Todos los índices se están deteriorando y el gobierno no ha hecho lo suficiente. ¿Cuánto aguantarán los colombianos antes de salir a protestar masivamente?
Andrea García y Ómar Vanegas**
De malo para peor
En todo el mundo la pandemia ha agravado los males sociales y ha aumentado la inconformidad ciudadana.
En 2019, Colombia tenía una perspectiva positiva de crecimiento económico: había soportado las amenazas externas y parecía apartarse de la tendencia regional a la desaceleración. En efecto, Colombia fue la economía latinoamericana con mayor crecimiento (3,4 %) y se esperaba que la tendencia se mantuviera en 2020 (se proyectaba una tasa del 3,5 %).
Pero, incluso entonces, esos buenos resultados no llegaban a toda la población:
• Los índices de desempleo habían aumentado durante los últimos años; en 2017, la tasa de desocupación era 9,4 %, en 2018 fue del 9,7% y en 2019 llegó al 10,5 %.
• Según datos del DANE para el 2019, 661.899 personas entraron a una situación de pobreza monetaria y 728.955 más entraron a una situación de pobreza extrema. Estos aumentos se tradujeron en una variación de 1,0 y 1,4 puntos porcentuales respectivamente.
• Ese mismo año, el coeficiente de Gini aumentó 0,009 puntos con respecto a 2018 y llegó a 0,526. Además, el ingreso per cápita para el quintil más bajo de la población disminuyó en un 6,2 %, mientras que el del quintil más alto aumentó en un 1,6 %. Es decir, los pobres se volvieron más pobres y los ricos más ricos.
La economía colombiana era frágil y estaba amenazada por varios riesgos que la pandemia vino a detonar. Por eso, el confinamiento total en el país llevó a que algunos indicadores económicos se vieran afectados significativamente, por ejemplo:
• En el segundo trimestre de 2020, el PIB tuvo una caída del 15,7 % respecto del mismo periodo de 2019.
• El índice de desempleo en mayo llegó al 21,37 % y en septiembre fue de 15,8 %, lo que significa que 4,6 millones de personas no tuvieron empleo.
Remedios insuficientes
Para mitigar los efectos del confinamiento, el gobierno creó varios programas sociales y, en especial,
• El Programa Ingreso Solidario, para darles apoyo económico a los hogares en condición de pobreza, pobreza extrema y vulnerabilidad;
• El Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), que da un subsidio de 350.000 pesos por empleado para el pago de nómina a las empresas que se vieron afectadas por la pandemia;
• El impuesto solidario, una carga que debían pagar quienes trabajaran en el sector público y ganaran más de 10 millones de pesos. En agosto, la Corte Constitucional tumbó este nuevo impuesto.
A pesar de estos programas, el gasto para atender la crisis como porcentaje del PIB fue bastante bajo en comparación con otros países de la región.
Según investigadores de la Universidad de Columbia, Perú ha sido el país que más ha gastado para enfrentar la pandemia (9 % del PIB), seguido por Brasil (8 %) y Paraguay (6 %). Colombia quedó en el octavo lugar, por haber destinado apenas el 2 % del PIB para este propósito.
Las soluciones que ha planteado el gobierno colombiano son muy superficiales y cortoplacistas. Como siempre, para superar la crisis se necesita algo más: diseñar políticas profundas y de largo plazo.
Según el Banco Mundial, si la pandemia dura poco, se espera que la economía latinoamericana se contraiga en un 7,2 % en 2020 y que repunte en 2021-2022. Pero hay un problema: en todo el mundo, el número de contagiados ha vuelto a aumentar y los países han impuesto nuevas medidas de confinamiento.
Por eso, es probable que en Colombia ocurra lo mismo y que la pandemia continúe afectando la economía colombiana en 2021.
Inconformidad social
Pero además de aumentar el desempleo y la inequidad, la pandemia ha avivado la llama de la inconformidad social.
En 1970, Albert Hirschman escribió que existen al menos tres alternativas para los ciudadanos que se sienten insatisfechos en un sistema político:
• La salida, es decir, abandonar el sistema, no volver a participar en la vida política, abstenerse de votar en las elecciones e incluso irse del país.
• La voz, vale decir el intento de corregir el sistema desde adentro. Los ciudadanos expresan su descontento y sus demandas a través de la participación democrática —por ejemplo, la protesta social o el voto—.
• La lealtad, es decir el callar o ignorar los problemas sociales, o cuando más las críticas constructivas o petición de cambios mínimos en el sistema.
De las tres alternativas, tal vez la que ha tomado más fuerza en los últimos años es la voz. A su vez, la elección de esta alternativa ha aumentado el conflicto social y la inestabilidad política en el mundo.
Pero, de acuerdo con Hirschman, el conflicto no es malo en sí mismo. De hecho, el conflicto puede permitir la integración social y estimular la vida democrática. Todo depende de la forma en que se aborde y el tipo de conflicto del que se trate:
• unos conflictos son “destructivos”, porque ninguna parte está dispuesta a ceder en una disyuntiva excluyente;
• otros conflictos, en cambio, son “constructivos”, porque se puede llegar a soluciones conjuntas a través del diálogo y la negociación.
Por lo general, cuando la ciudadanía alza su voz y se manifiesta en contra de la autoridad, los conflictos suelen ser constructivos y suelen crear espacios de diálogo que fortalecen la democracia. Pero cuando la autoridad se niega a ceder, se puede caer en escenarios de guerra o de violencia política.
La crisis y el conflicto que viene
En noviembre de 2019 ya había movilizaciones sociales en todo el país: a pesar de la recuperación económica que vimos, los niveles de desempleo, pobreza y desigualdad que también vimos alimentaban los sentimientos de vulnerabilidad y descontento.
Las demandas y expectativas sociales insatisfechas se hicieron cada vez más visibles, y la ciudadanía se movilizó para manifestar su inconformidad.
La llegada de la pandemia frenó las movilizaciones durante un tiempo. Pero entre tanto, la situación socioeconómica se agravó, y el gobierno tuvo que dedicarse a las respuestas inmediatas para controlar la crisis y mitigar la propagación del virus.
Las cuarentenas no fueron suficientes para calmar el malestar social, agudizado por el encierro y por la frustración. Por eso, las olas de protesta han vuelto a tomar fuerza en los últimos meses: los ciudadanos han salido a las calles para alzar su voz, entre otras cosas, por la brutalidad policial y el asesinato de líderes sociales.
Esta insatisfacción podría aumentar por el impacto económico y social de la pandemia, y cualquier error de la autoridad puede ser la gota que rebose la copa.
El número de actores y el abanico de inconformidades son cada vez más grandes, pero nuestros conflictos todavía pueden resolverse y tramitarse de forma efectiva. Por eso no se puede caer en la trampa de criminalizar la protesta social y tambien hay que ser claros en rechazar la violencia.
En todo caso, hay que tener en cuenta que el proceso de recuperación económica será lento. Mientras que la economía se recupera, es tarea del gobierno resolver los conflictos sociales y crear confianza en las instituciones, en el diálogo y en la negociación.
*Este artículo hace parte de la alianza entre Razón Pública y la Facultad de Economía de la Universidad Externado de Colombia. Las opiniones expresadas son responsabilidad de los autores.
