Ideología en lugar de diplomacia

Ahora que el gobierno entra en su recta final, la política exterior vuelve a ser objeto de controversias. Las razones: el clientelismo en las designaciones del servicio exterior, las declaraciones sin fundamento, y, por si fuera poco, la alineación de Iván Duque con la OTAN en contra de Rusia.

Importa recordar que el gobierno intentó corregir los errores causados por nombramientos como el de Claudia Blum o Francisco Santos en la embajada en Estados Unidos. Con la llegada de Martha Lucia Ramírez y Juan Carlos Pinzón, Colombia comenzó a reestablecer la maltrecha relación con Washington, y, tal vez, a retomar el rumbo diplomático extraviado.

Pero estos esfuerzos han quedado empañados por los desaciertos, la ausencia de liderazgo en materia internacional y la constante de esta administración: trasladar al campo diplomático los prejuicios y valoraciones del Centro Democrático, los cuales no protegen los intereses colombianos.

El error más grueso es equiparar las aspiraciones de este gobierno con los intereses de Estado.  Esto ha llevado a que Colombia, como ya ocurrió en el mandato de Álvaro Uribe, confunda la alianza histórica con Washington, con el hecho de inmiscuirse en rivalidades geopolíticas.

De esta forma, el gobierno ignora la tradición diplomática nacional y latinoamericana que aspira a la resolución pacífica de controversias, y contradice el principio de “no injerencia en los asuntos internos” por parte de gobiernos extranjeros.

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Un festín para el Centro Democrático

El retorno del Centro Democrático al poder estuvo marcado por las promesas de acabar con la tradición de entregar puestos en el servicio diplomático para “pagar” favores políticos. No obstante, Iván Duque no tuvo ningún reparo en ubicar a fichas del uribismo en estos cargos, sin que cumplieran con los mínimos para dicho ejercicio.

El país reaccionó con estupor cuando Claudia Ortiz —designada cabeza de la Agencia de Desarrollo Rural—, acudió a una notaría para “validar” los requisitos que no cumplía. Esta misma lógica fue trasladada al servicio exterior, con el agravante de que el control político es mucho más débil.

Ante esto, el periodismo independiente se ha encargado de dar a conocer cómo la diplomacia se hipotecó a promesas de campaña de políticos de rango medio del Centro Democrático y, en los casos de mayor impudicia, a sus familiares.

Según información revelada por Laila Abu Shihab en el portal Vorágine,  ha sido tal el desprecio por los funcionarios de carrera que, aun cuando hay un candidato elegible para ocupar esa vacante, es nombrado un amigo o familiar. Así ocurrió con María Ximena Durán Sanín —hija de la política conservadora Noemí Sanín— quien, sin pertenecer a la carrera, fue nombrada ministra plenipotencia en la embajada ante el Reino Unido hasta que la justicia anuló su puesto.

Así mismo, este año el gobierno designó a Esteban Gutiérrez —hijo de Vivian Morales— como segundo secretario en el Consulado de Atlanta, y a Lina María Ramírez —hermana del conservador Ciro Ramírez— como embajadora en Argentina. Esta lista de nombramientos en detrimento de funcionarios de carrera se amplía con nombres como Federico Hoyos Salazar, Álvaro Pava Camelo, Juan Hurtado, Jaime Amín o Nohora Stella Tovar.

Este es el panorama general: Laila Abu Shihab estima que el 69 % de los embajadores no son funcionarios de carrera.

Esta situación delata una paradoja en el discurso uribista, pues la promesa de austeridad no coincide con estas cifras. Si recordamos, en el gobierno de Uribe hubo un drástico recorte en la cancillería como medida de austeridad, y fueron cerradas 10 embajadas y 14 consulados en Europa, el Caribe, Oriente Medio y África.

Además de lo anterior, Daniel Coronell reveló que Andrés Duque —el hermano del presidente—, lo ha acompañado en varios desplazamientos en el avión presidencial sin ninguna justificación, pues no guarda ningún vínculo laboral con el mandatario.

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Sin legitimidad internacional

Para cerrar el gobierno y recuperar legitimidad internacional, Duque emprendió una gira por Europa que le permitió concretar acuerdos políticos, comerciales y tributarios.

Sin embargo, su presencia en el Parlamento Europeo provocó desaprobaciones de eurodiputados que le atribuyeron la responsabilidad de la violación de derechos humanos en Colombia. En vez de recuperar la legitimidad internacional, Europa le recordó a Duque el aumento preocupante de masacres, el asesinato de líderes sociales, y el abandono del proceso de paz.

En 2020, Colombia fue calificada como el país más riesgoso del mundo para líderes ambientalistas. Por eso los intentos de Duque por hablar sobre gobernanza ambiental parecen tener un tímido sustento.

Después, cuando la Asamblea General de Naciones Unidas calificó el proceso de paz como frágil, la respuesta de Duque no fue una promesa para apoyarlo, sino una denuncia al gobierno anterior como justificación del fracaso.

Esta semana, en un intento fallido por reivindicar el estatus de aliado de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Duque reafirmó el compromiso de Colombia con la defensa de la integralidad de Ucrania. Acontecimiento paradójico si se considera que Colombia ha vulnerado, como pocos, el principio de la no injerencia en Venezuela. Sí, este es el estado de relaciones exteriores en el gobierno de Duque: habla de la importancia de defender la soberanía ucraniana ante la OTAN, aun cuando se ha aferrado a la estrategia del cerco diplomático con Venezuela, la cual no respeta esa soberanía.

Previamente a la gira, Diego Molano había criticado la cooperación militar entre Venezuela y Rusia, declaración enfáticamente rechazada por esa misión diplomática en Bogotá. Después, hubo una reunión entre Duque y Nikolay Tavdumadze, embajador ruso, donde se calmaron los ánimos. Pero el gobierno colombiano volvió a la carga después de una reunión de alto nivel con la Subsecretaria de Estado de Estados Unidos, Victoria Nuland. En esta ocasión, a advertir sobre posibles injerencias en las elecciones, aunque cuidándose de no mencionar a Moscú.

De nuevo, la declaración de Molano —respaldada ambiguamente por el presidente y el canciller—, muestra la manera como el Centro Democrático se ha apropiado del discurso exterior. En vez de avanzar hacia un mecanismo de negociación con Caracas, el gobierno se radicaliza en una postura —cooperación militar con Washington—, que desde hace años critican los países de la región.

Las relaciones internacionales en todo de campaña electoral

Desde hace unos años, los sectores más radicales de la derecha colombiana han advertido sobre una amenaza regional contra Colombia: una nueva Guerra Fría.

Un sector de la prensa cercano al gobierno —Luis Carlos Vélez, Santiago Ángel y Diego Santos— aprovecha la situación para decir que Colombia es una pieza fundamental en el enfrentamiento global entre Rusia y Estados Unidos. Pero estas teorías delirantes nos alejan de nuestra región natural, pues desmontan los principios promovidos por todos los gobiernos —con excepción de Uribe— y consagrados en la Constitución del 91.

Esta demagogia nos devuelve a los tiempos cuando Colombia se sintió protagonista de la Guerra Fría y erigió un aparato que resultó en represión y exilio forzado de decenas de “enemigos de la causa nacional”. No ha bastado con notar que la violencia derivada de la invitación al caos de Donald Trump, para que algunos sectores entendieran el riesgo de lanzar advertencias infundadas, pero que se propagan fácilmente por el miedo.

Por esta razón hay que advertir los riesgos de apelar a los canales diplomáticos para señalar el interés de terceros en las elecciones colombianas. Aquello parecería allanar el terreno para que uno u otro sector desconozca el resultado, y así atribuir el resultado no a la soberanía popular, sino a la injerencia de gobiernos extranjeros.

Al final, esta diplomacia anacrónica, radical y secuestrada por el partido de gobierno, ha puesto en entredicho el pacto constitucional del 91 para la conducción de la política exterior.