguas FARC-EP.
De hecho, las FARC-EP ya habían empezado a disminuir el uso de campamentos y reducir el tamaño de los grupos para contrarrestar el efecto de los bombardeos. Parece que las disidencias han mantenido esta estrategia. Además, varias disidencias tienen sus raíces en grupos de milicianos, que en general no viven en campamentos.
Y ese es, justamente, otro problema de los bombardeos: que no implican una mayor presencia o control del Estado en la zona.
Los bombardeos eran también efectivos contra las FARC-EP debido a la jerarquía vertical que las caracterizaba, la cual permitía presionar a un liderazgo bastante cohesionado. Hoy, una de las características de los conflictos armados en Colombia es su fragmentación: existen 30 estructuras disidentes, la mayoría de las cuales hacen parte de dos proyectos macro-disidentes que no tienen una jerarquía vertical clara.
Esto implica que los liderazgos sean cada vez más locales, igual que el alcance y la injerencia de las disidencias. Por ende, los impactos de los bombardeos también son locales. Por ejemplo, antes, bombardear al Mono Jojoy tenía un impacto sobre todo el Bloque Oriental y la moral de una guerrilla nacional. Hoy en día, un bombardeo puede afectar a una organización con injerencia en apenas dos o tres municipios.
Además, por esa misma fragmentación, cuando se golpea a un grupo armado otro entra a llenar su espacio y la población sigue siendo víctima de la violencia. Y ese es, justamente, otro problema de los bombardeos: que no implican una mayor presencia o control del Estado en la zona. Es más, los bombardeos suelen ocurrir en lugares donde las instituciones civiles del Estado no hacen presencia, y eso no cambia con las operaciones.
Vale la pena aclarar que construir el Estado no es tarea exclusiva de la fuerza pública. No obstante, desde la perspectiva de políticas como la de Zonas Futuro, la acción militar es el primer paso para luego llevar las instituciones civiles. Es de esperar que los bombardeos sean una parte de esa estrategia de tomar control militar para después empezar a construir Estado. Sin embargo, todo indica que los bombardeos no sirven ni siquiera para lograr el control militar permanente.
¿Por qué siguen los bombardeos?
Si los bombardeos ya no tienen la misma efectividad, ¿por qué se llevan a cabo?
Propongo tres razones principales: una política, otra de percepción y otra de incentivos institucionales.
La primera razón consiste en que la fuerza pública todavía ve los bombardeos como herramientas útiles dentro de su estrategia militar y de relaciones públicas. Para el gobierno, los bombardeos son un instrumento político para mostrar resultados. El ministro de Defensa, Diego Molano, ha utilizado estas operaciones para tratar de mostrar “grandes golpes” contra los grupos armados y así contrarrestar el discurso de que la seguridad va empeorando en el país.
La segunda razón consiste en que algunos miembros de la fuerza pública ven a las disidencias de las FARC como una continuación idéntica de la extinta guerrilla. En esa visión, las FARC eran principalmente un grupo narcotraficante y las disidencias lo siguen siendo. Como, desde su perspectiva, los bombardeos fueron esenciales en la estrategia contra las FARC-EP, también deben serlo contra las disidencias.
Por último, el Ministerio de Defensa argumenta que cualquier grupo disidente en Colombia es un grupo armado organizado (GAO) que participa en un conflicto de carácter no internacional. Aunque esta calificación ha sido discutida, es útil para el gobierno porque permite la participación del Ejército y la Fuerza Aérea y, también desde su perspectiva, minaría el argumento de que se necesita una reforma del sector de seguridad.
Poder bombardear campamentos ha sido uno de los argumentos públicos principales para justificar el continuo papel del Ejército y la Fuerza Aérea en los conflictos armados hoy en día.

Para el gobierno, los bombardeos son un instrumento político para mostrar resultados.
Los menores combatientes
En los bombardeos recientes en Caquetá y Guaviare murieron menores de edad reclutados a la fuerza por las disidencias. Esto abrió un nuevo debate sobre la conveniencia de los bombardeos y la protección que merecen los menores.
Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), no es necesariamente ilegal realizar operaciones militares en las que se supone que puedan ser afectados menores de edad, siempre y cuando estén participando activamente en las hostilidades. Incluso el Ministro de Defensa ha argumentado que bombardeos en que han muerto menores de edad han cumplido con los estándares del DIH en cuanto a la proporcionalidad, precaución y necesidad militar. Pero este tema no es únicamente uno legal.
En primer lugar, los menores de edad en campamentos de grupos armados no siempre juegan una función continua de combate. Pueden ser las “parejas” —léase esclavo sexual, en efecto— de los comandantes o miembros del grupo, por ejemplo.
Además, la presión política por el escándalo de la muerte de varios menores en una operación en San Vicente del Caguán en agosto del 2019 y el espíritu humanitario del DIH deberían llevar a la fuerza pública a realizar otro tipo de operaciones contra los campamentos de grupos armados ilegales. Es razonable suponer que en todos los campamentos de todos los grupos armados hay menores de edad y, por lo tanto, que en estos espacios se debería evitar el uso de bombardeos en lo más posible.
La fuerza pública tiene otras formas de operar que pueden minimizar el riesgo de afectar a menores de edad, así estén participando en las hostilidades. En ese sentido, es preferible el uso de francotiradores o la captura de cabecillas. Alias Gentil Duarte, por ejemplo, fue herido por un francotirador hace pocos meses y varios otros comandantes de disidencias han sido capturados. Este tipo de operaciones menos letales tienen otra ventaja para la fuerza pública: sirven para conseguir información que los capturados tengan en su poder.
Algunos podrían argumentar que los bombardeos se justifican por “necesidad militar”, es decir, que las ventajas militares compensan los riesgos de afectar a menores de edad. Sin embargo, esto no exime al gobierno de su obligación de minimizar las afectaciones a personas protegidas.
Además, la intensidad de los conflictos armados colombianos es baja, en comparación con la de otros conflictos en el mundo. Por lo tanto, es difícil pensar que las ventajas militares de bombardear un campamente en vez llevar a cabo otro tipo de operación siempre serán mayores que los riesgos de afectar a menores de edad.
Una práctica que va perdiendo su efectividad
Hoy en día, los bombardeos ya no tienen la misma efectividad que antes para combatir a los grupos armados ilegales. Las disidencias y el ELN usan los campamentos mucho menos que las FARC-EP y, por lo tanto, estas operaciones ya no tienen la misma importancia.
Algunos podrían argumentar que los bombardeos se justifican por “necesidad militar”, es decir, que las ventajas militares compensan los riesgos de afectar a menores de edad. Sin embargo, esto no exime al gobierno de su obligación de minimizar las afectaciones a personas protegidas.
Adicionalmente, la mayoría de los grupos armados están fragmentados y tienen injerencia en áreas muy limitadas. Esto hace que los impactos de los bombardeos también sean locales y limitados. Además, incluso si un grupo particular queda debilitado, otro llenará su espacio y los bombardeos en sí no le han permitido al Estado tener mayor presencia institucional.
Pero, además, el gobierno tiene incentivos para dejar esta práctica a un lado. Elegir otras acciones, como el uso de francotiradores o la captura de cabecillas, evitará escándalos como el que cobró la cabeza del ministro de Defensa, Guillermo Botero, y protegerá a los menores. La baja intensidad de los conflictos armados en el país hace que este tipo de acciones sean viables.
De todas formas, la efectividad de lo militar tiene un techo en Colombia. Es difícil imaginar una “victoria militar” de la fuerza pública contra los grupos armados organizados. Por eso, los bombardeos siguen siendo un medio para un fin, pero no está claro cuál sería.