La debilidad del Estado

Durante el pasado fin de semana la capacidad militar del Clan del Golfo sorprendió al país debido al paro armado que paralizó a más de ocho departamentos, ocasionó serios problemas de orden público y dejó al menos siete personas asesinadas.  En estos departamentos se restringió tanto la circulación de vehículos de transporte público y de carga, se cerraron los negocios y hubo duros castigos para quienes incumplieron las órdenes dadas por el grupo criminal.

Entre las características principales de un Estado se encuentra la potestad del monopolio de la fuerza, ejercida y organizada mediante un grupo encargado de velar por algunos de los intereses estatales: mantener la integridad territorial, garantizar la vida y seguridad de los ciudadanos y el cumplimiento de la ley —protego ergo obligo— siempre desde el respeto por la Constitución en todo el territorio nacional. Es por esto que la no respuesta por parte del gobierno y el envío de militares a las regiones apenas hasta las últimas horas del paro fue causa de reproche e indignación.

En tiempos de las FARC no fueron visibles hechos de este tipo, ni siquiera al haber contado con más de 33 frentes y un plan de expansión militar. Esto debido a que sus planes fueron frustrados y replegados por las fuerzas del Estado, dejando en evidencia que su capacidad ofensiva fue muy reducida en relación con la fuerza estatal.

Dicha debilidad fue uno de los motivos por los cuales la guerrilla tuvo que considerar aceptar las mesas de negociaciones durante el gobierno de Juan Manuel Santos, dejar las armas y acogerse a un proceso de reintegración a la vida civil.

Tras el acuerdo de paz el gobierno colombiano debió ser capaz de estabilizar y controlar las zonas del país en las que hubo presencia militar de las FARC. Zonas que durante mucho tiempo tuvieron como única autoridad a la guerrilla y en las que existían cultivos de uso ilícitos, lo que llevaría a que otros Grupos Armados Organizados (GAO) se las disputaran ante la ausencia de las FARC para conseguir el dominio territorial de los corredores del narcotráfico.

Evitar esta disputa era fundamental y debió hacerse por medio de la presencia militar y la seguridad, pero también mediante la creación de la institucionalidad que estuvo ausente durante tantos años en las zonas olvidadas de Colombia y que fueron priorizadas en el posacuerdo.

Las nuevas guerras y el crimen organizado

Pareciera que lo que está viviendo el país tras el desmonte de las FARC es lo que la socióloga Mary Kaldor llamó “nuevas guerras.” Según Kaldor, “las nuevas guerras se dan en un contexto de desintegración de los estados [sic] donde compiten  y la guerra se dirige en contra de la población civil.” En dichas guerras coinciden actores estatales y no estatales y se combina la violación de los derechos humanos y la presencia del crimen organizado.

Algunos investigadores sociales consideran que el remedio contra la violencia es la generación de capital social. Sin embargo, el profesor Álvaro Fernández plantea que “los sectores subalternos al poder, externos a las redes institucionales que cuentan con menor capacidad de movilización de recursos, tienen una capacidad limitada de oposición a esquemas de poder violentos.” Por ello, no es posible que un grupo social enfrente a fuerzas organizadas para la depredación, pero lo que puede suceder es que se imponga la violencia estructurada del capital anti-social, como afirma Álvaro Guzmán.

Se ha afirmado que la pobreza arroja a los individuos a la delincuencia. Pero no es necesariamente cierto que los pobres sean arrojados a la violencia por su condición socioeconómica.

Esta afirmación desconoce que para que ocurra una conducta criminal son necesarias ciertas mediaciones que afecten el entorno. Así mismo omite que las áreas donde hay fuentes de riqueza rápida, producto de recursos legales e ilegales, se asocian de forma más fácil a la violencia y dan lugar a grupos armados organizados que se le imponen, tanto a la gente como a otros que quieran lucrarse de dichas fuentes.

A los factores socioeconómicos y el abandono del estado se suma el autoritarismo nacional y subnacional —como plantea Giddens—. Esto significa que cuando a nivel del Estado central ocurren procesos de modernización y ampliación de la democracia, en las regiones, en cambio, las élites se cierran y se asocian incluso con grupos criminales para mantener su control político en la zona por medio de la intimidación, el desplazamiento y el asesinato de opositores políticos.

Esto es lo que conocemos como clanes políticos, muchos de los cuales hicieron alianzas con grupos paramilitares —la parapolítica— para crear distritos electorales, asegurar el control de las instituciones y evitar la competencia electoral de otras fuerzas políticas por los cargos públicos.

El crimen organizado se caracteriza por el uso de la violencia instrumental para conseguir sus fines. Diego Gambeta planteaba que este tipo de organizaciones criminales surgen en contextos donde hay desconfianza entre la gente y se compite de forma perjudicial. Los grupos mafiosos fomentan la desconfianza entre los ciudadanos y florecen en entornos donde hay poca presencia del Estado, como sucedió en Sicilia Italia, cuna de la cossa nostra.

Con el uso de la violencia y los cobros a cambio de seguridad, las mafias controlan los negocios legales e ilegales que les puedan dar grandes ganancias y se convierten en facilitadores de transacciones comerciales por medio de las cuales aseguran la vida de quienes hagan un pago mensual.

Lo que diferencia a los carteles de las mafias, según Gambeta, es que los segundos venden protección mientras que para los primeros lo fundamental es evitar que el Estado opere en sus áreas de influencia y para ello se valen del soborno. Partiendo de la distinción que hace Thomas Schelling, “las dos funciones principales de la violencia son: la fuerza bruta y la coerción”: los primeros se imponen por vías de hecho, mientras que los segundos obligan a que las personas hagan o consientan situaciones.

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Otoniel: de guerrillero a paramilitar

En el caso específico de Colombia, una de las cuestiones más difíciles es desenmarañar el entramado criminal que opera en el país. Aquí, grupos guerrilleros como el Ejército Popular de Liberación, guerrilla maoísta, terminaron mutando en otros como el Clan del Golfo —que hoy tiene presencia en 242 municipios de Colombia.

Justamente, los hermanos Úsuga hicieron parte del EPL y, junto con otros exmiembros de la guerrilla tras su desmovilización, se vincularon a grupos paramilitares de Antioquia, hasta conformarse como el Clan del Golfo.  La experiencia de los Úsuga en la guerra de guerrillas les permitió crear un GAO que se expandió rápidamente en más de ocho departamentos.

La velocidad se debió, en primer lugar, a las tácticas aprendidas del maoísmo y el modelo de las células, en el cual se reúnen tres o más personas con un delegado para conformar un radio, luego un centro y de ahí una dirección, sobre la base de la compartimentación de la información. La adopción de este modelo les permitió mantener el anonimato entre los miembros y mantener la estructura a salvo en caso de que alguno de los de bajo rango fuera capturado por las autoridades.

En segundo lugar, su expansión también se explica debido a la organización criminal (modelo franquicia) en el que grupos delincuenciales de tipo regional o local operan bajo la modalidad de sub-contratación criminal, realizando delitos en nombre de la organización nacional. Esto permite que distintas bandas delincuenciales tengan respaldo militar para mantener a raya la expansión de otros grupos que quieran disputar sus rentas criminales.

Lo que hoy es el Clan del Golfo, en principio, fue parte del grupo comandado por Vicente Castaño quien, al ser traicionado por HH, heredó su red criminal a Don Mario, que organizó una fuerza de combate con la que controló la región de Urabá por medio del cobro de un impuesto por cada kilo de cocaína que pasaba por la zona. Este impuesto lo convirtió en uno de los narcos más ricos del país, pues dependía del acceso a la costa Pacífica y del Caribe.

La captura de Don Mario en 2009 produjo una reorganización criminal en la que los urabeños Juan de Dios Úsuga, alias “Giovanni”, y Darío Antonio Úsuga, alias “Otoniel”, tomaron su lugar y comenzaron con el  reclutamiento de antiguos guerrilleros del EPL para crear un estado mayor que permitió centralizar las decisiones y producir un sistema de mando y control. Para este momento eran conocidos como “Los Urabeños”, nombre que fue cambiado por el gobierno de Juan Manuel Santos debido la estigmatización de los pobladores Urabá, con lo que comenzó a llamarse “Clan Úsuga” o “Clan del Golfo”.

En enero de 2012, Giovanni fue dado de baja por la Policía en una finca del departamento del Chocó, quedando entonces alias “Otoniel” como cabecilla de la organización.

Después del desmonte de los grupos paramilitares se cerró la posibilidad de que el gobierno estableciera negociaciones con grupos armados de este tipo. Sin embargo, Otoniel quiso convertir su organización criminal en un grupo neo-paramilitar, adoptando el nombre de Autodefensas Gaitanistas de Colombia.

Con ello buscaba dar un carácter político anti-insurgente a su fuerza de combate, tal vez esperando establecer un eventual proceso de negociación con el gobierno. Sin embargo, tal como pasó con los paramilitares, el dar un estatus político a las AGC implicaba reconocer que existían dos ejércitos defendiendo al Estado.

La presencia del Clan del Golfo en los diferentes departamentos hace parte de una estrategia de control de corredores estratégicos de movilidad. De acuerdo con los datos presentados por Insightcrime, el Clan está presente en Antioquia, Córdoba y Sucre, como un actor hegemónico, con influencia en Atlántico, Magdalena, Bolívar, Norte de Santander, Chocó, Valle del Cauca y Nariño. Estas zonas son importantes debido al control de cultivos de uso ilícito, puntos de embarque de la droga, trata de personas, y minería criminal.

El dominio de estas zonas permite la movilidad de efectivos armados entre departamentos, el control de vías de comunicación que permiten el abastecimiento de víveres y material de intendencia para el GAO, así como el control pleno de las rutas para el narcotráfico. Debido al monopolio de estos corredores estratégicos es que ocurren los combates con otros GAO que buscan expandir sus áreas de influencia; combates que provocan el desplazamiento de población civil.

De este modo, el recrudecimiento de la violencia que se vive en varios departamentos obedece a las pretensiones que tienen el ELN, Las Disidencias y la Nueva Marquetalia de ejercer poder y controlar zonas donde predominan los cultivos de hoja de coca, y permiten garantizar la conducción de las operaciones ofensivas en contra de otros actores armados que hacen presencia en la zona.

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La guerra fallida

La guerra contra el narcotráfico ha sido planteada como la solución para acabar con los carteles, que no son más que organizaciones con el objetivo de lucrarse con las ganancias del tráfico de drogas ilícitas.

Y aunque se ha intentado aplicar el monopolio de la ley las ofensivas han fracasado, pues la base de la violencia armada son los problemas profundos y las condiciones precarias de vida que obligan a los campesinos de ciertas zonas a cultivar hoja de coca para sobrevivir.

Por su parte, la prohibición no desalienta el consumo de drogas. Al contrario, contribuye a producir mercados negros lucrativos en donde distintos tipos de organizaciones criminales surgen para controlar las rentas ilícitas y usar sus ganancias para aumentar el número de miembros, mejorar sus capacidades militares, comprar seguridad y protección, y corromper integrantes de las instituciones a cargo de la seguridad del Estado, quienes terminan colaborando activamente o mirando para otro lado.

A diferencia de otras organizaciones dedicadas al narcotráfico, aquellas dedicadas al narcotráfico no buscan conquistar el poder político; esto las diferencia de grupos insurgentes como las guerrillas. Los grupos narcotraficantes tienen como propósito establecer límites e influenciar el comportamiento del Estado para lograr beneficios para el cartel.  Allí, lo fundamental es conseguir la no aplicación de la ley, por lo cual la corrupción institucional es clave para mantener su control territorial bajo la aparencia de control estatal.

El terrorismo es una táctica, no una ideología. Como explica Pinker, “el terrorismo es una violencia premeditada, perpetrada por un actor no estatal contra no combatientes con el objetivo de coaccionar a un gobierno o transmitir un mensaje.”

Queda claro, a la luz de este planteamiento, que el paro armado del Clan del Golfo fue una manera de decirle al país que sigue activo y que, al contrario de lo dicho por el presidente y su equipo de gobierno, no ha sido derrotado.

Colombia combate los carteles del narcotráfico desde los años 80 y tiene la experiencia de la guerra terrorista del cartel de Medellín desatada en los años 90. Sin embargo, estas organizaciones han mutado y se han dado procesos de absorción criminal, donde unos actores han sido remplazados por otros, aprovechando las retaguardias sociales que se crean en zonas marginales agobiadas por la pobreza y la miseria.

En estas zonas, estos grupos se convierten en una opción para muchos jóvenes que al no ver perspectivas de futuro ingresan a bandas y pandillas, y luego son reclutados por estos grupos que ven en ellos una experiencia criminal útil para la organización.

A pesar del curso de acción que tomen los acontecimientos, el Clan del Golfo logró dar un mensaje a las personas que viven en las regiones en las que tienen control: que ellos son la autoridad, controlan los asuntos vitales y permiten o no la vida de quienes allí habitan.

Todo esto puede tener efectos en las elecciones en esos departamentos, pues ya con el mensaje dado de forma violenta, el constreñimiento armado del 29 de mayo no será necesario.