El incumplimiento de los compromisos oficiales ha dado pie a una nueva ola de protestas. La estigmatización, el uso de la fuerza y el desconocimiento de los manifestantes como sujetos políticos son las bases de la estrategia errada que cada año repiten los gobiernos.
Ana María Restrepo*
Incumplimientos
Según la base sobre Luchas Sociales en Colombia que compila el Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep), entre 1975 y 2016 hubo un total de 254 movilizaciones indígenas y campesinas causadas por el incumplimiento de los pactos que habían dado fin a protestas anteriores.
Las protestas de este tipo van en aumento, sobre todo teniendo en cuenta que en la coyuntura del proceso de negociación con las FARC se repite la actitud del gobierno en la gestión de los conflictos sociales: los funcionarios se sientan en mesas de compromiso para tratar de calmar las disputas pero luego no existe una verdadera ruta de implementación de lo acordado.
Se sabe bien que las Mingas Indígenas, el Paro Agrario y las múltiples protestas campesinas de las últimas semanas han venido reclamando el cumplimiento de los acuerdos entre el Gobierno y las comunidades rurales representadas en la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular; un proceso que sentó sus bases en los Paros Nacionales Agrarios e Indígenas de 2013.
Sin embargo, la apelación a los incumplimientos tal vez no permite ver lo que hay de fondo en sus propuestas: el papel que los movimientos sociales juegan en la llamada paz territorial del post-acuerdo. Y tal vez esta sea la razón para que los medios resalten el número de policías heridos -o hablen del inexistente armamento de los manifestantes- en lugar de examinar el contenido de las protestas.
La dificultad de admitir el incumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de los funcionarios públicos y de los medios de comunicación de comprender qué hay detrás de esa demanda hace que ellos refuercen la imagen de violencia y por lo tanto reafirmen la imagen negativa de la movilización social que predomina en la opinión pública colombiana.
Ofensiva y desconocimiento
 Manifestaciones por parte de indígenas. Foto: Angélica Zambrano @Anyelik |
Por eso las noticias y el clima de opinión de este año han sido especialmente adversos para la organización social y la participación política alternativa: el destierro de Milena Quiroz por su condición de líder social, las mentiras de Marta Lucía Ramírez sobre las propuestas de las organizaciones sociales para una ley que garantice el derecho a la protesta, los anuncios publicitarios masivos pagados por Avianca contra la huelga de pilotos y el asesinato de campesinos cocaleros en Tumaco
Estos antecedentes, sumados a la desinformación sobre las movilizaciones, ponen en riesgo cualquier posibilidad de diálogo democrático e incluso hacen que se pase del discurso de criminalización y rechazo a la percepción del manifestante como un enemigo que debe ser eliminado. Esto fue exactamente lo que pasó en Tumaco.
Bajo las circunstancias anteriores, no es de extrañar que sólo los medios alternativos analicen los pliegos de peticiones de la Minga y el Paro Campesino en el nororiente del país. Los demás guardan silencio.
Las peticiones
El documento político de la Minga, firmado el 30 de octubre de 2017 por la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC), la Confederación Indígena Tayrona, las Autoridades Indígenas de Colombia y las Autoridades Tradicionales Indígenas de Colombia, es una propuesta concreta para dar cumplimiento a los acuerdos históricos incumplidos a las comunidades indígenas.
El documento enumera una serie de acciones específicas en cada una de las seis áreas de reivindicación por parte de los indígenas, a saber:
- garantías y derechos humanos,
- territorio y medio ambiente,
- paz con justicia social,
- acuerdos incumplidos y
- garantías presupuestales para el cumplimiento de los acuerdos.
Es decir que en lugar de la presunta “lista de mercado”, existe una propuesta concreta y organizada que incluye los mecanismos y los recursos para llevar a cabo las diversas medidas.
El documento utiliza el lenguaje técnico (aparentemente necesario para dar solidez al discurso político) y lo pone en función de la historia, memoria y proyecto de vida de las comunidades indígenas de Colombia. Pero tal vez el énfasis sobre los incumplimientos (hecho por activistas, organizaciones sociales, académicos, intermediarios y medios alternativos de comunicación) hace que los argumentos y propuestas concretas pierdan su visibilidad.
No es raro que indígenas y campesinos cocaleros, quienes siempre han resultado incómodos para el Estado, sean los protagonistas de uno de los momentos más intensos en la historia de la movilización social en el país. Estos sectores están poniendo en cuestión los proyectos económicos y políticos, al exigir que su cultura sea reconocida en la concertación de estrategias oficiales que puedan afectarlos.
Desde una perspectiva más amplia, la acción colectiva en Colombia tiene en la actualidad una línea común en la defensa del territorio, lo cual implica que -más allá de demandas como la propiedad de la tierra o el acceso al agua- se esté jugando un proyecto de vida comunitario, donde se integran dimensiones simbólicas, políticas y materiales y culturales que constituyen su identidad. El sinnúmero de consultas populares contra la minería obedece en el fondo a un proyecto similar.
Cocaleros, indígenas y medianos productores (estos últimos se movilizaron a partir del 12 de octubre) alegan que el Gobierno ha incumplido al no reconocerlos como sujetos políticos, al relegarlos a un contexto de criminalización e impugnación del derecho a la protesta.
Por eso es todavía menos aceptable y menos responsable el presentar la movilización indígena y campesina como otra simple expresión de la violencia.
Un ciclo patológico
 Minga indígena. Foto: Ministerio de Interior |
El equipo de Movimientos Sociales de Cinep ha insistido en que un bloqueo de vías tiene que ser entendido como una estrategia de presión necesaria cuando han sido infructuosos todos los otros medios para llamar la atención. Asimismo hemos señalado que la confrontación con grupos como los Escuadrones Móviles Antidisturbios (Esmad) no es un acto deliberado de provocación ni una herramienta de movilización campesina, sino una forma de protegerse ante un actor que usa la fuerza para “restaurar el orden”.
Las acciones del gobierno para manejar la movilización social son siempre las mismas: debilitar, amenazar, violentar la concentración de manifestantes, dialogar, prometer… e incumplir lo prometido:
- Primero se dice que la protesta es infundada y que detrás de ella se mueven “fuerzas oscuras”,
- Después se envía al Esmad y se dice que la movilización fue violenta,
- Más tarde aparece un funcionario que no satisface las exigencias de los protestantes,
- Entonces continúa la movilización hasta conformar una mesa de diálogo donde se presenta un pliego de peticiones.
- La mesa llega a algunos acuerdos que ponen fin a la movilización
- El Gobierno no cumple su palabra, y
- Los afectados vuelven a movilizarse.
En este ciclo hay un elemento que cada vez es más peligroso: las tácticas de represión unidas a la falta de reconocimiento de los manifestantes como sujetos políticos que hacen demandas legítimas hacen que los ataques a los defensores de derechos humanos se vean como normales. En últimas, este estado de cosas sustenta la condición política de negar, eliminar o cerrar el paso a cualquier forma de pensamiento diferente.
Tal vez si Gobierno central prometiera menos y cumpliera más, podría apreciarse la riqueza de las propuestas.
En este artículo he querido llamar la atención sobre la seriedad técnica de las propuestas de la minga indígena, pero también vale recordar que los campesinos cocaleros desde hace décadas han venido reclamando un espacio para participar en la planeación de las estrategias de sustitución de los cultivos ilícitos.
Hace unos días la Fundación Ideas para la Paz nos invitó a prepararnos “para una protesta social más amplia y menos violenta” porque según sus informes de campo, los protagonistas de esas protestan están hoy más “más dispuestos al diálogo”. Pero con esto ignoran que las protestas constituyen en sí mismas espacios de diálogo: los manifestantes suelen identificar a aquel que puede solucionar sus demandas, no a un enemigo.
Así, es necesario insistir en comprender la movilización social como una forma distinta de participación política y en que el carácter contencioso de la protesta social se explica por la necesidad de irrumpir en el espacio público para hacer visibles las redes de conflictos sociales e interpelar a los implicados en las mismas. Finalmente, no hay que olvidar que en la violencia de las movilizaciones juega un papel fundamental la decisión de enviar a los órganos de control policial.
*Investigadora del equipo de Movilización, Territorio e Interculturalidad del Centro de Investigación y Educación Popular (Cinep).
