Tan graves como los sucesos de hace treinta años han sido el ocultamiento de la verdad y la negativa a ventilar los hechos de manera transparente. Denuncias silenciadas de un Procurador General de la Nación y de una reconocida periodista.
Hernando Llano Ángel*
30 años de impunidad
El 6 y 7 de noviembre pasados se cumplieron 30 años de la inmolación de la Corte Suprema de Justicia. Desde entonces se ha impuesto una serie de mentiras oficiales y socialmente aceptadas sobre los sucesos del Palacio de Justicia, mientras las verdades esenciales siguen ocultas y tienden a desaparecer con el paso de los días.
Antes de que esto acabe de ocurrir – como sucedió ese día con un número aún no precisado de personas- necesitamos hacer el inventario de las verdades que no deberían seguir siendo escondidas, recogiendo para eso el informe del entonces procurador general de la Nación, Carlos Jiménez Gómez, quien tuvo el rigor jurídico y el valor civil de denunciar ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes al presidente Belisario Betancur y a su ministro de defensa, Miguel Vega Uribe, por la violación de la Constitución y del derecho de gentes, hoy conocido como derecho internacional humanitario.
La denuncia del procurador Jiménez, con pruebas precisas y contundentes, fue archivada mediante ponencia suscrita por los representantes Carlos Mauro Hoyos, Horacio Serpa y Darío Alberto Ordoñez, con el argumento de que “se trató de un típico acto de Gobierno sobre el más importante asunto que compete al señor Presidente de la República, mantener el orden público y restablecerlo allí donde fuere turbado”.
En otras palabras, por ser un acto de gobierno, para eximir al presidente de responsabilidad no bastaba constatar que el acto se llevó a cabo sobe la base del artículo 121 de la Constitución entonces vigente, pues en efecto este artículo decía expresamente que “serán responsables el presidente y los ministros, lo mismo que los demás funcionarios, por cualquier abuso que hubieren cometido en el ejercicio de las facultades a que se refiere el presente artículo”.
Las acciones del gobierno fueron una violación flagrante del artículo 121 y además del artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra del 1949, aprobados mediante Ley 5 de 1960, que en su numeral 1 prescribe: “Las personas que no participan directamente en las hostilidades, incluso los miembros de las Fuerzas Armadas que hayan depuesto las armas y las personas que hayan quedado fuera de combate por enfermedad, herida, detención o cualquier otra causa, serán en toda circunstancia, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de carácter desfavorable basada en la raza, el color, la religión o las creencias de sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”.
El desconocimiento de lo anterior por parte de M-19 y del gobierno, y la operación militar desmedida que ejecutó la Fuerza Pública llevaron a la muerte de al menos 95 personas y la desaparición de 14 más.
Oferta de rendición
 Conmemoración de los 30 años del Holocausto del Palacio de Justicia. Foto: Presidencia de la República |
Desde entonces la verdad de lo ocurrido, la justicia y la reparación de las víctimas han sido continuamente desaparecidas. Después de estos 30 años, los responsables directos de lo acontecido, como el expresidente Betancur y algunos miembros de su gabinete, creen que basta con presentar excusas vagas a las víctimas y a la sociedad, en lugar de asumir la actitud más honesta y responsable de contribuir al esclarecimiento pleno de la verdad.
Una verdad que bien puede pasar por testimonios creíbles – o en todo caso no aclarados por Betancur y sus colaboradores – en el sentido de que en la mañana del 7 de noviembre el M-19 envió una propuesta de rendición a través de un reportero, gracias a la mediación de Gabriel García Márquez, que había sido contactado por el embajador colombiano en Londres en nombre del presidente Betancur para lograr un desenlace lo menos cruento posible de la toma.
Según relata Ana Carrigan en su libro El Palacio de Justicia: Una tragedia colombiana, “La fórmula del M-19 para terminar la toma era sencilla y breve: el M-19 quiere abandonar el Palacio con dignidad. Solicitaban un salvoconducto para todos sus miembros a Cuba o Nicaragua y querían que una delegación acudiera al Palacio de Justicia para recibir los rehenes y para acompañar a la guerrilla hasta el aeropuerto sin peligro. Entre los miembros de esa delegación debían estar el Arzobispo de Bogotá, monseñor Carrillo; el presidente de la Comisión de Paz, John Agudelo Ríos, y un reportero. Si estas tres personas van al Palacio de Justicia, dijo el vocero del M-19, entonces le puede decir al Presidente que el problema se acabó”.
Pero según el relato de Carrigan, cuando el ministro de Gobierno Jaime Castro recibió dicho mensaje le respondió al reportero “Dígales que todo lo que tienen que hacer es rendirse”, y le reveló una confidencia: “Le daré una chiva. En cinco minutos, a los militares les van a entregar unos gases paralizantes especiales de parte de los israelíes. Están esperándolos ahora mismo en el aeropuerto”.
En el Palacio de Justicia no se cometieron solo errores sino horrores que jamás debemos permitir que se repitan.
El relato de Carrigan continúa así: “En ese momento el presidente Betancur salió a la puerta de la habitación y pidió el texto de la propuesta del M-19. El reportero observó mientras el Presidente, de pie en la puerta, miraba brevemente el papel sobre el cual estaban escritas las condiciones del M-19 para retirarse; dio la negativa bajando el dedo pulgar. El presidente Betancur comenzó a entusiasmarse con la victoria del Gobierno que se avecinaba: ¨Vamos a acabar con ellos. Esos tipos no van a saber qué les pasó. ¡No se imaginan lo que les tenemos preparado!”, sentenció el Presidente”.
Desquites
 Familiares de víctimas durante el acto de perdón del Estado en conmemoración del Holocausto del Palacio de Justicia. Foto: Centro de Memoria Paz y Reconciliación |
Sin duda, el M-19 es el principal y directo responsable de lo acontecido, pues en un acto de alucinación política, de incoherencia y cinismo ideológico, invocando a Antonio Nariño y a los derechos del hombre, pretendió someter al presidente Belisario Betancur a un surrealista juicio político por sus incumplimientos en el proceso de paz, y acabo por facilitar un ajuste de cuentas mortal de la Fuerza Pública.
Al respecto, tiene mucho sentido la apreciación del ex procurador Jiménez Gómez, quien dijo en su libro Camino de la tragedia nacional, : “El Palacio de Justicia fue una gigantesca explosión de rencores personales: en primer lugar, de los líderes del M-19 para con el Presidente y el Ejército; en segundo lugar, del Ejército con el M-19, y en tercer lugar, del Presidente con los malagradecidos del M, por el asalto en sí y por la actitud con un Presidente que, conservador y todo, había sido el único capaz de la apertura política y el coraje personal necesarios para intentar un proceso de paz por el camino de la negociación y de las reformas”.
Mentiras públicas
Las mentiras públicas que habría que empezar a desvirtuar y que ya tienen la gravedad de la verdad oficial respaldada por los medios de comunicación son:
- Que se trató de una tragedia nacional, cuando en efecto fue el choque entre la alucinación militarista del M-19 y de la revancha del Ejército contra su adversario más desafiante. Este choque habría podido evitarse de prevalecer el criterio civilista del valor de la vida sobre el militarista del aniquilamiento del adversario.
- Que hubo retoma del Palacio de Justicia, cuando el saldo fueron los escombros del Palacio y la decapitación de la Corte Suprema de Justicia. No se puede seguir hablando de la retoma de unas ruinas ensangrentadas y mucho menos de la salvaguarda de la Rama Judicial, cuando ella fue brutalmente cercenada.
- Que se presentó un golpe de Estado transitorio, cuando en realidad hubo una respuesta iracunda del Ejecutivo, producto de la coincidencia entre el orgullo y el honor presidencial mancillado por el M-19, y la soberbia prepotente del Ejército descargada contra su más temerario adversario.
- Que se defendió la democracia y prevaleció el Estado de Derecho, cuando asistimos a la desaparición de ambos en manos de una guerrilla políticamente incompetente y extraviada que quedó reducida a cenizas por la Fuerza Pública.
En el Palacio de Justicia no se cometieron solo errores sino horrores que jamás debemos permitir que se repitan. De ahí la urgencia hoy de un cese al fuego, bilateral y definitivo, entre la Fuerza Pública y las FARC, para empezar a honrar la memoria de todas las víctimas y evitar que su número siga aumentando para vergüenza de todos, como ocurrió hace 30 años.
* Politólogo de la Universidad Javeriana de Bogotá, profesor Asociado en la Javeriana de Cali, socio de la Fundación Foro por Colombia, Capítulo Valle del Cauca. Publica en el blog: calicantopinion.blogspot.com.
