Se cumple un año del paro nacional más grande del país y aún no se ha hecho justicia.
Juliana Bustamante*
Paro nacional
El 28 de abril pasado se cumplió un año del estallido social más grande de la historia reciente del país.
Ese estallido fue la continuación del paro nacional de noviembre de 2019 durante el cual los ciudadanos le exigieron al Estado que garantizara sus derechos. La discusión sobre la protesta social en Colombia siempre ha tenido tintes represivos, pero en 2019 los excesos de la fuerza pública aumentaron exponencialmente.
Un agente del ESMAD disparó y asesinó al estudiante Dilan Cruz el 23 de noviembre de ese año. Así quedó en evidencia la postura de la Policía frente a los manifestantes: enemigos que hay que derrotar. Esta es la lógica de un conflicto armado interno que se ha trasladado a las ciudades.
Los métodos de control del orden público durante las manifestaciones son cada vez más violentos debido a esa postura. El asesinato de Javier Ordóñez por parte de la policía nacional en septiembre de 2020 causó indignación entre los ciudadanos, quienes se volcaron nuevamente a las calles y se toparon con la desproporcionada respuesta de los agentes estatales. El resultado: 13 personas muertas presuntamente por parte de la fuerza pública.
El 22 del mismo mes, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia reconoció y tuteló el derecho de todas las personas a manifestarse y el deber de las autoridades de “conjurar, prevenir y sancionar la intervención sistemática, violenta y arbitraria de la fuerza pública en manifestaciones y protestas”. La Corte le ordenó a la fuerza pública suspender el uso de las escopetas calibre doce para intervenir en las protestas, una orden que reiteró la Procuraduría en febrero de 2021.
Reforma tributaria
La propuesta de reforma tributaria del gobierno en abril de 2021, la cual pretendía gravar artículos básicos de la canasta familiar y otros bienes y servicios, detonó el estallido social que se gestó durante al menos dos años y que no pudo contenerse con el retiro de la propuesta.
El descontento social y la precariedad que resultó de la pandemia se sumaron en ese momento a los reclamos de justicia social y protección del proceso de paz de 2019. Por eso la gente siguió protestando aun con las medidas de bioseguridad vigentes en ese momento.
Diversos sectores marcharon durante varias semanas en muchas ciudades del país, particularmente en Bogotá y Cali: jóvenes, mayores, estudiantes, profesores, sindicalistas, indígenas, etc., una diversidad representativa de Colombia.
El uso excesivo de la fuerza alcanzó su pico durante ese momento, sin importar las decisiones judiciales y los llamados de otras autoridades y organizaciones internacionales. El Estado no ha emitido cifras oficiales, pero según las organizaciones sociales se registraron 5340 casos de violencia policial, 40 de violencia homicida, 35 de violencia sexual y 103 de lesiones oculares, todos causados presuntamente por la fuerza pública.
Por esto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó el país para conocer de primera mano las denuncias de las víctimas y la situación real del conflicto social. La Comisión emitió un informe con múltiples recomendaciones e instaló un mecanismo de seguimiento de la situación que viene monitoreándose desde entonces.
Incluso la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Amnistía Internacional y Human Rights Watch ejercieron presión, pero ni eso ni las constantes denuncias de las victimas sirvieron de algo.
¿Y los resultados?
Poco se ha hecho para investigar y sancionar a los miembros de la fuerza pública que perjudicaron a la ciudadanía, y aún no hay cambios en las condiciones de desigualdad, precariedad e inseguridad que motivaron las movilizaciones en primer lugar.
La Fiscalía ha sido muy efectiva capturando a los manifestantes y procesándolos, pero en los casos de violencia policial no hay resultados. Muchas de las víctimas que denunciaron fueron amenazadas y por eso han sido silenciadas o sacadas del país.
La reforma policial se ha hecho mediante una mesa de expertos creada por el gobierno, de espaldas a la ciudadanía, que no consulta la situación real en las calles durante la protesta social.
Además, la campaña política actual se convirtió en la cortina de humo ideal para no hablar del tema o hacerlo de manera ambigua, cuando la presión de las organizaciones sociales no les da otra alternativa.
Entretanto siguen los excesos del ESMAD y la policía: recientemente se registraron casos de violencia contra mujeres, como se vio en Medellín en las marchas del pasado 8 de marzo y con los ingresos a la fuerza a los colegios –generalmente públicos– donde las alumnas denunciaban violencia sexual en sus entornos escolares.
Colombia atraviesa una crisis social inédita. La división social agrava los problemas que causaron las movilizaciones. Los valores democráticos –que van más allá de las elecciones– están comprometidos, pues la ciudadanía no puede disentir, disputar o interpelar al poder. Cuando la fuerza es la respuesta del Estado a las demandas de los ciudadanos, la democracia está perdida.
